El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, negó rotundamente una alerta emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que lo relaciona con actividades terroristas. Este señalamiento fue difundido por el periodista Luis Chaparro en su portal Pie de Nota, incluyendo una captura de pantalla que contenía el apellido «DURAZO» junto a la leyenda «ST – Suspected Terrorist».
Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, calificó la información como «completamente falsa y carente de sustento». Terán aseguró que ninguna autoridad oficial ha confirmado lo que se afirma en la nota. Además, atribuyó la difusión de este contenido a intentos de afectar políticamente al mandatario. Reafirmó que Durazo sigue desempeñando sus funciones con firmeza y transparencia, centrado en servir a la ciudadanía.
Esta no es la primera vez que el gobernador enfrenta acusaciones infundadas. En mayo de 2023, también desmintió información que vinculaba a sus hijos con el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por supuestos vínculos con el crimen organizado. En esa ocasión, Durazo calificó la nota como «absolutamente falsa» y aclaró que ni él ni su familia tienen relación alguna con las personas mencionadas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válida la elección judicial en una sesión del Consejo General. La decisión se tomó con 6 votos a favor y 5 en contra.
Se anularon 818 casillas por votaciones irregulares. Estas casillas presentaron más votos que el 100% de la lista nominal en 24 estados, lo que representa un total de 3 millones 779,662 votos. El INE anunció que levantará denuncias ante fiscalías estatales y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL).
El organismo busca sanciones debido a que muchas de las casillas afectadas mostraron irregularidades. En varios casos, las boletas ya estaban marcadas o no venían dobladas, lo que generó inquietud entre los consejeros.
La mayoría de las anomalías se registraron en Chiapas, donde el 70% de los casos se concentraron. Consejeros como Carla Humpley señalaron que estas irregularidades recuerdan prácticas del pasado y deben ser investigadas con urgencia.
Antes de la declaración de validez, Guadalupe Taddei, la consejera presidenta, respondió a los cuestionamientos de otros consejeros. Ella reafirmó que no se puede invalidar la elección por 818 casillas y defendió la labor del personal del INE en el conteo de votos.
Con esta decisión, el INE busca mantener la integridad del proceso electoral, a pesar de las irregularidades detectadas. La transparencia y la justicia electoral siguen siendo prioridades en el país.
Sonora avanza con fuerza al alcanzar el noveno lugar en el índice de competitividad estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Este logro resalta el compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño y su estrategia para fomentar un desarrollo sostenible.
El Plan Sonora de Energías Sostenibles ha sido clave para fortalecer la economía local. Gracias a este plan, la entidad ha creado empleos de calidad y atraído capital extranjero, especialmente en el sector energético.
El gobernador Durazo expresó su orgullo por los avances en áreas cruciales. “Sonora destaca por un gobierno eficiente y transparente, infraestructura moderna y una economía innovadora”, afirmó. Además, resaltó el compromiso con el medio ambiente como un factor esencial para atraer nuevas inversiones.
En transparencia y combate a la corrupción, Sonora ocupa el primer lugar nacional en mecanismos estatales anticorrupción y cumplimiento de la Ley General de Transparencia. La mejora en el acceso a internet en zonas rurales y la calidad de las carreteras han sido fundamentales para conectar a más sonorenses.
La economía de Sonora ha crecido gracias a un aumento significativo en la inversión extranjera directa, reflejando su capacidad innovadora. La entidad también se destaca por su eficiencia energética, contribuyendo así a un desarrollo sustentable.
Con este logro, Sonora reafirma su posición en el mapa económico de México. Bajo el liderazgo de Alfonso Durazo, la entidad muestra su preparación para enfrentar los desafíos del futuro con competitividad y compromiso social.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Lista de Deudores Alimentarios de la Ciudad de México. Este acto busca garantizar el bienestar de millones de niñas y niños, además de ser una herramienta de transparencia.
Brugada afirmó que las obligaciones alimentarias son un derecho de la infancia y una responsabilidad que no puede eludirse. “En esta capital de la transformación, no se puede permitir el anonimato de los deudores”, destacó.
Durante la conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria enfatizó que la lista no es una sanción arbitraria, sino un medio para visibilizar lo que está mal. Este logro es resultado de la lucha de muchas mujeres que exigen justicia.
La Jefa de Gobierno reafirmó el compromiso de su administración para proteger los derechos de las infancias y adolescencias. También anunció que la Ciudad de México sigue siendo pionera en la defensa de estos derechos a nivel nacional.
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, explicó que la publicación de la lista está amparada por el artículo 121 de la Ley de Transparencia. Este artículo busca garantizar el acceso a la información pública, permitiendo a las personas conocer si alguien es deudor alimentario.
La activista Diana Luz Vázquez Ruiz, de la Colectiva Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, destacó la lucha de las madres solteras. Afirmó que muchas mujeres son víctimas de un sistema de justicia patriarcal que permite la irresponsabilidad de algunos hombres.
“Gracias a las mujeres que lo han hecho posible. No habrá ciudad de los cuidados sin pensión alimenticia”, afirmó Vázquez Ruiz.
La Lista de Deudores Alimentarios está disponible en deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx. Para consultarla, solo se requiere ingresar el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona buscada.
La organización Iniciativa Sinaloacuestionó la opacidad con la que el Gobierno estatal ha manejado el préstamo millonario solicitado en el presente 2025 para obras públicas, y advirtió que no hay avances en la investigación contra los responsables de la deuda que hoy compromete las finanzas del estado.
El crédito, por más de mil 626 millones de pesos, fue gestionado con tres instituciones bancarias para hacer frente a una multa federal de 2 mil 300 millones impuesta por el SAT, derivada de auditorías deficientes realizadas durante la administración de Quirino Ordaz Coppel. Estas auditorías, a empresas como Coppel y Grupo Ahre, provocaron la pérdida de ingresos para la Federación.
“El Gobierno estatal no ha rendido cuentas claras sobre cómo se ejerce el préstamo, cuánto se está pagando y qué intereses se están generando”, declaró Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa. Señaló que tanto el Ejecutivo como el Congreso local tienen una responsabilidad pendiente con la ciudadanía, y criticó la falta de inclusión ciudadana en los mecanismos de vigilancia.
El préstamo fue formalizado por el actual secretario de Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, y deberá pagarse en un plazo de 20 años. Fue aprobado por el Congreso del Estado, sin que hasta ahora se hayan presentado sanciones públicas contra exfuncionarios involucrados.
Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya ha declarado que la investigación ya fue judicializada, no se han revelado nombres ni avances concretos, lo que ha generado inquietud. “Sin sanciones no hay garantía de que estas prácticas no se repitan”, advirtió León Fontes.
Además, el pago de la multaobligó a redirigir recursos del presupuesto estatal, reduciendo drásticamente los fondos para la Secretaría de Obras Públicas, que pasó de 1,742 millones en 2024 a solo 400 millones en 2025.
El Registro Agrario Nacional (RAN) ha atendido a más de 5 mil sujetos agrarios mediante su Brigada Social. Esta iniciativa busca informar directamente a las comunidades y fortalecer el enfoque social en los procesos agrarios.
La Brigada Social, compuesta por un equipo multidisciplinario y joven, prioriza la interculturalidad, el enfoque social y de género. Su misión se alinea con los Proyectos Prioritarios del Gobierno de México. El objetivo es acercar la información a los sujetos agrarios y atender sus demandas específicas sobre la tierra.
En el marco de los proyectos ferroviarios, la Brigada ha recorrido 57 ejidos en 22 municipios de tres estados. Estas visitas han permitido la interacción directa con más de 5 mil sujetos agrarios a través de reuniones informativas, asambleas ejidales y trámites de regularización.
Además, el RAN ha desarrollado cuadernillos informativos para comunidades agrarias e indígenas. Estos documentos ofrecen claridad jurídica y respetan sus derechos. En la línea AIFA-Pachuca, se ha alcanzado un 95% de cobertura en la entrega de estos materiales, y la producción continúa para la ruta Ciudad de México-Guadalajara.
Paralelamente, el RAN impulsa la modernización institucional con la Plataforma de Control y Seguimiento de Proyectos Prioritarios (PCSPP). Esta herramienta permite monitorear en tiempo real el avance agrario y social de cada proyecto.
Con un enfoque territorial, participación activa de jóvenes y el uso de tecnología, el RAN refuerza su compromiso con la justicia social, la inclusión y la transparencia. Esta estrategia busca construir un sector agrario más justo y cercano a la ciudadanía.
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un procedimiento para verificar la elegibilidad de las candidaturas ganadoras en la elección del Poder Judicial, programada para el 1 de junio. Este acuerdo busca otorgar certeza a los participantes en la contienda y establecer reglas claras en caso de que alguna candidatura resulte inelegible.
Durante la Décima Sesión Urgente del Proceso Electoral Local Extraordinario, los consejeros explicaron que la verificación se llevará a cabo en dos momentos. Primero, los Poderes Públicos evaluarán a las candidaturas durante su registro. Luego, el IECM realizará otra verificación previa a la asignación de cargos.
Una vez concluidos los cómputos totales, la Secretaría Ejecutiva del IECM elaborará un listado de las candidaturas con mayor votación por cada cargo electivo. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas notificará electrónicamente a los candidatos ganadores, quienes deberán firmar un formato en el que afirmen cumplir los requisitos de elegibilidad.
Además, el IECM podrá solicitar información a las autoridades competentes para corroborar los datos proporcionados por las candidaturas. Si una candidatura resulta inelegible, no se entregará la constancia de mayoría y se notificará al Congreso de la Ciudad de México.
La consejera electoral Sonia Pérez Pérez enfatizó que la Constitución establece causas para suspender los derechos político-electorales, como sentencias por delitos graves. Las candidaturas declaradas inelegibles podrán interponer recursos de impugnación conforme a la Ley Procesal Electoral.
Este procedimiento refuerza el compromiso del IECM con la transparencia y la legalidad en el proceso electoral.
De cara al próximo domingo 1° de junio, ya estamos durante el periodo de veda electoral: ese que prohibe cualquier tipo de acto de campaña fuera de tiempo y que signifique una posible ventaja para algún contendiente. Pero, ¿de qué va la veda electoral?, ¿qué está prohibido? Aquí se los decimos:
El Gobierno de la Ciudad de México lanzó un comunicado, dirigido especialmente para servidores públicos: Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como Alcaldías de la Ciudad de México. Principalmente, este periodo abarca desde el 29 de mayo y hasta el 31 de mayo.
En este comunicado se aclara, que sólo se puede difundir información pública institucional; es decir, relacionada con los servicios que se ofrecen; sobre trámites, requisitos o la forma de pagar impuestos, por ejemplo.
No se puede hacer mención de los actos o resoluciones emitidas por aquellos que ya forman parte del Poder Judicial y que participan en el proceso de elección y que cuentan con propaganda electoral.
Sólo se puede difundir propaganda gubernamental permitida; es decir, sobre temas de educación, salud y protección civil, pero ésta sólo debe presentar fines informativos o de orientación a la sociedad.
Los Órganos Internos de Control en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, resguardan vehículos, aparatos de comunicación o todo aquello que pueda funcionar para que sean utilizados con fines electorales. Desde las 18:00 horas del día 30 de mayo de 2025 hasta las 7:00 horas del 2 de junio. De no cumplimentarse este punto (o los otros) se aplican sanciones.
Los titulares de las en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como Alcaldías de la Ciudad de México, deben informar a las personas servidoras públicas sobre el contenido y disposiciones de la circular que desarrolla los puntos de la veda, con el fin de que estos sean debidamente cumplimentados.
De igual forma, la ciudadanía puede realizar denuncias, en caso de presenciar cualquier acto que represente una presunta falta administrativa, cometida por servidores públicos, ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, de manera presencial o a través del Sistema de Denuncia Ciudadana (SIDEC) en www.contraloria.cdmx.gob.mx o vía telefónica al número 5556279700, extensiones 50224 y 50229.
Así pues, servidores públicos están inmersos en la veda electoral; cosa en la que también están inscritos todos los candidatos, quienes no pueden realizar actos de campaña, no pueden difundir propaganda, ni resultados de encuestas o sondeos de opinión.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha declarado que su administración realizará “mega obras, no mega saqueos; mega obras, no mega deudas”. Durante su conferencia matutina, Armenta enfatizó que el gobierno planea sus proyectos con apego a la ley.
📹 #Vídeo | El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que las megaobras de su administración se realizan con total apego a la ley, valores y principios para que nadie se enriquezca a costa del erario.
El mandatario rechazó el modelo de obra pública que, según él, ha saqueado al gobierno y endeudado al estado en administraciones pasadas. Aseguró que su administración no tiene complicidad con quienes buscan enriquecerse a costa del erario público.
Proyecto del Cablebús en el horizonte
Armenta presentó el proyecto del Cablebús como una obra viable. Sin embargo, dejó claro que solo se ejecutará de manera correcta. Comparó este proyecto con anteriores iniciativas fallidas, como el Teleférico y el Museo del Barroco.
Aprobaciones y planeación
El gobernador informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya ha autorizado el proyecto del Cablebús, así como la construcción de la Universidad del Deporte. Armenta destacó que ambas obras se llevarán a cabo con una planeación adecuada.
Promesa de desarrollo inclusivo
El gobernador aseguró que su administración se enfoca en proyectos que beneficien a la comunidad. “No hacemos obras por capricho”, afirmó, subrayando la importancia de la planificación y la responsabilidad en la ejecución de obras públicas.
La administración de Alejandro Armenta busca marcar la diferencia en la forma de gestionar los recursos públicos, prometiendo un enfoque más ético y responsable en el desarrollo de infraestructura en Puebla.
“La justicia debe estar al servicio de las personas, no de la burocracia”
Raymundo Villalpando, aspirante a juez civil, recorrió la alcaldía Miguel Hidalgo. Su objetivo: acercar la justicia a la ciudadanía.
Durante su visita a espacios emblemáticos, como el Parque Lago Alberto y Plaza Uruguay, Villalpando dialogó con vecinos. Escuchó sus preocupaciones y compartió sus propuestas para mejorar el sistema judicial.
Villalpando destacó la importancia de una justicia accesible y eficiente. Aseguró que el sistema judicial debe ser una herramienta real para resolver conflictos. Propuso facilitar el acceso a la justicia, especialmente para quienes enfrentan barreras sociales o económicas.
Además, planteó agilizar los procesos civiles para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Prometió que no se sacrificaría la calidad de las resoluciones en este proceso.
Otro aspecto crucial es la humanización del trato en el sistema judicial. Villalpando propuso poner a las personas en el centro de cada procedimiento, con empatía y respeto. También enfatizó la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial.
El aspirante hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Afirmó que la participación activa es clave para transformar el sistema de justicia.
El recorrido por Miguel Hidalgo refleja su compromiso por construir una propuesta sólida y representativa. Villalpando busca un diálogo directo con la gente y atender sus necesidades reales.
