El Presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación de EE.UU., acelerando su agenda contra la educación pública y promoviendo el control local de escuelas, una meta histórica de republicanos conservadores.
La medida, justificada como un esfuerzo por combatir el “adoctrinamiento radical” en aulas, busca eliminar programas federales clave, como apoyos a estudiantes con discapacidades y normas de equidad racial. Aunque su cierre total requiere aprobación del Congreso, la administración ya ha recortado la mitad de su personal y cancelado contratos.
El impacto más grave recae en universidades: el departamento gestiona 1.5 billones de dólares en deuda estudiantil y asigna fondos federales para investigación. Trump ha suspendido millones en subsidios a instituciones como Columbia, Yale y la Universidad de Pensilvania, exigiendo cambios políticos, como controlar departamentos académicos (Medio Oriente en Columbia) o revertir políticas de inclusión transgénero. Casos como el de Columbia, amenazada con perder 400 millones, marcan un precedente de intervención federal en universidades privadas.
Bajo la justificación de combatir el “antisemitismo” o proteger “derechos de mujeres en deportes”, la Casa Blanca condiciona fondos a ajustes ideológicos. Decenas de centros, como Johns Hopkins, han recortado empleos y programas ante la presión.
Estas acciones son sin duda un ataque sin precedentes a la autonomía académica, mientras universidades negocian bajo la amenaza de perder financiamiento vital. La fecha límite para que Columbia acepte las demandas de Trump vence este viernes.
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