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Tan solo esta semana pasada se daba a conocer que, en 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había pagado más de un millón de pesos por un curso con una insólita duración de un día.

Ante esto, la cuenta de twitter de la SCJN indicaba que esos datos no correspondían a la actual administración e indicaba que desde 2019 hay un «nuevo Poder Judicial Federal (PJF)»; y, desde ese entonces, «hace más, con menos».

Sin embargo, se le olvidó mencionar qué acciones tomaría para atender dicho caso o si por lo menos se tomarían las molestias para investigar qué ocurrió en este asunto y aclarar la situación, si es que realmente el «nuevo PJF» está comprometido de tal forma que le interese combatir la corrupción.

Esto llama más la atención, porque técnicamente la SCJN, con esa respuesta, está aceptando un acto de corrupción, y que no hará nada al respecto. Además, para colmo, aun así, aseguran que son un «nuevo PJF». Eso equivale a morderse la lengua, pues no explica ni justifica cómo está combatiendo la corrupción en sus filas ante este tipo de evidencias. 

No hay que olvidar que, en 2017, Luis María Aguilar era el presidente de la SCJN en ese entonces y actualmente sigue siendo ministro del máximo tribunal del país. Asimismo, durante su administración, también hubo otros grandes problemas, como la venta de exámenes, en 2018, para ingresar al poder judicial y ocupar el cargo de juez de distrito.

Una actividad que no fue exclusiva de ese año, sino que ya desde antes se sabía que los exámenes para ingresar al poder judicial federal suelen venderse. Incluso, recientemente, en el mes de abril, nuevamente se dio a conocer que un evaluador realizaba estas ventas.

Además, después de revelarse el gasto excesivo por un curso de un día, surgieron otros datos que reflejan la misma situación. Pues, la misma SCJN pagó un total que sobrepasa los ocho millones de pesos por tres cursos de inglés, entre 2017 y 2018, a la misma empresa.

Por tanto, esto provoca la sospecha de que la adquisición de productos y servicios de la SCJN esconde quizá aún más datos relevantes por los que se revela un despilfarro de los recursos públicos, de los cuales solo se guarda silencio. 

Asimismo, tras encontrar evidencia de venta de exámenes para ingresar al poder judicial, esto quiere decir que varios integrantes que conforman al poder judicial han llegado a formar parte de las filas de tribunales federales no por cuestión de méritos, sino por actos de corrupción, los cuales han quedado impunes; peor aún, no hay que olvidar que ser juez es un cargo que se relaciona con la impartición de justicia. 

De ahí que al mismo ministro Luis María Aguilar se le criticara y se ostentara como un defensor de derechos humanos con su proyecto para inaplicar la prisión preventiva oficiosa que contempla la constitución federal; mismo proyecto que, al final, retiró.

Por otra parte, a todos estos problemas, habría que sumar lo oneroso que resultan ser los suelos de los ministros, los cuales son una carga pesada al erario, pues, desde que se reveló este tema para la opinión pública, se supo que los jueces de la SCJN en nuestro país son los mejores pagados del mundo, lo cual causó una gran indignación para los ciudadanos.

Por cierto, el salario de los ministros nunca ha sido una información que haya estado oculta, sino que simplemente no estaba en el radar ciudadano. Y, tras conocerlos, solo así fue posible empezar a prestar un poco de atención sobre lo que sucede en el poder judicial.

Por todo, si realmente existe un «nuevo PJF», de él se espera que actúe conforme a ciertos principios; entre ellos, que el combate a la corrupción sea algo prioritario de lo cual no hay callarse ni dejarlo pasar. Resulta irónico que el máximo tribunal del país avale la impunidad.

De otra forma, destacar y aceptar que sí, antes de 2019, había corrupción y no hacer nada al respecto, solo es morderse la lengua; quedarse de brazos cruzados.

Pues lo dicho, todas estas irregularidades fueron durante la administración del ex ministro presidente de la SCJN: Luis María Aguilar, quien sigue en funciones como si nada hubiera pasado; y todo, a pesar de haberse aceptado un acto de corrupción.

Esta semana pasada el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, mencionaba: “[…] la Constitución no puede ser inconstitucional. Sin embargo […] sí puede haber inconvencionalidad de la Constitución”.

Respecto a lo primero, ciertamente, existiría una clara contradicción y desalentaría todo ánimo de debate, pues: ¿cómo puede ser inconstitucional algo que está en la Constitución? Sin embargo, lo siguiente sí genera un debate importante.

Tal cuestión parece ser obvia, principalmente para los juristas internacionalistas, para quienes los tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son elementos preferibles y se ubican por encima de la Constitución.

Pero, para los juristas que son constitucionalistas, esto es un total disparate. Y son dos los argumentos para dar respuesta a estas inquietudes que han estado por años en el argot jurídico y que ha ocasionado múltiples debates.

Primero que nada, debe recordarse que la soberanía nacional radica en el pueblo. Además, goza de una facultad de autodeterminación, es decir, decide qué contenidos normativos tendrán sus ordenamientos; en ningún momento se valida que las exigencias extranjeras sean superiores a las decisiones internas; o que sean estas un factor de decisión de lo que nos toca, como mexicanos, decidir. 

De ahí que la soberanía nacional, en este asunto, es lo que está en juego, y no es poca cosa. Que haya una injerencia extranjera, como justificar que los tratados internacionales estén por encima de la Constitución, del derecho interno, por ende, equivale a renunciar a la autodeterminación.

Por tanto, ¿qué dice realmente el ministro presidente? ¿Nuestro estado necesita que se le ordene qué contenidos debe tener su sistema jurídico? ¿México es un país débil que ocupa que se le diga qué hacer y qué no hacer con su legislación? ¿Se debe renunciar a la soberanía nacional para ir conforme a la convencionalidad?

Pues bueno. Si se analiza el derecho comparado, se advierte de pronto que el discurso es otro. A los demás estados les interesa defender su derecho interno, no justificar o poner por encima de su Constitución las convenciones suscritas. Por lo mismo, muchos países siguen contemplando penas que no van conforme a lo que atañen diversos tratados internacionales, como la pena de muerte, la cual constituye un ejemplo destacable, pues si el estado mexicano se atreviera a legislar en ese sentido, rápidamente se denunciaría la inconvencionalidad.

Aunque claro, en México, no faltarán los argumentos que indiquen que el compromiso de cumplir con tratados internacionales se realiza por medio de los representantes, como señala el artículo 133 de la Constitución federal, por lo que se dirá que no se transgrede la soberanía nacional. Pero ese es el rostro de un estado débil; un estado sin personalidad; un estado que desea que se le siga considerando como el «patio trasero».

Por tanto, esto choca con el segundo punto: la supremacía constitucional. Un principio que, como dirán algunos constitucionalistas: «quiero pensar que aún significa algo»; con la precisión de que ese «signifique algo», es para aquellos estados que se dejan aplastar por otros.

México, actualmente, tiene la oportunidad de presentarse al mundo como un estado que ya no es sumiso; que tiene el suficiente valor para darse a respetar; que puede ser líder de Hispanoamérica, como se mostró cuando el mandatario federal no asistió a la Cumbre de las Américas.

No obstante, el mensaje que se envía desde la SCJN parece ir en otra dirección; una a la que se prefiere seguir con una imagen de un estado sin personalidad y que se cree que el producto nacional es de mala calidad; que lo que viene de afuera siempre es mejor.

Anteriormente, empero, la SCJN había sustentado que la Constitución está a la par de los tratados internacionales, y a la inversa. Por ende, ambos constituyen la ley suprema de la nación, cuando realmente la supremacía constitucional no debería ser algo que se someta a discusión, pues los compromisos suscritos deben ir conforme a la Constitución, y no a la inversa. De otra forma no sería posible suscribir tales compromisos, a menos que primero se den los cambios constitucionales pertinentes.

Así pasa en otros países, ya que la supremacía constitucional sigue teniendo un peso específico, como en Estados Unidos. Para los estadounidenses, por tanto, la supremacía constitucional no está a debate. Que se diga que la Constitución estadounidense no cumple con el criterio de la convencionalidad, y que, por tanto, habría que modificarla para que sea compatible, sería algo muy osado.

Esto porque hablar de una inconvencionalidad de la Constitución, no es más que cierto servilismo a cuestiones extranjeras.

Además, y ya para terminar, hay otro tipo de cuestiones que son importantes a destacar. Y es que la realidad de la política-jurídica de cada país es distinta. En el caso que ocupa y que hacía referencia el ministro presidente es sobre la prisión preventiva oficiosa, la cual, efectivamente, transgrede la convencionalidad, pero el hecho que forme parte de la Constitución se debe a cuestiones de índole de política-jurídica.

No está ahí por simple capricho o por mera ocurrencia, sino porque el sistema de justicia en México es tan particular que los «peces gordos» siempre huyen. Además, también habría que analizar el factor epistemológico de lo que es la presunción de inocencia, la cual no es absoluta, pues, de lo contrario, se estaría afirmando que existe siempre la sospecha que la víctima miente, lo cual no parece ser muy prudente.

En fin, validar el discurso de la inconvencionalidad de la Constitución, no solo le quita todo significado a la soberanía nacional, así como a la supremacía constitucional, sino que da más elementos para seguir siendo un estado sumiso. Algo que no conviene en absoluto y poco favor se le hace al estado mexicano.