De acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios en 2025, Puebla, bajo la administración del presidente municipal Pepe Chedraui, fue evaluada como la ciudad más transparente a nivel nacional, superando el cuarto lugar obtenido en 2024.
Los resultados fueron posibles gracias al nivel de disponibilidad y calidad de la información fiscal generada y publicada en el nuevo Portal de Gobierno Abierto. El documento muestra que la capital de Puebla lidera la lista de las administraciones municipales calificadas como las más transparentes del país.
Las cifras destacan que, de un total de sesenta que fueron evaluadas, Puebla obtuvo un resultado del 97.45, lo que significó un incremento de seis puntos porcentuales respecto de la puntuación del año 2024, colocándola por encima de los municipios de Corregidora y Veracruz, los cuales obtuvieron una puntuación de 95.23.
Cabe señalar que, el instrumento estadístico de Aregional,existe desde hace más de 20 años, y establece indicadores específicos relacionados con Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La opinión del presidente municipal, Pepe Chedraui, sobre este resultado estadístico fue, comprometerse aún más, él y su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas, destacando que es una obligación para la administración y un derecho de las y los poblanos para conocer el quehacer municipal, así como el ejercicio de los recursos públicos.
Tameztec, Construcciones San Benito y C-Gallegos no podrán participar en nuevas contrataciones hasta cubrir multas y cumplir sanciones temporales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió este viernes tres circulares mediante las cuales ordena a dependencias federales, estatales y municipales abstenerse de contratar a las empresas Tameztec, Construcciones San Benito y C-Gallegos, debido a irregularidades detectadas en procesos de obra pública.
En el caso de Tameztec, la sanción es una inhabilitación de 18 meses para participar en cualquier contratación del gobierno. La restricción seguirá vigente si la empresa no paga la multa correspondiente, aunque los contratos actualmente en curso no serán cancelados.
Construcciones San Benito recibió una suspensión de tres meses para presentar propuestas o firmar contratos con recursos federales. Al igual que Tameztec, la sanción se mantendrá hasta cubrir la multa, mientras que los contratos vigentes continuarán normalmente.
La tercera empresa, C-Gallegos, enfrentará la misma inhabilitación de tres meses, bajo las mismas condiciones: sin participación en nuevas obras públicas y con la sanción vigente hasta que se pague la multa impuesta. Los contratos activos seguirán su curso.
La medida busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación de obras públicas, enviando un mensaje claro a las empresas sobre la responsabilidad y cumplimiento de la ley en todos los niveles de gobierno.
El Comité de Transparencia argumenta que revelar los bienes del exfiscal podría poner en riesgo su seguridad y la de la propia institución.
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó mantener en confidencialidad todas las declaraciones patrimoniales de Alejandro Gertz Manero durante los próximos cinco años, decisión que se hizo pública tras su reciente renuncia a la titularidad de la dependencia, cargo que ocupó por siete años.
De acuerdo con los documentos consultados por Froji MX, las seis “versiones públicas” de las declaraciones presentadas por el exfiscal aparecen totalmente testadas, con la información cubierta por bloques negros.
El Comité de Transparencia de la FGR sostuvo que la reserva responde a razones de seguridad, al advertir que divulgar los bienes, inversiones e ingresos del exfuncionario podría convertirlo en un objetivo atractivo para la delincuencia organizada.
La institución enfatizó que revelar detalles como propiedades o vehículos podría facilitar su localización en tiempo real, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también la de su familia, colaboradores y de la propia Fiscalía. Como sustento, el Comité citó el atentado contra el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para ilustrar los riesgos asociados a la exposición pública de patrimonios de altos mandos.
Además, la FGR argumentó que tampoco cuenta con el consentimiento del exfiscal para difundir sus declaraciones, y sostuvo que conocer la cantidad y tipo de bienes que posee no representa un interés público.
Sin embargo, este razonamiento contrasta con la práctica general de transparencia, donde las versiones públicas de funcionarios incluyen tipo de bien, fecha y valor de adquisición, sin comprometer datos personales. Incluso las declaraciones del propio Harfuch son de acceso abierto bajo estos criterios.
La decisión ha fortalecido el debate sobre los límites entre la seguridad de los servidores públicos y el derecho ciudadano a la rendición de cuentas, especialmente tratándose de quien encabezó por años la institución encargada de combatir la corrupción y asegurar la legalidad.
Con información de Rodrigo Gutierréz para Froji MX
El exconsejero del INE gana, en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, más que la presidenta Sheinbaum.
Mensualmente, Ciro Murayama Rendón gana más de 132 mil pesos mensuales por dirigir un Centro de la UNAM en España que sólo se dedica a organizar charas virtuales y conferencias con lo que la máxima casa de estudios llama escritores de la “casa”.
Una solicitud de transparencia realizada por ReporterosMx reveló que el exasesor del Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, percibe 6 mil 454 euros mensuales netos, que al tipo de cambio de hoy, 26 de noviembre, corresponde a 137 mil 287 pesos con 87 centavos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo percibe un sueldo neto mensual de 134 mil 290 pesos. Esto significa que Ciro Murayama gana 2 mil 997 pesos más que la Presidenta.
De esta manera, el profesor de Facultad de Economía de la UNAM –donde no imparte clases desde hace tiempo– escapa de la tan sonada, pero mal aplicada, norma de la SHCP que establece que ningún funcionario puede percibir un sueldo más alto que la titular del Poder Ejecutivo.
La máxima casa de estudios intenta justificar estos altos sueldos alegando que, técnicamente, ni los profesores, ni los rectores, ni otro algún otro trabajador dependiente de la UNAM es legalmente un servidor público.
En ese sentido, la autonomía de la Universidad se hace valer en su máximo esplendor, puesto que la cúpula dorada no está obligado a rendir cuentas, ni a seguir los criterios de transparencia o elegibilidad para los que cualquier funcionario público tendría que demostrar algo más que “palancas” o contactos influyentes.
Lamentablemente, siguiendo la herencia de la meritocracia selectiva, la UNAM ha designado para los centros, como el que dirige Ciro Murayama, y en los que gasta más de 71 mil millones de pesos al año, a personajes con dudosa reputación, pero con influjo y conexiones en las altas esferas.
Ejemplo de ello es precisamente Ciro Murayama, señalado por avalar el fraude electoral de 2006 en contra del entonces aspirante –y ulterior presidente, en 2018– Andrés Manuel López Obrador.
Además de Murayama, la lista de funcionarios bien pagados incluye al escritor Jorge Volpi, predecesor de Ciro Murayama en el Centro de Estudios Mexicanos en España, y a la nueva directora del Centro UNAM en Chile, Sandra Lorenzano, una narradora argentina que ha aprovechado muy bien sus conexiones en la UNAM para obtener buenos puestos y publicar sus novelas.
Viáticos, viajes, reuniones…
Ciro Murayama ha gozado de una mimada estadía en la UNAM, no sólo como profesor de la Facultad de Economía, de donde se tomó un año sabático para promocionarse como consejero del INE, o como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, sino también como funcionario de la UNAM en España.
Murayama, que también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, recibe de la UNAM una renta anual de 732 mil 563 pesos.
Cabe destacar que la máxima casa de estudios, donde varias sedes académicas mantienen un paro indefinido a causa de la inseguridad y la impunidad, dilapida 44 mil pesos en viáticos y otros 324 mil 396 pesos en lo que ellos denominan “Gastos de Intercambio”, y que no son otra cosa que viajes con cargo a la Universidad.
Cada año, la UNAM asigna una millonaria partida presupuestal para la manutención de estos Centros UNAM en el extranjero y de todo el personal que labora ahí, tal como ya dimos a conocer en una investigación especial, publicado aquí, en ReporterosMx.
Lo perturbador es que el financiamiento de estas sedes de la UNAM en el extranjero proviene, de acuerdo con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales del “Gobierno Federal de México”.
Lamentablemente, los resultados no han sido destacados ni satisfactorios para el grueso de la comunidad universitaria, en especial de alumnos y profesores que, a pesar de tener años de trayectoria, no pueden acceder a esta clase de privilegios, como los que tiene Ciro Murayama y la casta dorada de la UNAM.
Infelizmente, la máxima casa de estudios, que en otro tiempo personificó el sentido de la democracia, la igualdad y el progreso, hoy se ha convertido en el símbolo más pringoso del nepotismo, el amiguismo y el derroche.
Efraín Morales asegura que cambios legislativos buscan garantizar acceso equitativo al agua y transparencia en concesiones.
El director de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Efraín Morales, afirmó que quienes se oponen a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales “defienden sus intereses”, ya que, durante años, “acapararon grandes volúmenes de agua al amparo del poder político y económico”. Morales subrayó que estas posiciones generan “campañas de desinformación”, pero la iniciativa será discutida en los próximos días en la Cámara de Diputados, con ajustes para fortalecer la propuesta.
El funcionario explicó que históricamente los pequeños y medianos productores, comunidades rurales e indígenas han tenido limitado acceso al agua, mientras que algunos permisos se otorgaron para uso agrícola que terminó en parques industriales, campos de golf o desarrollos inmobiliarios, generando desigualdad y desorden.
La reforma establece que el gobierno federal será el único facultado para otorgar concesiones, eliminando la posibilidad de transferir títulos entre particulares y garantizando un registro nacional público de agua que mostrará beneficiarios, volúmenes y forma de otorgamiento de cada concesión. Morales precisó que se mantiene el derecho a heredar y transferir concesiones en compraventas de propiedades.
Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) explicó que la reforma a la Ley de Aguas busca que el agua deje de percibirse como un negocio y se reconozca como un derecho humano. Por ello, los particulares ya no podrán vender concesiones, una práctica que ha afectado a la población por… pic.twitter.com/0dJReqlkqm
Además, anunció medidas para combatir el robo de agua y la creación de un fondo de reserva de aguas nacionales, dirigido a garantizar suministro constante a comunidades que actualmente carecen de concesiones. También se prohíbe mantener títulos utilizados de forma especulativa.
En paralelo, Morales informó sobre el inicio de la construcción de un acueducto de 21 km en Colima, con una inversión de 1,780 millones de pesos, que garantizará el abastecimiento para los próximos 30 años a la capital estatal. La gobernadora Indira Vizcaíno destacó que la obra asegura el derecho al agua y la viabilidad del suministro para la zona metropolitana.
La Conagua enfatiza que la reforma busca equidad, transparencia y sustentabilidad, priorizando el acceso a quienes realmente necesitan el recurso.
El Instituto asegura que, a diferencia de gobiernos anteriores, eliminó bonos, redujo salarios y destinó recursos al bienestar de los trabajadores.
El INFONAVIT respondió a la nota publicada por Reforma sobre los salarios de sus funcionarios, aclarando que se ha priorizado la transparencia y la austeridad republicana desde la llegada de la Cuarta Transformación.
Durante los gobiernos neoliberales, el instituto operaba con tabuladores inflados, bonos millonarios y una estructura burocrática que beneficiaba a cúpulas administrativas. Hoy, los cambios incluyen la eliminación de bonos, la reducción de directivos y la homologación de salarios con el gobierno federal, cancelando pagos extraordinarios a consejeros y sindicalistas.
Antes, los sueldos de funcionarios superaban incluso a los de un subsecretario de Estado. El secretario sindical ganaba más de 314 mil pesos mensuales y se pagaban hasta 86 mil pesos por asistir a sesiones del consejo. Actualmente, el director general percibe 185 mil 825 pesos brutos, equivalentes a 120 mil netos, sin bonos ni privilegios, alineado con los titulares del IMSS y PEMEX.
INFONAVIT informa sobre nota publicada en el diario Reforma.
La reestructuración también redujo los costos operativos al eliminar duplicidades, pasando de 59 directivos y 61 contratos de honorarios a 28 puestos directivos efectivos. Esto ha permitido liberar más de 300 millones de pesos anuales, destinados a programas de vivienda social y reestructuración de créditos.
Hasta el momento, se han construido 1.2 millones de viviendas, se reestructuraron 5 millones de créditos impagables, y se apoyó a jóvenes trabajadores desde los 18 años con seis meses de cotización. Además, se priorizó la cercanía a escuelas, hospitales y centros de trabajo para garantizar calidad de vida.
El INFONAVIT enfatiza que cada ahorro en sueldos y bonos se traduce en casas y bienestar, marcando un contraste con administraciones pasadas: “Antes se construían privilegios, hoy se construye bienestar”, señaló la institución.
Con estos cambios, el INFONAVIT busca consolidarse como un instituto eficiente, justo y transparente, dejando atrás los excesos y orientando todos los recursos al pueblo trabajador.
La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial actúa ante irregularidades en la justicia penal. Un juez enfrenta sanciones por modificar sentencias y beneficiar a delincuentes.
La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió a un juez de distrito en Colima tras descubrir graves irregularidades en su desempeño. Este caso marca un hito en la supervisión interna del Poder Judicial, siendo el primero resuelto desde la instalación de la comisión el 29 de octubre.
Según el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el juez alteró penas en múltiples casos, manipulando procedimientos penales relacionados con armas y narcóticos. La suspensión surge después de que tribunales superiores corrigieron sus decisiones, las cuales rompían con los principios fundamentales del proceso penal.
Los informes revelan que el juez redujo penas de manera inapropiada, además de otorgar beneficios sin cumplir con lo que la ley establece. Estas acciones no solo comprometen la legalidad, sino que también perjudican la confianza de la sociedad en el sistema judicial.
El OAJ informó que el juez actuó de manera sistemática y reiterada al exceder sus competencias. Esta conducta generó la necesidad de tomar medidas rápidas para proteger la administración de justicia y prevenir cualquier posible obstaculización de la investigación en curso.
La decisión de suspender al juez se basa en las leyes que permiten tal acción cuando hay riesgo de obstrucción del proceso. Se busca así garantizar la integridad de la investigación y evitar más daños al sistema judicial.
La Comisión de Investigación reafirmó su compromiso con la justicia y la transparencia. A través de esta resolución, el TDJ envía un mensaje firme: no habrá tolerancia ante prácticas irregulares en la función judicial. La integridad y la profesionalidad son esenciales para recuperar la confianza y ofrecer un servicio justo a la ciudadanía.
La presidenta criticó la omisión de información patrimonial por parte de los senadores panistas Marko Cortés y Ricardo Anaya, y resaltó que la ética y transparencia deben ser prioridades en la función pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este miércoles sobre la investigación de Los Reporteros MX que señala a los senadores Marko Cortés y Ricardo Anaya por ocultar información relevante en sus declaraciones patrimoniales y generar ingresos a través de empresas familiares.
En el caso de Anaya, aunque no posee bienes directamente, gran parte de sus ingresos se canalizan a empresas a nombre de su esposa, algunas con posibles irregularidades vinculadas a facturación falsa o lavado de dinero. Situaciones similares se atribuyen a Cortés, ex presidente nacional del PAN.
Sheinbaum calificó estas omisiones como “un asunto de deshonestidad” y recordó que corresponde al Senado de la República, a través de su órgano de control, revisar estos casos y, si procede, enviarlos al Tribunal de Justicia Administrativa, responsable de las sanciones mayores. Las sanciones menores quedan a cargo de la Secretaría de Anticorrupción, mientras que el sistema actual deja las decisiones relevantes en manos de los tribunales.
La mandataria también criticó la hipocresía de la derecha y vinculó el relanzamiento del PAN con la ultraderecha, movimiento que, explicó, “nunca ha tenido verdadero asidero en México”. Además, recordó que Anaya salió del país seis años tras ser señalado por corrupción y solo regresó al obtener fuero político, lo que, a su juicio, evidencia un modus operandi para proteger recursos y propiedades vinculados a la función pública.
Sheinbaum concluyó que, más allá de las sanciones legales, la sociedad tiene derecho a conocer la ética y el comportamiento real de quienes ejercen cargos públicos, subrayando la necesidad de transparencia y responsabilidad política.
Los Reporteros MX- Las cosas buenas se quedan en familia. O eso es lo que practica el senador de la República y ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, que presentó su declaración patrimonial 2025 sin mencionar las cuatro empresas de su esposa, Carolina Martínez Franco.
Una investigación de Los ReporterosMX revela que el legislador, quien ha estado dando declaraciones en contra de lo que considera privilegios del oficialismo, “olvidó” presentar las cuatro empresas con sede en Querétaro, uno de los bastiones más conocidos de Acción Nacional:
🔴 CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA ORIBA S. DE R.L. DE C.V. 🔴 DESARROLLO COMERCIAL ACUEDUCTO, S.A. DE C.V. 🔴 INMOBILIARIA REAL JACAL, S.A. DE C.V. 🔴 JUNI SERRA S. DE R.L. DE C.V.
Esta información está disponible en el Registro de Comercio Público Federal. Destaca especialmente que los giros de las empresas están relacionados con el sector inmobiliario y la construcción, un ámbito con antecedentes de corrupción por parte de gobiernos panistas, vinculados al Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México.
Una de estas empresas, Juni Serra, es actualmente investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) por haber sido beneficiada de forma ilegal por una ex empleada del SAT, hoy vinculada a proceso. La empresa está acusada de ser una “facturera”, es decir, de simular operaciones comerciales.
Juni Serra incluso cita a Ricardo Anaya en uno de sus documentos, donde se le otorga poder para “pleitos y cobranzas” de la empresa.
Los negocios de la esposa de Ricardo Anaya no están inactivos: tienen operaciones recientes. Por ejemplo, Inmobiliaria Real Jacal aparece en la página México Pymes, donde se describe como “una empresa especializada en bufetes jurídicos”. Afirma haber iniciado operaciones en noviembre de 2024 y estar legalmente constituida bajo el régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país, con una actualización hace 10 meses.
Otra empresa con operaciones recientes es Desarrollo Comercial Acueducto, S.A. de C.V., que obtuvo una autorización jurídica denominada “Autosoportado Denominativo”, según el gobierno de Querétaro, durante el primer trimestre de 2025.
De hecho, la declaración patrimonial de Ricardo Anaya es un desfile de opacidad, ya que omitió informar bienes, inmuebles, cuentas bancarias u otro tipo de activos. Como si viviera en austeridad extrema, pese a que su cónyuge podría estar recibiendo miles de pesos por la venta o construcción de inmuebles.
Lo único que sí aparece en la declaración de Anaya es su función como senador de la República, donde tampoco detalla mucho sobre sus ingresos: solo se menciona el número “625793”, que se interpreta como 625,793 pesos al año, dejando en blanco cualquier actividad empresarial o de servicios externos.
Los ReporterosMX consultó a Comunicación Social de los senadores del PAN para conocer si Anaya tenía alguna declaración sobre esta controversia, pero no hubo respuesta al cierre de este reportaje.
Los discursos de Ricardo Anaya sobre la transparencia son abundantes; por ejemplo, el 20 de agosto, luego de la controversia sobre los bienes del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo:
“Mi llamado es a la transparencia, que se conozca con absoluta claridad quién labora en el Senado de la República, y cuánto gana cualquier persona que trabaje en el Senado de la República, esa es la responsabilidad que tenemos las senadoras y senadores”.
Sin embargo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Anaya tiene un largo historial de manejos opacos en la compra-venta de inmuebles —tan solo hay que recordar el escándalo de su nave industrial—. Hoy está lejos de ser la figura de moral política que pretende: tiene al frente del partido a Jorge Romero, pilar del Cártel Inmobiliario, y no parece querer alejarse del negocio que ha dado una fama cuestionable a Acción Nacional.
¿Qué más tendrá que ocultar el senador Ricardo Anaya?
La FGJCDMX recuerda que todos los registros de carpetas de investigación activas están reservados, garantizando el debido proceso y la protección de las víctimas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró que los registros de cualquier carpeta de investigación en curso son de carácter reservado, conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Transparencia de la Ciudad de México. Esto significa que no se pueden entregar a terceros mientras las indagatorias estén en desarrollo o no concluidas.
El carácter reservado no es exclusivo del accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, sino que aplica a todas las carpetas por la probable comisión de un delito. La Fiscalía subraya que su obligación es investigar con rigor, asegurando la protección de los derechos de las víctimas y el respeto al debido proceso.
Aunque la información específica está protegida, la FGJCDMX puede ofrecer avances generales de las investigaciones, siempre respetando la presunción de inocencia. En el caso del accidente de Iztapalapa, la Fiscalía informará próximos detalles el viernes 10 de octubre, cuidando la transparencia sin comprometer la investigación.
La institución también reafirma su compromiso con la rendición de cuentas y el derecho a la información, dentro del marco legal que permite conducir indagatorias sólidas y emitir determinaciones legales fundamentadas, protegiendo tanto a víctimas como a posibles responsables.
Con esta política, la Fiscalía CDMX busca equilibrar la transparencia informativa con la necesidad de investigar con eficacia, evitando filtraciones que puedan entorpecer los procesos legales y garantizando que la justicia se administre con responsabilidad y profesionalismo.
