La Administración de Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos suspender la orden de Maame E. Frimpong, jueza de California, que busca cesar las detenciones del ICE. La jueza prohibió al servicio detener a personas por factores xenófobos y racistas: hablar español, trabajar en construcción o “parecer latino” principalmente.
Organizaciones de defensa de derechos civiles advierten que un fallo favorable al Gobierno aumentaría la inseguridad y el miedo entre latinos en ciudades como Los Ángeles, la cual ha sido el epicentro de las redadas masivas de este verano, según información recopilada por El País.
Frimpong concluyó que el ICE carece de fundamento legal para detener a la mayoría de los individuos arrestados, y calificó las operaciones como una “presencia amenazante” que genera temor de secuestro entre ciudadanos y residentes legales.
El Gobierno defiende su posición alegando que factores como hablar español o desempeñar ciertos trabajos pueden aumentar la probabilidad de que alguien sea indocumentado y justifica su uso para intensificar la aplicación de leyes migratorias. Por su parte, activistas denuncian las repercusiones del miedo: niños dejan de ir a la escuela, adultos evitan trabajar y toda la comunidad vive bajo constante tensión.
El tema ha generado polémica y protestas a nivel nacional, la decisión del Supremo será determinante, puesto que podría reescribir la política migratoria y el alcance de las detenciones basadas en perfil racial en Estados Unidos.
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