Después de casi 20 años preso por un montaje televisivo que lo vinculó falsamente con secuestros, Israel Vallarta recuperó su libertad el 1 de agosto de 2025. La Suprema Corte declaró ilegal la evidencia en su contra y confirmó la fabricación de culpables en uno de los casos más emblemáticos de corrupción judicial en México. Sin embargo, su lucha no termina: su hermano y sobrino aún permanecen en prisión bajo cargos similares.
En una entrevista para Milenio, Vallarta detalla que fue víctima de tortura y acusado como líder de la supuesta banda “Los Zodiaco”, grupo inexistente según la Fiscalía General de la República (FGR). Su abogado, Arturo Robles Feria, denunció las trabas y dilaciones de la Fiscalía para evitar la revisión completa del caso, pero la justicia finalmente reconoció la inocencia de Vallarta y ordenó su liberación absoluta.
Aunque ya libre, Israel apenas duerme por la presión mediática y la exigencia de continuar la lucha para liberar a su familia. Aceptó una beca universitaria para estudiar Derecho y busca recuperar su dignidad tras dos décadas de injusticia. Junto a su esposa Mary Sainz, activista clave en su caso, planea consolidar un nuevo proyecto de vida y seguir exigiendo justicia.
Israel también prepara la batalla para que el Estado mexicano repare el daño causado, aunque sabe que los años perdidos no tienen retorno. Su caso es un símbolo de resistencia contra la corrupción y la impunidad, y un llamado urgente a proteger los derechos humanos en el sistema judicial.
La historia de Vallarta no solo marca un precedente en la lucha por la libertad, sino que evidencia la necesidad de transformar un sistema que aún encierra inocentes por montajes y abusos.
Israel Zaragoza Rico, actual subsecretario del C5i en Hidalgo, fue acusado públicamente por Israel Vallarta de haber participado en actos de tortura cuando formaba parte de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), junto a Genaro García Luna.
El señalamiento se dio durante una entrevista de Vallarta en el noticiario de Carmen Aristegui, donde mencionó a Zaragoza como uno de los funcionarios que habrían intervenido en los hechos ocurridos hace 20 años, en el caso del supuesto grupo de secuestradores conocido como “Los Zodiaco”.
Vallarta fue liberado la semana pasada, luego de casi dos décadas en prisión sin sentencia, y ha comenzado a nombrar a quienes —según él— participaron en el montaje y su detención arbitraria.
Ante ello, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, declaró que Zaragoza Rico deberá aclarar su situación, aunque hasta el momento no existe más que el testimonio de Vallarta. “Partimos de la presunción de inocencia”, dijo el mandatario estatal.
Menchaca dejó entrever que al funcionario se le dará tiempo para presentar pruebas, por lo que podría separarse temporalmente del cargo en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) mientras se investiga el caso.
Por primera vez en libertad desde 2005, Israel Vallarta concedió una entrevista exclusiva a Los Reporteros MX, donde detalla los horrores que vivió durante su detención, la fabricación del caso y el silencio cómplice del sistema judicial. “Nunca dejé de luchar, pero no me movía el odio, me movía la verdad”, aseguró.
A 48 horas de haber salido del penal del Altiplano, Israel Vallarta habló desde su casa con el periodista Manuel Pedrero. Con voz pausada y clara, Vallarta narró los momentos clave de su detención, el montaje televisivo orquestado por autoridades federales y Televisa, y la tortura brutal que sufrió por parte de agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación. Su testimonio reafirma lo que durante años se sospechó: que fue víctima de una fabricación del Estado mexicano.
El origen del infierno
Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 bajo el argumento de participar en un operativo de despistolización. Encapuchados armados lo interceptaron en la carretera México-Cuernavaca, lo golpearon, le cubrieron la cabeza, le robaron objetos personales y lo trasladaron a instalaciones que después identificaría como del entonces SIEDO.
Ahí empezó el suplicio: golpes, asfixia con bolsas, descargas eléctricas en los testículos y el cuerpo, inmovilización forzada, violencia sexual y amenazas contra su familia. “Cuando me desmayaba, me despertaban para seguir. Me querían quebrar. Querían que dijera lo que ellos necesitaban escuchar”, relató.
El montaje y el bautizo mediático
Horas después, se grabó el famoso montaje en el rancho de Vallarta, transmitido en vivo el 9 de diciembre como un operativo real. “Luis Cárdenas Palomino me instruyó qué debía decir. Me advirtieron que, si no cooperaba, matarían a mi familia. Florence (Cassez) negó todo en la primera toma. Pararon la grabación, la golpearon y repitieron”, recordó.
Aseguró que fue en ese momento cuando lo nombraron líder de “Los Zodiaco”: “Me preguntaron mi signo zodiacal, les dije cáncer. Uno respondió que él era acuario, otro piscis… y ahí dijeron: ‘Los Zodiaco’. Así se inventó la banda”, explicó.
Tiempo después, solicitó al entonces titular de la FGR y a Gobernación los supuestos antecedentes de la organización criminal. La respuesta fue contundente: no existía ningún registro oficial de dicha banda antes de su caso.
Televisa, Loret y la cadena de impunidad
Vallarta señaló que la narrativa oficial fue diseñada para justificar un trabajo de inteligencia inexistente. “Un camión de Televisa con antena satelital ya estaba listo desde antes. Eso no se arma en cinco minutos”, dijo, refiriéndose a las tomas previas al montaje.
Sobre Carlos Loret de Mola, quien transmitió la “detención en vivo”, recordó el testimonio de Laura Barranco, entonces parte del equipo de producción, quien alertó en 13 ocasiones que lo que estaban al aire era un montaje. La respuesta, según Barranco, fue: “Esto está chingón”.
Vallarta solicitó su comparecencia como testigo años después. “Se amparó. Perdió dos veces. Lo obligaron a declarar en videoconferencia desde su oficina. Pero sigue hablando desde la impunidad. Le digo desde aquí: te estoy esperando”.
Justicia tardía, pero justicia al fin
El 31 de julio de 2025, el Juzgado Tercero de Distrito le otorgó la libertad absolutoria. “No fue un perdón, no fue indulto. Fue una sentencia limpia, sin duda, basada en pruebas, no en discursos. Fue un fallo judicial, no político”, dijo Vallarta.
Rechazó haber tenido contacto con Florence Cassez desde su liberación. “Mi esposa sí se comunicó con ella por cortesía. Me enteré que tuvo una hija y enviudó. Le deseo lo mejor”, expresó.
También aclaró que jamás aceptó el indulto que le ofreció en su momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque significaba admitir culpa: “Si me indultaban era como decir: ‘sí lo hiciste, pero te perdonamos’. No. Yo no hice nada”.
Cárdenas Palomino: frente a frente
Durante su tiempo en prisión, Vallarta compartió el penal del Altiplano con Luis Cárdenas Palomino, detenido años después por tortura. “Nos vimos varias veces, frente a frente. Nunca me habló. Yo tampoco. Pero con la mirada nos dijimos todo. Él siempre altivo, yo siempre firme”, relató.
También recordó que su hermano René y varios sobrinos fueron detenidos años después con los mismos métodos: detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de delitos. Todos fueron liberados por falta de pruebas.
La deuda del Estado
Aunque Israel Vallarta está registrado desde 2021 como víctima oficial, denuncia que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nunca le ha ofrecido ni un solo apoyo económico. “Ni un chicle. Ni una pastilla para el dolor de cabeza. Solo papeleo, psicólogos, papeles. Nada real”, afirmó.
Pese a todo, no habla desde el resentimiento: “No odio. El odio enferma. Yo quiero vivir. Recuperar el tiempo con mi esposa, mis hijos, terminar mis estudios. Ser abogado. No para hacer política, sino para ayudar a otros que aún están presos injustamente”.
Un mensaje al país
Israel Vallarta sabe que su caso es símbolo de algo más profundo. “No soy el único, ni seré el último. Pero mi caso es el único en que el Estado tuvo que reconocer que mintió, que montó, que fabricó. Y lo hizo frente a millones”.
A la Presidenta Claudia Sheinbaum le envió un mensaje de respeto, y a quienes siguen difamándolo, les respondió con serenidad: “La jueza que me liberó no me conoce, no fue presionada, no fue sobornada. Lo que tengo es una resolución firme. Si aún así dudan, ya no es mi problema. Es el de ellos”.
Israel Vallarta Cisneros saldrá del penal del Altiplano después de pasar 19 años preso sin sentencia, luego de que una jueza federal le concediera sentencia absolutoria por su presunta participación en el delito de secuestro. La información fue confirmada por su esposa, Mary Sainz a través de redes sociales poco antes de la medianoche del jueves 31 de julio.
La jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, determinó que no existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión, por lo que ordenó su liberación inmediata, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede apelar, sin posibilidad de frenar su salida.
Vallarta fue detenido en diciembre de 2005, junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, en un operativo televisado en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. Ambos fueron señalados como parte de la presunta banda de secuestradores Los Zodiacos. En 2013, Cassez recuperó su libertad tras obtener un amparo por violaciones al debido proceso, pero Vallarta permaneció en prisión sin sentencia hasta hoy.
Durante casi dos décadas, Israel Vallarta enfrentó cargos por delincuencia organizada, secuestro, portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su defensa —encabezada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP)— denunció irregularidades y violaciones a sus derechos, incluyendo tortura y prisión preventiva injustificada.
Incluso el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó que se revisara su caso por el tiempo transcurrido sin sentencia y por su estado de salud, señalando que debían aplicarse medidas alternativas a la prisión preventiva.
Pese a estas recomendaciones, en 2023, un tribunal colegiado avaló mantenerlo preso, argumentando que la FGR justificó el riesgo procesal. No obstante, ahora, con esta resolución definitiva, Israel Vallarta podrá volver a casa, 19 años después.
¡Javier Laynez quiere regalar perdón fiscal a Movistar a costa del pueblo!
El ministro Javier Laynez Potisek pretende promover una controversia para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)no le cobre más de 4 mil millones de pesos en impuestos, que datan de 2015, a la empresaPegaso PCS, S.A. de C.V., fundada por Alejandro Burillo Azcárraga, y que actualmente opera en México bajo el nombre comercial de Movistar.
La actual estirpe de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya está mirando el reloj para despedirse del máximo tribunal de México, está a poco más de dos meses de terminar su mandato.
Sin embargo, antes de irse algunos juzgadores han decidido resolver, de “último momento” y a puerta cerrada, una serie de controversias fiscales.
Cabe señalar que estos casos, en mayor o menor medida, benefician a una cúpula empresarial que tuvo sus mejores épocas en el llamado periodo neoliberal.
Y una de estas controversias es precisamente la propuesta por la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek –tristemente famoso y recordado por su fallo contra la Reforma Electoral y por ocupar puestos cercanos al poder– para absolver a la empresa Movistar del pago de impuestos.
La propuesta de Laynez Potisek beneficia directamente a Pegaso PCS S.A de C.V ya que pretende exonerarla de un pago de impuestos que data de 2014 y asciende a 4 mil 442 millones de pesos.
El tema habría pasado inadvertido si no hubiera sido porque la ministra LeniaBatrés Guadarrama alzó la voz y se negó a formar el quórum necesario para la votación y resolución de la controversia, dado el daño al erario que esa deuda representa.
Tras su negativa para formar quórum, Batrés pidió que el tema fuese debatido de manera pública, algo que, hasta el momento, no ha tenido respuesta.
Negocios turbios y lazos incómodos:
Ahora bien, más allá del impacto fiscal que esta decisión podría tener, la controversia saca a la luz la cercana relación entre el ministro Laynez Potisek, quien fue consejero jurídico durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y Alejandro Burillo Azcárraga, fundador de la compañía Pegaso PCS S.A. de C.V.
Burillo, que ha sido catalogado como el primo incómodo de Emilio Azcárraga Milmo, desapareció de la escena pública en 1998 tras vender sus acciones en Televisa. Sin embargo, su empresa, Pegaso PCS, siguió operando como proveedora de servicios de telefonía hasta 2002, cuando fue adquirida por Telefónica Movistar, aunque ha seguido trabajando bajo este último nombre comercial.
Movistar, legalmente Pegaso PCS S.A. de C.V., actualmente es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de México, solo superada en ese terreno por Telcel y AT&T.
Desde entonces, Movistar ha amasado una fortuna a través de cientos de contratos millonarios.
En 2024, por ejemplo, la empresa facturó 26 mil 590 millones de pesos, lo que representa el 4.3% de los ingresos globales de Telefónica.
No obstante, a pesar de estas jugosas ganancias, la multinacional ha intentado evadir el pago de impuestos en nuestro país.
De hecho, entre 2017 y 2019, Pegaso interpuso tres amparos ante la SCJN buscando condonaciones fiscales, bajo el falaz argumento de que otras empresas pagaban menos.
En 2017, cinco ministros, incluido Laynez, votaron a favor de amparos para empresas como Bestcable (Totalplay), Televisión Azteca y Pegaso PCS.
Esta acción logró blindar a dichas empresas para no pagar impuestos conforme al principio de Proporcionalidad Tributaria, que establece que los gravámenes deben tasarse de acuerdo con la capacidad económica.
La empresa, a través de una serie de ardides legales, argumentó una supuesta vulneración de sus derechos de igualdad, amparándose en los artículos 1°, 6°, 14, 16 y 28 de la Constitución.
Lamentablemente, la recurrente búsqueda de artificios legaloides para evadir impuestos por parte de Movistar ha encontrado respaldo en el ala más conservadora de la SCJN, con el ministro Laynez a la cabeza y Norma Piña y sus aliados cuidándole la espalda.
La última propuesta, el recurso de reclamación 158/25, elaborado por el propio Laynez, es un claro ejemplo de estas prácticas.
La empresa, pretendiendo esgrimir un argumento contundente, arguyó que sus ingresos de 2014 aumentaron por una fusión con una firma extranjera, buscando que Hacienda no cobrara impuestos a una empresa con sede fuera de México, aunque, paradójicamente, la compañía estuviera prestando servicios en el país.
Prácticas de viejo dinosaurio:
Aunque para algunos ministros debatir temas fiscales a puerta cerrada es un procedimiento común y que, argumentan, obedece a la Ley Fiscal, hay voces críticas que sostienen que este es el momento oportuno para que algunos ministros “salden favores”.
Tocado este punto, hay una pregunta que se impone: ¿El ministro Laynez estará queriendo saldar favores antes de irse? En la pregunta podría estar oculta la respuesta. Pero, de ser así, entonces no se trata de un tema de justicia, sino de un negocio millonario. Y estos artificios legales serían entonces un saqueo legalizado.
No obstante, hay algo más que llama poderosamente la atención: el sexenio pasado, Movistar logró que la Secretaría de Economía y la PROFECO, de la mano de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, le renovara la concesión a PEGASO PCS, S.A. de C.V. para los Servicios Móviles bajo la modalidad de Prepago, hasta el 6 de junio de 2048. Es decir: ¡durante los próximos 24 años!
¿Tendrán algo qué decir Raquel Buenrostro y Jorge Nuño Lara, quienes entonces eran secretaria de Economía y de Comunicación, respectivamente?
Carmen Aristegui ha levantado una polémica con sus declaraciones recientes. La periodista critica la sección “Detector de Mentiras” de la Mañanera del Pueblo. Aristegui exige que el gobierno de México monitoree su serie de reportajes sobre Televisa, conocida como “Televisa Leaks”.
📹 #Vídeo | La periodista Carmen Aristegui se lanza contra la sección "Detector de Mentiras" de la Mañanera del Pueblo y pide que se use dinero del pueblo para monitorear su serie de reportajes contra Televisa, también conocidos como los "Televisa Leaks".
En su programa, Aristegui cuestionó al gobierno por ignorar su investigación. Afirmó que los impuestos de la sociedad mexicana se utilizan para que el gobierno monitoree a los medios. Sin embargo, su enfoque parece más un intento de llamar la atención que una búsqueda genuina de verdad sobre la televisora.
La periodista señala que el gobierno debería referirse a su trabajo sobre “Televisa Leaks”. Argumenta que el contenido de su serie es significativo y no puede pasarse por alto. No obstante, su insistencia en que el gobierno debería reaccionar a su trabajo se siente arrogante.
Además, Aristegui ha descalificado el trabajo del gobierno al señalar que ataca a otros medios, como TV Azteca y no a la televisora de su interés. Esta actitud sugiere que busca un trato preferencial para su propia narrativa. La libertad de prensa no debe usarse para imponer agendas personales.
El gobierno tiene otras prioridades y no puede atender todas las demandas de los periodistas. La insistencia de Aristegui en ser el centro de atención puede desviar el foco de temas más urgentes. La responsabilidad de un periodista es investigar y presentar información, no dictar lo que el gobierno debe hacer.
Es fundamental que Aristegui respete el papel del gobierno y las decisiones que toma. La presión que ejerce por atención puede socavar su propia credibilidad. En lugar de exigir, debería permitir que su trabajo hable por sí mismo. Así, el verdadero valor de su investigación podría ser reconocido sin la necesidad de imponer exigencias.
La objetividad y la ética periodística deben prevalecer sobre la búsqueda de notoriedad personal.
Grupo Televisa, la que una vez fue el aparato de propaganda del PRIAN, reportó una caída del 65.2 por ciento en sus ganancias durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con su informe financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la utilidad neta de la empresa fue de 331.5 millones de pesos, muy por debajo de los 951.7 millones registrados en los primeros tres meses de 2024.
La empresa atribuyó este desplome a un deterioro de 2 mil 491.9 millones de pesos en ingresos o gastos netos, además de una baja de 56.8 millones en operaciones discontinuadas y una reducción de 11.8 millones en utilidades atribuidas a participación no controladora.
Además, los ingresos totales también retrocedieron 6.1 por ciento, ubicándose en 14 mil 973.6 millones de pesos, frente a los 15 mil 951.4 millones de un año antes. Este descenso estuvo vinculado principalmente a la disminución de ingresos en Sky, su plataforma de televisión satelital. La utilidad de segmentos operativos cayó 3.1 por ciento, afectando directamente al margen operativo que se colocó en 37.8 por ciento.
Las cifras fueron ajustadas para reflejar la escisión de Ollamani, la empresa que agrupa activos como Club América, Estadio Azteca, casinos y medios de información, y que comenzó a cotizar en Bolsa desde el 31 de enero de 2024. Los ingresos y gastos correspondientes a Ollamani ahora figuran como operaciones discontinuadas en los resultados financieros de Televisa.
El desplome financiero ocurre en un momento especialmente crítico para el conglomerado. Las acciones de Televisa cayeron este martes 6.84 por ciento, cerrando en 7.22 pesos, en medio de la polémica por las revelaciones conocidas como Televisa Leaks, que involucran a la empresa en la presunta fabricación de denuncias contra periodistas, empresarios y magistrados, según investigaciones divulgadas por Carmen Aristegui.
La presión sobre el grupo mediático aumentó desde octubre de 2024, cuando Emilio Azcárraga Jean dejó su cargo como presidente ejecutivo del consejo de administración de Grupo Televisa, debido a una investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionada con posibles actos de corrupción y manipulación mediática.
Una presunta filtración masiva de más de cinco terabytes de archivos internos provenientes de Televisa ha destapado lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos mediáticos en la historia reciente de México. Conocida como Televisa Leaks, esta revelación realizada en el programa de Carmen Arisyegui, incluye chats, audios, guiones, documentos confidenciales y campañas diseñadas para atacar a periodistas, figuras públicas y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso comenzó con la denuncia de Germán Gómez García, exempleado de la televisora, quien reveló cómo el consorcio mediático diseñó campañas de difamación y desinformación, incluyendo el uso sistemático de cuentas falsas en redes sociales y la difusión de noticias manipuladas a través de múltiples plataformas.
Uno de los blancos más persistentes fue la misma Aristegui, contra quien se documentan más de 300 menciones internas en grupos de Telegram, además de estrategias de edición de video y campañas encubiertas para minar su credibilidad. La filtración también menciona cómo la gobernadora Layda Sansores fue blanco de campañas orquestadas, particularmente tras sus críticas a la relación entre Televisa y líderes del PRI.
Las revelaciones muestran además que, entre 2018 y 2024, un grupo interno identificado como Grupo Palomar presuntamente gestionó contenidos “a modo”, incluyendo perfiles positivos para ciertos personajes del ámbito judicial. Entre ellos figura el ministro Arturo Zaldívar, a quien se habría ofrecido apoyo en redes sociales y estrategia digital para reforzar su imagen como defensor de los derechos sociales. Si bien Zaldívar no es señalado como parte activa de estas campañas, el material filtrado lo muestra como beneficiario de una narrativa favorable que contrastaba con campañas negativas contra otros ministros.
Uno de los documentos más comprometedores expone un contrato por 47 millones de pesos adjudicado en 2019 a una empresa vinculada a la televisora para monitorear redes sociales y generar análisis de percepción pública hacia el Poder Judicial, firmado durante la gestión del exdirector de comunicación de la SCJN, César Castillejos Rangel.
La parte más oscura de la filtración apunta a la fabricación de denuncias falsas de abuso sexual infantil. El caso más grave: el del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, quien enfrentó un linchamiento mediático tras ser implicado falsamente mientras se encontraba enfermo de cáncer. Los materiales sugieren que los testimonios usados en su contra fueron grabados siguiendo guiones y editados para generar impacto mediático, con la participación de empleados de Televisa y la empresa Metrics.
Los documentos apuntan a una operación que no solo rebasó los límites éticos del periodismo, sino que puso en riesgo vidas y dañó profundamente la confianza en los medios. Si bien los documentos aún están en proceso de verificación independiente, la magnitud y el nivel de detalle han obligado ya a distintas figuras públicas a pronunciarse, mientras la televisora guarda silencio.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado una propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca prohibir y sancionar severamente la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en medios nacionales, luego de que televisoras como Televisa-Univision permitieran la difusión de campañas audiovisuales del gobierno estadounidense contra migrantes en su programación.
De acuerdo con el artículo 276 del proyecto, los concesionarios de radio, televisión abierta y restringida que violen esta disposición podrían recibir multas de hasta el 5% de sus ingresos, aunque el texto aún no especifica si este porcentaje se calculará sobre facturación mensual o anual. En cualquier escenario, esto representaría un impacto financiero considerable para empresas como Televisa, que operan bajo concesión pública y obtienen ingresos multimillonarios por publicidad.
Según el artículo 210 de la propuesta, los concesionarios mexicanos únicamente podrán transmitir propaganda de gobiernos extranjeros con fines turísticos o culturales. Toda publicidad con mensajes políticos, ideológicos o institucionales ajenos al Estado mexicano será considerada ilegal. La sanción también podría escalar a una reversión de la concesión, en casos de reincidencia o afectaciones graves.
Esta iniciativa responde directamente a la campaña encabezada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien difundió a través de canales mexicanos mensajes donde advierte deportaciones masivas y criminaliza a migrantes que no abandonen voluntariamente ese país. La campaña fue transmitida por televisión abierta, incluyendo canales del grupo Televisa, además de plataformas en línea.
El Gobienro de México denunció que esta clase de contenidos constituyen una intromisión en los asuntos internos del país y vulneran el derecho de las audiencias al libre acceso a la información sin sesgos extranjeros. Además, consolidan una narrativa de odio hacia la población migrante, contraria a los principios constitucionales y de derechos humanos.
La propuesta de ley busca blindar el espacio radioeléctrico y digital mexicano para que ningún gobierno extranjero, bajo ninguna circunstancia, utilice medios nacionales como plataforma de propaganda política, sin importar si se trata de transmisiones directas o publicidad contratada.
