El alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, presentó el nuevo Portal de Gobierno Abierto, una herramienta digital que busca fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública en la capital poblana.
“Queremos que los poblanos, empresarios e interesados sepan exactamente en qué se invierten los recursos públicos. Este portal ofrece claridad, apertura y rendición de cuentas”, aseguró Chedraui durante el lanzamiento oficial.
El nuevo portal se alinea con el compromiso del gobierno por construir una capital moderna, accesible y cercana a la ciudadanía.
Margarita González Saravia, titular del Gobierno de Morelos, presentó el Código de Ética de las personas servidoras públicas. Este evento se realizó en el Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca.
González Saravia destacó la importancia de un gobierno íntegro y cercano a la gente. Explicó que el Código de Ética servirá como guía moral y administrativa para quienes ocupan cargos públicos.
La gobernadora afirmó que la transformación en Morelos deberá basarse en la integridad del servicio público. Resaltó que el documento incluye principios como honestidad, legalidad y transparencia, traducidos en acciones concretas.
Además, González Saravia invitó a los servidores públicos a asumir este compromiso de forma personal. Anunció que se creará la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, transformando la actual Secretaría de la Contraloría.
Alejandra Pani Barragán, secretaria de la Contraloría, reafirmó el compromiso del gobierno con la legalidad y la justicia social. Destacó que el Código de Ética refleja la forma en que la gobernadora dirige la administración pública.
Durante el acto, la gobernadora firmó un Posicionamiento Público de No Tolerancia a la Corrupción. Con estas acciones, el Gobierno de Morelos busca construir instituciones dignas y comprometidas con la ciudadanía.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó iniciar una investigación sobre el presunto uso de “acordeones” en la elección judicial, al considerar que las denuncias y notas periodísticas no aportaron elementos suficientes para sustentarla.
El tribunal señaló que la queja presentada por Proyecto Justicia Común carecía de datos mínimos como tiempo, lugar, modo o responsables, indispensables para abrir un procedimiento formal.
Aunque reconoció el valor informativo de los medios, destacó que no pueden sustituir los requisitos legales necesarios para proceder. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la Sala reiteró que esta resolución no impide que el INE investigue otros casos si cuenta con pruebas claras y específicas.
El TEPJF reafirmó su compromiso de revisar denuncias que cumplan con los requisitos legales para garantizar la transparencia electoral.
La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) se pronunció tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las entidades bancarias Intercam, CI Banco y Vector, y respaldó la legalidad del proceso.
En un comunicado, la AMIB expresó su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y confió en que el proceso será transparente y en apego a la regulación mexicana. Destacó que la Secretaría de Hacienda ha colaborado con el Departamento del Tesoro, proporcionando información para garantizar que:
• Los activos de los clientes están seguros y resguardados en Indeval.
• El sistema financiero mexicano cumple con estándares nacionales e internacionales para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Las posibles sanciones son de carácter civil, es decir, se les podrían imponer multas, restricciones operativas o sanciones económicas, pero no implican que las personas o instituciones estén acusadas de delitos en tribunales penales, según el Departamento del Tesoro.
• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores coordina investigaciones y sanciona cualquier irregularidad administrativa conforme a la ley.
La AMIB afirmó que mantiene comunicación constante con autoridades y miembros para fortalecer la regulación, la integridad y la ética en el mercado bursátil y reiteró su compromiso para fomentar un desarrollo sano del sector.
La ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, anunció que solicitará que todos los asuntos fiscales pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se aborden en sesiones públicas del Pleno. Criticó las sesiones privadas, donde considera que las causas para deducciones o exenciones fiscales son obscuras e injustificadas.
Este miércoles, la Segunda Sala discutirá un recurso que podría costar al erario federal 4 mil 442 millones de pesos. Este caso involucra a la empresa Pegaso, PCS, S.A. de C.V., que reclama una deducción fiscal considerable.
El ministro Javier Laynez Potisek, ponente del caso, propone desechar el amparo directo en revisión 1172/2025. Pegaso argumenta que el impuesto sobre la renta que se le cobró provino de otra firma del mismo grupo, con la que se fusionó en 2014.
La fusión cambió sus ingresos al eliminar el Contrato de Operación Delegada de Servicios de la empresa fusionada. Sin embargo, el grupo mantuvo la concesión, lo que continuó generando ingresos.
El proyecto del ministro Laynez no abordará el fondo del asunto y afirma que no hay temas de constitucionalidad. Esta decisión ha generado críticas, ya que el artículo 31 de la Constitución establece que contribuir a la hacienda pública es una obligación.
La sesión privada de hoy podría generar un debate sobre la transparencia en la votación de asuntos fiscales de alto costo. Además, se prevé que el próximo martes la ministra Lenia Batres proponga que todos estos casos se voten en el Pleno, buscando mayor transparencia ante el inminente cambio en la composición de la Corte.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, negó rotundamente una alerta emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que lo relaciona con actividades terroristas. Este señalamiento fue difundido por el periodista Luis Chaparro en su portal Pie de Nota, incluyendo una captura de pantalla que contenía el apellido «DURAZO» junto a la leyenda «ST – Suspected Terrorist».
Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, calificó la información como «completamente falsa y carente de sustento». Terán aseguró que ninguna autoridad oficial ha confirmado lo que se afirma en la nota. Además, atribuyó la difusión de este contenido a intentos de afectar políticamente al mandatario. Reafirmó que Durazo sigue desempeñando sus funciones con firmeza y transparencia, centrado en servir a la ciudadanía.
Esta no es la primera vez que el gobernador enfrenta acusaciones infundadas. En mayo de 2023, también desmintió información que vinculaba a sus hijos con el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por supuestos vínculos con el crimen organizado. En esa ocasión, Durazo calificó la nota como «absolutamente falsa» y aclaró que ni él ni su familia tienen relación alguna con las personas mencionadas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válida la elección judicial en una sesión del Consejo General. La decisión se tomó con 6 votos a favor y 5 en contra.
Se anularon 818 casillas por votaciones irregulares. Estas casillas presentaron más votos que el 100% de la lista nominal en 24 estados, lo que representa un total de 3 millones 779,662 votos. El INE anunció que levantará denuncias ante fiscalías estatales y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL).
El organismo busca sanciones debido a que muchas de las casillas afectadas mostraron irregularidades. En varios casos, las boletas ya estaban marcadas o no venían dobladas, lo que generó inquietud entre los consejeros.
La mayoría de las anomalías se registraron en Chiapas, donde el 70% de los casos se concentraron. Consejeros como Carla Humpley señalaron que estas irregularidades recuerdan prácticas del pasado y deben ser investigadas con urgencia.
Antes de la declaración de validez, Guadalupe Taddei, la consejera presidenta, respondió a los cuestionamientos de otros consejeros. Ella reafirmó que no se puede invalidar la elección por 818 casillas y defendió la labor del personal del INE en el conteo de votos.
Con esta decisión, el INE busca mantener la integridad del proceso electoral, a pesar de las irregularidades detectadas. La transparencia y la justicia electoral siguen siendo prioridades en el país.
Sonora avanza con fuerza al alcanzar el noveno lugar en el índice de competitividad estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Este logro resalta el compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño y su estrategia para fomentar un desarrollo sostenible.
El Plan Sonora de Energías Sostenibles ha sido clave para fortalecer la economía local. Gracias a este plan, la entidad ha creado empleos de calidad y atraído capital extranjero, especialmente en el sector energético.
El gobernador Durazo expresó su orgullo por los avances en áreas cruciales. “Sonora destaca por un gobierno eficiente y transparente, infraestructura moderna y una economía innovadora”, afirmó. Además, resaltó el compromiso con el medio ambiente como un factor esencial para atraer nuevas inversiones.
En transparencia y combate a la corrupción, Sonora ocupa el primer lugar nacional en mecanismos estatales anticorrupción y cumplimiento de la Ley General de Transparencia. La mejora en el acceso a internet en zonas rurales y la calidad de las carreteras han sido fundamentales para conectar a más sonorenses.
La economía de Sonora ha crecido gracias a un aumento significativo en la inversión extranjera directa, reflejando su capacidad innovadora. La entidad también se destaca por su eficiencia energética, contribuyendo así a un desarrollo sustentable.
Con este logro, Sonora reafirma su posición en el mapa económico de México. Bajo el liderazgo de Alfonso Durazo, la entidad muestra su preparación para enfrentar los desafíos del futuro con competitividad y compromiso social.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Lista de Deudores Alimentarios de la Ciudad de México. Este acto busca garantizar el bienestar de millones de niñas y niños, además de ser una herramienta de transparencia.
Brugada afirmó que las obligaciones alimentarias son un derecho de la infancia y una responsabilidad que no puede eludirse. “En esta capital de la transformación, no se puede permitir el anonimato de los deudores”, destacó.
Durante la conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria enfatizó que la lista no es una sanción arbitraria, sino un medio para visibilizar lo que está mal. Este logro es resultado de la lucha de muchas mujeres que exigen justicia.
La Jefa de Gobierno reafirmó el compromiso de su administración para proteger los derechos de las infancias y adolescencias. También anunció que la Ciudad de México sigue siendo pionera en la defensa de estos derechos a nivel nacional.
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, explicó que la publicación de la lista está amparada por el artículo 121 de la Ley de Transparencia. Este artículo busca garantizar el acceso a la información pública, permitiendo a las personas conocer si alguien es deudor alimentario.
La activista Diana Luz Vázquez Ruiz, de la Colectiva Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, destacó la lucha de las madres solteras. Afirmó que muchas mujeres son víctimas de un sistema de justicia patriarcal que permite la irresponsabilidad de algunos hombres.
“Gracias a las mujeres que lo han hecho posible. No habrá ciudad de los cuidados sin pensión alimenticia”, afirmó Vázquez Ruiz.
La Lista de Deudores Alimentarios está disponible en deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx. Para consultarla, solo se requiere ingresar el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona buscada.
La organización Iniciativa Sinaloacuestionó la opacidad con la que el Gobierno estatal ha manejado el préstamo millonario solicitado en el presente 2025 para obras públicas, y advirtió que no hay avances en la investigación contra los responsables de la deuda que hoy compromete las finanzas del estado.
El crédito, por más de mil 626 millones de pesos, fue gestionado con tres instituciones bancarias para hacer frente a una multa federal de 2 mil 300 millones impuesta por el SAT, derivada de auditorías deficientes realizadas durante la administración de Quirino Ordaz Coppel. Estas auditorías, a empresas como Coppel y Grupo Ahre, provocaron la pérdida de ingresos para la Federación.
“El Gobierno estatal no ha rendido cuentas claras sobre cómo se ejerce el préstamo, cuánto se está pagando y qué intereses se están generando”, declaró Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa. Señaló que tanto el Ejecutivo como el Congreso local tienen una responsabilidad pendiente con la ciudadanía, y criticó la falta de inclusión ciudadana en los mecanismos de vigilancia.
El préstamo fue formalizado por el actual secretario de Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, y deberá pagarse en un plazo de 20 años. Fue aprobado por el Congreso del Estado, sin que hasta ahora se hayan presentado sanciones públicas contra exfuncionarios involucrados.
Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya ha declarado que la investigación ya fue judicializada, no se han revelado nombres ni avances concretos, lo que ha generado inquietud. “Sin sanciones no hay garantía de que estas prácticas no se repitan”, advirtió León Fontes.
Además, el pago de la multaobligó a redirigir recursos del presupuesto estatal, reduciendo drásticamente los fondos para la Secretaría de Obras Públicas, que pasó de 1,742 millones en 2024 a solo 400 millones en 2025.
