En plena era Trump, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) admitió haber usado fuerza excesiva contra 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, pero se justifica alegando que 474 de sus agentes fueron agredidos por hispanos durante operativos. La cifra confirma una política sistemática de violencia y control que se extiende por toda la frontera sur, mientras las redadas dejan un saldo creciente de abusos, muertes y denuncias por violaciones a los derechos humanos.
“Sí pegamos, pero ellos pegan más”. Así resume el CBP su propio balance de violencia en la frontera. Mientras millones de personas protestan en el mundo contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, la agencia fronteriza justifica el uso de la fuerza en sus redadas alegando que “la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque”. En su más reciente informe, el organismo reconoce haber violentado a 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, aunque asegura que 474 agentes fueron agredidos por hispanos durante el mismo periodo.
Los datos internos del CBP, obtenidos por MILENIO, revelan que 531 agentes participaron en actos de fuerza excesiva, lo que confirma una práctica constante y normalizada. Solo entre junio y agosto, los casos aumentaron 50%, con picos en la frontera sur, donde se concentran 278 de los incidentes registrados. Detrás de estas cifras hay un patrón operativo sostenido: intervenciones físicas, persecuciones y controles en zonas de cruce, que reflejan una política de “contención total” impuesta desde la declaratoria de emergencia nacional decretada por Trump a inicios de año.
El panorama es más grave si se consideran las actuaciones del ICE, la otra cara del aparato migratorio estadounidense. Desde 2023, el organismo dejó de publicar sus estadísticas de uso de la fuerza, pese a los reportes de muertes bajo custodia y de prácticas inhumanas, como el uso del dispositivo WRAP para inmovilizar completamente a personas ya detenidas. Organizaciones civiles como Detention Watch Network contabilizan al menos 20 muertes bajo custodia del ICE desde que Trump asumió el poder, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2006.
La narrativa oficial insiste en que los agentes enfrentan una amenaza creciente. El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido sobre supuestos planes de cárteles mexicanos para atacar a personal fronterizo, ofreciendo recompensas de hasta 50 mil dólares por asesinatos de mandos de alto nivel. Sin embargo, defensores de derechos humanos y observadores internacionales señalan que esta retórica busca reforzar un clima de miedo y justificar la militarización del control migratorio.
El saldo de esta política es alarmante: más muertos, más violencia institucional y una frontera que se transforma en zona de excepción permanente. Con la “emergencia nacional” como escudo, la administración Trump reaviva la guerra contra los migrantes, donde cada redada se ampara en la idea de una defensa patriótica y cada golpe se legitima como acto de soberanía.
Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.
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