La Sala Regional Especializada (SRE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos, ordenó inscribir al presidente Andrés Manuel López Obrador en la lista de sujetos sancionados por violentar la ley electoral.
En audiencia pública, los magistrados también decidieron solicitar audiencia al Órgano Interno de Control (OIC) de la Presidencia de la República y al Sistema Público de Radiodifusión (SPR) tanto para el presidente López Obrador como para su vocero, Jess Ramírez, así como para otros funcionarios de la Presidencia y del gobierno federal que habían sido acusados de violar la ley al emitir opiniones electorales durante un período de tiempo ilegal el 27 de marzo.
De acuerdo con el fallo de la Sala Especializada, el presidente Andrés Manuel López Obrador infringió la ley al expresar sus preferencias políticas durante el período comprendido entre las elecciones locales en los estados de México y Coahuila y en vísperas del inicio del proceso electoral federal en 2023-2024.
“El hecho de que manifestara que hay un plan, que nombra como C, el cual, a su decir, consiste en ‘no votar por el bloque conservador para que siga la transformación’, que ‘ni un voto a los conservadores, sí a la transformación’, implica de forma directa un llamado expreso a no votar por una opción política que refiere como ‘bloque conservador’ y hace un llamado así a continuar con la ‘transformación que inició en 2018′”, expone la sentencia.
La resolución declaró la existencia de infracciones denunciadas por la senadora panista Kenia López Rabadán y el PRD, conductas que vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral, así como el uso indebido de recursos públicos, pues se trata de “manifestaciones que fueron de naturaleza electoral y consiguieron generar una influencia indebida y un impacto en la ciudadanía que recibió esa información”.
Asimismo, los magistrados electorales coincidieron en que se hizo un mal uso de recursos públicos por parte del titular del Ejecutivo federal y las personas funcionarias públicas encargadas de la organización, producción y difusión de la conferencia matutina en la que se hicieron las manifestaciones denunciadas.
Por otra parte, el Presidente y sus empleados públicos no acataron la medida cautelar ordenada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se instruyó retirar la transmisión de la conferencia de las redes sociales de la Presidencia.
Por lo tanto, se ordenó dar vista al OIC de la Oficina de la Presidencia para que aplique la sanción correspondiente al presidente Andrés Manuel López Obrador, como a sus subordinados, así como al OIC del SPR para que aplique sanción a su director, Jenaro Villamil.
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