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  • Ministro de la SCJN propone declarar inconstitucional incorporación de Guardia Nacional a Sedena

    Ministro de la SCJN propone declarar inconstitucional incorporación de Guardia Nacional a Sedena

    El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un proyecto que se discutirá la semana próxima.

    En su punto principal, la propuesta plantea invalidar el artículo 29, fracción XVI, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que faculta a la Sedena a “ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana” (SSPC).

    “La actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional. En este sentido, el artículo 129 constitucional reza que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y, en ese sentido, por regla general, ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución Federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles. Sólo ante una habilitación constitucional o bien, derivada de la activación del procedimiento de restricción o suspensión de los derechos y las garantías previsto en el artículo 29 constitucional, la Fuerza Armada permanente puede colaborar en labores de seguridad pública, atendiendo a las salvaguardas ya mencionadas”, señala el proyecto del ministro González.

    En consecuencia, también se propone invalidar el artículo 14 fracción III de la Ley de la Guardia Nacional, que establece que el Comisario General de esta corporación sería nombrado a propuesta del titular de la Sedena.

    “Para tal efecto, en tiempos de paz, la actuación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública está vedada por los artículos 21 y 129 constitucionales, salvo cuando exista una habilitación en la propia Constitución Federal o bien, se active el proceso previsto en el artículo 29 del mismo ordenamiento”, añade la propuesta.

    El proyecto del ministro González ya aparece en el número 8 de la lista para discusión del pleno, por lo que podría ponerse a votación la próxima semana.

    Será necesaria una votación de los once ministros, para que estas reformas a la GN sean invalidadas.

  • Gobernadores y gobernadoras de la 4T emiten comunicado condenando actos de ilegalidad cometidos por el ministro Laynez Potisek

    Gobernadores y gobernadoras de la 4T emiten comunicado condenando actos de ilegalidad cometidos por el ministro Laynez Potisek

    Este martes 4 de abril los gobernadores, gobenadoras y la Jefa de Gobierno, pertenecientes a la Cuarta Transformación, emitieron un comunicado en conjunto, en donde llaman a la unidad y principios ante la ilegalidad que se cometió desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), específicamente por el ministro  Javier Laynez Potisek.

    La misiva condena que el ministro haya admitido a trámite la controversia presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), logrando suspender el llamado Plan B de materia electoral el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE.

    “La determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales. Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo“

    Denuncian las y los mandatarios locales.

    Aclararon que las reformas suspendidas no ponen en riesgo los procesos electorales ni la celebración de las lecciones, sino que su propósito es garantizar una autentica democracia, racionar los recursos públicos y acabar con los excesos y los fraudes electorales del viejo régimen.

    “La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento“.

    Agregaron

    Las y los mandatarios estatales y capitalinos mencionaron que la transformación en México está en curso y no podrá ser detenida mediante tramposas maniobras y de dudosa legalidad para el beneficio de la oligarquía.

    “Quienes firmamos este texto manifestamos nuestra más resuelta decisión de seguir pugnando, en el marco de la legalidad y por medios pacíficos y democráticos, por la renovación y la moralización de las instituciones nacionales“.

    Finaliza el comunicado
  • Gobierno pide a la Suprema Corte revertir acuerdos sobre ‘Plan B’

    Gobierno pide a la Suprema Corte revertir acuerdos sobre ‘Plan B’

    A través de la Consejería Jurídica, el gobierno federal formalizó su solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revierta los acuerdos avalados por el ministro Javier Laynez para dar entrada a la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral en contra de la reforma electoral, así como la suspensión de su vigencia.

    En el pronunciamiento, la Consejería Jurídica advierte que la SCJN no debió admitir la demanda debido a que el artículo 105 fracción 1 de la Constitución “prohíbe al máximo tribunal tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales, como son el conjunto de normas que integran el Plan B”.

    Asimismo consideró que también debió negarse la suspensión promovida por el INE en virtud de que esta contraviene el artículo 14 de la ley reglamentaria que textualmente señala: “la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales”.

    En su pronunciamiento subraya que los derechos laborales de los trabajadores no constituyen un acto de imposible reparación, “estos están a salvo”. Más adelante la Consejería Jurídica cuestiona: “¿Es razonable y congruente que los jueces constitucionales se separen de las prohibiciones expresas que establece la constitución y las leyes que expide el Congreso de la Unión, así como de sus propios precedentes vigentes y obligatorios?

    La Consejería Jurídica del gobierno federal concluye que no. En su argumentación recuerda que para conceder la suspensión del Plan B “sostuvo que las leyes electorales cuestionadas podían (acto futuro e incierto) causar afectaciones a los derechos humanos sin explicar como la entrada en vigor de la reforma ocasionaría una alteración irreparable a los derechos políticos electorales de la ciudadanía”.

    Para la Consejería Jurídica nunca en la historia de la corte había ocurrido que un solo juez constitucional suspendiera la vigencia de cuatro leyes y de forma unilateral ordenara revivir las disposiciones modificadas por el congreso.

    Finalmente asevera que “el poder judicial también tiene limites en su actuar los cuales están enunciados expresamente en la constitución”.

  • Ganar perdiendo

    Ganar perdiendo

    Haciendo escarnio de la Justicia que supuestamente representa, moderno niño héroe envuelto en la premisa de que con el Plan B de la Reforma Electoral se “pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos” y por tratarse de “la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, un… un… (lo siento, es la pluma la que se rehúsa a continuar) un… ¿magistrado? cuyo nombre no vale la pena transcribir aquí suspendió la aplicación de la Reforma Electoral propuesta por el presidente López Obrador y sancionada como correcta por las cámaras de Diputados y de Senadores.

    En otras palabras, el personaje se arrogó el derecho a legislar él solo con tal de defender a la ciudadanía en sus “derechos político-electorales”, confundiendo ciudadanía con funcionarios del INE que no se toca. Pues santo y muy bueno de su parte. (Y llegan los versos de Adagio en mi país, la canción escrita por Alfredo Zitarrosa: Dice mi padre que un solo traidor / puede con mil valientes. Asociaciones (mentales) delictuosas).

    Los medios lo interpretaron así: “Duro revés para AMLO: La Corte otorga una suspensión indefinida contra el “Plan B” de AMLO” (https://www.lapoliticaonline.com/); “Suspenden en juzgados Plan B electoral de AMLO en favor de trabajadores del INE” (https://www.altonivel.com.mx/). Y así por el estilo. La catástrofe. Derrota para la 4T, triunfo para la reacción.

    Error de apreciación. Es cierto que la arbitrariedad del togado causó enojo por lo desmesurado de su resolución y por obstaculizar el avance de la transformación con otra arbitrariedad. Pero, viéndolo bien, la ilustre resolución del imparcial juez deviene a favor de la 4T, que gana incluso cuando pierde. ¿Mero recurso retórico para disimular el enojo? A ver.

    Es fácil intuir que el presidente López Obrador nunca presupuestó contar con el concurso del Poder Judicial para llevar a cabo la transformación del país. ¿Cómo, si ese poder es un pulido ejemplo de las peores prácticas públicas? Corrupto y oscuro, fuera del foco de los pocos periodistas que quisieran investigarlo; privilegiado con sueldos y prebendas que garantizan su sumisión a los ex dueños de México; opaco en sus gastos, con el acostumbrado guardadito mantenido en fideicomisos (como el INE) hasta hacerlo nebuloso (como el INE); ejemplo de nepotismo, compadrazgo, amiguismo. ¿Ese poder iba a mantenerse imparcial en este proceso de transformación? Pues claro está que no.

    Conociéndolos él y siendo predecibles ellos, los corruptos, el presidente López Obrador siempre tiene un “plan B” disponible. Ejemplo al calce: si el INE le obliga a cortar de una mañanera el llamado a no votar por los conservadores, entonces AMLO llama a no votar por los corruptos. Que viene siendo lo mismo pero ya sin eufemismos elegantes.

    Los ahora corruptos, antes conservadores, ganan el pleito táctico y pierden la batalla estratégica. Es suyo el triunfo en el pleito de callejón, tanto como suya es la derrota en el largo plazo. Como se dice acá: “Por esperar los de a caballo se les pasan los de a pie”.

    AMLO se propuso limpiar la corrupción de arriba hacia abajo, disminuir los márgenes de desigualdad social, evitar la deserción escolar. Todo muy loable. Pero por encima de todo, se propuso la revolución de las conciencias. “Morena como movimiento o como partido político tiene, y eso es lo fundamental, el objetivo superior de transformar a México” escribió AMLO en libro No decir adiós a la esperanza (Grijalbo, 2012, p. 115).

    Él mismo ha dicho que las reformas, las obras y los avances son importantes, pero que por encima de ello está el cambio de mentalidad de la gente. Dice en el mismo libro: “Este movimiento de resistencia es, sobre todas las cosas, una auténtica revolución de las conciencias” (p. 139). Rescato y subrayo los dos énfasis de las citas.

    Acostumbrado a la lucha a largo plazo, AMLO sabe que la reforma electoral llegará tarde o temprano. No se lucha por sexenios sino por décadas. Y no corre prisa una vez que la 4T ha detenido la caída libre del país en el vacío.

    La 4T gana en su estrategia de influir en la revolución de las conciencias, en volver un hábito la discusión pública de los asuntos públicos. Pierden los opositores cuando toman una decisión tan grosera, tan grotesca, como suspender la aplicación de una ley. El Poder Judicial no ha hecho sino clavar un clavo más en el ataúd del cadáver opositor. En una de esas hasta un aplauso se merecen. Palabra que sí.

  • ¿Quién nos protege de la sobreinterpretación o arbitrariedad de la SCJN?

    ¿Quién nos protege de la sobreinterpretación o arbitrariedad de la SCJN?

    Últimamente, el tema de la reforma electoral (o «Plan B») ha sido uno de los asuntos que más ha estado en la agenda política del país.

    ¡Y cómo no! Hay mucho en juego. Políticamente, no es un tema menor. Por lo mismo, no extraña que se haya llegado a los tribunales y, en esta semana pasada, se haya ordenado la suspensión del decreto de reforma electoral.

    Fue el ministro Javier Laynez Potisek quien, tras considerar una posible violación a los derechos político-electorales de los ciudadanos, ordenó suspender las reformas.

    Esto ha ocasionado un descontento en ciertos sectores. Desde presidencia, por ejemplo, se difundió un manuscrito en el que informaba su intención de recurrir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues se considera que el ministro “arrancó hojas a la constitución”.

    En ese sentido, se considera legítimo formular la siguiente cuestión: si la SCJN es el máximo intérprete de la constitución ¿quién nos protege en el caso de que esta ejerza una sobreinterpretación o alguna arbitrariedad?

    Tal cuestionamiento es interesante, ya que la SCJN ha mantenido sus criterios de interpretación intactos desde hace ya dos épocas, los cuales están enfocados en la noción de métodos de interpretación.

    No han prestado atención, por ejemplo, de la advertencia de Savigny, quien mencionó que la interpretación de la ley está compuesta por cuatro elementos, mas no de cuatro operaciones distintas de interpretación.

    Desde aquél entonces, Savigny notó cómo la judicatura consideraba contrarios el elemento gramatical del lógico, cuando esto es incorrecto; entre otras cuestiones vitales que son más de un tema de investigación.

    Así las cosas, la orden de suspensión del «Plan B» ha sido considerada como una sobreinterpretación, pues la Corte carece de facultades para dictar dicha orden. Por lo mismo, se considera que ha sido una mera arbitrariedad valorar una violación a los derechos político-electorales de los ciudadanos.

    Con tal panorama, la cuestión sigue en pie. Sin embargo, con la estructura actual, no hay ninguna vía que pueda calificar la interpretación de la SCJN como sobreinterpretación, salvo los mismos ministros, cuando ejercen su voto. O bien, el sector social, pero cuya valoración carece de cualquier efecto vinculante. En pocas palabras, sería mera anécdota, como ha pasado en otros casos importantes que ha resuelto la Corte.

    Con todo, puede decirse que esta situación es resultado por no prestar debida atención al poder judicial, el cual es pieza clave en un estado constitucional. Además, resulta paradójico que el principal defensor de la constitución, pueda violarla sin mediar consecuencia alguna.

    Como mencionó Kelsen, la interpretación auténtica es aquella que realiza el órgano aplicador. Y cuando este órgano encabeza la jerarquía, ese es el criterio que hay que tomar como válido.

    Sin embargo, que la SCJN sea el máximo intérprete de la constitución, no la convierte en el mejor interprete de ella. Y eso debe quedar claro.

  • Poder Judicial es como el “castillo de la pureza”, señala AMLO y asegura que Laynez se comporta como “alteza serenísima” (VIDEO)

    Poder Judicial es como el “castillo de la pureza”, señala AMLO y asegura que Laynez se comporta como “alteza serenísima” (VIDEO)

    El Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó durante su rueda de prensa de este martes, que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, al cual señaló de comportarse como “alteza serenisima”, en referencia a que suspendió la aplicación del Plan B en materia electoral.

    El primer mandatario igualmente apuntó que los opositores buscan que en México prevalezca el “Supremo Poder Conservador” y calificó como “inédito” que se cancelara el Plan B electoral.

    “Fue cancelado por un ministro, es interesante porque lo aprobaron senadores y diputados que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro la cancela”.

    López Obrador

    El líder del Ejecutivo aseguró que a su parecer el Poder Judicial es como el castillo de la pureza, ya que fingen que ahí no pasa nada; “¿Saben de algún juez que esté siendo juzgado? Hay que estar pendiente los viernes porque, de repente, un juez le da libertad a un peligroso delincuente”

    “Es un hecho yo pienso inédito y desde luego injusto, arbitrario ya pues ahora tenemos ya en los hechos, o quieren que prevalezca, que impere en México una especie de `Supremo Poder Conservador´ y ya este ministro Laynez ya es como su Altesa Serenisima”.

    No te pierdas:

    Con la 4T terminó la guerra sucia y administración de AMLO abre todos los archivos de espionaje del pasado (VIDEO)
  • A MERCED DEL PODER JUDICIAL

    A MERCED DEL PODER JUDICIAL

    La oligarquía en México frustrada ante su derrota y desprestigio como reflejo de su ideología derechista, conservadora y entreguista, ha buscado una salida, un refugio. Y lo ha encontrado en un “poder”, que ha sido su más grande aliado antes y ahora, el poder judicial. 

    La oposición en México se ha apoderado del discurso en supuesta defensa a las instituciones, en esta línea, alega que el poder judicial sea “autónomo, justo e imparcial” pero ¿No es este el poder en donde impera la impunidad? Al crecer nos damos cuenta de que la justicia solo existe para aquellos quienes tengan con que pagarla, y que nos encontramos atrapados de cuerpo y alma por la corrupción y lentitud que caracterizan al sistema de aquel poder que reclama ser el impartidor de justicia. En este sentido, es indiscutible plantear un profundo cambio en el poder judicial, pero ¿qué se necesita cambiar dentro de aquel poder? 

    Democratización del poder judicial 

    El pasado 21 de marzo, el presidente del senado, Alejandro Armenta Mier, y militante de MORENA, propuso una iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se modifica el artículo 94 constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.

    La Cuarta Transformación ha sido una oleada de cambios ha favor del pueblo, por lo que se han impulsado una serie de reformas en materia de soberanía nacional y de democracia, sin embargo, en la opinión publica ya se venía formulando la necesidad de un cambio en el poder judicial; opinión que creció exponencialmente a la llegada de la ministra Norma Piña, convirtiéndose en una demanda popular; como prueba de ello están las manifestaciones afuera de la SCJN, y la gran suma de firmas a favor de la renuncia de la ministra Norma Piña como respuesta a la evidente inacción y descuido del Consejo de la Judicatura Federal,  los amparos entregados a delincuentes de cuello blanco como al ex gobernador panista Cabeza de Vaca, la protección a los privilegios de la burocracia dorada del INE mediante la suspensión al plan B, etc. 

    Por su parte, el presidente López Obrador ha insistido a través de las mañaneras en que se debe modificar el método para elegir a ministros, jueces y magistrados; así como una modificación a los planes de estudio en la formación de abogados (debido al periodo neoliberal).

    La iniciativa del senador morenista impulsa la democratización del poder judicial, lo cual es fundamental para una verdadera democracia y estado de derecho. De esta forma los ministros, jueces y magistrados no serán impuestos por una minoría ni sometidos a favores políticos. Así mismo, se instalará una cultura de participación ciudadana que le haga frente al proyecto (fallido) neoliberal de no involucrarse en los asuntos públicos del país. 

    El poder no puede incrementar en las manos de políticos sino en las del pueblo, y mientras tanto la discusión ya está abierta.

  • La SCJN viola la Constitución

    La SCJN viola la Constitución

    Tramposa, mañosa, arbitraria, mezquina, mentirosa, injusta y anticonstitucional, la acción del juez LAYNEZ,  al eliminar lo anteriormente avalado por la cámara de diputados, la cámara de senadores y propuesto por el poder ejecutivo. El llamado plan B le sirvió a un juez, usado como chivo expiatorio por la ministra Piña, para destruir y pisotear la justicia que el poder judicial está obligado a otorgar.

    Al estilo “Juan Vargas” personaje corrupto de la película la “Ley de Herodes”, quien arranca las hojas de la constitución para re-escribir a su gusto y beneficio la ley suprema; el ministro Laynez de pésima reputación empata con “Varguitas”.

    AMLO expresó su desaprobación ante el hecho: Ministro Laynez; “Arrancó hojas de la constitución para bloquear el plan B”. “NO es una asunto jurídico, es un asunto poíitico y yo diría, mercantil”, agregó.

    Los ministros de la corte atentan contra  la constitución al ganar más que el presidente; una paradoja, ya que ellos son los encargados de impartir justicia. Pero, porqué los ministros y jueces proceden contra el pueblo con total flagrancia?

    Porque, de los tres poderes de la unión: Ejecutivo, legislativo y judicial; son el único que no se somete al escrutinio del pueblo, ni a elección popular. Como entes todopoderosos su palabra ante cualquier acto de gobierno, pesa más que la de cualquier poder; así lo sienten ellos y así lo manifiestan; quitan, ponen, cambian, destruyen  leyes y disposiciones sin tener complicaciones jurídicas, políticas o económicas. La raíz es su contubernio con el poder político y el poder económico de la nación; su “omnipotencia” es cuasi infalible.

    A fin de dar la suspensión definitiva a la ley, la corte debió haber actuado en el pleno, mínimo 8 ministros; y así lo quisieron aparentar en el comunicado de la SCJN. Sin embargo, no fue como nos lo cuentan.  Un solo ministro, invalidó los que otros construyeron a favor del pueblo. Un solo ministro, el que se prestó para llevar a cabo tal vileza. Por lo tanto, la suspensión del plan B, no tiene validez legal y porque la  reforma de los artículos ya había sido votada tanto por la cámara alta como por la cámara baja, aceptado ambas la propuesta del ejecutivo.

    ES ANTICONSTITUCIONAL por donde se le mire. Aún así, la fachiza, tuvo la osadía de festejar el fin de semana su agravio a la  carta marga y al pueblo, que merece el respeto; merece un poder judicial limpio y  un INE transformado, así como una SCJN impoluta.

    El poder ejecutivo impugnará la acción ilegal cometida por la Corte.

    AMLO exhorta encarecidamente a… No permitir que el conservadurismo y el neoliberalismo triunfen el 24 para evitar hechos deleznables como la suspensión del plan B. Sus acciones los han llevado ganar el rechazo de la gente.

    NI UN VOTO A LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO!

    Nuestra Patria nos necesita. Unidad, organización y acción.

  • INAI presenta controversia constitucional ante la SCJN y demanda la falta de nombramientos de comisionados

    INAI presenta controversia constitucional ante la SCJN y demanda la falta de nombramientos de comisionados

    El día de hoy Comisionadas y Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en la que demandan la falta de nombramientos.

    Mediante un comunicado, el Instituto dio a conocer que la decisión se tomó por unanimidad durante la sesión extraordinaria del pasado miércoles 15 de marzo.

    Asimismo, el INAI resalta que “la falta de nombramientos de comisionados vulnera el diseño institucional establecido por la Constitución para la integración del Pleno de este órgano autónomo, con lo cual se trasgrede el
    principio de colegialidad que lo caracteriza”.

    ​Cabe destacar que este recurso se da luego de la objeción del Presidente Andrés Manuel López Obrador por el nombramiento de quienes habían sido designados por el Senado de la República como integrantes de este organismo garante, ocasionando que el Pleno del INAI se mantenga con solo 5 miembros.

    “La presentación de una controversia constitucional es un área de oportunidad para que las y los mexicanos sigan con la posibilidad de ejercer sus derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, consagrados en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, agregó el INAI. 

    AMLO veta nombramientos en el INAI

    El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre su veto al nombramiento de Yadira Alarcón y Rafael Luna como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los cuales se acusa, fueron colocados tras un acuerdo que beneficiaría al PAN y a Morena.

    En ese sentido, AMLO tachó que el Senador Ricardo Monreal Ávila haya colocado al perfil peor evaluado como comisionado, en referencia a Luna Alviso, para permitir que Alarcón Márquez, muy cercana a Acción Nacional, haya sido igualmente designada, agregando que ese tipo de acuerdos no deben permitirse porque son de la época del PRIAN.

    “No puedo establecer relaciones de complicidad con nadie (…) Ni advertencia ni amenaza: es sencillamente cero corrupción, cero impunidad. Nada de negociaciones en lo oscurito. Porque sin duda que hubo acuerdo. ¿Cómo va a ser que te doy a ti uno y tú me das otro? Si son gentes que no pasan la prueba; si son gentes deshonestas, que es de dominio público, o gentes que están vinculadas, militantes de partido, y lo impide la Ley, no.”

    Más información en:

    AMLO pone un alto a Monreal y veta nombramientos en el INAI; llamó a no permitir este tipo de acuerdos
  • El Mejor Cartón del Día

    El Mejor Cartón del Día

    El mejor cartón de este lunes es de Monero Jerge y lo publica en El Chamuco, ilustrando al ministro Laynes, quien ha violado la Constitución para suspender la aplicación del Plan B en materia electoral, todo a petición de Lorenzo Córdova y sus secuaces.