En la conferencia matutina presidencial del pasado lunes, Edna Vega Rangel, titular de la SEDATU presentó uno de los programas prioritarios del gobierno federal relacionado con la vivienda elaborado a partir de un amplio diagnóstico comenzado desde el sexenio pasado. Nos referimos al Programa de Vivienda y Regularización que tiene un objetivo claro: abatir el rezago habitacional que ha sido consecuencia de las políticas neoliberales.
Un millón de viviendas nuevas es el objetivo para hacer justicia a mujeres jefas de familia, jóvenes, adultos mayores e indígenas principalmente, y eso, por donde quiera que se mire, muestra el compromiso de la presidenta de la república hacia estos sectores. Es un excelente programa cuyos alcances van más allá dado que no solo se contempla la construcción de vivienda, sino que además se considera la aplicación de 450 mil mejoramientos, ampliaciones, escrituraciones, etc. esto aunado a otros factores que significarán un beneficio durante la ejecución del programa pues la creación de empleos directos se calcula en 6.1 millones, mientras que los empleos indirectos alcanzarán aproximadamente los 9.2 millones.
Pero la construcción de la vivienda en un país como el nuestro debe dejar ya de darse sin ton ni son; si bien es urgente atender el tema de la vivienda como una de las principales necesidades de la población, al mismo tiempo está obligado el gobierno a poner en orden a las empresas inmobiliarias que han sacado provecho de esta necesidad violando todo principio ético a partir de construir espacios extremadamente reducidos, carentes de servicios y en muchas ocasiones en sitios sin la infraestructura urbana mínima requerida. Las muestras de rapacidad de estas empresas y el contubernio con instituciones crediticias están por todos lados y vaya que, con la complacencia de algunos gobiernos, hicieron su agosto afectando la economía de los trabajadores. Por miles se cuentan los casos en que un trabajador, que a duras penas accede a un crédito, solo le alcanza para obtener una vivienda en lugares periurbanos, muchas veces edificadas en suelos con vocación agrícola y que, por su ubicación, terminan por convertirse en el mejor de los casos en un sitio solo para dormir. En el peor de los casos, el mismo trabajador que consiguió el crédito, opta por abandonar la vivienda para pagar renta en algún sitio más cercano a sus labores cotidianas. Por eso resulta alarmante y paradójico que existan en nuestro país más de 6.15 millones de viviendas deshabitadas como arrojaron las estadísticas de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 cuando la necesidad de vivienda va en aumento.
En este punto radica la importancia del programa que impulsa el presente gobierno, puesto que trata de atender la necesidad a partir de una visión integral que involucra a diversos sectores y que opta por establecer las reglas que permitan garantizar la habitabilidad a través de componentes clave. Es un acierto porque de apegarse al espíritu del programa, se irá construyendo espacios familiares prósperos tendientes al bienestar que ha sido una de las principales banderas de este gobierno.
También es un acierto que encabece este programa Edna Vega Rangel porque conoce de fondo la problemática desde hace muchos años, no reduce su labor al diagnóstico, asume de manera directa la supervisión para evaluar los avances y sobre todo para garantizar los resultados. Por otra parte, el equipo que conforma la SEDATU ha entendido perfectamente que en la optimización de los recursos se encuentra la clave para construir más viviendas dignas, sostenibles y sustentables que dejen en claro que la satisfacción de la demanda, puede concretarse con la reorientación de la política pública si se somete al interés general poniéndolo por encima del interés de las inmobiliarias.
Un millón de viviendas demuestra que lo que para unos significa demagogia, para otros no es otra cosa más que justicia, así que habrá todo un sexenio para demostrar que 36 millones de mexicanos estaban en lo correcto cuando emitieron su voto.
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