La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció una sanción a la empresa Ansof Comercializadores, S.A. de C.V. La firma participó en una licitación pública organizada por Birmex para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
La sanción se debe a la falsificación de documentos durante la Licitación Pública Nacional para la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024”. Ansof presentó informes falsos de laboratorios acreditados para cumplir con los requisitos técnicos de la convocatoria.
Como resultado, la empresa enfrentará una multa económica y una inhabilitación. Esto le impide participar en contratos con la Administración Pública Federal, ya sea directamente o a través de terceros.
La notificación de la sanción se emitió hace dos semanas. La publicación oficial ocurrió el 13 de mayo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Ansof Comercializadores ahora figura en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
La Secretaría reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia en los procesos de contratación pública. Estas acciones buscan combatir la corrupción y asegurar la calidad de los insumos médicos. La salud de los mexicanos es una prioridad.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha tomado oficialmente las riendas de las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este cambio se formalizó con la firma de actas de entrega por parte de las ex comisionadas y el ex comisionado presidente del INAI.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría, aseguró que la transición se realizó de manera ordenada y legal. Reconoció el profesionalismo del equipo del INAI, destacando su dedicación durante este proceso de cambio.
La nueva Secretaría se compromete a fortalecer la transparencia y la protección de datos personales. Buenrostro enfatizó que estos valores no desaparecerán; por el contrario, se volverán más accesibles y justos para todos.
Desde finales de marzo, un Comité de Transferencia ha trabajado en la transmisión de funciones del INAI. Las leyes secundarias aprobadas en marzo llevaron a la extinción del instituto, con la transferencia de sus recursos financieros a la Secretaría de Hacienda programada para el 3 de abril.
Este cambio marca un nuevo capítulo en la gestión de la transparencia en México, donde se espera un modelo más eficiente y cercano a la ciudadanía.
El día de hoy, lunes 27 de enero del 2025, Raquel Buenrostro, titular de la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sostuvo una reunión con el Pleno del oficialmente extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), encabezado por Adrián Alcalá Méndez, su comisionado presidente.
Ambas instituciones coincidieron en la importancia de la coordinación para garantizar que la transferencia de funciones sea ordenada, eficiente y en estricto apego a la ley.
Durante el encuentro, Buenrostro propuso la elaboración de un plan integral de transferencia de funciones que contemple tanto responsables como plazos específicos, y en el que se prioricen los asuntos sustantivos relacionados con los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como aspectos administrativos, jurídicos y tecnológicos.
En entrevista con Joaquín López Dóriga, la comisionada del extinto INAI, Norma Julieta del Río, detalló que la base de datos a transferir contempla 15 mil 400 millones de registros.
La secretaria Buenrostro nos dice: la Plataforma Nacional de Transparencia va a continuar y las obligaciones de transparencia que marca hoy la ley y las leyes secundarias, van a seguir, incluso, dijo, estamos viendo si más”, contó la consejera del Río.
59 millones de pesos al mes cuesta la nómina del INAI, detalló la consejera Norma Julieta del Río, quien además dijo que confiaba en que la transferencia entre instituciones avanzará de la mejor manera. Se instalarán cuatro mesas de trabajo que derivarán finalmente en que al final del mes de marzo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobiernoasuma las que eran las funciones del INAI y las transforme, siempre anteponiendo el interés del Pueblo de México.
Fue el primer encuentro y yo espero que se sigan dando estas mesas, la vi muy formal a la secretaria Buenrostro.. una mujer de carácter, dura, de servicio, una mesa agradable”, abundó la consejera del INAI.
La secretaria Buenrostro destacó la relevancia de proteger la integridad de los sistemas tecnológicos durante este proceso. En particular, subrayó la necesidad de implementar validadores criptográficos que permitan verificar y garantizar la transferencia segura e íntegra de la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta fundamental para el acceso a la información y la rendición de cuentas en el país.
El Gobierno de México reafirma su compromiso con la transparencia, la protección de datos personales y la construcción de un Buen Gobierno que promueva la transparencia proactiva y la rendición de cuentas”, dice un comunicado difundido por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de la 4T.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es liderada por Raquel Buenrostro, y su misión es la de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, dando un mayor enfoque a los procesos y controles que aseguran la eficacia, eficiencia, economía y transparencia de la Administración Pública Federal, fundamentales para garantizar la confianza ciudadana y promover un gobierno más ético y responsable que dignifique el servicio público.
Con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento Interior de esta Secretaría el pasado martes 31 de diciembre, la secretaria Buenrostro anunció el equipo de personas servidoras públicas que la acompañarán en las tareas de esta dependencia en la presente administración.
Titulares:
Alejandro Encinas Nájera, designado por la Presidenta como subsecretario de Buen Gobierno. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con un máster en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); también, asumió el cargo de subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Con 15 años de experiencia en el servicio público, ha demostrado su compromiso y buen desempeño en la mejora gubernamental.
La Subsecretaría de Buen Gobierno se enfocará en reivindicar y profesionalizar la carrera en el servicio público mediante programas de capacitación, mayores controles de confianza y reconocimiento a la integridad. Uno de sus principales objetivos será acompañar a las dependencias del Gobierno de México, en especial a los programas prioritarios, para garantizar la mejora continua, el uso eficiente de los recursos y prevenir irregularidades. Asimismo, trabajará con el sector privado y la sociedad civil para fomentar una cultura de integridad desde un enfoque de responsabilidad compartida.
Guadalupe Araceli García Martínez, designada por la Presidenta como subsecretaria Anticorrupción. Es licenciada en Derecho, maestra en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria y doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales. Cuenta con una trayectoria de más de 32 años en el servicio público, entre los cargos que destacan: directora general de Legislación y Consulta Fiscal y Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), directora general de Asuntos Jurídicos de la SHCP, directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), administradora general Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía.
En materia de anticorrupción destaca su desempeño como titular de la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores y Subtesorera de Vigilancia de Recursos y Valores en la Tesorería de la Federación (Tesofe) y presidenta de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE. Además, como catedrática, en 2021, impartió la asignatura “Procedimiento de Responsabilidades Administrativas” en la maestría en Justicia Administrativa en la Universidad Autónoma del Noreste.
La Subsecretaría Anticorrupción coordinará la planeación, ejecución y evaluación de los actos de fiscalización que practique la Secretaría, así como representarla en dicha materia y acciones promovidas derivadas de la misma, con el Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación y los entes fiscalizadores de las entidades federativas, así como enfocar la función de los Órganos Internos de Control en áreas de mayor impacto.
Carlos Patterson Olivas, designado por la Presidenta como titular del Órgano Interno de Control. Es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Innovación, cuenta con diplomados en transparencia, planeación estratégica, rediseño de procesos y derecho tributario. Con una carrera de 23 años como servidor público en la Administración Pública Federal, ocupando diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública, con experiencia en supervisión de áreas de auditoría, control y evaluación de Órganos Internos de Control, participó en publicaciones de mejores prácticas de control interno y administración de riesgos. Fue subgerente, gerente y delegado de Auditoría en la industria petrolera; coordinador de Control y Evaluación en el sector hacienda; asimismo estuvo al frente de una entidad paraestatal del sector economía.
Omar Sánchez Villegas, titular de la Unidad de Combate a la Impunidad. Es doctor en Derecho, con más de 20 años de experiencia en el sector público, ha ocupado cargos directivos en materia contenciosa, consultiva, fiscal, administración de recursos, responsabilidad administrativa, seguridad, comercio exterior y aduanas.
Othón Francisco Valverde Yáñez, titular de la Unidad Técnica de Apoyo. Es ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Durango, con estudios de Maestría en Economía en El Colegio de México y maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Fue subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de México y durante más de 20 años se desempeñó en diversos cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex) en áreas de planeación y evaluación de las empresas de transformación industrial.
Laura Leticia Juárez Jiménez, designada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derecho Fiscal por la Queen Mary University of London. Ha desempeñado cargos de alto nivel en la Administración Pública Federal con funciones de asesoría jurídica, entre ellos, directora general de Legislación y Consulta en la Secretaría de Economía, administradora central de Normatividad en Impuestos Internos en el Servicio de Administración Tributaria y directora general de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Marco Antonio Hernández Martínez, designado por la subsecretaria de Egresos de la SHCP como titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Con 24 años de experiencia en el sector público ha ocupado diversos cargos en la SHCP, en la entonces Procuraduría General de la República, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en la Secretaría de Gobernación, atendiendo diversos temas relacionados con la administración de recursos presupuestarios, humanos, materiales y tecnológicos.
En la Subsecretaría de Buen Gobierno:
Marco Antonio Flores García, titular de la Unidad de Políticas para el Servicio Público. Es doctor en Administración Pública. Con más de 30 años de experiencia en la APF, ha demostrado gran capacidad para diseñar y poner en práctica políticas que aseguran la eficacia y la eficiencia, así como la mejora continua en el manejo de la programación y presupuestación de los recursos públicos, en especial de los recursos humanos.
Rosa María Gutiérrez Rodríguez, coordinadora general de Buen Gobierno. Es licenciada en Derecho por la UNAM, con máster en Hacienda Pública y especialidad en Administración Financiera por el Instituto de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de Madrid, España. Cuenta con más de 35 años en la Administración Pública Federal. Ha desempeñado cargos en la Secretaría de Economía, en el Servicio de Administración Tributaria, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
María Guadalupe Arciniega García, titular de la Unidad de Contrataciones Públicas. Es egresada de la Universidad La Salle, con estudios de Maestría en Derecho por la UNAM. Abogada especialista en derecho administrativo, contrataciones públicas, seguridad social y fideicomisos públicos, cuenta con experiencia de más de 25 años en la Administración Pública Federal, donde ha ocupado diversos cargos en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Se desempeñó como titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en la SHCP, de diciembre de 2018 a febrero de 2022.
Irais Barreto Canales, titular de la Unidad de Participación Social y Responsabilidad Compartida. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. De 2018 a 2024, ocupó diversos cargos entre los que destacan: jefa de la Unidad de Inteligencia Económica Global en la Secretaría de Economía, administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas y administradora central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento en el SAT, directora general de Planeación en la Oficialía Mayor de la SHCP y directora general de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Alejandro García Ravizé Guízar, titular de la Unidad de Innovación de la Gestión Pública. Ingeniero en Mecatrónica con especialidad en Gestión de Proyectos, con experiencia en las áreas de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Economía y del SAT. Ha liderado iniciativas para modernizar y simplificar procesos en el sector público con una visión sistémica.
En la Subsecretaría Anticorrupción:
Perla Amorene Anaya Díaz, coordinadora general de Órganos Internos de Control. Es licenciada en Contaduría por la UNAM y maestra en Anticorrupción por la Universidad Panamericana, con trayectoria de más 29 años en la APF y en el sector privado en áreas de fiscalización y combate a la corrupción, en Órganos Internos de Control de Banobras, SAT, Secretaría de Economía, Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica y en la firma Deloitte.
Leticia Toxtli Miranda, titular de la Unidad de Vigilancia 1. Es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública Federal, en áreas de fiscalización en órganos internos de control en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Bienestar. Fue comisaria pública Suplente del Sector Educación y Cultura, y titular del Órgano Especializado en Fiscalización en la Secretaría de la Función Pública.
Alejandro Galicia Avilés, titular de la Unidad de Vigilancia 2. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con una trayectoria de más de 37 años en el sector público, principalmente en áreas de combate a la corrupción en los Órganos Internos de Control en Pemex, Conagua, Banobras, y en las secretarías de Economía y de la Función Pública.
Pilar Hernández Trinidad, titular de la Unidad de Vigilancia 3. Es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante en Políticas Públicas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el servicio público, en las materias de fiscalización, auditorías de desempeño, control interno y evaluación. Ocupó diversos cargos en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de la Función Pública se desempeñó como directora general de Control Gubernamental y titular del Órgano Especializado en Control Interno.
Esta tarde en la Cámara de Senadores de la República, se aprobó el primer bloque de modificaciones del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Es así que se establece oficialmente la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; y la Secretaría de las Mujeres; también la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Fueron 119 votos a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones, los que logró la iniciativa transformadora, un proyecto impulsado por la demanda de austeridad y combate a la corrupción, emanada de entre el Pueblo de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum, ya había designado como titular de la Secretaría de las Mujeres, a la ex senadora por Morena, Citlalli Hernández, quien ya ha iniciado con los trabajos en contra de la violencia de género y a favor del bienestar de todas las mexicanas.
También se había anunciado la eliminación del INAI, no así del acceso a la información y la garantía de transparencia. La jefa del Ejecutivo ha explicado en múltiples ocasiones que estas funciones ahora serán desempeñadas dentro del marco operativo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que también absorberá las responsabilidades de la extinta secretaría de la Función Pública.
Otras adecuaciones relevantes son las que tuvieron que ver con el fortalecimiento de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores, y la de Seguridad y Protección Ciudadana, esta última tendrá ahora mayor campo de acción en materia de investigación de delitos.
En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, se le faculta para llevar a cabo acciones en defensa del derecho a un espacio sano, conducir la política nacional en materia de residuos sólidos y lo referente a la economía circular.
La finalidad de todo este proceso es que las secretarías de nueva creación inicien funciones el 1 de enero del 2025. Por ello se deberán transferir los recursos financieros, materiales y humanos, que así se requieran, antes del 31 de diciembre del año en curso.
Hoy se avanza en esta gran reforma que traerá cambios importantes y significativos para el pueblo de México cuyo objetivo es asegurar la correcta organización de la administración pública federal para adecuarla a las necesidades de los ciudadanos procurando un ejercicio eficaz y eficiente en la función pública”, declaró la senadora por Morena, Araceli Saucedo Reyes.
Aunque se presentaron discrepancias entre los grupos parlamentarios de la “supermayoría” de la 4T y la oposición (PRI y PAN), la mayoría de las voces celebraron la creación de la nueva Secretaría de las Mujeres, una dependencia que responderá a las demandas urgentes de mayor seguridad y bienestar para las mexicanas de todas las edades.
🔴 Segunda parte de la sesión de la Cámara de Senadores, del 26 de noviembre de 2024. https://t.co/DhZVp9EpE1
