La Sala Superior del TEPJF sancionó a ministros de la Corte y otros jueces por deslices en sus informes de gastos durante las elecciones judiciales.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso multas a los ministros Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa, así como a Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Las sanciones se deben a irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de campaña de las recientes elecciones judiciales.
Las multas fueron ajustadas en comparación con las impuestas previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE). Los magistrados del TEPJF consideraron que el INE evaluó incorrectamente varios casos, lo que llevó a la reducción de las sanciones.
Detalles de las sanciones
Celia Maya enfrentará multas totales de 4 mil 638 pesos, se mantuvieron las sanciones por eventos no cancelados a tiempo y por no reportar ciertos eventos. No obstante, se revocó una multa previa de más de 29 mil pesos por una aportación indebida.
Por otra parte, Yasmín Esquivel recibió una sanción de 12 mil 748 pesos, el INE inicialmente le impuso una multa superior a los 400 mil pesos por irregularidades relacionadas con aportaciones y reportes. Finalmente, se consideraron las diversas omisiones en su informe.
Giovanni Figueroa también tuvo cambios en su multa, que ahora asciende a 2 mil 262 pesos tras la revocación de una sanción de más de 200 pesos del INE. Además, el presidente de la Sala Superior, Gilberto Bátiz, enfrentará una multa cercana a los 5 mil pesos por problemas en sus informes.
Contexto histórico
Estas multas marcan el cierre de un proceso electoral inédito en México. Por primera vez, la ciudadanía eligió a los jueces y magistrados de la Suprema Corte y otros tribunales a través de un voto popular. Este ejercicio democrático obligó a los candidatos, muchos de ellos jueces de carrera, a llevar a cabo campañas bajo reglas estrictas de fiscalización.
La reciente decisión del TEPJF resalta la importancia de la transparencia en el proceso electoral y la rendición de cuentas en el ámbito judicial. Con estas sanciones, se busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.
