Por Nathael Pérez
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas sin bajar salarios ni prestaciones, en Argentina la administración de Javier Milei promovió cambios que facilitan despidos, amplían jornadas y debilitan el poder sindical. El contraste refleja dos modelos opuestos: uno centrado en el trabajador y otro en la flexibilización empresarial.
En México, la propuesta plantea una reducción gradual de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030, con 2026 como periodo de transición. El ajuste será progresivo —46, 44, 42 y finalmente 40 horas— y sin afectar ingresos. Además, se regulan las horas extra con un tope de 12 horas diarias combinadas, se prohíben horas extraordinarias a menores, se establecen registros electrónicos obligatorios y se eleva el cambio a rango constitucional mediante reforma al Artículo 123 y ajustes a la Ley Federal del Trabajo. La lógica es clara: mejor calidad de vida con protección jurídica plena.
El panorama argentino es distinto. Entre los puntos más cuestionados están la precarización de derechos laborales, la ampliación del periodo de prueba, un esquema que puede reducir indemnizaciones por despido y la creación de fondos alternativos de cese laboral. También se contempla el “banco de horas”, que puede extender jornadas hasta 12 horas sin el pago tradicional de extras, así como mayores restricciones al derecho de huelga y más peso a acuerdos individuales sobre los colectivos. A ello se suman críticas por posibles impactos en el sistema previsional y la opción de pagos en moneda extranjera o en especie.
Así, mientras México avanza hacia estándares internacionales con una reforma que reduce horas y mantiene derechos, Argentina enfrenta señalamientos por ir en sentido contrario, priorizando la desregulación. Dos visiones laborales en el continente: una que apuesta por fortalecer al trabajador y otra que, para sectores sindicales y sociales, representa un retroceso en conquistas históricas.
