México ganó un arbitraje internacional que buscaba cobrar 2 mil 700 millones de dólares. El Tribunal del CIADI desestimó por completo la demanda de Access Business Group al afirmar que no tenía jurisdicción, y ordenó a la empresa pagar 1.3 millones de dólares en costos.
La Secretaría de Economía confirmó que el país logró frenar una reclamación que buscaba más de 2 mil 700 millones de dólares en presuntos daños, pues el gobierno mexicano obtuvo una victoria de alto impacto en el arbitraje internacional promovido por la empresa estadounidense Access Business Group. El caso fue atendido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia del Banco Mundial encargada de resolver disputas entre inversionistas y Estados.
La controversia se originó en abril de 2023, cuando la compañía presentó una demanda al amparo del antiguo TLCAN y del T-MEC, al argumentar que terrenos adquiridos en 1992 y 1994 por su filial Nutrilite conocidos como “El Petacal”, en Jalisco habían sido “expropiados” luego de que la SEDATU los entregara a un ejido en julio de 2022. Access sostuvo que esa acción vulneraba sus derechos como inversionista extranjero.
Tras dos años de litigio, el Tribunal Arbitral del CIADI falló el 21 de noviembre de 2025 a favor de México y descartó tener jurisdicción para analizar el fondo del conflicto. La mayoría de los árbitros concluyó que las medidas señaladas por la empresa ocurrieron más de dos años después de la terminación del TLCAN, por lo que ya no era posible invocar obligaciones contenidas en un tratado que dejó de estar vigente. El panel recalcó que el Anexo 14-C no extiende la aplicación de las disposiciones sustantivas del antiguo Capítulo 11 más allá de su expiración.
Además del rechazo total de la reclamación, el Tribunal ordenó a Access Business Group cubrir aproximadamente 1.3 millones de dólares en favor de México por concepto de gastos procesales. La Secretaría de Economía destacó que este resultado envía un mensaje contundente en materia de arbitraje de inversión: el país defendió con éxito su posición jurídica y desactivó una demanda multimillonaria que carecía de sustento legal.
El gobierno federal consideró este fallo como un precedente relevante, al consolidar la interpretación sobre los alcances del TLCAN tras su terminación y reforzar la postura mexicana frente a controversias internacionales de inversión.
