El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, descalificó el proyecto del ministro Juan Luis González, asegurando qu está violando la Constitución en un nuevo intento por frenar la reforma judicial, presentó un nuevo plan de acción para declarar la reforma como inconstitucional.
Esta tarde Ricardo Monreal aseguró que el Congreo de la Unión no acatará la invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que continuarán con la puesta en marcha de las elecciones del Poder Judicial.
El legislador descalificó el proyecto del ministro Gónzalez Alcántara que busca plantear como inconstitucional la elección de jueces y magistrados por votación.
“Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elecciones de jueces y magistrados, porque él (el magistrado González Alcántara) no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional; viola el principio de legalidad, ciola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal“, destacó Monreal.
Asimismo, mencionó que la SCJN no puede aceptar que un ministro cancele una reforma que ya fue aproabada por el Congreso de la Unión y la mitad más una de las legislaturas locales.
“Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial de sus jueces y de sus ministros“, aseguró Monreal.
Ricardo Márquez Blas, funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y excolaborador de Genaro García Luna, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación, por abuso sexual.
El pasado 8 de octubre el coordinador de Fortalecimiento Institucional en la SCJN fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia por abuso sexual dentro de las instalaciones de la Corte.
De acuerdo con la información revelada por el periodista Carlos Jímenez, la víctima detalló el día, lugar y hora en la que ocurrieron los hechos.
“DETIENEN por ABUSO SEXUAL a FUNCIONARIO de la SCJN, EXCOLABORADOR de GARCÍA LUNA. Ricardo Márquez Blas. Coordinador de Fortalecimiento Institucional, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Una subordinada lo denunció en la Fiscalía de la CIudad de México, por abusar de ello dentro de la corte”, escribió Carlos Jímenes en sus redes sociales.
Ricardo Márquez tenía un cargo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, coolaborando con el exfuncionario Genero García Luna, quien recientemente fue sentenciado a 38 años de cárcel.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta de presupuesto para 2025 presentado por la ministra presidenta Norma Piña Hernández.
En una sesión privada la ministra presentó un proyecto que contemplaba 5 mil 922 millones de pesos, representando un incremento del 10.9% con respecto a este año, que se autorizó 5 mil 787 millones.
El proyecto estaba distribuido en temas como asignaciones adicionales al sueldo (524 millones 910 mil 531 pesos), compensación de apoyo (430 millones 701 mil 588 pesos), gratificación de fin de año (371 millones 079 mil 352 pesos), prestaciones de retiro (241 millones 191 mil 731 pesos) y cuotas de seguro separación individualizado (204 millones 988 mil 949 pesos).
Antes esto las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf cuestionaron los seguros privados para gastos mayores y la separación idividualizada, ya que estos están prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Asimismo, en la propuesta no se añadió cualquier previsión respecto a la reforma judicial, que incluye medidas como supresión de fideicomisos, ajuste de sueldos de altos funcionario para que no exedan el de la presidenta de la República.
Ante estas observaciones la ministra presidenta se comprometió a reelaborar su propuesta y presentarla el martes 22 de octubre.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, participó en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en donde inauguró el evento reafirmando su posición en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial.
La ministra presidenta aseguró que se está perdiendo el derecho a la justicia y el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
“Nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional señalando que, cito Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo, la politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país; cierro cita.”, dijo.
Asimismo, señaló que las modificaciones al poder judicial están afectando los derechos humanos, ya que el poder no se ha podido “contener, frenar y controlar” y aseguró que la labor del Poder Judicial es proteger esos derechos.
“No cabe duda y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes de que los derechos humanos están en riesgo, cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente y uno de los propósitos de un poder judicial independiente y lo subrayo, independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenzar esos derechos.”
Finalmente, mencionó que las protestas generadas por los cientos de los legisladores del PJ deberían ser una señal al gobierno federal para que sus demandas sean atendidas.
“Coincido por tanto en que toda democracia el camino para fortalecer el estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias es prudente poner atención”, enfatizó Norma Piña.
El legislador Ángel Mario García denuncia al Poder Judicial de la Federación (PJF) por el intento de detener la reforma judicial.
En primer lugar el magistrado asegura que se está viviendo un caso de injusticia liderado por la ministra presidenta Norma Piña, quien ha “envendenado” a los demás trabajadores para que se lleven a cabo los actos violentos con el fin de detener la reforma judicial.
“Los titulares de los órganos jurisdiccionales empezando por la ministra presidente han envenenado y mentido a los empleados, que son a los que mandan al campo de batalla para realizar actos violentos en contra de todo aquel que piense distinto a ellos o en contra de las autoridades que tiene la facultad de reformar la constitución”, declaró el ministro.
Así mismo habló de los amparos que se han llevado a cabo por parte de jueces de distrito para que se detenga la organización de las elecciones del PJF de 2025.
“No proceden ámparos en contra de reformas constitucionales, por lo tanto si no proceden ámparos contra las reformas, tampoco pueden procede contra el proceso de reforma.”
Por otra parte habló del procedimiento de “petición de aclaración”, para saber si la reforma constitucional es inconstitucional, llevada a cabo por 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ya de por si el solo nombre es motivo de vergüenza para aquellos que entiendan un poquito de derecho […] No tiene palabras para describir que con una legislación que tiene como finalidad organizar hacia el interior al PJF pretenda anular una reforma a la Constitución“.
Aeguró que “la reforma al día de hoy es ley vigente” y que con una ley orgánica no podrán frenar que se lleve a cabo la ley y criticó las acciones de la SCJN que se está convirtiendo en una “dictadura”.
“No es posible que a través de la ley orgánica del Poder Judicial pretendan agregarle requisitos al artículo 135 de la Constitución, de hacer esto la Suprema Corte se convertiría en el poder de poderes, ahí estaría una verdadera dictadura“, destacó García.
Así mismo criticó que una de las principales protestas del Poder Judicial es que llegué gente sin preparación, cuando los mismos legisladores no conocen las leyes.
“Una de sus principales protestas o lemas que utilizan es que no quieren que personas sin experiencia y sin conocimientos jurídicos lleguen a ser juzgadores, yo me preguntaría ¿De qué sirve que estos señores que se dicen y se creen como los únicos facultados para interpretar y aplicar las leyes en el país, algo tan sencillo como los artículos constitucionales que acabó de mencionar no los comprenden? Pues entonces no se que hacen ahí”.
César Gutíerrez, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, reveló esta tarde que buscará ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025.
El sábado en la FIL del Zócalo, cuando el abogado participó en un evento de la Feria, cerca de medio millón de personas le gritaban “ministro” al abogado. Tras estos gritos de apoyo, el abogado declaró que sí planea postularse a ser candidato a ministro de la SCJN.
🚨OJO: Así fue como le GRITARON en un foro lleno en el Zócalo "MINISTRO" al abogado @CesarGutiPri.
Ha surgido el abogado del pueblo y están ansiosos de votar por el en las próximas elecciones para la Suprema Corte. pic.twitter.com/7J2MaRQpJZ
“Después de escuchar a Roberto Gil que él piensa que tiene posibilidades de ser ministro de la Corte, yo levanto la mano también. Tengo una intención real y precisa legítima de ser por lo menos candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo Gutíerrez Priego.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | El abogado César Gutiérrez Priego (@cesargutipri), especialista en derecho penal, destapó sus intenciones de buscar una candidatura para ser ministro de la #SCJN en 2025.
Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo en una entrevista para Sputnik que es necesario que los tres poderes dialoguen para que se pueda consolidar la Reforma Judicial.
Respecto a las consultas realizadas por la ministra presidenta Norma Piña, Esquivel mencionó que de acuerdo con la Constitución, la Suprema Corte no puede analizar la reforma en materia judicial que ya ha sido aprobada por el Congreso y por la mayoría de las Legislaturas de los estados, invalidar la reforma llevaría al país a una “crisis constitucional”.
“Nuestra Constitución en ningina parte establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede analizar si la reforma constitucionla, que se llevó a cabo por las dos Cámaras y por la mayoría de los Congresos locales, puede ser invalidada o declarada inconvencional […] es decir, no existe una instancia arriba del poder reformados de la Constitución. Considero que entraríamos en una crisis constitucional en caso de que los ministros […] determinaran que la reforma contitucional estuvo mal elaborada“, dijo la ministra Esquivel.
Así mismo señaló que quienes están revisando la reforma deben tener cuidado si deciden declararla como inconstitucional, ya que esto es un acto “inédito e ilegal“. La ministra considera que lo mejor sería que el Poder Judicial y los dos Poderes de la Unión retomaran el diálogo para llegar a una “estapa de entendemiento”, aprovechando la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“El respeto entre Poderes es la única forma de avanzar en armonía para lograr lo que queremos y nuestro objetivo, que es que los mexicanos estén bien, que tengamos leyes fuertes, instituciones fuertes, sólidas y la única forma de avanzar en todos los temas inclusive por el ámbito privado y en el ámbito público, es el diálogo“, declaró Yasmín.
También declaró que con la reforma al Poder Judicial se puede construir un camino para terminar con la corrupción que existía en este; además de ser un ejemplo para el mundo en el sentido de brindar más independencia a los jueces, juezas, ministroas, ministras, magistrados y magistradas, mediante la elección ciudadana.
“Se le da mayor fuerza a los ciudadanos, al momento de que puedan participar en las urnas, eligiendo a sus jueces, magistrados y ministros, inclusive tendrán mayor independecia, mayor libertad de la que ya tenemos hoy para resolver los ausntos y expedientes“, añadió.
Para la ministra la reforma constitucional es un cambio pequeño al poder judicial, pues solo se cambiará la forma de elegir a los jueces, no es una reforma que modifique los derechos fundamentales.
“No tengo la menor duda que se se va a realizar el primero de uunio de 2025 la elección del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma constitucional únicamente cambia la forma de elegir a los jueces, no es una reforma a la Constitución que hablé sobre derechos humanos o de las garantías de los derechos fundamentales“, declaró.
Por otra parte Yasmín Esquivel dio a conocer los pendientes que aún continúan en la agenda de la Justicia, entre los casos se ecuentran reforma a policías, ministerios públicos, sistema penitenciario y atención a víctimas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que establece mayores restricciones para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes a solicitud de autoridades extranjeras. El proyecto, promovido por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue avalado en la Segunda Sala de la Corte con tres votos a favor y dos en contra.
La decisión surgió tras resolver una presunta “contradicción de criterios” presentada por el abogado José Alfredo Cavazos Mercado, defensor del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta resolución implica que, para que la UIF pueda proceder con el bloqueo de cuentas, la solicitud debe provenir de una autoridad extranjera con competencia en la materia y estar sustentada en compromisos internacionales.
La ministra Lenia Batres votó en contra y señaló que esta medida restringe las facultades de la UIF, las cuales son cruciales para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero. Según Batres, esta interpretación de la Corte debilita los compromisos de México en acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En respuesta, los ministros Javier Laynez Potisek y Pérez Dayán argumentaron que la decisión no impide el bloqueo de cuentas, sino que precisa el procedimiento a seguir cuando se recibe una solicitud extranjera. Aclararon que no basta con una mención general de investigación, sino que la petición debe ser específica y estar directamente vinculada a los compromisos internacionales de México.
Esta postura genera preocupación respecto a la efectividad de las acciones de la UIF, que podría enfrentar mayores trabas para cumplir con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el crimen financiero.
Con esta nueva medida de la Suprema Corte, queda en claro la parcialidad de la mayoría de los ministros, que velan por los intereses de presuntos delincuentes que se niegan a pagar sus delitos ante las autoridades mexicanas.
Por tercera vez se aplaza el pago de más de 35 mil millones de pesos en impuestos por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, debido al impedimento presentado al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien es considerado “una figura jurídica que impide conocer o resolver un asunto en el que puede verse afectada su imparcialidad e independencia”,
Este miércoles se debía resolver el caso en el que el magnate Salinas Pliego pagaría más de la mitad de las deudas fiscales de Grupo Elektra. Sin embargo, se notificó el impedimento para llevarlo a cabo en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al igual que las ministras Yazmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, quienes tienen a su cargo la resolución de otros dos casos de pago de impuestos de Salinas Pliego, al ministro Pérez Dayán se le impidió continuar con el caso por el argumento de que es “una figura pública que impide a una persona juzgadora conocer o resolver un asunto en el que puede verse afectada su imparcialidad e independencia.”
Para determinar si el impedimento es válido, el caso fue enviado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala.
La resolución de este caso comenzó en 2018, y se esperaba darle conclusión este miércoles. Sin embargo, debido a los tres impedimentos presentados por la abogada de Salinas Pliego, Yanet Sandoval Carrillo, primero deberán resolverse estas objeciones antes de que se voten las solicitudes de amparo sobre las deudas del empresario, lo cual se espera ocurra hasta noviembre.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirma que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “está invadiendo jurisdicción […] y violentando el marco constitucional”.
Por primera vez en la historia, la SCJN decidió someter a revisión una reforma constitucional. El presidente del Senado se ha pronunciado en contra de estas acciones, calificándolas como “una intentona desesperada e ilegal de detener la reforma constitucional al poder judicial”.
Fernández Noroña hace un llamado a los integrantes de la SCJN a “detener su actitud facciosa y no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este proceso”.
Asimismo, acusa a la ministra presidenta Norma Piña de ser la autora intelectual de las protestas violentas en la Cámara de Senadores, y finalmente afirma que no habrá poder que evite la instrumentación de la reforma.
