La advertencia de una posible crisis constitucional y de gobernabilidad en agosto de 2024 ha generado preocupación en el Senado de la República de México. Esta situación surge debido a la superposición de las Legislaturas 65 y 66, resultado de una reforma constitucional en 2014, y ha llevado a los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado a reconocer la urgencia de evitar un doble Congreso. Este escenario no sólo tendría implicaciones políticas, sino que también plantea desafíos presupuestales significativos.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, resalta la necesidad de abordar rápidamente el tema administrativo, ya que mantener a mil diputados y 256 senadores durante un mes adicional generaría gastos millonarios no contemplados en el presupuesto, presionando las finanzas del país.
El análisis realizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado advierte que, de no realizarse cambios legales o lograr un acuerdo político, los actuales 128 senadores y 500 diputados continuarían en funciones hasta el 31 de agosto de 2024, mientras que otros 628 legisladores recién electos asumirían el cargo desde el 1 de agosto. Esta superposición de dos Congresos sería una situación sin precedentes y pondría en riesgo el adecuado funcionamiento del Poder Legislativo y, por ende, la estabilidad política del país.
Para evitar esta crisis, el análisis propone diversas modificaciones constitucionales que abarcan reformas a los artículos 83 y 65 de la Constitución. La primera opción es reformar el artículo decimoquinto transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral de febrero de 2014, lo que solucionaría la transición sin modificar las leyes secundarias, pero requeriría adecuaciones para las elecciones intermedias.
La segunda opción es modificar la Ley Orgánica del Congreso General, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, ajustando las fechas de sesión constitutiva, credencialización y otras acciones administrativas y judiciales. Con esta reforma, los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas concluirían su ejercicio el 31 de julio de 2024, mientras que los de las LXVI y LXVII Legislaturas iniciarían su periodo el 1 de agosto del mismo año.
Una tercera opción, planteada como un acuerdo de Mesas Directivas de ambas cámaras, proporcionaría una solución inmediata y excepcional sin necesidad de reformas a la Constitución o leyes secundarias.
Sin embargo, no hay consensos entre los grupos parlamentarios. Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, destaca la falta de acuerdo y la necesidad de consenso para una eventual reforma constitucional.
Por su parte, el morenista Eduardo Ramírez, presidente de la Jucopo del Senado, señala que se están analizando alternativas con los grupos parlamentarios para encontrar una solución legal viable y que se resolverá en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Desde el bloque de contención (PAN, PRD y MC), los coordinadores resaltan la importancia de aprobar una reforma con un transitorio que permita evitar la crisis. Aseguran que no se trata de un asunto complejo, pero sí requiere un análisis cuidadoso y la cooperación de la autoridad electoral para calificar la elección a tiempo.
La viabilidad de esta reforma se enfrenta a varios obstáculos. Por un lado, algunos plantean que modificar el marco electoral en este momento, previo a los comicios de 2024, podría entrar en conflicto con los plazos establecidos para realizar reformas electorales. Es por ello que el proceso de consenso y diseño de la reforma se vuelve fundamental para evitar una crisis mayor.
El doble Congreso en agosto de 2024 representa un desafío no sólo en términos políticos y jurídicos, sino también económicos. Atender y abordar este desafío tempranamente evitará una crisis de gobernabilidad y asegurará la estabilidad institucional en México. Es fundamental que los legisladores trabajen juntos para encontrar una solución que garantice el adecuado funcionamiento del Poder Legislativo y respete los derechos adquiridos de los legisladores actuales, evitando así un desenlace perjudicial para la democracia y la gobernanza del país. La responsabilidad de proteger el orden constitucional y la estabilidad política está en manos de los líderes parlamentarios que nos representan.
- La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
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