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  • Suprema Corte se niega a entregar los millonarios fideicomisos al Pueblo de México

    Suprema Corte se niega a entregar los millonarios fideicomisos al Pueblo de México

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa interponiendo pretextos y se niega a entregar al Pueblo de México sus millonarios fideicomisos, tal y cómo quedó estipulado tras la aprobación de la Reforma Constitucional al Poder Judicial.

    A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la SCJN argumentó que no puede realizar la entrega debido a que el proceso está detenido por suspensiones judiciales. Informaron también que sus cinco fideicomisos cuentan con un saldo acumulado de 6 mil 493 millones 108 mil 104.79 pesos al cierre del año 2024.

    Como todos ustedes recordarán con la reforma aprobada el 15 de septiembre del año pasado, se ordenó la extinción formal de los fideicomisos que estaban en manos de la SCJN.

    A partir de noviembre de 2024, los fideicomisos sólo han generado rendimientos financieros y los únicos gastos corresponden a honorarios fiduciarios”, dice el comunicado de la SCJN en el DOF.

    En el tercer trimestre, antes de la aprobación de la reforma, el monto total de los fideicomisos ascendía a 6 mil 340 millones 589 mil 633.64 pesos, a los que habría que sumarse los rendimientos citados por unos 152 millones 518 mil 471.15.

    La fortuna judicial está integrada por los fideicomisos: de Pensiones Complementarias para mandos superiores (entre ellos ministros) por unos 980 millones 464 mil 807.46 pesos; el de Pensiones Complementarias para mandos medios y personal operativo por 3 mil 507 millones 120 mil 099.72 pesos; el Plan de Prestaciones Médicas que representa unos 170 millones 432 mil 926.69 pesos; el de Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones, CD’S y Otros Proyectos que contempla 195 millones 752 mil 590.76 pesos; y finalmente el de Remanentes Presupuestales por mil 639 millones 337 mil 680.16 pesos.

    Por instrucciones de la ministra presidenta, Norma Piña, a través de oficios distribuidos el 3 de diciembre del 2024, se instruyó a los fiduciarios: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para el fideicomiso 2125; así como Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), para el resto. Según lo que se informa en el DOF, estas instituciones debían enterar a la Tesorería de la Federación sobre los recursos de los fideicomisos en los que la SCJN actuara como fideicomitente.

    El 10 de diciembre Banobras cumplió con enterar a la Tesorería de la Federación el total de un sexto fideicomiso, el del Fondo Jurica, que contaba con  853 millones 913 mil 710 pesos, para luego formalizar la extinción del mismo. No obstante, los cinco fideicomisos restantes aún no se entregan debido a las suspensiones otorgadas para protegerlos y retrasar el proceso.

    NAFIN ésta informó que está impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la Ministra Presidenta, en virtud de diversas suspensiones definitivas otorgadas en contra del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023″, informó la SCJN.

  • Loretta Ortiz se lanza contra integrantes del Comité de Evaluación del PJ y acusa que solo trataron de dinamitar el proceso

    Loretta Ortiz se lanza contra integrantes del Comité de Evaluación del PJ y acusa que solo trataron de dinamitar el proceso

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, criticó la renuncia de los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), señalando que se trata de un intento de sabotaje en el proceso de selección de candidatos para la elección judicial del próximo 1 de junio.

    Ortiz Ahlf acusó que las acciones del comité, desde el inicio de su encomienda, generaron desconfianza y obstaculizaron la implementación de la reforma judicial que busca democratizar al Poder Judicial mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

    En un mensaje difundido en redes sociales, la ministra expresó: “La resistencia reiterada de las y los integrantes del Comité de Evaluación, designados por la mayoría de Ministras y Ministros de la @SCJN, llega al extremo de renunciar al deber que les fue confiado”.

    Renuncian aunque ya no tenían el empleo

    El lunes, Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo, integrantes del comité, presentaron su renuncia mediante una carta dirigida al Pleno de la SCJN. En el documento, argumentaron que la decisión se debe a la “imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado”.

    El comité señaló que su labor de selección de candidatos se detuvo desde el pasado 7 de enero, debido a una suspensión definitiva emitida por un juez federal de Michoacán contra el proceso.

    La ministra Ortiz Ahlf destacó tres acciones específicas que, según ella, evidencian el intento de obstaculizar la reforma judicial:

    1. Requisitos adicionales en la convocatoria: El comité incluyó condiciones no contempladas en la Constitución, creando obstáculos innecesarios para los aspirantes.
    2. Evaluaciones excluyentes: Las revisiones de perfiles se centraron más en excluir a candidatos que en verificar los requisitos mínimos, lo cual fue reconocido por el Pleno de la SCJN al resolver recursos de inconformidad.
    3. Suspensión improcedente: El comité paralizó sus actividades basándose en una suspensión que Ortiz calificó como inadecuada.

    En su mensaje, la ministra enfatizó: “Dichas acciones no solo afectan a las personas aspirantes que confiaron en un proceso justo, sino a toda la sociedad, que podría perder la oportunidad de elegir entre perfiles diversos y especializados para renovar el Poder Judicial”.

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  • La ministra Yasmín Esquivel le advierte a Norma Piña que no tiene facultades para impedir sanciones por desacato contra el Comité Judicial

    La ministra Yasmín Esquivel le advierte a Norma Piña que no tiene facultades para impedir sanciones por desacato contra el Comité Judicial

    La ministra Yasmín Esquivel señaló la falta de facultades de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien emitió una medida cautelar para proteger al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, de las sanciones por cometer desacato al no continuar con el proceso de selección de candidatos interesados en participar en la Elección Judicial 2025.

    Acusó la ministra Esquivel a Piña de violar la independencia y autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ordenó al Comité de Evaluación retomar sus actividades.

    Piña argumentó que emitió las medidas cautelares para dar tiempo y para que sea la SCJN quien le indique al Comité Judicial cuál fallo obedecer, si debe acatar lo dicho por los jueces federales alineados a la oposición, o si debe acatar lo sentenciado por el TEPJF que busca se respete la voluntad del Pueblo de México.

    Ante estos argumentos, la ministra Yasmín Esquivel respondió que Piña no tiene facultades para tomar esa decisión, pues carece de fundamento legal.

    La Ministra Norma Piña no tiene facultades para otorgar una medida cautelar en pleno proceso electoral, que busca evitar posibles sanciones al Comité de Evaluación del PJF por incumplir una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, indicó Esquivel en una publicación en sus redes sociales.

    Explicó que en un principio el Pleno de la SCJN tiene atribuciones para conocer de este tipo de controversias, pero no para decretar la suspensión en los términos solicitados por el Comité de Evaluación del PJF.

    Dijo que en todo caso, Piña puede recibir el asunto, registrarlo y turnarlo a un ministro, que para este caso sería Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En la publicación, la ministra Yasmín Esquivel incluye su ponencia completa al respecto, firmada y con sello de recibido por parte del Pleno de la SCJN.

    Fue el 7 de enero cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación suspendió su proceso de selección de candidatos interesados en participar en la Elección Judicial 2025, acatando una suspensión definitiva emitida por un juez de Distrito en Michoacán. Luego, otro juez federal en Jalisco también emitió una orden similar.

    Más tarde la Sala Superior del TEPJF, falló en contra del Comité y le ordenó que retomara sus actividades, para no retrasar el proceso y sobre todo para permitir a las interesadas y los interesados, participar en la elección histórica de personas juzgadoras que tendrá lugar en junio próximo.

    Pero el jueves pasado, el magistrado Wilfrido Castañón León, presidente del Comité Judicial, solicitó a la SCJN que se pronunciara con base en el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para decidir a qué autoridad deberían obedecer, si a la judicial o a la electoral. Por ello el viernes pasado, la ministra Piña aceptó la encomienda y protegió al citado Comité de cualquier acción legal por el desacato cometido.

  • Claudia Sheinbaum aborda la reactivación del proceso electoral para la elección judicial de 2025

    Claudia Sheinbaum aborda la reactivación del proceso electoral para la elección judicial de 2025

    En la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al estado del Comité de Selección del Poder Judicial en relación con la #ElecciónJudicial de 2025. Sheinbaum explicó que el comité “dejó de funcionar […] porque dicen que hubo amparos”, aclarando que estos amparos “no proceden” en un proceso electoral. Según la mandataria, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien regula los procesos electorales, y en el caso de reformas constitucionales, los amparos no son aplicables.

    La presidenta destacó que la Constitución establece un mecanismo claro para definir a los participantes en la elección judicial, el cual incluye un comité coordinado por el Poder Judicial, otro por el Poder Ejecutivo y uno más por el Poder Legislativo. Estos comités son responsables de seleccionar a los mejores candidatos y llevar a cabo las entrevistas correspondientes. Sin embargo, estas entrevistas se han visto interrumpidas debido a los amparos, que, según Sheinbaum, no tienen fundamento legal en este contexto.

    Sheinbaum enfatizó que el TEPJF ha ordenado continuar con el proceso de selección y que cualquier falta de acatamiento a esta orden no alterará la fecha de la elección, programada para el 1 de junio. “Es lo que corresponde respecto a la Constitución; no tiene razón la Corte en haber parado el proceso”, sentenció.

    La presidenta también destacó que, el miércoles 22 de enero, la Sala Superior del TEPJF había ordenado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuar con el proceso de selección de candidatos para la elección judicial.

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  • La Jufed amenaza con posibles protestas por recortes al presupuesto del Poder Judicial

    La Jufed amenaza con posibles protestas por recortes al presupuesto del Poder Judicial

    La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) ha emitido una amenaza por los recortes presupuestales propuestos que afectarían al Poder Judicial, tras una reciente reunión entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría de Gobernación (Segob). En un comunicado oficial, Jufed advirtió que estos recortes, que superan los 13 mil millones de pesos, podrían llevar a una nueva ola de manifestaciones por parte de sus miembros.

    La organización denunció que la estrategia de reducción presupuestaria, impulsada por los poderes Legislativo y Ejecutivo, pone en riesgo la operatividad de los juzgados y tribunales federales. Según la Jufed, el presupuesto asignado de 62 mil millones de pesos para 2025 es insuficiente para cumplir su deber ante el pueblo.

    La Jufed también destacó que esta disminución en los recursos resultaría en una reducción del personal y en condiciones laborales desfavorables para jueces y trabajadores. Esto incluye el riesgo de perder derechos adquiridos como el Fondo de Retiro Individual (FORI) y el Seguro de Separación Individualizado (Segsei).

    La asociación dejó claro que están dispuestos a organizar manifestaciones si la situación no mejora, utilizando una coreción que afectaría al pueblo.

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  • En un exclusivo encuentro con el periodista Manuel Pedrero, César Gutiérrez comparte su experiencia en la entrevista para la elección judicial

    En un exclusivo encuentro con el periodista Manuel Pedrero, César Gutiérrez comparte su experiencia en la entrevista para la elección judicial

    En una reciente conversación con el periodista Manuel Pedrero, César Gutiérrez habló sobre su experiencia en el Comité de Evaluación para aspirar a un cargo en el Poder Judicial. Gutiérrez describió la entrevista como un proceso “muy profesional” y “bien organizado”. Según sus palabras, “las preguntas fueron muy concretas, muy directas”, lo que considera un buen ejercicio para evaluar a los perfiles aspirantes.

    La entrevista tuvo una duración aproximada de 12 minutos, segmentada en tres preguntas, con un espacio final de cerca de un minuto y medio para un posicionamiento personal. Aunque no pudo revelar detalles específicos sobre las preguntas, mencionó que eran de carácter técnico y relevantes para la realidad del país. “Te piden que no comentes el tipo de preguntas que se realizaron, pero te puedo decir que fueron algunas preguntas de carácter técnico respecto a algunos temas en específico”, explicó.

    Reflexionando sobre su trayectoria, Gutiérrez destacó la importancia de esta oportunidad. “Me parece que muy posiblemente existan mejores perfiles que el mío, pero yo no podía dejar pasar una oportunidad como esta de hacer un cambio trascendental en lo que es el poder judicial de nuestro país”, afirmó. Su compromiso se ve reforzado por su propia experiencia: “Yo en lo personal viví, y es un hecho público que yo lo he hecho al conocimiento y está documentado, haber sido secuestrado y torturado por personal militar en el sexenio de Ernesto Zedillo”.

    Gutiérrez subrayó que su motivación radica en prevenir que otros sufran experiencias similares a la suya. “Es mi obligación, me parece, como abogado, como postulante, como persona que cree en la justicia, que nunca vuelva a suceder un hecho como el que me sucedió a mí y a mi familia”, concluyó.

    Con la decisión del Comité aún pendiente, Gutiérrez se muestra optimista sobre su futuro en el proceso. “Me da orgullo el haber podido cumplir hasta este momento con lo que ha sido el proceso para ser candidato a ministro de la Suprema Corte”, finalizó.

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  • La corrupción siempre tiene pretextos: Norma Piña y sus secuaces tratan de justificar sus constantes sabotajes contra la elección judicial

    La corrupción siempre tiene pretextos: Norma Piña y sus secuaces tratan de justificar sus constantes sabotajes contra la elección judicial

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió a las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum de esta mañana, quien expuso que el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha cometido acciones en contra de la Reforma Judicial y de intentar reducir las prestaciones de los trabajadores en vez de reducir las prestaciones y altos sueldos de las cúpulas del PJ.

    En un comunicado, la SCJN trató de justificar que la entrega de los recursos de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) depende exclusivamente de Nacional Financiera (Nafin). Desde el 25 de septiembre, la Corte inició los trámites con Nafin y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para extinguir los fideicomisos conforme al mandato constitucional. El 10 de diciembre, Banobras transfirió los recursos del Fondo Jurica a la Tesofe; sin embargo, Nafin ha señalado la existencia de suspensiones en juicios de amparo que le impiden entregar los fondos restantes, echando abajo este nuevo pretexto de Norma Piña y sus secuaces.

    Respecto a la suspensión del proceso de selección de candidatos por parte del Comité de Evaluación del PJF, la SCJN acusa que se acataron las sentencias de los juzgadores conforme al marco legal vigente. Además, recomendó con todo cinismo, “que existen medios de impugnación para combatir dichas determinaciones”.

    Sobre reducir las prestaciones de trabajadores en vez de bajar las altas prestaciones de los altos mandos, la Corte trató de justificar con que el 5 de diciembre, representantes del PJF comparecieron ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para exponer el impacto negativo de una reducción presupuestal, aún cuando en varias ocasiones el Gobierno de México recomendó al apodado “cártel de la toga” administras mejor sus recursos antes de aumentos presupuestales.

    “Por esta razón, en diciembre de 2024, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, planteó a la Secretaría de Gobernación la posibilidad de una ampliación presupuestal para salvaguardar los derechos laborales del personal del PJF”, señala la misiva.

    Cabe mencionar que este viernes, la Presidenta Sheinbaum expresó su preocupación por las acciones de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien intenta obstruir la elección de jueces, magistrados y ministros programada para el 1 de junio. Claudia Sheinbaum señaló que “la Corte, su presidenta y algunos ministros, están utilizando su espacio para evitar que se dé la elección del Poder Judicial”, señalando que han tomado tres acciones en contra de la reforma judicial.

    Destacó la aceptación de amparos que impiden que los recursos de fideicomisos sean transferidos a la Tesorería de la Federación. Sheinbaum subrayó que “la Constitución es clara, y esos recursos deben integrarse”. También mencionó la interrupción de los trabajos de la Comisión del Poder Judicial, afirmando que “no hay argumento válido para detenerlos”.

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  • Claudia Sheinbaum exhibe la obstrucción de Norma Piña a la elección judicial mediante recursos legales irregulares

    Claudia Sheinbaum exhibe la obstrucción de Norma Piña a la elección judicial mediante recursos legales irregulares

    Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum expresó su preocupación por las acciones de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien intenta obstruir la elección de jueces, magistrados y ministros programada para el 1 de junio. Claudia Sheinbaum señaló que “la Corte, su presidenta y algunos ministros, están utilizando su espacio para evitar que se dé la elección del Poder Judicial”, señalando que han tomado tres acciones en contra de la reforma judicial.

    Destacó la aceptación de amparos que impiden que los recursos de fideicomisos sean transferidos a la Tesorería de la Federación. Sheinbaum subrayó que “la Constitución es clara, y esos recursos deben integrarse”. También mencionó la interrupción de los trabajos de la Comisión del Poder Judicial, afirmando que “no hay argumento válido para detenerlos”.

    Además, Sheinbaum hizo hincapié en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha declarado que la SCJN no tiene competencia en estos temas, dado que se trata de una elección popular. La presidenta también criticó a la SCJN por su postura frente a la reducción presupuestal del Poder Judicial, argumentando que “los salarios de jueces y ministros deben ser menores que el de la presidenta de la República”.

    En sus declaraciones, Sheinbaum reiteró que las acciones de la Suprema Corte son un intento por frenar una reforma que fue aprobada democráticamente y responde a la voluntad del pueblo. “Están actuando en contra de la reforma que fue decidida por el pueblo y aprobada de acuerdo con la Constitución”, concluyó.

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  • Claudia Sheinbaum anuncia reunión entre Norma Piña, Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy para abordar el tema de los fideicomisos

    Claudia Sheinbaum anuncia reunión entre Norma Piña, Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy para abordar el tema de los fideicomisos

    Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que funcionarias del gobierno federal sostendrán una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    La cita, que será encabezada por la presidenta de la Corte, Norma Piña, tiene como finalidad discutir dos temas cruciales: las cifras de los fideicomisos del Poder Judicial y la continuidad del proceso de selección de candidatos para las elecciones populares programadas para el 1 de junio.

    Sheinbaum detalló que a este encuentro asistirán la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy. La mandataria enfatizó que es fundamental conocer “cuántos recursos tienen [los fideicomisos] y cuándo se van a entregar”, además de asegurar que el proceso electoral no se vea interrumpido.

    La presidenta subrayó la importancia de permitir que todos los aspirantes tengan la oportunidad de participar en el proceso electoral. “Nos interesa que quiten el freno en su Comité de Selección de Candidatos para la elección al Poder Judicial y resolver el pendiente de los fideicomisos”, concluyó Sheinbaum.

    Con este encuentro se busca consolidar la última fase de la Reforma Judicial para desahogar los amparos improcedentes que protegen los fideicomisos que aportarán fondos para la elección judicial que se dará este año.

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  • La SCJN ratifica multa millonaria a Luis Enrique Arvizu, ex funcionario de Calderón, por daño al erario público vinculado a la Estela de Luz

    La SCJN ratifica multa millonaria a Luis Enrique Arvizu, ex funcionario de Calderón, por daño al erario público vinculado a la Estela de Luz

    La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles una sentencia que impone una multa de 230 millones de pesos a Luis Enrique Arvizu Romano, quien se desempeñó como exgerente de estudios en la controvertida Estela de Luz. Esta obra, inaugurada en la Ciudad de México durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), ha sido objeto de críticas por su elevado costo y cuestionables manejos administrativos.

    El fallo se produjo tras el rechazo unánime del amparo directo que Arvizu había interpuesto, el cual representaba su última oportunidad para evadir esta sanción económica. La multa fue dictada en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) debido a su “responsabilidad resarcitoria” en la construcción del Monumento al Bicentenario.

    Este caso surge a raíz de 134 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que señalaron irregularidades en la ejecución del proyecto. Arvizu fue acusado de errores en la integración de precios y diferencias en los conceptos de obra, lo que resultó en un daño significativo al erario público. Según la ASF, parte del perjuicio se debió a prácticas como la subcontratación inadecuada y pagos excesivos. Aunque el costo inicial del proyecto se estimó en 393 millones de pesos, el gobierno terminó gastando más de 1,300 millones.

    Durante el desarrollo del proyecto, Arvizu Romano ocupó un puesto clave en I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., una empresa vinculada a Petróleos Mexicanos (Pemex). En octubre de 2022, el TFJA determinó que debía afrontar el pago de 230 millones por los daños ocasionados a las finanzas públicas. La magistrada Luz María Anaya Domínguez subrayó que esta decisión es resultado de una minuciosa revisión de la cuenta pública del año 2011, centrada en la gestión financiera de los recursos federales destinados a este emblemático monumento.

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