En una decisión que ha generado indignación y controversia, el juez quinto de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juan Miguel Morales Montier, otorgó la custodia completa de cinco menores al empresario Bernardo Vogel Fernández de Castro. La sentencia se emitió a pesar de las denuncias de violencia vicaria presentadas en su contra, lo que ha provocado que Maha, madre de las menores, lleve más de siete meses sin poder ver a sus hijas.
Yakiri Rubio, representante de la Fundación Voces Humanizando la Justicia, criticó duramente el fallo, argumentando que el empresario, dueño del Grupo Collado y de diversas empresas multinacionales que cotizan en bolsa, “utilizó su poder económico para que la justicia le favoreciera”. Según Rubio, la violencia vicaria ejercida por Vogel Fernández de Castro comenzó el año pasado cuando Maha le pidió el divorcio.
Rubio explicó que el empresario, tras el pedido de divorcio, engañó a Maha para ganar tiempo y planear una demanda de divorcio en secreto, que luego presentó como una forma de castigo. Además, se denunció que durante los 18 años de matrimonio, Maha y sus hijas sufrieron violencia, y aún así, el juez Morales Montier decidió otorgar la custodia total al empresario.
La abogada de la Fundación Voces Humanizando la Justicia también señaló que Vogel Fernández de Castro, con la ayuda de su padre y otros familiares, contrató a una persona del DIF para simular un operativo y trasladar a las menores al albergue temporal de la Fiscalía capitalina. Este operativo, de acuerdo con Rubio, fue parte de una estrategia para alejar a las menores de su madre y someterlas al control del empresario.
Además, Rubio informó que se han abierto varias carpetas de investigación contra Maha, alegando que el empresario usó su poder económico para influir en las autoridades y manipular a las menores en su contra. “Este es uno de los casos más graves de violencia vicaria que hemos visto”, afirmó.
La situación ha despertado preocupaciones sobre la imparcialidad de la justicia en casos donde existe una evidente desigualdad económica entre las partes, y ha generado un llamado a revisar la actuación del juez y las autoridades involucradas para garantizar que los derechos de Maha y sus hijas sean respetados.
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