Recientemente se ha reportado que José Ascensión Murguía, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada agravado y desaparición forzada. Se le ordenó prisión preventiva y tendrá que permanecer así durante un plazo de cuatro meses, mientras se desarrolla la investigación complementaria.
El alcalde de Teuchitlán está presuntamente vinculado al caso del Rancho Izaguirre, por lo que se realizó una audiencia para determinar su situación. Ésta fue encabezada por la Jueza Juana Beatriz Jiménez en la sala 2 del Centro de Justicia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande y duró un poco más de 10 horas.
Es la audiencia realizada, los fiscales presentaron pruebas de la parte acusatoria, en las que aseguran que Murguía Santiago, “colaboró dolosa, voluntariamente, con plena conciencia” de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre; que “decidió apoyar y pertenecer” y “estaba en la nómina” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aportándoles recursos materiales y humanos.
Entre las pruebas presentadas, están las declaraciones de testigos y de las 4 víctimas que sobrevivieron a las atrocidades mencionadas con respecto al Rancho, donde se buscaba deshumanizarlos para obligarlos a pertenecer al grupo criminal.
Tras la extensa audiencia, la Jueza Beatriz Jiménez determinó que los datos y testimonios presentados por la parte acusatoria son consistentes y tienen mayor peso que los de la defensa, que expresan sólo opiniones.
El caso de Gabriela N, quien es señalada como hija de un alto ejecutivo de Televisa, ha desatado una ola de indignación en redes sociales tras ser vinculada a proceso por el homicidio culposo de Daniel Tadeo, un joven repartidor de 29 años que perdió la vida en un accidente vial el pasado 4 de diciembre. Pese a la gravedad del caso, Gabriela N llevará el proceso en libertad, lo que ha levantado sospechas sobre un posible encubrimiento debido a su posición familiar.
El accidente que dejó a una familia rota
El accidente ocurrió en la avenida Fernando Espinosa Gutiérrez, en Santa Fe, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que Gabriela N, de 19 años, conducía una camioneta blanca y, al intentar incorporarse en sentido contrario, chocó violentamente contra la motocicleta en la que viajaban Daniel Tadeo y una acompañante. El impacto resultó fatal para Daniel, mientras que su acompañante sufrió graves lesiones.
Aunque Gabriela N fue detenida tras el accidente, recuperó su libertad 48 horas después y, el pasado 15 de diciembre, un juez de control decidió vincularla a proceso por homicidio culposo sin imponer prisión preventiva. Este hecho ha generado controversia debido a que su relación familiar con un alto ejecutivo de Televisa ha provocado dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial.
Medidas cautelares sin prisión preventiva: ¿justicia selectiva?
Gabriela N deberá cumplir medidas cautelares como el pago de una garantía de 100 mil pesos, la entrega de su pasaporte y la prohibición de acercarse a las víctimas. También se le suspendió temporalmente el derecho a conducir. Sin embargo, el hecho de que pueda enfrentar el juicio en libertad ha encendido las críticas, especialmente entre quienes consideran que su parentesco con un alto directivo influyó en esta decisión judicial.
Familiares de Daniel Tadeo han señalado que la investigación podría estar siendo manipulada. Denunciaron que los exámenes toxicológicos realizados a Gabriela N dieron positivo a alcohol y drogas, pero no se han integrado plenamente como pruebas en el caso.
Redes sociales cuestionan privilegios
El caso ha tomado fuerza en redes sociales, donde usuarios no solo exigen justicia para Daniel Tadeo, sino también cuestionan los aparentes privilegios que rodean a Gabriela N por ser hija de un alto ejecutivo de Televisa. Algunos internautas han señalado que el apellido de la imputada y su influencia podrían estar obstaculizando un proceso imparcial. Incluso, existen dudas sobre su verdadera identidad, pues se rumora que su nombre podría ser Adriana y no Gabriela, como inicialmente se reportó.
Protestas por justicia y presión social
En respuesta a la falta de justicia, familiares y amigos de Daniel Tadeo bloquearon durante más de 54 horas las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen que los videos del accidente sean admitidos como evidencia oficial y que se esclarezca si la influencia familiar de Gabriela N está afectando el curso de la investigación.
El fiscal Ulises Lara aseguró que el caso será tratado con transparencia y que continuará el diálogo con los familiares de la víctima. Sin embargo, la presión social no ha cesado. Las plataformas digitales han sido clave para amplificar las denuncias de encubrimiento y exigir que este caso no quede impune.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la vinculación a proceso de dos exservidores públicos que ocuparon altos cargos dentro de la administración tributaria durante el sexenio 2012-2018. Según el comunicado oficial, se les acusa de la probable comisión de los delitos de uso de documento falso, ejercicio ilícito del servicio público y actos contra la administración de justicia.
Las investigaciones revelaron que los exfuncionarios, quienes desempeñaron funciones como administrador general y administrador central, participaron en la firma de Acuerdos Reparatorios sin contar con las facultades legales para ello. Este hecho fue suficiente para que un juez de control determinara que existían elementos suficientes para proceder penalmente en su contra.
El SAT destacó que estas acciones forman parte del esfuerzo por combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en el marco del proyecto de Nación liderado por la presidenta de la República. Bajo la premisa de un “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, esta estrategia busca garantizar que ninguna irregularidad quede impune y que las instituciones públicas trabajen en concordancia con los valores éticos e institucionales.
El organismo reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, subrayando que los procesos judiciales contra los exservidores son un mensaje claro de que se prioriza la justicia y la rendición de cuentas, independientemente del nivel jerárquico de los involucrados.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de cinco empleado del un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Sinaloa, por el robo de medicamentos oncológicos, para VIH, diabetes, entre otros, con un valor aproximado de 13 millones 337 mil 846 pesos.
A través de su Fiscalía Federal en Sinaloa, la FGR obtuvo de un Juez la vinculación a proceso en contra de Fernando “L”, Felipe “M”, Francisco “N”, Pedro “S” y Juan “R“, por su probable participación en los delitos de robo y asociación delictuosa.
El 10 de junio pasado, por medio de vídeos de cámaras del hospital el personal del IMSS se percató de que los trabajadores presuntamente robaron cajas con variedad de medicamentos,y que tras la realización de un inventario se identificó que faltaban medicamentos oncológicos, para VIH, diabetes, entre otros, que conjuntamente tienen un valor aproximado de 13 millones 337 mil 846 pesos.
Al respecto, los agentes de ministerio público solicitaron al Juez de Control una orden de aprehensión en contra de los cinco trabajadores del nosocomio, orden que fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Una vez detenidos, ya en la audiencia de imputación el Juez de Control determinó vincular a proceso a los cinco empleados, por los delitos de robo y asociación delictuosa, al sustraer 14 mil 449 pieza de medicamentos
Asimismo, el Juez de Control determinó prisión preventiva justificada y dió un plazo a la FGR de dos meses de investigación complementaria, en la que podrá seguir indagando sobre el destino de los medicamentos y la red de comercialización ilegal.
La tarde de este domingo, la candidata suplente por la vía plurinominal por la alianza del PRIAN, Tania N, quien además es cercana al candidato de la gubernatura, Eduardo Rivera, fue vinculada proceso por los delitos contra la salud y crimen organizado.
Tras ser detenida por elementos de la Secretaría de Marina, junto a seis hombres, el pasado sábado 4 de mayo en la colonia Tres Cruces de la capital poblana.
En la audiencia celebrada el pasado lunes en Casa de Justicia de la 11 Sur, se reveló que en el lugar donde fue detenida la candidata suplente se encontraron armas de fuego, sustancias ilícitas y dispositivos para bloquear señales.
Asimismo, el equipo de Alejandro Armenta llamó a las autoridades del estado a que investiguen profundamente las relaciones de Tania “N”, con grupos criminales que operan en la capital poblana.
El sobrino del ex secretario de seguridad en tiempos de Calderón, Genaro García Luna, se amparo contra la vinculación a proceso que se giró en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Medios de comunicación dieron a conocer que la jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Diana Abraján Peña, fue quien admitió a tramite el amparo del sobrino de García Luna.
La audiencia se llevará a cabo el día 29 de enero de 2024.
Cabe recordar que fue el pasado 20 de diciembre de 2023 que, Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, hermana y sobrino de Luna, fueron vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de ser detenidos el pasado 14 de diciembre por agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGR).
La hermana del exfuncionario mexicano llevará su proceso en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos; mientras que su hijo lo hará en el Penal Federal del Altiplano, en Edomex.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa vinculó a proceso a Samuel Rodolfo “V“, por ser presunto culpable del homicidio calificado con premeditación, ventaja y ensañamiento contra el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.
En la audiencia inicial del 21 de diciembre de 2023, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público contra el acusado. Como medida cautelar, se dictaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, programados para concluir el 21 de marzo de 2024.
El imputado fue detenido el pasado 16 de diciembre en el fraccionamiento Villa Bonita gracias a la labor de investigación de la Fiscalía General del Estado, que ejecutó la orden de aprehensión en su contra.
La audiencia estaba programas para el 17 de diciembre, sin embargo, se pospuso al día siguiente debido a la necesidad de los abogados particulares del imputado de familiarizarse con la carpeta de investigación.
El Ministerio Público formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, que se dictó durante la continuación de la audiencia el 21 de diciembre de 2023 en la Sede de Justicia Penal, Acusatoria y Oral, Zona Centro.
La Fiscalía de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Patricio Pereyra, el alumno de la Prepa Anáhuac que golpeó brutalmente a un guardia de seguridad de la zona de Lomas de Angelópolis de la entidad.
Debido a que no puede ser enviado a prisión por ser menor de edad, la Fiscalía detalló en un comunicado que fue sometido a diferentes medidas cautelares, entre ellas: no salir del país, no acercarse a la víctima o a su domicilio y someterse a tratamiento psicológico especializado.
Este viernes en un audiencia con un Juez de Control, la dependencia presentó pruebas suficientes para que la autoridad judicial fincara responsabilidades contra Patricio ‘N’, vinculándolo a proceso por el delito de lesiones.
Cabe señalar que se estableció un tiempo de dos meses para conocer una sentencia sobre lo ocurrido.
La #FiscalíaPuebla obtuvo la vinculación a proceso del adolescente investigado por el delito de lesiones dolosas en agravio de un guardia de seguridad en la zona de Angelópolis.
la Preparatoria Anáhuac de Puebla dio a conocer que expulsó definitivamente a Patricio Pereyra, alumno que agredió brutalmente a un guardia de seguridad en LomasAngelópolis.
A través de un comunicado, la institución educativa expresó que luego de conocerse los hechos, la primera acción fue suspender de manera temporal al agresor. Sin embargo, luego de que concluyera el proceso disciplinario previsto en su reglamento interno se resolvió que: “Ante las acciones graves generadas por el alumno, las cuales van en contra de los principios fundamentales de nuestra institución se ha determinado la expulsión inmediata y definitiva del alumno”.
Asimismo, la preparatoria reiteró su compromiso de seguir impulsando un programa de sana convivencia en su comunidad educativa junto con los padres de familia, para ser más contundentes en los valores de respeto hacia otras personas, sin excepción, la tolerancia cero y la condena a la violencia en cualquiera de sus formas.
El ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Simón Pedro de León Mojarro obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que un juez de control le dictó el pasado octubre por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos, conocido como “estafa maestra”.
“Se concede la suspensión provisional, para el efecto que el procedimiento continué hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia”, señaló el acuerdo del juez que le otorgó la medida cautelar y quien agendó agendó la audiencia incidental para el próximo cuatro de diciembre, donde determinará si le concede la suspensión definitiva.
El 24 de noviembre, Pedro de León Mojarro promovió un amparo. Hoy en día se encuentra en el Reclusorio Sur.
De León Mojarro fue detenido en la colonia Lomas de Chapultepec y posteriormente trasladado al Reclusorio Sur donde compareció ante el juez Juan José Hernández Leyva, quien consideró que esta vez la Fiscalía General de la República (FGR) sí presentó elementos de prueba suficientes para decretar la vinculación a proceso y establecer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del ex funcionario por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.
En 2019, un juez de control del Reclusorio Norte desestimó vincular a proceso a De León Mojarro por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.
En este entonces, la FGR lo acusó de ocasionar un daño de 124 millones 100 mil pesos a Hacienda, al suscribir de manera indebida firmado entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos. Sin embargo, en 2020 se giró una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Ramón Sosamontes Herreramoro fue vinculado a proceso por un Juez de Control en la Ciudad de México debido a su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, establecido en el Artículo 217 del Código Penal Federal, en el caso conocido como la Estafa Maestra.
El sujeto hoy procesado tuvo una estrecha relación con Rosario Robles durante su mandato como directora de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Sosamontes Herreramoro ocupaba el cargo de Jefe de Oficina de Comunicación Social en la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2014, cuando presuntamente contrató servicios con recursos públicos para Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se llevaron a cabo, lo que provocó un daño a la Hacienda Pública Federal por más de 353 millones de pesos.
Con esta acción, se infringieron todas las regulaciones establecidas por la Ley en cuanto al uso de recursos públicos destinados a programas de comunicación social, ya que se desviaron y disgregaron con fines ilegales.
En la audiencia, la autoridad jurisdiccional otorgó tres meses para realizar la investigación complementaria y le impuso al justiciable la medida cautelar de prohibición de salir del país.
