El FBI allano la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. Este registro ocurre en el marco de una investigación de seguridad nacional.
El New York Post reportó que la operación está relacionada con el uso de documentos clasificados en su libro. La orden fue emitida por el director del FBI, Kash Patel.
Bolton ha sido crítico de las políticas de Donald Trump. La investigación se había cerrado bajo la administración de Biden, pero ahora se reabre.
Trump había intentado bloquear la publicación del libro de Bolton, acusándolo de violar la ley de confidencialidad. A pesar de sus esfuerzos, no tuvo éxito.
Esta situación refleja las tensiones entre Bolton y Trump, quienes han intercambiado críticas en el pasado. La indagación sigue en curso y podría tener más repercusiones en el futuro.
Tras el rechazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum al “Proyecto Portero” anunciado por la DEA, la embajada de Estados Unidos en México eliminó sus publicaciones sobre el operativo, que supuestamente implicaría cooperación bilateral contra el narcotráfico.
En días anteriores, la DEA había promovido el proyecto como una acción conjunta entre México y Estados Unidos, pese a que Sheinbaum reiteró que no existe ningún acuerdo oficial. Aun así, la embajada compartió en redes la noticia publicada por Reforma, señalando que “problemas compartidos, soluciones compartidas”, aunque terminó borrando la publicación poco después.
El proyecto Portero, según la DEA, busca desmantelar a jefes de plaza del narcotráfico en coordinación con México. Sin embargo, la insistencia estadounidense ha sido cuestionada, y desde entonces la embajada no ha emitido más comunicados sobre el operativo.
Incluso el exdirector de la DEA, Mike Vigil, respaldó la postura de Sheinbaum y calificó el proyecto como una estrategia política sin impacto real, creada por la administración de Donald Trump para culpar a México mientras se mantiene la operación unilateral en la frontera. Vigil aseguró que el operativo sólo afecta a integrantes de bajo rango, quienes pueden ser reemplazados al instante, y que no aborda problemas como la demanda de drogas o el tráfico de armas.
El Cártel de Sinaloa es la organización criminal más afectada por las transferencias de narcotraficantes de México a Estados Unidos, que han tenido lugar entre febrero y agosto de 2025, a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y como medida de seguridad nacional en México.
Una investigación de Milenio revela que, en total, 17 miembros de distintas facciones del cártel fueron entregados a Washington. Entre ellos destacan los de Los Chapitos y La Mayiza, incluyendo a José Ángel Canobbio Inzunza “El Güerito”, operador cercano a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, y que comparte abogado con sus jefes y el propio Chapo Guzmán: Jeffrey Lichtman.
Otras organizaciones también se vieron afectadas. Los Zetas, ahora el Cártel del Noreste, con 10 de sus miembros trasladados, incluyendo a sus líderes Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z-40 y El Z-42. El CJNG entregó a 6 integrantes, entre ellos Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de El Mencho, y a Carlos Algredo Vázquez, químico de precursores de opioides sintéticos.
Del total de transferidos, 7 pertenecen a Los Chapitos, 6 a Los Mayos y 4 directamente al Cártel de Sinaloa. Este movimiento abre oportunidades a informantes y testigos colaboradores para casos contra casi todas las organizaciones criminales que operan en México.
Las estadísticas indican que la mayoría de los narcos mexicanos en EE. UU. optan por declararse culpables y cooperar en investigaciones, con ciertas excepciones como El Chapo, Genaro García Luna y Rubén Oseguera González “El Menchito”, quienes fueron juzgados sin colaborar con las autoridades estadounidenses.
El Gobierno de Estados Unidos realizó los estudios para crear una Fuerza de Reacción Rápida de la Guardia Nacional con el fin de intervenir en ciudades donde se registren protestas o altercados públicos, según documentos internos del Pentágono a los que tuvo acceso The Washington Post.
El plan contempla 600 efectivos en alerta permanente, divididos en dos grupos de 300 con armas y equipo antidisturbios, estacionados en Alabama y Arizona, con jurisdicción al este y oeste del río Misisipi. Los primeros 100 soldados podrían desplegarse en una hora, mientras que las oleadas restantes estarían listas entre 2 y 12 horas, o de inmediato bajo alerta máxima. El servicio tendría una duración de 90 días para evitar el agotamiento del personal.
Los documentos indican que, de aprobarse, el programa podría costar cientos de millones de dólares, especialmente si se requiere disponibilidad de aeronaves y tripulaciones militares las 24 horas. La iniciativa permitiría al presidente Donald Trump movilizar tropas bajo el Título 32 del Código estadounidense en cualquier estado que experimente disturbios, aunque reconocen posibles fricciones políticas si los gobernadores se negasen a colaborar.
El plan podría implementarse y financiarse con el presupuesto del Pentágono a partir del año fiscal 2027, según las proyecciones internas.
El presidente Donald Trump declaró situación de emergencia y el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional para “liberar” a Washington D.C. del crimen. Por el contrario, las estadísticas oficiales y testimonios locales desmienten sus afirmaciones: muestran el nivel más bajo de criminalidad en 30 años.
Según datos del Departamento de Policía Metropolitana, citados por El País, los delitos violentos en la capital estadounidense bajaron un 35% en 2024, con disminuciones significativas en homicidios (-32%), robos (-39%) y asaltos a mano armada (-27%). Algunos residentes aseguran que la ciudad es segura y califican la medida de Trump como una imposición política sin respaldo real.
La controversia ha surgido tras el ataque a un funcionario del gobierno y la postura de la fiscal Jeanine Pirro, aliada de Trump, quien busca juzgar a adolescentes violentos como adultos. Sin embargo, muchos vecinos aseguran que el despliegue militar genera más preocupación que seguridad.
Washington D.C., con mayoría de electores demócratas, ha sido blanco de constantes críticas del presidente, que ha cuestionado la gestión de la alcaldesa Muriel Bowser, quien prometió acatar la ley, pero reiteró la necesidad de proteger la autonomía del distrito ante acciones “inquietantes y sin precedentes”.
Un aumento en la militarización de la capital también se puede observar en otras ciudades, como Los Ángeles, donde un despliegue similar generó polémica y enfrentamientos legales. Mientras tanto, expertos alertan que estas medidas basadas en “datos fantasiosos” pueden recordar a episodios autoritarios y ponen en riesgo la convivencia ciudadana.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente, Dmitri Medvédev, acusó al gobierno de Ucrania de reclutar sicarios de cárteles de México y Colombia para combatir en el frente, en medio de lo que calificó como el “agonizante régimen de Kiev”, de acuerdo con información de Reuters.
Medvédev afirmó que entre los grupos involucrados figuran el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, cuyos nombres —dijo— son reconocidos mundialmente por su presencia en reportajes y series sobre narcotráfico. Según el funcionario, la empresa de seguridad privada Segurcol, con sede en Medellín, Colombia, estaría a cargo del reclutamiento.
El político ruso aseguró que estos combatientes “son soldados de poca calidad” y que las fuerzas rusas los eliminan rápidamente. Además, advirtió que en Ucrania “se les enseña incluso a operar drones”, lo que podría facilitar actividades criminales como el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Por su parte, el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexánder Bastrykin, informó que las tropas ucranianas cuentan con mercenarios de al menos nueve países, entre ellos Georgia, Dinamarca, Colombia, Suecia, Noruega, Paraguay, Perú, Reino Unido y Brasil, algunos implicados en operaciones como la incursión en la provincia rusa de Kursk.
El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, alertó sobre la “brutal dependencia” de México del gas proveniente de Estados Unidos para la generación de energía eléctrica, situación que representa un riesgo grave para la seguridad nacional.
Durante el foro energético en el Senado, Rodríguez Padilla explicó que México importa más de 7 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, lo que equivale a hasta un 96% de la demanda en ciertos meses. “Si Estados Unidos cierra la llave, nos dejarían a oscuras”, advirtió.
El funcionario recordó que en 2021 se enfrentó una situación similar cuando se cortó el suministro. Por ello, destacó la urgencia de reducir la dependencia energética y apostar por la explotación de yacimientos nacionales, que aunque tienen un potencial estimado en más de 110 mil millones de barriles equivalentes de petróleo, enfrentan retos por su naturaleza no convencional.
En ese sentido, Rodríguez Padilla descartó el uso de fracking o fracturación hidráulica, asegurando que Pemex apuesta por tecnologías avanzadas para optimizar la extracción sin dañar el medio ambiente.
“Estamos evaluando cuánto podríamos producir y recuperar con las tecnologías disponibles”, aseguró, reafirmando la prioridad de impulsar la autosuficiencia energética y reducir la vulnerabilidad de México frente a posibles cortes de suministro externo.
Tom Homan, conocido como el “zar fronterizo”, reafirmó que la administración Trump está decidida a eliminar por completo a los cárteles mexicanos, atribuyendo el debilitamiento de estas organizaciones al refuerzo histórico en la seguridad de la frontera sur. Durante una conferencia en la Casa Blanca, Homan destacó que la coordinación entre la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración (ICE) ha aumentado la eficacia en la contención del cruce ilegal de personas, drogas y armas.
El funcionario resaltó que las incautaciones de fentanilo bajaron más del 50%, gracias a la mayor presencia operativa de agentes “en la línea”, lejos de tareas administrativas, y criticó la gestión previa por permitir que los cárteles alcanzaran ingresos récord. Homan defendió las órdenes ejecutivas de Trump, que a su juicio, han convertido la frontera en “la más segura en la historia de Estados Unidos” y afirmó que el país está cerca de lograr un “control operativo total” en la frontera sur.
Subrayó además que la seguridad fronteriza requiere una aplicación estricta de la ley migratoria en el interior del país, porque “no hay seguridad nacional sin seguridad fronteriza, ni seguridad fronteriza sin aplicación interna”. Respecto a México, evitó comentar sobre aranceles, pero señaló que el reforzamiento fronterizo beneficia a ambos países al debilitar a los cárteles.
Homan detalló que la mayoría de solicitudes de asilo son rechazadas y reciben órdenes de deportación, las cuales, dijo, deben cumplirse para preservar la integridad del sistema judicial migratorio. En las últimas 24 horas, el 70% de los detenidos por ICE tenían antecedentes criminales, y el 30% restante incluía casos con órdenes de deportación o vinculados a pandillas y amenazas a la seguridad.
Finalmente, criticó las políticas de “ciudades santuario” por dificultar las detenciones de inmigrantes con antecedentes en cárceles, obligando a ICE a arrestar en comunidades, lo que incrementa la dificultad para el control migratorio.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está en la mira de Estados Unidos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. La DEA elevó la recompensa a 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Esta acción se da días después de que la Casa Blanca calificara al Cártel de los Soles como “organización terrorista extranjera” por supuestamente apoyar al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa.
Los Departamentos de Estado y Tesoro acusan a Maduro de liderar esta organización criminal que trafica drogas hacia Estados Unidos, junto con altos funcionarios como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.
.@USTreasury OFAC sanctions Cartel de los Soles as a Specially Designated Global Terrorist. Send info leading to the arrest &/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, & Vladimir Padrino López to CartelSolesTips@dea.govhttps://t.co/brb8cU3ZqOpic.twitter.com/xJZaMW0nzh
Scott Bessent, secretario del Tesoro, señaló que el régimen de Maduro facilita el narcoterrorismo mediante la corrupción de instituciones clave, incluyendo el Ejército, inteligencia, legislatura y Poder Judicial.
“El Cártel de los Soles utiliza el narcotráfico como arma contra Estados Unidos y apoya a grupos criminales como Tren de Aragua y Cártel de Sinaloa”, afirmó el gobierno estadounidense.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el inicio de vuelos de deportación desde el centro de detención conocido como el “Alcatraz de los Caimanes”. Estos vuelos, operados por el Departamento de Seguridad Nacional, han trasladado a más de 100 migrantes desde este remoto centro en los Everglades.
DeSantis espera que el número de deportaciones aumente en los próximos días. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del estado para apoyar la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración irregular.
Los críticos condenan la instalación por considerarla cruel e inhumana. A pesar de las críticas, DeSantis y otros funcionarios republicanos defienden la medida como necesaria para controlar la inmigración.
La situación en el “Alcatraz de los Caimanes” sigue generando controversia y debate sobre los derechos de los migrantes y las políticas de deportación en Estados Unidos.
