El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó en el Senado un proyecto de iniciativa para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio.
En el país son asesinadas en promedio 10 mujeres al día, ya sea por feminicidios u homicidios dolosos, según datos de la Secretaría de Gobernación.
“Es necesario tomar acciones que nos permitan cortar de tajo el fenómeno del feminicidio rompiendo la cadena de la impunidad y que las familias no tengan que lamentar otra víctima más; es indispensable que la acción legislativa sea la base de una acción estatal que impida que la cifra de las mujeres víctimas de este flagelo siga creciendo. Ni una menos, ni una más”, indica la propuesta de iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.
La iniciativa de Zaldívar plantea que ninguna persona procesada o sentenciada por feminicidio podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con similares efectos.
También establece que para la individualización de la pena del feminicidio deberá considerarse, además de lo contemplado en la legislación penal correspondiente, los siguientes factores:
- crueldad de la conducta externada en el cuerpo de la víctima
- medios comisivos
- en caso de tentativa, las secuelas en la víctima y la condición de salud de la víctima
- edad de la víctima
- circunstancias y el contexto del feminicidio
La propuesta define qué es feminicidio, pues ese es uno de los problemas, su falta de definición uniformemente ya que cada estado del país lo conceptualiza de distinta manera, lo que impide normalizar protocolos de investigación, advirtió el ministro presidente de la SCJN.
En la propuesta establece que comete el delito de feminicidio la persona o personas que priven de la vida a una mujer en caso de que se cumpla cualquiera de las siguientes circunstancias:
- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
- El sujeto activo tenga o haya tenido con la mujer una relación sentimental, afectiva o de confianza o haya intentado establecer o restablecer una relación interpersonal con ella.
- El hecho ocurra dentro de las relaciones de familia.
- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia del sujeto activo en contra de la víctima, aunque no hubieran sido denunciados.
- Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o lesiones en contra de la víctima.
- La víctima haya sido desaparecida, incomunicada o privada de la libertad por el sujeto activo previo a la privación de la vida.
- El cuerpo de la víctima sea expuesta en un lugar público.
- Cuando el agresor alegue razones de honor, reputación familiar creencias religiosos o cualquier razón de conciencia para justificar la privación de la vida.
- La privación de la vida sea con motivo del embarazo de la víctima.
- Que la privación de la vida sea con motivo de que la mujer se dedique al trabajo sexual o sea víctima de trata o explotación sexual.
Además, señala que será sancionados con la pena prevista para el feminicidio a quien o quienes impidan que se practique un aborto en caso de riesgo de vida la mujer o tratándose del personal administrativo, médico o de enfermería cuando en ejercicio de la objeción de conciencia impongan una carga desproporcional para las pacientes y ello cause su muerte.
La propuesta menciona que el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia en este delito, se le sancionará con 3 a 8 años en prisión y 500 a 1 mil 500 días de multa, y será destituido e inhabilitado de 3 a 10 para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.
Asimismo, señala que la pena de prisión por el delito de feminicidio se aumentará hasta en una mitad más cuando el agresor sea servidor público o tenga apoyo de agentes del Estado; que se cometa contra una mujer que por cualquier razón se encuentre privada de la libertad; se cometa contra una niña o contra una adulta mayor; que la mujer se encuentre en situación de vulnerabilidad, o que la mujer privada de la vida presente signos de violencia como ahorcamiento.
Al hablar sobre este delito, Zaldívar afirmó que no debe haber intereses partidistas ni personales en la legislación, sino solo el interés de avanzar para revertir “este mal”.
“No se puede seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas y las autoridades no podemos seguir mirando a otro lado. Tenemos un compromiso con la gente, sobre todo con las mujeres y niñas de México. Ojalá todos estemos a la altura de este momento histórico y podamos sumar esfuerzos”, dijo el ministro.
Aunque no es competencia de los ministros presentar iniciativas de ley, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, señaló que ésta se sumará a las iniciativas que hay sobre el tema de las legisladoras Kenia López, Claudia Anaya y Martha Lucía Micher.
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