La justicia federal determinó que el exgobernador de Tamaulipas no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dejando sin efecto la solicitud de Estados Unidos.
Un Tribunal Colegiado concedió un amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que impide su extradición a Estados Unidos, donde era requerido por asociación delictuosa y lavado de dinero. La resolución deja sin efectos una sentencia previa y cierra un litigio que se prolongó por más de seis años.
El fallo, emitido en Ciudad Victoria, retoma el criterio establecido en 2018 por un juez federal, quien ya había considerado constitucionalmente improcedente la extradición. Los magistrados concluyeron que la entrega del exmandatario violaba el artículo 109 de la Constitución, al acreditarse que ya fue procesado en México por los mismos hechos que sustentaban la petición internacional.
Durante la sesión pública, el Tribunal subrayó la aplicación del principio non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Al existir causas penales previas en territorio nacional por conductas coincidentes, la autoridad judicial determinó que la extradición transgrediría derechos fundamentales del quejoso.

Con esta sentencia, el Estado mexicano queda legalmente impedido para entregar a Hernández Flores a autoridades estadounidenses por este expediente. La resolución es inatacable y deja firme la protección constitucional, eliminando el último riesgo jurídico a nivel internacional para el exgobernador, quien actualmente se encuentra en libertad.
Hernández Flores, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010, enfrentó el proceso de extradición desde su detención en 2017, tras acusaciones de la DEA por el presunto lavado de 30 millones de dólares. Aunque en 2018 se autorizó su entrega durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta nunca se concretó, permaneciendo preso hasta 2023.
El fallo definitivo pone punto final a un caso emblemático que atravesó diversas instancias del Poder Judicial de la Federación y marca un precedente sobre los límites constitucionales de la extradición.

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