La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) entregar constancias a jueces y magistrados electos. Esta decisión se tomó con tres votos a favor y dos en contra.
Los candidatos ganaron sus cargos, pero no cumplieron con el requisito de tener un promedio de 9 en su especialidad, según la metodología del INE. Durante la sesión, se revisaron 15 juicios, aunque el INE declaró inelegibles a 45 personas por este motivo.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera propuso revocar la inelegibilidad, argumentando que el INE no tiene atribuciones para evaluar el promedio mínimo. Según él, esta función corresponde al Comité de Evaluación postulante.
Fuentes Barrera insistió en que el INE había revalorado criterios técnicos ya calificados por los comités de evaluación. La magistrada Mónica Soto y Felipe de la Mata apoyaron sus argumentos.
Por otro lado, Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón se opusieron al proyecto. Rodríguez Mondragón propuso anular las elecciones y realizar una elección extraordinaria. Otálora sugirió que el INE revisara nuevamente la elegibilidad de los ganadores, pero ambas propuestas fueron rechazadas.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena desechó una queja contra la afiliación del senador Alejandro Murat. Esta queja fue presentada por el Comité Directivo de Morena en Oaxaca.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que el Comité Estatal impugnará esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jara aclaró que no interpuso la queja, pero mostró su apoyo a la misma.
“Existen elementos para validar la queja”, afirmó Jara, quien espera una resolución favorable.
El 19 de febrero, el Comité Estatal solicitó que no se acreditara la membresía de Murat, ex gobernador y ex priista. A pesar de esto, el 2 de abril, Murat reafirmó su intención de registrarse como militante. Argumentó que su afiliación busca respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mientras protestas de senadores y militantes morenistas se intensificaron en Oaxaca y Veracruz, Yunes decidió retirar su solicitud de afiliación el 1 de abril.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que el próximo 1 de junio se llevará a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, un evento crucial que marcará un cambio significativo en el Poder Judicial de México. Tras esta elección, el Senado entrará en un Periodo Extraordinario de Sesiones para discutir y establecer el marco legal que regirá esta nueva estructura judicial.
Durante una conferencia de prensa, Noroña destacó la importancia de este proceso y reveló que, a pesar de ser una iniciativa respaldada por un amplio sector de la población, el 60% de los ciudadanos no está al tanto de la fecha de la elección. “Es absurdo que no se pueda llamar a participar el primero de junio”, afirmó, desestimando las afirmaciones de que la Constitución o las leyes impiden dicha convocatoria. “Lo que se establece es que no se puede llamar a votar por alguien en particular”, añadió.
El presidente del Senado también mencionó que se realizarán reformas necesarias en la legislación de procedimientos penales, un área que requiere atención urgente. “Las modificaciones son imprescindibles para modernizar el sistema”, aseguró.
Fernández Noroña enfatizó que, aunque la ciudadanía tiene el derecho a participar en la elección, se deberá acatar lo que decida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las impugnaciones sobre la convocatoria. “Lo que resuelva el Tribunal es inatacable y lo respetaremos de manera absoluta”, subrayó. Si el Tribunal permite la convocatoria para el 1 de junio, el Senado procederá; de lo contrario, se acatarán las instrucciones.
Con este anuncio, el Senado se prepara para un momento histórico que podría transformar la justicia en México y responder a las demandas de una ciudadanía cada vez más involucrada en los procesos democráticos.
La Cuarta Transformación (4T) ha llevado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe al gobierno promover las elecciones judiciales del próximo 1 de junio.
Las impugnaciones fueron presentadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el partido Morena, la Cámara de Diputados, y una veintena de legisladores, así como por la ministra Loretta Ortiz. En total, se han registrado 29 recursos contra el acuerdo INE/CG334/2025, aprobado el sábado pasado por la mayoría del Consejo General del INE.
Los consejeros del INE subrayaron que la reforma judicial establece que la promoción del voto es exclusiva de esta institución y que está prohibido el uso de recursos públicos para promover las elecciones en el Poder Judicial. A pesar de esto, los impugnantes argumentan que el INE busca desincentivar la participación ciudadana en el proceso electoral.
Entre los impugnantes también se encuentra la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quienes también busca revertir el acuerdo del INE. Mientras tanto, el TEPJF continúa recibiendo impugnaciones, y se prevé que el tema sea discutido la próxima semana.
La situación genera un intenso debate sobre el papel del INE, en un contexto donde el oficialismo busca promover la participación en el proceso electoral del Poder Judicial.
Cualquier intento por debilitar o someter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implica un ataque al orden legal y a nuestra democracia, y es algo que no se va a permitir, advirtió la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien sostuvo que de cara a la elección extraordinaria de personas juzgadoras, este órgano jurisdiccional revertirá los intentos por debilitar sus competencias, su estabilidad y fortaleza mediante sus sentencias debidamente fundadas y motivadas.
Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó lo sostenido por el TEPJF en el sentido de que el juicio de amparo no procede en materia electoral, y aclaró que el Tribunal Electoral en ningún momento revocó suspensiones dictadas por jueces de distrito, sino que aplicó el artículo 41 constitucional, que establece que no proceden las suspensiones, y por lo tanto no es posible frenar un proceso electoral democrático.
Tras subrayar que “el proceso electoral va y llegará a buen puerto”, la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que dentro del marco de cambios estructurales y procedimentales del sistema democrático, este Tribunal continuará vigilando el cumplimiento de las normas para resolver los litigios que se le presenten con estricto apego a derecho. Siendo garantes de la Constitución, lo somos también de la democracia, refirió.
En sesión solemne, con motivo de la presentación del Informe de Labores 2023-2024 de la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX) del TEPJF, afirmó que la ciudadanía debe tener la certeza de que cuenta con un Tribunal Electoral fuerte y que se sustenta en los principios y valores establecidos en la Constitución; que continuará la defensa de su autonomía, independencia y competencias, además de que sabrá defender los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera afirmó que es momento de que todas las instituciones del Estado trabajen en armonía, cada una en su esfera de competencia, a fin de consolidar un sistema judicial equitativo y sensible a las demandas de la sociedad. Agregó que el TEPJF dará en esta elección judicial de 2025 las mismas garantías de legalidad y certeza jurídica, tal como lo hizo en el 2024.
Aseveró que el TEPJF siempre ha tenido claros los límites de su competencia y se ha centrado y concentrado solo en lo que le corresponde, que es proteger el derecho al voto, de libre asociación y afiliación, y otros derechos fundamentales ligados a la democracia, como la libertad de expresión, nada más.
Por ello, Fuentes Barrera aclaró que el Tribunal Electoral no ejerció una competencia extralegal ni revocó suspensiones de jueces de distrito. Sólo se protegió lo que establece la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Una elección no puede suspenderse, agregó.
En ese sentido, dijo que no quebranta el Estado de derecho quien observa la Constitución, y eso hizo el TEPJF ante una reforma que ya está firme y una elección que debe suceder. Añadió que desde el Tribunal Electoral se continuará garantizando la certeza jurídica del proceso electoral, sin importar los intentos de deslegitimar su labor, pues el texto constitucional es claro y el compromiso con la democracia es absoluto, resaltó.
Al rendir el Informe de Labores 2023-2024, la magistrada presidenta de la SRCDMX, María Guadalupe Silva Rojas, destacó la importancia de que esta instancia jurisdiccional del TEPJF se consolide como un pilar de la democracia mexicana y una guardiana del Estado de derecho, además de que continúe garantizando de manera reflexiva e innovadora los derechos político-electorales de la ciudadanía en la cuarta circunscripción plurinominal.
Destacó que del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, la Sala Regional recibió 3 mil 525 medios de impugnación, de los cuales resolvió 3 mil 413 en un plazo promedio de 15 días. Solo 567 resoluciones fueron recurridas ante la Sala Superior, la cual confirmó las sentencias de la SRCDMX en 98.77 por ciento de los casos.
La SRCDMX resuelve los juicios electorales de la cuarta circunscripción, que abarca los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, dio por concluido el proceso de insaculación de candidaturas para la elección de jueces, magistrados y ministros que corresponden al Poder Judicial de la Federación (PJF), mecanismo, dijo, con el que se hicieron varios “actos de justicia”, para aquellas personas que se iban a quedar fuera de la elección por un “capricho” del PJF.
En total, participaron en el procedimiento de insaculación mil 239 aspirantes, de los cuales mil 46 corresponden al padrón original que entregó el Comité de Evaluación del Poder Judicial; 180 que les dio la razón el Tribunal Electoral tras impugnar su participación; tres que envió la Suprema Corte, y 10 más, que decidió incluir el Senado a solicitud del TEPJF, lo que da un total de mil 239.
Fernández Noroña agregó que también se retomaron a personas que impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que les dio la razón, por lo que fueron integrados al padrón.
Hemos demostrado que es falso que estemos determinando unilateralmente quiénes van a ir a las candidaturas del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí todo mundo ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, de que ha sido ciertamente al azar, con perfiles idóneos y de muy buen nivel, que irán a la elección del Poder Judicial”, expresó.
Fernández Noroña dijo que, tras siete horas y media de trabajo ininterrumpido, se cumplió con el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el Senado realizará la insaculación correspondiente al Poder Judicial.
Afirmó que se trató de una jornada histórica e inédita, un paso importantísimo para la elección de las personas juzgadoras, que se llevará a cabo el domingo 1 de junio de 2025.
Estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. Seremos el primer pueblo del mundo que elijamos por voto universal, secreto, directo a las personas juzgadoras”, destacó.
El presidente del Senado refirió que la democratización del Poder Judicial será un hecho en unos meses más, “y yo me siento muy honrado de tener el privilegio de encabezar esta sesión. Larga vida a nuestra democracia y a la elección de las personas juzgadoras”, externó.
El listado de las candidaturas del Poder Judicial fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea validado, y a su vez lo hagan llegar al Instituto Nacional Electoral (INE), pero en caso de no ser así, el Senado lo enviará directamente al órgano electoral.
Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), invitó a sus compañeros a no ceder ante las presiones ni dejarse llevar por “olas políticas”.
También advirtió que en su posición no deben temer a las críticas ni los ataques mediáticos, pues su propósito principal es el de defender la democracia y garantizar su ejercicio por parte de todo el Pueblo de México.
Juzguemos a base del derecho; defendamos nuestra competencia jurisdiccional y no atendamos olas políticas”, solicitó la magistrada Soto.
Estas determinantes palabras las pronunció durante el informe de labores de la Sala Regional de Guadalajara. En donde también aseguró que su papel no es el de favorecer a ningún interés político en lo que se refiere al proceso rumbo a la Elección Judicial 2025, y puso como prueba las confrontaciones que han tenido al interior del tribunal.
Buscamos, sí, la interpretación más favorable al justiciable”, refiriéndose a todas y todos quienes están interesados en participar en la elección de personas juzgadoras que se llevará a cabo en México el próximo mes de junio.
También aprovechó para reiterar su rechazo a la intervención del juez de amparo que pretendía impedir el proceso de selección de candidaturas y por supuesto a todos aquellos que igualmente han sugerido que sea la SCJN quien tome una decisión con el único objetivo de retrasar todo.
El reconocimiento de nuestras facultades no es una cuestión de interpretación discrecional, no es eso, es un mandato constitucional y convencional. Negar o menoscabar esta competencia o intentar vulnerarla, así como nuestra independencia, eso será absolutamente rechazado por este Tribunal”, sentenció la magistrada Soto.
En el evento al que acudieron magistrados de salas regionales y sus colegas de la Sala Superior, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, puntualizó que los momentos que se están viviendo actualmente son definitorios y que su única preocupación, la del TEPJF, es mantener el rumbo.
El trabajo que realiza esta Sala es fundamental para consolidar la equidad en los procesos democráticos y para proteger los derechos de las personas que depositan su confianza en las salas que integramos el TEPJF”, finalizó.
A pesar de que el Pueblo de México expresó su voluntad impulsando la Reforma al Poder Judicial para que pudiera establecerse el proceso de elección de personas juzgadoras por la vía democrática, la fracción más conservadora del Poder Judicial sigue resistiéndose a la Transformación de su sistema, uno de los más corruptos en la historia.
El día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió un fallo por el que se ordenó al Comité de Evaluación de ese poder, retomar su labor para elegir a las candidatas y los candidatos idóneos para participar en la Elección Judicial de junio del 2025.
Pero esta resolución el Comité de Evaluación se la pasó por “el arco del triunfo”, y ya advirtieron que no acataran el fallo del TEPJF, dicen que no lo harán porque no saben a quién hacerle caso, si a la autoridad judicial o a la electoral. ¡No nos quieran ver la cara!, el tribunal es una autoridad judicial y electoral a la vez, además no deben olvidar que sobre todo está la Constitución y esa no la pueden violar.
El 22 de enero el TEPJF determinó que ninguna autoridad puede interrumpir un proceso electoral, lo que automáticamente vuelve improcedente el fallo de un juez de Michoacán, quien ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial, suspender sus actividades. Por lo que los integrantes del mentado comité deberían regresar a sus puestos y ponerse a trabajar.
Sin embargo, y en lo que francamente parece un berrinche, el Comité de Evaluación se negó a acatar la orden y solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que les diga qué hacer, porque ellas y ellos no se sienten capaces de tomar decisiones. ¡Imagínense!, estas personas son las que tienen en sus manos la justicia en México… hasta ahora.
Cuando hay contradicción entre dos órganos, que ninguno es superior del otro, la Corte tiene que decidir qué criterio debe prevalecer”, indicó la magistrada conservadora María Emilia Molina en entrevista con Radio Fórmula.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, subrayó que los jueces federales no tienen atribuciones para parar el proceso electoral de las personas juzgadoras que se llevara a cabo en 2025, la llamada Elección Judicial.
En una transmisión hecha en redes sociales, el legislador aseguró que el único que tiene autoridad en la materia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Lo anterior, debido a que el juez federal Sergio Santamaría Chamú ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) detener el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
Le dijo al INE que tiene 48 horas para respetar el amparo que emitió, y parar el proceso electoral, porque según él, el Tribunal Electoral no tiene facultades, porque su juzgado es Republica independiente y que él manda sobre la patria”, sentenció Noroña.
Mencionó que el juez Sergio Santamaría no tiene atribuciones para parar lo que indica la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos; “además con los argumentos falaces que utiliza para otorgar amparos”.
Jueces como éste se creen intocables, y que su palabra es ley, todo el marco legal no importa, lo que importa es su determinación”, denunció Fernández Noroña.
Reiteró que la posición del juzgador federal es facciosa, parcial, con el interés de mantener los privilegios y que no toquen su estatus, pero nada puede detener el proceso electoral de las personas juzgadoras, puntualizó.
💥La Estulticia de los Jueces 💥 Y nuestro #charronegro#noroña los pone en su lugar.
El juez federal Sergio Santamaría Chamú con la desfachatez de sentirse por encima del máximo poder que es el pueblo de México. pic.twitter.com/AsD6kJpUbo
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó, por mayoría, permitir al Instituto Nacional Electoral (INE) reanudar la organización de los comicios para jueces, magistrados y ministros, incluso en desacato a más de 170 suspensiones dictadas por jueces federales.
El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera presentó el proyecto, avalado por la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. En el documento se considera “constitucionalmente inviable” detener la elección judicial, argumentando que la reforma de supremacía constitucional, publicada el 31 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, establece que los cambios a la Constitución no pueden ser impugnados.
Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra, argumentando que autorizar al INE a ignorar las suspensiones enrarece el clima político y judicial, además de cuestionar los límites de las facultades del Tribunal Electoral.
Mónica Soto defendió que el TEPJF actúa para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos y que su decisión no invalida las suspensiones dictadas por los juzgados de distrito, ya que esa evaluación compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con esta resolución, el INE y el Senado podrán avanzar en la organización de los comicios judiciales, sin esperar un pronunciamiento definitivo sobre las impugnaciones interpuestas contra la reforma judicial.
