Etiqueta: Suprema Corte de Justicia de la Nación

  • SAT endurece estrategia fiscal: revisará operaciones sospechosas en 2026

    SAT endurece estrategia fiscal: revisará operaciones sospechosas en 2026

    El SAT prepara más de 16 mil auditorías en 2026 para frenar la evasión y elusión fiscal de grandes empresas, PyMEs y empresas de comercio exterior. Entre los casos destacados se encuentra Ricardo Salinas Pliego, cuyos litigios suman más de 48 mil millones de pesos y continúan en la SCJN.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá en marcha en 2026 un plan de fiscalización enfocado en contribuyentes identificados con conductas de alto riesgo fiscal, l cual incluye a grandes empresas, PyMEs y compañías de comercio exterior. La medida contempla 16 mil 200 auditorías destinadas a detectar prácticas como evasión de impuestos, elusión indebida y solicitudes de devoluciones ilegales, con el objetivo de garantizar un sistema tributario más justo y equitativo en México.

    De acuerdo con la autoridad fiscal, estas auditorías representan apenas 0.02% del total de contribuyentes registrados en el padrón nacional, que supera los 66 millones. El SAT detalló que se prevén mil 200 revisiones a grandes contribuyentes (6.3% del universo de 15 mil 873), 12 mil a pequeñas y medianas empresas (0.02% de 66.8 millones) y tres mil a empresas de comercio exterior (2.5% de 116 mil 467), concentrándose en aquellos con patrones que indican incumplimiento de obligaciones fiscales.

    Entre los criterios para seleccionar a los contribuyentes se encuentran operaciones con factureras o nomineras, simulación o abuso de deducciones, ingresos no declarados, solicitud de devoluciones improcedentes, movimientos financieros entre empresas del mismo grupo para generar pérdidas artificiales y operaciones en paraísos fiscales, entre otros. De acuerdo con el SAT, se dará prioridad a quienes presenten mayores calificaciones de riesgo, asegurando que los recursos se enfoquen en los casos más relevantes y que los contribuyentes cumplidos cuenten con certidumbre jurídica.

    El caso de Ricardo Salinas Pliego resalta dentro de estas prácticas de alto riesgo. La Procuraduría Fiscal de la Federación ha detectado que el empresario y su grupo han utilizado un entramado de recursos de amparo, declaraciones infladas y movimientos contables entre empresas para así poder pagar menos impuestos durante al menos dos décadas. Actualmente, nueve de sus adeudos se litigan en la Corte y suman 48 mil 382 millones de pesos, mientras que dos instancias ya han dado la razón al SAT. Solo queda pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    Esta estrategia forma parte de los esfuerzos del SAT por consolidar un “piso parejo” en la recaudación y fortalecer la eficiencia fiscal. Al cierre de 2024, las auditorías y las regularizaciones ya habían impulsado un incremento del 33% en términos reales, alcanzando un billón de pesos en recuperaciones. Para 2026, la autoridad prevé continuar con esta tendencia, garantizando que quienes incumplen con sus obligaciones fiscales contribuyan al bienestar nacional.

  • SCJN pospone discusión sobre impuesto a plataformas y límites a amparos ambientales

    SCJN pospone discusión sobre impuesto a plataformas y límites a amparos ambientales

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar el debate de dos proyectos que han generado fuerte polémica social: uno que busca avalar el impuesto del 2% a plataformas digitales en la Ciudad de México y otro que pretende restringir los amparos promovidos por asociaciones civiles en defensa del medio ambiente.

    El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz solicitó a las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa retirar temporalmente sus proyectos, con el fin de abrir un espacio de diálogo con las organizaciones interesadas

    El primer caso, impulsado por Batres, corresponde al amparo en revisión 681/2022, promovido por Uber contra el artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, que establece un cobro del 2% a las plataformas de transporte, entrega y paquetería por el uso intensivo de la infraestructura urbana.

    El segundo asunto, presentado por Esquivel, aborda la contradicción de criterios 217/2021 sobre la legitimación de asociaciones civiles para interponer amparos ambientales. Su propuesta busca que no baste con que una organización tenga como objetivo la defensa del medio ambiente, sino que demuestre una afectación directa para poder acudir al Poder Judicial.

    Los repartidores agrupados en Repartidores Unidos de México protestaron contra el proyecto del impuesto a las plataformas, al que calificaron de injusto. Advirtieron que la medida podría reducir sus ingresos, pues los costos serían trasladados a ellos o a los consumidores.

  • SCJN evita pronunciarse sobre corridas de toros, debate seguirá en tribunales

    SCJN evita pronunciarse sobre corridas de toros, debate seguirá en tribunales

    La Suprema Corte decidió mantenerse al margen del polémico debate sobre las corridas de toros en México y dejó en manos de los tribunales la definición del tema. Con seis votos contra tres, el pleno rechazó atraer el caso que buscaba frenar la “fiesta brava”. 

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no intervenir, por ahora, en el debate sobre las corridas de toros en el país, por mayoría de seis votos contra tres, el pleno rechazó ejercer su facultad de atracción para analizar las suspensiones promovidas por asociaciones animalistas que buscan frenar los espectáculos taurinos.

    El proyecto, elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, proponía que el máximo tribunal fijará un criterio nacional ante los fallos contradictorios que han dejado al país dividido entre plazas cerradas y ruedos activos. Sin embargo, sólo obtuvo el respaldo de las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Arístides Rodrigo Guerrero García.

    Con esta decisión, el caso regresará al decimotercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que deberá resolver el recurso 577/2025. Aun así, el tema podría volver a la Corte si los magistrados lo consideran necesario.

    El debate sobre la llamada “fiesta brava” se ha mantenido en los tribunales desde 2022, cuando el juez Jonathan Bass suspendió las corridas en la Plaza México tras un amparo de la organización Justicia Justa. Un año después, la Segunda Sala del alto tribunal, con un proyecto de Yasmín Esquivel Mossa, revocó la medida y permitió el regreso de los espectáculos. En 2024, la jueza Minerva Herlinda Mendoza Cruz volvió a frenar las funciones, y en 2025, Sandra de Jesús Zúñiga prohibió a la alcaldía Benito Juárez autorizar eventos con maltrato animal, aunque esa resolución aún no es definitiva.

    La decisión de la Corte mantiene en el aire la definición sobre el futuro de las corridas de toros en México y ha dejado el tema en manos de los tribunales, mientras la sociedad continúa dividida entre tradición y los derechos de los animales

    En la misma sesión, el pleno también rechazó atraer otro caso de relevancia fiscal: determinar si los medicamentos herbolarios deben recibir el mismo trato tributario que los de patente, aplicándoles la tasa cero del IVA. Con una votación de cinco contra cuatro, los ministros descartaron analizar el amparo directo 266/2025, promovido por una farmacéutica que argumentó discriminación tributaria.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • La nueva Suprema Corte: más allá de los símbolos

    La nueva Suprema Corte: más allá de los símbolos

    Fabiana Estrada Tena

    El el inicio de funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación marca un hito en la vida política y jurídica de nuestro país. Como ocurre en cada relevo institucional de alto nivel, los actos protocolarios y el despliegue de símbolos ocupan un lugar central en la atención pública. Estos ritos marcan un mapa de ruta, un bosquejo sobre el rumbo al que se dirige la institución, por lo que deben acompañarse de pasos concretos en esa dirección.

    La Suprema Corte no sólo es el más alto tribunal del país, encargado de interpretar en forma definitiva el texto constitucional. También representa el ideal de justicia. Su composición, el tono del discurso institucional y los gestos de sus integrantes tienen un significado que habla más allá de sus sentencias. Pensemos por ejemplo en el infame gesto de la ex presidenta de la Corte al no levantarse de la silla para saludar al jefe del Estado Mexicano en una ceremonia republicana.

    Estos símbolos cumplen una función pedagógica y ritual y, en el contexto de la reforma judicial, representan el compromiso de acatar el mandato de las urnas: construir una justicia más cercana, más participativa, más accesible, más centrada en la persona y en sus necesidades.

    No obstante, existe el riesgo de que los símbolos queden reducidos a una mera escenografía. Si no se acompañan de medidas consistentes, coherentes y transversales y pueden perder rápidamente su significado. Si la retórica institucional no se traduce en mejoras tangibles para la ciudadanía, se genera decepción y escepticismo. Los símbolos son necesarios, pero no suficientes. Son el punto de partida, nunca el de llegada.

    La transmisión de primera sesión ordinaria de la Suprema Corte estuvo precedida por un programa introductorio de lo que pasará de ser JusticiaTV a PluralTV, conducido por Mardonio Carballo y con la participación de Orlando Aragón, Director del Centro de Estudios Constitucionales quienes delinearon con claridad el objetivo de acercar la justicia a las personas. Vimos al Presidente Hugo Aguilar introducir la sesión en zapoteco, vestido con su toga bordada.

    El inicio de esta nueva época del Poder Judicial de la Federación ha estado marcada por numerosos mensajes, pero el verdadero reto de la nueva Suprema Corte reside en pasar de la representación simbólica a la acción efectiva. Esto implica abordar con rigor los grandes desafíos del país: garantizar la independencia judicial, proteger los derechos humanos, enfrentar la corrupción y asegurar el acceso igualitario a la justicia. Cada sentencia, cada resolución y cada postura pública debe estar guiada por el compromiso real con estos valores.

    Las políticas públicas y judiciales deben ser claras, transparentes y medibles. El pueblo que acudió a las urnas espera ver reflejados los principios institucionales no solo en las ceremonias, sino en su vida cotidiana: en la defensa de los vulnerables, en la protección de las libertades y en la creación de mecanismos efectivos para el respeto de la ley.

    En conclusión, el inicio de funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación nos invita a contemplar la importancia de los símbolos, pero sobre todo a exigir que estos sean preludio de políticas concretas. La legitimidad de la Corte no se afianza únicamente en el voto ni en sus buenas intenciones, sino en la coherencia entre lo que representa y lo que realiza. Pasar del símbolo a la acción es el camino indispensable para que la justicia sea, más que un ideal, una realidad palpable para todos.

  • Nuevos ministros de la Corte ganarán menos que la Presidenta

    Nuevos ministros de la Corte ganarán menos que la Presidenta

    Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz percibirá 137 mil 582 pesos mensuales, lejos de los 206 mil pesos que recibían los ministros en la Suprema Corte de Norma Piña.

    Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron funciones con un salario menor al de sus antecesores y apenas por debajo del tope constitucional, fijado en el sueldo de la persona titular de la Presidencia de la República.

    De acuerdo con información del portal de la Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz percibirá 137 mil 582 pesos mensuales netos, lejos de los 206 mil pesos que recibían los ministros en la administración anterior.

    Con el recorte, las percepciones de los togados quedaron por debajo de las de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo ingreso mensual asciende a 138 mil 878 pesos netos.

    La ministra Lenia Batres Guadarrama es la única que percibe menos, con 128 mil 992 pesos, pues desde su arribo a la Corte en 2024 devuelve parte de sus ingresos a la Tesorería para no superar el salario que entonces tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, renunció a prestaciones como la tarjeta de comida, el seguro de gastos médicos mayores y otros beneficios.

    Junto con Aguilar y Batres, cinco ministros más han hecho público su salario en los mismos términos: Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González. Se espera que en breve lo den a conocer también Irving Espinosa Betanzos y Arístides Rodrigo Guerrero García.

    El pasado 1 de septiembre, en su primer mensaje como presidente del Alto Tribunal, Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que, según sus cálculos, permitirá ahorrar 300 millones de pesos anuales. Asimismo, adelantó que impulsará la resolución de los juicios promovidos por funcionarios judiciales para que nadie gane más que la presidenta de la República, lo que representaría un ahorro adicional de 800 millones de pesos al año.

    El ministro presidente también informó que pedirá al Órgano de Administración Judicial (OAJ) revisar las remuneraciones de los ministros en retiro, al detectar percepciones de entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, muy por encima del salario presidencial, además de plantear la eliminación de apoyos y prestaciones considerados excesivos.

  • La JUFED y su lucha contra lo inevitable: suspender lo que ya está en la Constitución

    La JUFED y su lucha contra lo inevitable: suspender lo que ya está en la Constitución

    La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha hecho un llamado sorprendente. Piden suspender las elecciones judiciales en México, alegando que deben cumplir con las medidas provisionales de la ONU. No se puede detener lo que ya está consagrado en la Constitución.

    La JUFED argumenta que las elecciones judiciales, promovidas por la “reforma judicial”, amenazan la independencia de los jueces. Sin embargo, esta independencia no se protege desobedeciendo la ley. La Constitución establece un marco claro para la elección de magistrados y jueces. Ignorar eso es un juego peligroso.

    La petición de la JUFED parece más un intento de proteger intereses particulares que un verdadero compromiso con la justicia. Al pedir la suspensión de un proceso electoral, la JUFED se convierte en juez y parte, olvidando su rol como defensores del Estado de derecho.

    Es curioso que, tras recibir apoyo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la JUFED elija la vía de la suspensión. La ONU no pidió que se ignorara la Constitución. Más bien, sugirió medidas de protección para los jueces en un marco legal ya existente.

    Si realmente quieren defender a los jueces, deben hacerlo dentro del marco constitucional. La independencia judicial no se logra mediante el miedo o la manipulación. La verdadera justicia se construye respetando las normas y garantizando un proceso electoral transparente.

    La JUFED debería recordar que desafiar las elecciones judiciales no es un acto de valentía, sino un desprecio a la democracia. La Constitución es clara y la independencia de los jueces debe ser defendida con respeto a las leyes.

  • La obligación que nosotros tenemos es para con el Supremo Pueblo: Gutiérrez Priego

    La obligación que nosotros tenemos es para con el Supremo Pueblo: Gutiérrez Priego

    El candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego, compartió en su cuenta de X (antes Twitter), un video donde presenta y habla sobre su propuesta de campaña.

    Gutiérrez Priego, candidato a las elecciones judiciales del próximo primero de junio, expresó su apuesta por una “política de puertas abiertas” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Detalló que, en los fines de semana y como Ministros de la Suprema Corte, tienen la posibilidad de estar con las personas para escuchar las problemáticas legales que están viviendo.

    Agregó que, aunque podrán argumentar que esta acción no es parte de las funciones de los Ministros, esta “nueva” Suprema Corte de Justicia podría hacer que fuera parte de sus funciones principales.

    Esta acción significaría un apoyo muy importante para todos aquellos que tengan una duda real sobre algún proceso legal que tengan que atravesar, sobre un trámite administrativo del que no tengan un amplio conocimiento, y de esta forma, se ayudaría mucho a la población a solucionar esos problemas.

    César Gutiérrez asevera en su video que los problemas no están solamente en la Ciudad de México y que habrá que salir a los demás estados de la república como parte de sus obligaciones, para que las personas sepan que estarán para apoyarlos y asesorarlos.

    El candidato hizo un llamado al cambio para hacer que la justicia llegue a la gente e ir más allá del discurso:

    “Será el Supremo Pueblo quien vote por las candidatas a Ministras y candidatos a Ministros y la oblicación que nosotros tenemos es para con el Supremo Pueblo […] El día de hoy tenemos que demostrar que estamos con el pueblo y para el pueblo. Es por eso que yo no descansaré hasta que la justicia se convierta en ley”.

  • Claudia Sheinbaum anima al pueblo a participar en la histórica Elección Judicial

    Claudia Sheinbaum anima al pueblo a participar en la histórica Elección Judicial

    La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó un video explicativo sobre la elección del Poder Judicial programada para el 1 de junio. Esta será la primera vez que los ciudadanos elijan a los ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Sheinbaum destacó la importancia de esta elección para combatir la corrupción en el sistema judicial. “Queremos que la justicia sea igual para todos”, afirmó. En el pasado, el Senado, a propuesta del presidente, elegía a los ministros. Ahora, el poder recae en el pueblo.

    Los votantes recibirán seis boletas al acudir a las urnas. Estas boletas permitirán elegir a cinco mujeres y a cinco hombres para distintos cargos en el Poder Judicial. Los ciudadanos votarán por los candidatos de acuerdo a las comisiones que los eligieron.

    Sheinbaum explicó los diferentes cargos en la boleta. Entre ellos están el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral y los magistrados de circuito. En cada caso, los votantes podrán seleccionar a representantes hombres y mujeres.

    Para que los ciudadanos conozcan a los candidatos, la Presidenta recomendó visitar la página del Instituto Nacional Electoral. Allí, podrán consultar los nombres de quienes participarán en la elección.

    La titular del Ejecutivo concluyó su mensaje invitando a todos a participar en este proceso histórico. “Es una elección del pueblo”, enfatizó Sheinbaum. La participación ciudadana será clave para lograr un Poder Judicial que verdaderamente represente al pueblo de México.

  • Mauricio Tabe y la ley de transparencia: Un intento por aferrarse al poder

    Mauricio Tabe y la ley de transparencia: Un intento por aferrarse al poder

    Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), se opone a las modificaciones de la Ley General de Transparencia. Asegura que estas reformas “pisotean al municipalismo”, pero su verdadero temor parece ser la pérdida de control en su alcaldía.

    La ANAC presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los argumentos de Tabe han sido considerados vacíos, reflejando su interés por mantener privilegios personales y políticos. La ley busca fortalecer la transparencia, pero Tabe la presenta como una amenaza.

    El alcalde sostiene que las nuevas reglas entregan más poder a las autoridades federales. Sin embargo, su inquietud real podría ser que su administración quede expuesta por posibles irregularidades. Este temor se manifiesta en su rechazo a una ley que busca proteger los derechos de los ciudadanos a acceder a información pública.

    Tabe ha criticado el uso del discurso de austeridad, alegando que solo afecta a los gobiernos municipales. Sin embargo, su estilo de vida lujoso contradice su discurso. La ley de transparencia, según él, no garantiza el acceso a la información. En cambio, sugiere que permite al gobierno decidir qué información se comparte.

    Esta postura resulta cuestionable. Muchos ven su declaración como un intento de operar sin supervisión. Tabe quiere mantener el poder sin rendir cuentas, utilizando la transparencia como un chivo expiatorio.

    La ANAC argumenta que los municipios tienen facultades propias y no deben ser subordinados al gobierno federal. La ley impugnada impone sanciones desproporcionadas que no se alinean con la realidad de los municipios. Tabe y sus aliados buscan que la Corte respalde sus intereses, lo que podría perpetuar su ambición de poder.

    En resumen, el intento de Tabe de desacreditar la ley de transparencia revela su verdadero objetivo: proteger su administración y sus privilegios, en lugar de promover una mayor rendición de cuentas.