El abogado César Gutiérrez Priego, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció a través de sus redes sociales una serie de irregularidades en su proceso de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) March 1, 2025
En un mensaje publicado pasada la medianoche, Gutiérrez Priego relató que, a pesar de haber cumplido con todos los procedimientos establecidos por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y de haber sido oficialmente incluido en las listas enviadas al Senado y al INE, su nombre no aparece en el sistema de registro del organismo electoral.
El día de hoy me dirigí a la Junta Distrital Ejecutiva #22 del @INEMexico en Naucalpan, Edo. Mex., a realizar mi registro presencial (físico), como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se me señaló que no me encuentro registrado en el sistema del… pic.twitter.com/9vXMAYZSIQ
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) March 1, 2025
El candidato detalló que su nombre figuraba en la lista publicada por el INE y que incluso apareció en la boleta muestra como el número 49. Sin embargo, al intentar realizar su registro físico, le informaron que no estaba en el sistema debido a un “error administrativo”. Lo que más le sorprende es que, de los casi 80 aspirantes a la SCJN, él es el único en esta situación.
A pesar del inconveniente, Gutiérrez Priego aseguró que agotará todos los recursos legales para hacer valer su derecho y evitar que esta situación lo excluya de la contienda. “Si me quieren ganar, que me ganen por las buenas, no con trampas ni cochupos”, declaró, dejando en claro su determinación de continuar en la lucha por una transformación en el Poder Judicial.
Cualquier intento por debilitar o someter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implica un ataque al orden legal y a nuestra democracia, y es algo que no se va a permitir, advirtió la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien sostuvo que de cara a la elección extraordinaria de personas juzgadoras, este órgano jurisdiccional revertirá los intentos por debilitar sus competencias, su estabilidad y fortaleza mediante sus sentencias debidamente fundadas y motivadas.
Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó lo sostenido por el TEPJF en el sentido de que el juicio de amparo no procede en materia electoral, y aclaró que el Tribunal Electoral en ningún momento revocó suspensiones dictadas por jueces de distrito, sino que aplicó el artículo 41 constitucional, que establece que no proceden las suspensiones, y por lo tanto no es posible frenar un proceso electoral democrático.
Tras subrayar que “el proceso electoral va y llegará a buen puerto”, la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que dentro del marco de cambios estructurales y procedimentales del sistema democrático, este Tribunal continuará vigilando el cumplimiento de las normas para resolver los litigios que se le presenten con estricto apego a derecho. Siendo garantes de la Constitución, lo somos también de la democracia, refirió.
En sesión solemne, con motivo de la presentación del Informe de Labores 2023-2024 de la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX) del TEPJF, afirmó que la ciudadanía debe tener la certeza de que cuenta con un Tribunal Electoral fuerte y que se sustenta en los principios y valores establecidos en la Constitución; que continuará la defensa de su autonomía, independencia y competencias, además de que sabrá defender los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera afirmó que es momento de que todas las instituciones del Estado trabajen en armonía, cada una en su esfera de competencia, a fin de consolidar un sistema judicial equitativo y sensible a las demandas de la sociedad. Agregó que el TEPJF dará en esta elección judicial de 2025 las mismas garantías de legalidad y certeza jurídica, tal como lo hizo en el 2024.
Aseveró que el TEPJF siempre ha tenido claros los límites de su competencia y se ha centrado y concentrado solo en lo que le corresponde, que es proteger el derecho al voto, de libre asociación y afiliación, y otros derechos fundamentales ligados a la democracia, como la libertad de expresión, nada más.
Por ello, Fuentes Barrera aclaró que el Tribunal Electoral no ejerció una competencia extralegal ni revocó suspensiones de jueces de distrito. Sólo se protegió lo que establece la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Una elección no puede suspenderse, agregó.
En ese sentido, dijo que no quebranta el Estado de derecho quien observa la Constitución, y eso hizo el TEPJF ante una reforma que ya está firme y una elección que debe suceder. Añadió que desde el Tribunal Electoral se continuará garantizando la certeza jurídica del proceso electoral, sin importar los intentos de deslegitimar su labor, pues el texto constitucional es claro y el compromiso con la democracia es absoluto, resaltó.
Al rendir el Informe de Labores 2023-2024, la magistrada presidenta de la SRCDMX, María Guadalupe Silva Rojas, destacó la importancia de que esta instancia jurisdiccional del TEPJF se consolide como un pilar de la democracia mexicana y una guardiana del Estado de derecho, además de que continúe garantizando de manera reflexiva e innovadora los derechos político-electorales de la ciudadanía en la cuarta circunscripción plurinominal.
Destacó que del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, la Sala Regional recibió 3 mil 525 medios de impugnación, de los cuales resolvió 3 mil 413 en un plazo promedio de 15 días. Solo 567 resoluciones fueron recurridas ante la Sala Superior, la cual confirmó las sentencias de la SRCDMX en 98.77 por ciento de los casos.
La SRCDMX resuelve los juicios electorales de la cuarta circunscripción, que abarca los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los jueces federales que otorgaron suspensiones en contra de la reforma judicial. La decisión, que forma parte de un proceso legal en curso, ha generado reacciones dentro del Poder Judicial, particularmente por parte de la magistrada Julia María del Carmen García González, quien ha salido en defensa de los jueces implicados.
En una conferencia de prensa, la magistrada expresó su respaldo a la jueza María Gabriela Ruíz Márquez y al juez Sergio Santa María Chamú, asegurando que la denuncia es una represalia por las suspensiones que emitieron contra la reforma. Sin embargo, su postura parece estar encaminada a justificar la intromisión del Poder Judicial en asuntos electorales, luego de que los jueces resolvieran frenar la implementación de la reforma judicial, un tema que va más allá de su competencia y afecta directamente el proceso de elección de jueces y magistrados.
El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando el juez Sergio Santa María Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, admitió un juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) para evitar el “cese masivo” de jueces y magistrados que podría derivarse de la reforma judicial.
Días después, el 14 de noviembre, el juez Santamaría Chamú concedió una suspensión definitiva en favor de Jufed, con el objetivo de frenar la aplicación de la reforma. En una decisión similar, la jueza María Gabriela Ruíz Márquez, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, aceptó otro juicio de amparo en contra de la reforma y ordenó detener la implementación de la elección judicial.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, destacó la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un paso clave hacia la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. En su conferencia matutina, la mandataria expresó que el fallo confirma que “en materia electoral no hay suspensiones”, lo que, en su opinión, despeja el camino para la histórica votación del 1 de junio de 2025.
Sheinbaum consideró que el pronunciamiento de la Corte fue “muy interesante”, pues devuelve a los jueces de amparo la facultad de otorgar suspensiones, pero deja claro que estas no aplican en asuntos electorales. Además, celebró que el fallo reconozca que las sanciones impuestas previamente a algunos servidores públicos no proceden.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein dijo que la resolución de la @SCJN del 13 de febrero "fue muy interesante" porque "regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones", además,… pic.twitter.com/QkgZgtNKtE
La resolución de la SCJN surge tras la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que buscaba que al menos cuatro de los diez ministros se excusaran de votar un proyecto relacionado con la elección de 2025. Sin embargo, la Corte determinó que la petición era improcedente, permitiendo así que todos los ministros participaran en la discusión.
🚨#ÚLTIMAHORA | La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que les guste o no, LA REFORMA AL PODER JUDICIAL VA. La reforma YA PASÓ. Incluso la Corte reconoció que fue un tema ELECTORAL.
En sus declaraciones, Sheinbaum insistió en la trascendencia del proceso electoral que se avecina, asegurando que “por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros”. Subrayó también que el Tribunal de Disciplina será clave en este cambio y llamó a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones de junio.
En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la votación de hoy quedó tres votos en contra y siete votos a favor, señalando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) no tienen la capacidad de invalidar suspensiones de amparo contra la Reforma al Poder Judicial.
Así mismo, el supremo tribunal presidido por la ministra Norma Piña dio un plazo de 24 horas a los jueces de distrito que las otorgaron que presenten nuevos resolutivos.
Para mi es muy claro que el problema en abstracto es: la sala superior del TEPJ ¿puede decidir ella o las otras autoridades deben acatar o no una suspensión dictada por un juez de distrito?… yo creo que no, yo creo que para eso están las vías recursivas”, sentenció Piña, intentando obstaculizar una vez más el proceso de la Elección Judicial que ya nadie podrá detener y se llevará a cabo en junio próximo.
El TEPJF no puede decidir cuándo acatar o no una resolución de un juez de distrito: ministra presidenta de la SCJN Norma Piña. pic.twitter.com/bAxFsl5S9b
Ahora bien, lo que no pasó fue la propuesta de emitir un exhorto a las autoridades federales para dar cumplimiento a las suspensiones ordenadas por jueces en contra de la Reforma Judicial.
Tanto el TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Senado de la República y, en su momento, los Comités Evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo no acataron las suspensiones en contra del proceso de elección extraordinaria 2024-2025, incluida la Elección Judicial de personas juzgadoras prevista para el 1 de junio próximo 2025.
Por su parte, la ministra del pueblo Lenia Batres, denunció la contradicción y el evidente sesgo de la SCJN, que obedece a la dirección de la ministra Norma Piña.
…entonces caeríamos nosotros en una contradicción porque no estamos asumiendo como válida la actuación del TEPJ, es decir, el Tribunal Electoral emite una orden y nosotros decidimos ahí sí invalidarla, pero el juzgado de distrito emite una orden y ahí queremos exigir que sea valida”, contrastó la ministra Lenia Batres.
El tribunal electoral emite una orden y la #SCJN busca invalidarla…
Pero el juzgado de distrito emite una orden y exige su validez 🤷♂️
La aerolínea Aeromexico, anunció el día de hoy que acatará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la obliga a pagar una multa de 88 millones de pesos, impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tras incurrir en prácticas monopólicas absolutas.
Aunque no están de acuerdo en los métodos que fueron utilizados para sancionar las acciones que presuntamente se registraron hace 17 años.
Aeroméxico no coincide con los criterios ni metodología de la Cofece para llegar a dichas conclusiones sobre supuestas prácticas de mercado de hace casi dos décadas. Sin embargo, Aeroméxico es respetuoso del estado de derecho y acatará las resoluciones de las autoridades judiciales”, contrastó Aeromexico en un comunicado oficial.
Dejo en claro que reiteraba su compromiso con los clientes, inversionistas y aliados estratégicos en la rama de la aviación comercial, reafirmando su respeto absoluto a las reglas de libre mercado, la libre concurrencia y la legislación en materia de competencia económica.
En marzo del 2019, se impuso una multa de 86 millones 196 mil pesos contra Aeromexico, Mexicana de Aviación y otras tres personas físicas, quienes habrían modificado las cuotas que cobrarían a los usuarios del servicio de transporte aéreo en rutas específicas en el territorio nacional de abril del 2008 a febrero del 2010.
Entre las 112 rutas aéreas implicadas en el caso, se encontraban: León-Tijuana, México-Tijuana, Puebla-Monterrey, Ciudad de México-Cancún, Guadalajara-Puerto Vallarta, México-Acapulco, México-Mérida, México-Los Cabos, México-Monterrey y México-Guadalajara.
La decisión de la SCJN sirve como precedente para que los acuerdos ilegales entre competidores para manipular precios en perjuicio de la población no queden impunes. Uno de los ejes fundamentales de una política de competencia robusta es investigar y sancionar este tipo de acuerdos, lo que contribuye a que contemos con mercados competitivos para generar una economía más justa e incluyente”, declaró a través de un comunicado la Cofece este miércoles.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves que es improcedente la solicitud del Tribunal Electoral para que la ministra presidenta Norma Piña y los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se excusaran de participar en la sesión sobre la elección judicial.
Esta resolución impacta e interfiere directamente en los asuntos del TEPJF y daña el proceso electoral que pretende poner al centro la voz popular. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hizo público un proyecto de sentencia en el que ordena a todas las instancias involucradas, incluido el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE), a acatar las suspensiones definitivas relacionadas con la elección.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | Por mayoría de seis votos a tres, el pleno de la @SCJN desechó la petición del @TEPJF_informa para que Norma Piña y secuaces se excusaran de participar en el debate sobre los amparos contra la reforma judicial. pic.twitter.com/tI89F1l2Q1
El debate en la SCJN mostró posturas encontradas entre los ministros. Margarita Ríos Farjat, quien llegó al máximo tribunal propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, votó en contra de la solicitud del Tribunal Electoral, alineándose con la mayoría.
En contraste, las ministras del pueblo, Lenia Batres y Loreta Ortiz, también propuestas por el exmandatario, apoyaron la petición de excusar a los cuatro ministros que pretenden obstaculizar la democratización del Poder Judicial.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, confirmó la imposición de una multa a Elektra, empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego, debido a los múltiples obstáculos que ha interpuesto para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al pueblo de México.
La ministra Lenia Batres Guadarrama informó en redes sociales que, durante la sesión privada del pleno de la SCJN del lunes 10 de febrero, se acordó ejecutar la sanción con base en los artículos 59 y 250 de la Ley de Amparo, los cuales castigan las estrategias legales dilatorias con multas económicas.
En la sesión privada del pleno de la SCJN celebrada ayer, lunes, se acordó ejecutar las multas señaladas en los artículos 59 y 250 de la Ley de Amparo.
Grupo Salinas ha promovido 15 impedimentos, para cuyo trámite ha presentado 19 recursos de reclamación. Asimismo, han… pic.twitter.com/S3AxBJRp8X
Batres Guadarrama denunció que Grupo Salinas ha promovido quince impedimentos y presentado diecinueve recursos de reclamación, además de cuatro conflictos competenciales, lo que ha generado 39 medios de impugnación que han retrasado la resolución de cuatro expedientes clave: tres de índole fiscal y uno financiero.
De esta serie de maniobras, hasta ahora solo se han resuelto tres impedimentos y ocho recursos de reclamación, mientras que los cuatro conflictos competenciales fueron desechados. Sin embargo, aún quedan pendientes 27 procedimientos, lo que evidencia el uso sistemático de tácticas para evadir sus responsabilidades fiscales.
La deuda millonaria de Salinas Pliego con el SAT
El conflicto legal de Grupo Elektra con el SAT surge de un adeudo acumulado de 63 mil millones de pesos, de los cuales:
Más de 53 mil millones de pesos corresponden a juicios fiscales previos.
Más de 10 mil millones de pesos derivan de créditos fiscales emitidos en la administración actual.
El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó recientemente que, tras auditorías realizadas entre 2008 y 2018, inicialmente se calculó una deuda de 38 mil millones de pesos. Sin embargo, este monto aumentó debido a recargos y ajustes inflacionarios.
Además, el 90% del adeudo proviene de la consolidación fiscal, un esquema que permitía a las grandes corporaciones evadir el pago de impuestos y que fue impulsado por las administraciones neoliberales y eliminado con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018.
A través de la plataforma X, la ministra Yasmín Esquivel recordó la creación de laComisión de Transición del Poder Judicial de la Federación (PJF), un organismo diseñado para implementar los cambios derivados de la reciente reforma al Poder Judicial.
La comisión está conformada por cinco representantes de distintas instancias: Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Bernardo Bátiz, representante del Ejecutivo; Eva de Gyvés, enviada por el Senado, y Sergio Molina, en representación del propio PJF.
En su primera sesión, los integrantes acordaron que la presidencia de la comisión será rotativa mensualmente, iniciando con la ministra Norma Piña, quien encabezará los trabajos durante el primer mes. La misión del grupo es asegurar que la transición se lleve a cabo de manera ordenada y conforme a lo establecido en la Constitución.
Sin embargo, el anuncio no pasó desapercibido en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su descontento con la elección de Norma Piña como primera presidenta. Comentarios como “Cuídense de la arpía y golpista esa”, “Primer mes PERDIDO!” y “Huchale!!! Empezamos mal” reflejaron la postura crítica de ciertos sectores, quienes consideran que la ministra ha buscado obstaculizar la reforma judicial desde el inicio.
En una postura firme sobre la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de competencia y facultades para intervenir en disputas entre jueces y magistrados en materia electoral. Destacaron que la Constitución establece que las sentencias del TEPJF son inatacables, reafirmando su carácter de última instancia.
Durante una conferencia de prensa, Soto Fregoso lamentó la existencia de un presunto proyecto atribuido al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en el cual se describe la situación del Tribunal Electoral como una “gran tragedia” y con un tono que, según la magistrada, está escrito con “lágrimas y dolor”.
“El tribunal está juzgando con apego a lo que gramaticalmente dice la Constitución”, enfatizó Soto Fregoso, subrayando la legalidad de las resoluciones aprobadas por mayoría dentro del órgano electoral.
Asimismo, informó que a las 9:47 de la mañana de este lunes, el TEPJF envió su respuesta a la SCJN, y solicitó que los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Norma Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes han hecho comentarios sobre el tema en medios de comunicación, se excusen de votar el próximo 13 de febrero.
Esta declaración refuerza la defensa de la autonomía del TEPJF frente a posibles intentos de intervención por parte de la Ministra Norma Piña y su séquito de ministros conservadores que llevan meses intentando sabotear no solo el proceso electoral judicial, sino la voluntad de decenas de millones de mexicanos que votaron por las reformas de la Cuarta Transformación.
