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Etiqueta: Tortura

  • Absuelven a excomandante implicado en tortura contra Lydia Cacho

    Absuelven a excomandante implicado en tortura contra Lydia Cacho

    Un tribunal federal absolvió al excomandante Juan Sánchez Moreno, al determinar que no existen pruebas que acrediten su participación en la tortura cometida contra la periodista Lydia Cacho en 2005. El fallo revoca la sentencia de siete años y ordena emitir una absolutoria en 24 horas.

    Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Quintana Roo otorgó un amparo liso y llano al exfuncionario, al concluir que no hay evidencia contundente que destruya su presunción de inocencia ni que lo vincule como autor mediato del delito.

    Cacho denunció haber sido detenida y trasladada de Cancún a Puebla tras revelar una red de pederastia. En 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) ejerció acción penal contra Sánchez Moreno y otros implicados, entre ellos el exgobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif.

    El excomandante fue sentenciado en 2020, pero tras una larga batalla legal, el tribunal concluyó este 4 de julio que no se comprobó su responsabilidad penal. La periodista aún exige justicia por los hechos.

    Lydia Cacho denuncia que los cómplices de Norma Piña han ordenado que Mario Marín cumpla sentencia desde su mansión en Puebla
  • Revelan nuevas evidencias en el caso de Caro Quintero: audios de tortura a “Kiki” Camarena

    Revelan nuevas evidencias en el caso de Caro Quintero: audios de tortura a “Kiki” Camarena

    La Fiscalía de Estados Unidos ha compartido nuevas evidencias en el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Las pruebas incluyen grabaciones de audio del interrogatorio y tortura del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

    El fiscal Joseph Nocella envió una carta a los abogados de Caro Quintero, donde detalla las evidencias bajo la Regla 16 del Procedimiento Penal Federal. Este documento incluye grabaciones que vinculan a Caro Quintero con actividades criminales y fotografías de asesinatos ocurridos en 1981 y 1985.

    La fiscal Saritha Komatireddy confirmó que el gobierno de Estados Unidos aún evalúa si solicitará la pena de muerte. La próxima audiencia está programada para el 18 de septiembre de 2025, donde se decidirá el futuro del caso.

    El juez Frederick Block programó esta cita para determinar si se avanzará a juicio o se considerará un acuerdo. La fiscalía también afirmó que la pena de muerte “sigue sobre la mesa”.

    Caro Quintero enfrenta múltiples cargos, incluyendo dirigir una empresa criminal y conspiración para asesinato. Este narcotraficante es conocido por ser uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

    Recientemente, fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 29 líderes de cárteles mexicanos. La fiscal Komatireddy destacó que existen registros de su participación en el tráfico de marihuana, cocaína y fentanilo. Las grabaciones de la tortura a Camarena se presentarán como “pruebas sensibles” en el juicio.

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  • SCJN ordena liberación de Juana Hilda González en caso Wallace

    SCJN ordena liberación de Juana Hilda González en caso Wallace

    La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda. La decisión se tomó por mayoría de cuatro votos a uno.

    González Lomelí había sido condenada a 78 años de prisión por privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y otros delitos. Su liberación llega tres meses después de la muerte de Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima.

    El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que la mujer sufrió tortura durante su detención. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron obtenidas de manera ilícita, lo que llevó a invalidarlas. La sala determinó que no hay evidencia suficiente para vincular a González Lomelí con el secuestro.

    Durante la audiencia, los ministros coincidieron en que las “confesiones” de Juana Hilda se obtuvieron sin respetar sus derechos. La SCJN concluyó que las pruebas restantes, basadas en declaraciones de familiares y amigos de la víctima, no son suficientes para demostrar su culpabilidad.

    Esta decisión abre la posibilidad de que otros implicados en el caso también recuperen su libertad. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) destacó la relevancia de esta resolución para el sistema de justicia penal.

    El caso de Hugo Alberto Wallace se remonta al 11 de junio de 2005, cuando fue secuestrado en Plaza Universidad. A lo largo de los años, la madre de la víctima ha luchado incansablemente por justicia.

    Juana Hilda González fue detenida en enero de 2006, pero su defensa argumenta que el mediático caso afectó su juicio. La SCJN ha decidido revisar nuevamente los detalles del caso, lo que podría tener implicaciones importantes para los otros acusados.

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  • Cárdenas Palomino: Auto de formal prisión por “Rápido y Furioso”

    Cárdenas Palomino: Auto de formal prisión por “Rápido y Furioso”

    Un Tribunal Colegiado de Apelación ha dictado auto de prisión formal contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal. Este fallo se produce por su supuesta implicación en el controvertido operativo “Rápido y Furioso”.

    El tribunal revocó la libertad condicional que se le había concedido, lo que obliga a Cárdenas Palomino a permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Las autoridades lo acusan de omitir su deber de impedir la introducción de armas en el país.

    La operación “Rápido y Furioso” se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón. A través de esta estrategia, Estados Unidos envió armas a grupos criminales en México. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que incluyen documentos, videos y testimonios de funcionarios estadounidenses. Sin embargo, estos no demostraron que Cárdenas Palomino estuviera al tanto del operativo.

    A pesar de ello, los magistrados señalaron que su conocimiento sobre la “guerra contra el narco” lo convierte en responsable de evitar el tráfico de armas. Este auto de prisión formal se suma a un segundo proceso penal que enfrenta Cárdenas Palomino. Actualmente, también está preso por tortura en contra de Israel Vallarta, líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

    Con este nuevo giro en su caso, la justicia toma un paso importante hacia la rendición de cuentas en temas de seguridad pública.

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  • Tribunal ordena reaprehensión de Luis Cárdenas Palomino por nexos con el narco

    Tribunal ordena reaprehensión de Luis Cárdenas Palomino por nexos con el narco

    Un tribunal de apelación con sede en Hermosillo, Sonora, ha ordenado la reaprehensión de Luis Cárdenas Palomino. Este exfuncionario, conocido como el “brazo derecho” del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrenta graves acusaciones.

    Cárdenas Palomino, exdirector de inteligencia de la extinta Policía Federal, fue liberado recientemente por la jueza Karina Almada Rábago. La jueza consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para juzgarlo por el operativo ‘Rápido y Furioso’.

    Sin embargo, la FGR aportó documentos y testimonios que contradicen esta decisión. A pesar de la falta de evidencia directa sobre su participación en el operativo, los magistrados decidieron revertir la libertad provisional.

    El exfuncionario se encuentra actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, donde enfrenta un proceso por tortura. Además, se le acusa de haber montado pruebas en contra de los hermanos Vallarta Cisneros, miembros de una banda de secuestradores.

    Por otro lado, el operativo ‘Rápido y Furioso’ ha sido objeto de controversia desde su ejecución. Este plan en el que está ligado Cárdenas permitió la introducción ilegal de más de dos mil armas a México, con la intención de rastrear su uso entre grupos criminales. Sin embargo, muchas de estas armas terminaron en manos de sicarios, contribuyendo a la violencia en el país.

    La defensa de Cárdenas Palomino ha presentado un amparo contra la orden de recaptura. A pesar de ello, la situación legal del exfuncionario continúa complicándose. Las autoridades buscan responsabilizarlo por omisiones que permitieron el ingreso de armamento y municiones al país.

    Con este desarrollo, la justicia mexicana enfrenta un nuevo desafío en su lucha contra la corrupción y el narcotráfico. La reaprehensión de Cárdenas Palomino podría ser un paso importante para esclarecer la red de complicidades que existió durante la administración del ilegítimo Felipe Calderón. La sociedad espera respuestas claras sobre la responsabilidad de quienes estaban al mando en aquellos tiempos neoliberales.

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  • Secretario de Seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc, acusado de tortura, fue absuelto según la SSC

    Secretario de Seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc, acusado de tortura, fue absuelto según la SSC

    Luego de que Los Reporteros MX revelaran que el secretario de Seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc, Marcelo Martínez López, fue detenido en mayo de 2023 por cargos de tortura y abuso de autoridad en agravio de un menor y su tío, quienes fueron golpeados por el imputado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, aseguró que Martínez López ya había sido absuelto.

    En la conferencia de prensa del Gobierno de la Ciudad de México, y a pregunta expresa de Los Reporteros MX sobre el tema, el secretario de Seguridad Ciudadana confirmó que Marcelo Martínez López efectivamente había sido detenido en mayo de 2023 por tortura y abuso de autoridad; no obstante, aseguró que ya había sido absuelto.

    “En este, como en todas las contrataciones del personal de una alcaldía, es responsabilidad de la propia alcaldía y estoy seguro de que se revisó su perfil. En el caso del comandante Marcelo, efectivamente tiene un antecedente de 2023, de haber sido detenido por distintos delitos y, tras una investigación durante un año, se determinó que no era responsable de los delitos que se le imputaban”, afirmó Pablo Vázquez.

    El titular de la seguridad capitalina aseguró que, en este y en cualquier otro caso, la institución actúa conforme al debido proceso y a la presunción de inocencia, razón por la cual, detalló, no está impedido de ocupar el puesto que tiene, a pesar de que exista una parte acusadora con lesiones confirmadas y el antecedente de Marcelo.

    El funcionario concluyó defendiendo al secretario y afirmó que, como en este y otros casos, si una persona es declarada no responsable, debe ser restituida en su puesto laboral.

    “En lo personal, considero que, por la buena relación y la coordinación que existe con el personal de la alcaldía Cuauhtémoc, en lo que respecta a los méritos, Marcelo va más allá de este incidente y es totalmente competente para realizar su trabajo. No obstante, si él o cualquier funcionario público o policía comete algún delito, existen el personal de Asuntos Internos y la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, y si hay una sanción, se atenderá”, finalizó el funcionario.

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  • El IFDP logra la liberación de Brenda Quevedo Cruz tras 15 años en prisión sin sentencia y reiteradas violaciones a sus derechos humanos por su supuesta implicación en el Caso Wallace

    El IFDP logra la liberación de Brenda Quevedo Cruz tras 15 años en prisión sin sentencia y reiteradas violaciones a sus derechos humanos por su supuesta implicación en el Caso Wallace

    El Juez de Distrito Primero de Distrito de Procesos ha autorizado el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva para Brenda Quevedo Cruz, estableciendo su nuevo estado bajo arraigo domiciliario. La medida incluye la vigilancia de la Policía Federal Ministerial, el uso de un localizador electrónico, cuyo costo será cubierto por la Fiscalía que lo solicitó, y la prohibición de salir de la zona conurbada de la Ciudad de México o del país sin autorización judicial, así como de comunicarse o acercarse a la víctima indirecta o a su domicilio.

    Se espera que Brenda Quevedo sea liberada en las próximas horas y siga su proceso fuera del centro penitenciario, bajo la representación del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP). Esta decisión cumple con la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito en materia penal 176/2022 del 21 de junio, que determinó el cese de la prisión preventiva por considerarla una medida excepcional sin necesidad actual y real de prolongación, ya que los factores que la justificaron han cambiado con el tiempo.

    Brenda Quevedo Cruz fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009. Está acusada de participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace en 2005, además de delincuencia organizada.

    Desde septiembre de 2019, el IFDP ha emprendido diversas acciones legales para lograr la suspensión de la prisión preventiva de Quevedo, argumentando que su prolongación durante más de 15 años es excesiva y no razonable.

    El IFDP ha destacado que Brenda Quevedo ha sobrevivido a actos de tortura sexual durante su detención y privación de libertad, violaciones confirmadas en la recomendación VG127/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Estas entidades han señalado preocupación por su caso, que forma parte de muchos relacionados con la privación arbitraria de libertad y que podrían indicar una práctica sistemática. Actualmente, su caso se encuentra en la etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    Con la sustitución de la prisión preventiva por el arraigo domiciliario y otras medidas cautelares, Brenda Quevedo podrá seguir su proceso legal fuera de prisión, en un paso significativo para su defensa y los derechos humanos en México.

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  • Vinculan a proceso a fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de tortura

    Vinculan a proceso a fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de tortura

    Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, fue vinculado en proceso por el delito de tortura en grado de coautoría luego de que autorizó el sometimiento y golpiza de Luis Alberto “N” para fabricar un doble homicidio y un feminicidio en abril pasado.

    Cinco de los 11 reactivos enumerados en el manual del Protocolo de Estambul, que detalla las distintas formas de tipificar el delito de tortura, fueron descubiertos en el procedimiento de tortura practicado a la víctima, según el juez de Control Natanael Subdas.

    “Por ser un caso especial no podemos ajustarnos a la mayoría de reactivos del Protocolo de Estambul para considerar si se configura el delito de tortura o no. En estos casos nos ajustamos a los elementos cualitativos”, dijo el juez y en su acuerdo declinó el caso a un juzgado federal porque la imputación la lleva la Fiscalía General de la República (FGR).

    Asimismo concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

    Así se decidió luego de escuchar los argumentos presentados por la defensa del fiscal, encabezada por el experto en derecho penal Gabriel Regino García, así como la respuesta de los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR).

    Desde el jueves pasado, cuando los ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción, que estaban a cargo de integrar la carpeta de investigación y ejecutar la orden de aprehensión contra Carmona Gándara, desistieron de la acusación por haber extraviado la carpeta de investigación, el juez federal ha requerido a los fiscales que aporten más pruebas para sustentar su desestimación.

    La FGR también llevó el caso a solicitud de la víctima y, con la aprobación del juez, sustituyó al mismo tiempo los ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción. Por ello mostraron una copia del expediente de investigación.

    El juez dictó la vinculación a proceso contra Carmona Gándara, luego de siete horas de audiencia y dos horas de receso, para resolver el caso. Fue una audiencia con varios recesos porque el fiscal morelense, quien siguió el proceso a control remoto, interrumpió el desarrollo al argumentar que no escuchaba con claridad la réplica de la FGR.

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  • Aplazan audiencia de Murillo Karam hasta 2024 por Caso Ayotzinapa

    Aplazan audiencia de Murillo Karam hasta 2024 por Caso Ayotzinapa

    Se esperaba que la Fiscalía General de la República (FGR) acusara oficialmente a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, de cometer delitos en el marco del caso de Ayotzinapa, en la audiencia fijada para este lunes, pero un juez federal decidió posponerla.

    El exfuncionario comparecería ante un juez para conocer la formulación de acusaciones por la potencial comisión de los delitos de desaparición forzada, tortura y administración de justicia, luego de superar diversos problemas de salud que lo obligaron a pasar varios días internado en el hospital de la ciudad. 

    Como parte de la estrategia jurídica utilizada por su defensa, la audiencia fue pospuesta y no se realizará hasta enero de 2024 para el exfuncionario, quien ejerció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

    Es importante tener en cuenta que el acusador solicitó una pena de 82 años de prisión.

    Además, está pendiente una solicitud de admisión de 15 pruebas documentales para desvirtuar los cargos contra Jesús Murillo Karam, la cual debe resolverse antes de que continúen las audiencias por el caso Ayotzinapa.

    La Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República había preparado para la audiencia de este lunes 69 testimonios, 65 pruebas documentales y 43 peritajes.

    Pese a lo anterior, el 18 de abril la defensa presentó una denuncia contra la decisión tomada en la audiencia luego de que se le negara el acceso a la carpeta de información.

    La defensa consideró que los datos probatorios eran cruciales para probar su teoría del caso.

    El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal rechazó entonces el segundo intento de amparo porque no afectaba directamente los derechos de quien formula la acusación.

    Sin embargo, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal consideró fundamentados los argumentos y ordenó al Juzgado de Distrito asistirlos en la obtención de 15 pruebas para refutar los cargos.

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  • Tribunal solicita a la Corte atraer caso de Tomás Zerón, quien busca revocar orden de captura

    Tribunal solicita a la Corte atraer caso de Tomás Zerón, quien busca revocar orden de captura

    Un Tribunal Federal busca conocer un amparo de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, quien busca revocar la orden de aprehensión en su contra por la presunta tortura al supuesto operador y sicario del grupo criminal, de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo. La petición se realizó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal solicitaron que el tribunal recupere su competencia para que pueda decidir por primera vez si el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) “viola o no los principios de seguridad jurídica y legalidad en su aspecto de taxividad”.

    Es decir, el procedimiento que se debe seguir al presentar a un imputado ante un juez de control, independientemente de que el delito requiera prisión preventiva oficiosa.

    La orden de aprehensión habría sido emitida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Penal Sur de la Ciudad de México porque consideró que cumplía con todos los requisitos constitucionales y legales.

    Ante esta situación, el ex funcionario de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) promovió un amparo donde alegó que nunca recibió un citatorio u orden para comparecer y conocer los hechos que se le imputan.

    En su demanda afirmó que el citado artículo del CNPP no establecía el requisito de que la Fiscalía General de la República (FGR) agotara todas las demás opciones antes de solicitar una orden de aprehensión, incluyendo la citación a la audiencia preliminar y la orden de comparecencia. Sin embargo, no se le concedió protección.

    Ante esta circunstancia interpuso un recurso de revisión y ahora el tribunal solicita que se pronuncie sobre la constitucionalidad de ese artículo en particular.

    Tomás Zerón iba a ser detenido por este caso luego de que un juez de control dictaminara que probablemente había cometido delitos relacionados con torturas, desapariciones forzadas y grupo de empleados públicos.

    Lo anterior se debe a un video que fue compartido en redes sociales, en el que se puede ver a El Cepillo sentado, esposado y encapuchado durante un interrogatorio que está siendo conducido y dirigido por Tomás Zerón y en el que se escucha que presuntamente está siendo amenazado e intimidado.

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