En el Congreso, la diputada de Morena, Martha Moreno Valencia, presentó una denuncia contra la administración panista de Javier Mendoza Márquez, señalando un patrón de presuntas irregularidades que ponen en entredicho el uso de recursos públicos y la transparencia en el gobierno de Celaya (2021-2024). Entre los hallazgos más graves está la desaparición de un dron de última tecnología, adquirido para reforzar la seguridad del municipio, además del abandono de patrullas, vehículos oficiales y camionetas blindadas.
La situación es alarmante, según el nuevo alcalde morenista de Celaya, Juan Miguel Ramírez, quien detectó que el dron táctico, dotado de inteligencia artificial y equipado con cámara de 360 grados, desapareció. Este dron, que formaba parte de un costoso vehículo blindado de 4.7 millones de pesos, podía detectar amenazas a kilómetros de distancia y transmitir en tiempo real al centro de monitoreo, una tecnología que se pierde en medio de la opacidad de la administración anterior.
Además del dron extraviado, se encontraron 27 patrullas y varios vehículos abandonados en almacenes y talleres, que nunca fueron reportados en el proceso de entrega-recepción. “La falta de mantenimiento y la condición deplorable de más de 100 unidades de seguridad evidencian el desinterés por la protección de la ciudadanía“, denunció la diputada.
Martha Moreno Valencia subrayó que el gobierno de Mendoza Márquez dejó en duda su compromiso con la seguridad, al desatender una partida especial para el mantenimiento de estos vehículos, lo que compromete la operatividad y pone en riesgo a los ciudadanos. “Los celayenses exigen transparencia, y por eso solicitamos una auditoría exhaustiva a las finanzas de la pasada administración”, finalizó la legisladora.
Este punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, pretende que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revise detalladamente los recursos usados en el periodo 2022-2024. La solicitud de auditoría expone una profunda desconfianza hacia la gestión panista y busca rendir cuentas a una ciudadanía que exige poner fin a la corrupción en el manejo de fondos públicos.
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