Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

  • Senado aprueba reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

    Senado aprueba reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

    El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Esta aprobación se realizó la noche del martes y busca fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero.

    El dictamen recibió 74 votos a favor de Morena y sus aliados. En contra votaron 13 senadores del PRI y algunos panistas, mientras que 19 senadores de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se abstuvieron. La mesa directiva anunció que el documento será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

    Las reformas incluyeron cambios de última hora. Se eliminó toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que este delito ya está tipificado en el Código Penal Federal. La senadora morenista Lucía Trasviña presentó la reserva para estas modificaciones, argumentando que la figura era innecesaria y podía crear confusiones jurídicas.

    Durante el debate, el panista Francisco Ramírez Acuña cuestionó la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al mencionar el caso de tres instituciones financieras acusadas de lavado de dinero. Preguntó si la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habían ignorado información relevante.

    Guadalupe Chavira, de Morena, respondió que tanto la Secretaría de Hacienda como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria han informado sobre investigaciones en curso. La oposición expresó su apoyo a la lucha contra el lavado de dinero, pero advirtió que esta causa se usa como un “Caballo de Troya” para imponer vigilancia sin control.

    Guadalupe Murguía y Ramírez Acuña señalaron que la definición de “Persona Políticamente Expuesta” es ambigua, lo que podría llevar a sospechas injustificadas sobre ciudadanos comunes. La priísta Claudia Anaya comentó que la reforma representa un paso hacia la “militarización del país”, al permitir que la Guardia Nacional realice labores de investigación.

    Morena calificó estas afirmaciones como exageradas. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la ley tiene un enfoque preventivo y administrativo. Su objetivo es evitar que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos.

    Oscar Cantón Zetina, de Morena, destacó que identificar a las Personas Políticamente Expuestas es clave para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Enfatizó que la propuesta no es abusiva, sino necesaria para combatir las redes de encubrimiento generadas por la delincuencia organizada.

  • Los Weinberg optan por la colaboración: Acuerdo con la UIF y posible testimonio ante la FGR

    Los Weinberg optan por la colaboración: Acuerdo con la UIF y posible testimonio ante la FGR

    Después de años de juicios y escándalos, la familia Weinberg ha decidido colaborar con las autoridades mexicanas. Este cambio de estrategia les permite pasar de acusados ​​a testigos . El acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pone fin a un prolongado juicio civil en Miami, que buscaba recuperar 600 millones de dólares relacionados con contratos públicos fraudulentos.

    Recientemente, los Weinberg notificaron a la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade sobre el acuerdo confidencial. Por lo tanto, solicitaron desechar la demanda que nunca llegó a juicio con jurado.

    Además, la UIF anunció que se habían programado audiencias ante un juez mexicano para implementar los términos del acuerdo. Sin embargo, estas audiencias se aplazaron para la próxima semana. Estaban relacionadas con el proceso penal que enfrentan los Weinberg en México.

    El juicio civil se centró en 28 inmuebles en Florida, adquiridos a través de empresas de papel vinculadas a la familia. Hasta ahora, al menos dieciocho de estas propiedades se han vendido por más de 28 millones de dólares. Estos fondos forman parte de la reparación del daño que los Weinberg deberán cubrir.

    En el marco del acuerdo, la familia Weinberg aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) como testigos. Este compromiso les permite enfrentar cargos penales con la posibilidad de una reducción de penas o incluso la exoneración, a cambio de su cooperación y el pago de la reparación del daño.

    Este acuerdo marca un avance significativo en las investigaciones contra Genaro García Luna, exfuncionario federal condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. Según la demanda civil, García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006 y luego se asoció con ellos.

    La colaboración de la familia Weinberg podría ser clave en la lucha contra la corrupción en México. Este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno mexicano por obtener justicia y desmantelar redes de corrupción vinculada.

  • Sentencia millonaria a García Luna y su esposa

    Sentencia millonaria a García Luna y su esposa

    Así es, este jueves 22 de mayo se informó que la jueza Lisa Walsh de Florida, Estados Unidos, dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereyra, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, presentara una denuncia en su contra por obtener recursos del estado mediante actos de corrupción. 

    La UIF, ya había hecho la demanda civil, desde septiembre de 2021, ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, Florida. Esto ya que García Luna operaba por medio de un esquema de contratación ilegal; obtenía recursos a través de sobornos o con licitaciones ilegales que significaron millones de dólares para sus bolsillos, que a su vez fueron enviados a Miami, Florida, como para buscar tapar sus ingresos ilegales.

    Pues la sentencia para los tórtolos será de más de 2 mil 500 millones de dólares, gracias a sus actos de corrupción.

    Ya de por sí uno de los más grandes socios de García Luna, el exsubsecretario de Seguridad Pública José Francisco Niembro, los había dejado al borde del precipicio al declararse culpable también en Florida, por lo que él y también su esposa, Martha Virginia Nieto, pagaron 330 mil dólares.

    Cabe destacar que, aunque García Luna está en el tambo, pudo haber mandado un representante, pero ni el ni su esposa se presentaron a juicio.

  • Morena propone crear comisión para investigar irregularidades de Zedillo en el Fobaproa

    Morena propone crear comisión para investigar irregularidades de Zedillo en el Fobaproa

    La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, propuso crear una comisión en el Senado para investigar al expresidente Ernesto Zedillo por posibles irregularidades en las auditorías del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

    Chavira afirmó que es fundamental no ignorar este asunto y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la revisión del rescate bancario más grande de la historia. “Seguimos pagando las consecuencias de este rescate”, declaró en un comunicado.

    La legisladora rechazó que su solicitud sea una “cacería de brujas”. Señaló que Zedillo podría enfrentar acusaciones por delitos ya prescritos, y criticó su figura como “paladín de la democracia”.

    Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló cuentas secretas relacionadas con el Fobaproa, que suman 80 mil millones de pesos. Además, el pago acumulado por intereses supera los 945 mil millones de pesos, una cifra que excede las estimaciones iniciales del rescate.

    Chavira también mencionó que Zedillo debe aclarar las acusaciones que involucran a su esposa, Nilda Patricia Velasco. Se le acusa de negociar pagos con el Cártel de Colima, según audios divulgados por César Gutiérrez Priego, hijo de un exfuncionario del gobierno.

    Por último, la senadora recordó que Zedillo criticó a la Cuarta Transformación por sus reformas al Poder Judicial, y le recordó que él mismo disolvió la Suprema Corte para crear un poder a su favor.

  • Gobierno expone a empresarios y políticos beneficiados por el Fobaproa

    Gobierno expone a empresarios y políticos beneficiados por el Fobaproa

    El Gobierno federal reveló en Palacio Nacional los nombres de empresarios y políticos que se beneficiaron del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este fondo fue creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000.

    Entre los personajes expuestos se encuentran Claudio X. Laporte y Ricardo Salinas Pliego. También fueron mencionados políticos del PRI y del PAN, como Vicente Fox Quezada y Carlos Hank Rhon.

    Otros nombres destacados incluyen a Fernando Senderos Mestre, Fernando Canales Clariond, José Eduardo Robinson Bours Castelo y Carlos Cabal Peniche. Además, se mencionaron grupos empresariales relacionados con Pablo Escandón Cusi y Manuel Gómez Daza Rangel.

    Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, calificó el Fobaproa como “una tragedia que se pudo haber evitado”. Durante la conferencia del 1 de mayo, compartió su testimonio sobre la aprobación del fondo en la Cámara de Diputados.

    La Presidenta Claudia Sheinbaum también criticó el impacto económico del Fobaproa. Señaló que el fondo rescató a grandes empresarios, convirtiendo deudas privadas en una carga para todos los mexicanos. “Seguimos pagando”, afirmó, resaltando la responsabilidad que tuvieron los líderes de la época.

    La exposición de estos nombres busca arrojar luz sobre un episodio oscuro en la historia económica de México. La controversia sobre el Fobaproa sigue generando debate y descontento en el pueblo.

  • “Miente feo”: Pablo Gómez desmiente a Zedillo y revela como desde los 90 el PRIAN encubrió el Fobaproa

    “Miente feo”: Pablo Gómez desmiente a Zedillo y revela como desde los 90 el PRIAN encubrió el Fobaproa

    Durante la mañanera del pueblo de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, exhibió la corrupción del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señaló de haber mentido al asegurar que la auditoría del Fobaproa fue transparente y sus resultados fueron entregados. “Miente feo”, dijo sin rodeos.

    El funcionario reveló que lo único que se entregó en su momento fue “un disco encriptado” con cinco llaves distribuidas entre los partidos políticos, pero que “el PAN entregó una llave distinta”, impidiendo el acceso total a la información. Además, leyó en vivo la leyenda de confidencialidad contenida en el documento, que evidencia el carácter reservado y la voluntad explícita de ocultamiento:

    “Al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial mediante el uso de las claves o contraseñas […] se obliga a: 1) preservar la confidencialidad de la información confidencial, 2) utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5° y 7° transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 3) abstenerse de divulgar por cualquier medio dicha información. En caso de que llegara al dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables”.

    Con este testimonio, Gómez Álvarez desmontó la narrativa del PRIAN que ha intentado justificar la deuda del Fobaproa durante casi tres décadas. Recalcó que la decisión del gobierno de Zedillo no fue abrir los datos a la ciudadanía, sino “que no se supiera nada”.

    El Fobaproa: fraude legalizado contra el pueblo

    Gómez detalló que la operación del Fobaproa consistió en fondear a los bancos que enfrentaban dificultades por cartera vencida, pero terminó por convertir deudas privadas en deuda pública, lo cual “no era su función”, ya que el fideicomiso se diseñó como un seguro para proteger el ahorro bancario, no para rescatar banqueros ni empresarios morosos.

    “No se informó nada a la Cámara de Diputados, estaban simplemente regalando dinero”, sentenció. Dijo que existían alternativas viables, como adquirir acciones de los bancos quebrados, pero se eligió la vía más onerosa para el erario: socializar las pérdidas.

    La deuda del Fobaproa, subrayó, “se paga todos los días en México”, y su aceptación fue inconstitucional, producto de una red de complicidades entre el gobierno de Zedillo, el PRI y el PAN.

    Documentos entregados a la Presidencia

    En un gesto simbólico pero contundente, Pablo Gómez entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum los documentos que prueban cómo se intentó ocultar la información del Fobaproa. Afirmó que fueron las y los legisladores de izquierda quienes sacaron a la luz parte del contenido, mientras que el PRI y el PAN actuaron para ocultarlo deliberadamente.

    Incluso reveló que el 23 de marzo del año 2000, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió una propuesta para deslindarse de toda responsabilidad sobre la publicación de las operaciones reprobables, declarando que únicamente el IPAB podía hacer uso de la información confidencial.

    Gómez mostró un reporte oficial con el registro de las carpetas de investigación abiertas en torno al Fobaproa, de las cuales muchas fueron cerradas por amparos, desistimientos del Ministerio Público o simplemente declaradas como “no delito”.

    Negó que la auditoría se hubiera realizado con transparencia, como sostiene Zedillo: “La decisión no fue que fuera transparente, sino que no lo fuera”. Además, denunció que el PAN fue cómplice al reconocer la deuda del Fobaproa y negar el contenido del documento encriptado, pese a que lo tenían en su poder.

    “Proteger a los ricos y poderosos”

    Cerró su intervención con una sentencia firme: “Se lo volvemos a presentar al pueblo de México, a través de su Presidenta, como testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país”.

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  • UIF acusa a Zedillo de desviar 100 mil mdd a élites con Fobaproa: ‘La deuda sigue vigente’

    UIF acusa a Zedillo de desviar 100 mil mdd a élites con Fobaproa: ‘La deuda sigue vigente’

    Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este martes que una auditoría al Fobaproa expuso omisiones del expresidente Ernesto Zedillo por 80 mil millones de pesos. Según Gómez, el exmandatario “regaló” 100 mil millones de dólares a grupos adinerados durante la crisis bancaria de los noventa.

    “El Fobaproa transformó deuda privada en pública. Zedillo protegió intereses de banqueros, no de ciudadanos. Seguimos pagando ese costo”, denunció el funcionario en redes sociales. Los señalamientos reviven el debate sobre el rescate financiero más polémico de México, que en 1998 convirtió pérdidas de instituciones en deuda estatal.

    Para Zedillo no debería ser una historia antigua: cada peso que falta en hospitales o escuelas tiene origen en esos saqueos. La polémica resurge mientras el gobierno actual promete “justicia fiscal”.

  • Caminos de dinero: Acuerdo en el caso García Luna y la familia Weinberg

    Caminos de dinero: Acuerdo en el caso García Luna y la familia Weinberg

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado un “principio de acuerdo” en su demanda contra la familia Weinberg, acusada de lavar dinero para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, fijó el 28 de abril como fecha límite para formalizar el acuerdo o iniciar el juicio.

    La UIF busca recuperar 600 millones de dólares que, según el gobierno mexicano, fueron malversados por García Luna y sus cómplices. Este dinero, obtenido a través de 30 contratos fraudulentos, fue desviado a paraísos fiscales y utilizado para adquirir propiedades en Florida.

    Las partes involucradas han estado en negociaciones desde una mediación el 15 de noviembre. Aunque la jueza expresó su frustración por la lentitud del proceso, los abogados de los Weinberg afirmaron que han logrado un consenso preliminar.

    La Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra Mauricio y Jonathan Weinberg por lavado de dinero y delincuencia organizada. Jonathan fue arrestado en Madrid en diciembre de 2023. En diciembre del mismo año, su hermana Gloria García Luna y su sobrino Edgar Rodríguez fueron vinculados a proceso por delitos relacionados.

    García Luna, por su parte, fue condenado en octubre de 2024 en Nueva York a casi 39 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. La situación legal de los involucrados sigue en desarrollo, mientras la jueza de Miami espera avances concretos antes de la fecha límite.

  • Ministra Lenia Batres se retira de sesión de la SCJN en defensa de la transparencia y la justicia

    Ministra Lenia Batres se retira de sesión de la SCJN en defensa de la transparencia y la justicia

    Este miércoles, la ministra Lenia Batres se retiró de la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la intención de sus colegas de declararla impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, que se refiere a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para requerir información bancaria del empresario Ricardo Salinas Pliego.

    La ministra Batres argumentó que su decisión fue motivada por la “abierta violación del Reglamento Interior de la Suprema Corte”, lo que resalta la falta de transparencia y la integridad en el proceso judicial.

    Foto: Facebook de Lenia Batres.

    En su declaración, Batres condenó lo que considera un acto de “sometimiento y complicidad” por parte de ciertos miembros del máximo órgano jurisdiccional, quienes, según ella, parecen estar alineados con los intereses de poderes fácticos que buscan proteger a figuras influyentes como Salinas Pliego.

    Este acto de valentía por parte de la ministra Lenia Batres resalta su compromiso con la justicia y la defensa de la legalidad, en un contexto donde la SCJN, bajo la presidencia de Norma Piña, ha sido objeto de críticas por favorecer a ciertos intereses económicos a expensas de la justicia.

    La decisión de Batres pone de relieve la necesidad de un sistema judicial que actúe con independencia y sin influencias externas, especialmente en casos que involucran a poderosos empresarios.

    La ministra anunció que en breve emitirá un comunicado en el que explicará detalladamente las violaciones que presenció y las razones que la llevaron a actuar de esta manera.

  • La UIF reactiva investigación contra Ricardo Gallardo, gobernador de SLP; es señalado del presunto desvío de por lo menos 724 millones de pesos

    La UIF reactiva investigación contra Ricardo Gallardo, gobernador de SLP; es señalado del presunto desvío de por lo menos 724 millones de pesos

    La actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reactivado una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciada en 2020, en la que están implicados el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y su entorno cercano, incluidos familiares y socios empresariales.

    La investigación, ahora encabezada por Pablo Gómez, titular de la UIF, explora presuntos fraudes y desvíos de fondos públicos relacionados con las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, periodos en los que gobernaron Ricardo Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez. La UIF examina operaciones sospechosas que habrían desviado al menos 724 millones de pesos a empresas médicas como Clínica Wong y Axioma, propiedad de la familia Gallardo.

    Recientemente, se detectaron movimientos en la Secretaría de Salud del estado, donde Ymuri Vaca y Juan Carlos Negrete, quienes ocupaban puestos clave y estaban relacionados con las empresas investigadas, fueron destituidos abruptamente, presuntamente al descubrirse la reactivación de la investigación.

    Además, el Ministerio Público federal envió una solicitud a la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí para que informe sobre propiedades y bienes de la familia Gallardo, incluidos domicilios, antecedentes penales y registros de propiedades. Los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez también recibieron solicitudes de información respecto a estos presuntos casos de corrupción.

    El gobierno federal ha extendido la investigación a Guadalupe Torres, segundo al mando en el gobierno estatal, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y es señalado como uno de los responsables de la muerte del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz, quien lo había denunciado por intentos de extorsión. Torres, además, acumula propiedades y bienes de lujo en su localidad natal, Tierra Nueva.

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