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  • Juez concede suspensión contra vinculación a proceso al ex coordinador de Sedesol

    Juez concede suspensión contra vinculación a proceso al ex coordinador de Sedesol

    El ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Simón Pedro de León Mojarro obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que un juez de control le dictó el pasado octubre por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos, conocido como “estafa maestra”.

    “Se concede la suspensión provisional, para el efecto que el procedimiento continué hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia”, señaló el acuerdo del juez que le otorgó la medida cautelar y quien agendó agendó la audiencia incidental para el próximo cuatro de diciembre, donde determinará si le concede la suspensión definitiva.

    El 24 de noviembre, Pedro de León Mojarro promovió un amparo. Hoy en día se encuentra en el Reclusorio Sur.

    De León Mojarro fue detenido en la colonia Lomas de Chapultepec y posteriormente trasladado al Reclusorio Sur donde compareció ante el juez Juan José Hernández Leyva, quien consideró que esta vez la Fiscalía General de la República (FGR) sí presentó elementos de prueba suficientes para decretar la vinculación a proceso y establecer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del ex funcionario por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.

    En 2019, un juez de control del Reclusorio Norte desestimó vincular a proceso a De León Mojarro por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.

    En este entonces, la FGR lo acusó de ocasionar un daño de 124 millones 100 mil pesos a Hacienda, al suscribir de manera indebida firmado entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos. Sin embargo, en 2020 se giró una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.

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    FGR cumplimenta segunda orden de aprehensión contra ex coordinador de Sedesol

    Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una segunda orden de aprehensión en contra del ex coordinador Simón Pedro de León Mojarro de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles.

    El exfuncionario está acusado de cometer el delito de ejercicio indebido del servicio público, y durante la audiencia inicial solicitó la duplicidad del término para que el próximo domingo se determine su situación jurídica.

    Por su parte, el Ministerio Público Federal lo imputó por firmar un contrato con una Universidad Autónoma de Zacatecas por un monto superior a 55 millones de pesos.

    Presuntamente, el excoordinador de Sedesol ganó un amparo contra el cumplimiento de una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita tras firmar un contrato con la Universidad Autónoma de Morelos por un monto superior a 22 millones de pesos.

    Actualmente se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Sur por otra causa penal. La semana pasada un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.

    Un juez de control del Reclusorio Norte desestimó vincular a proceso a León Mojarro en 2019 por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.

    Por ello, en ese entonces la FGR lo acusó de ocasionar quebranto de 124 millones 100 mil pesos a la hacienda pública, al suscribir de manera indebida firmado entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos. Sin embargo, en noviembre de 2020 se giró una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.

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