La mañana de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Ministra Norma Piña, aún titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no será invitada a la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución, esto debido a que ha irrespetado a la Constitución, al pueblo de México y a los otros dos Poderes.
Ahora la eterna senadora plurinominal de Acción Nacional, Kenia López Rabadán ha exigido desde sus redes sociales que la Presidenta Sheinbaum invite a Piña Hernández, apelando al mismo feminismo que ella y su partido solo usan en situaciones a convenir, como la actual. Quitada de la vergüenza, Rabadán, que se ha puesto de lado de Trump, también sacó el tema de la “unidad” para tratar de presionar a la mandataria.
Las respuestas no tardaron en llegar al post de Kenia López, donde le recordaron que el mensaje a la unidad no contempla a los traidores a la patria del PRIAN, señalando que las varias decenas de millones que respaldan a la Presidenta, son suficientes para defender a México.
Nel pastel unidad con ustedes nooooo El llamado a la unidad es para patriotas Mexicanos No a traidores a la patria!! pic.twitter.com/D4osERCDBj
Incluso en un tono más “dialogado”, le han explicado a Kenia que ella es la que debe reflexionar, ya que ahora pide lo que no puede aportar, recordando las veces que se ha burlado de la mandataria y del pueblo que la respalda, para ahora hacer berrinche por una invitación de su aliada ideológica.
Ojalá usted Kenia López rectifique y corrija la actitud propia hacia la Presidenta de la República y el Pueblo de México, al mofarse de una y mil maneras. Ni usted, ni la ministra han estado al nivel, exigen y no les gusta aportar, pues no, no son así las cosas. Rectifiquen.
La tarde de este lunes, el Senado de la República llevó a cabo la segunda insaculación para elegir candidatos para la histórica elección judicial a celebrarse el próximo mes de junio y en donde el pueblo mexicano podrá votar en libertad para seleccionar a las y los impartidores de justicia, tal y como lo demandó en las pasadas elecciones.
Uno de los perfiles que destaca en este segundo día de insaculaciones, ha resultado seleccionado para la Suprema Corte, César Gutiérrez Priego, destacado abogado especialista en derecho penal y militar, cuya experiencia en causas sociales, sería clave para la renovación del máximo tribunal de justicia del país.
📹 #Vídeo | Uno de los mejores perfiles para defender al pueblo: El abogado especialista en derecho penal, César Gutiérrez Priego (@cesargutipri), sale seleccionado en la insaculación de candidatos para ministros de la Suprema Corte de Justicia. pic.twitter.com/2i7VJpv5YB
En cuanto a su trayectoria profesional, Gutiérrez Priego lleva más de 1 mil casos legales defendidos a lo largo de su carrera, incluidos asuntos de alto perfil en justicia militar y Derechos Humanos. Por si fuera poco cuenta con estudios en universidades nacionales e internacionales como la Universidad Intercontinental, la Universidad de Navarra y el Boston College.
“Esto no es solo una oportunidad, es una responsabilidad”: César Gutiérrez
Fue el pasado 25 de noviembre de 2024 cuando el abogado César Gutiérrez Priego detalló en Sin Máscaras, sus intenciones de competir para ser un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la elección judicial para él no se trata de una “oportunidad”, sino una “responsabilidad” en caso de salir victorioso.
“Siempre he sido abogado litigante, nunca he trabajado para el gobierno ni he sido funcionario público. Creo en una justicia que no dependa de apadrinamientos o conexiones (…) Antes, para aspirar a ser juez o magistrado, necesitabas alguien que te recomendara. Hoy, tenemos la oportunidad de cambiar eso y hacerlo por mérito.”
“Tomé esta decisión después de analizar los riesgos y hablar con mi familia. No quiero que mis hijos pasen por las injusticias que yo viví (…) Cualquier ciudadano que haya vivido una injusticia tiene el deber de luchar por un verdadero cambio en la impartición de justicia.”
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló al juez Sergio Santamaría por haber otorgado un amparo que intentó frenar la selección de candidatos para la elección judicial, pese a que el recurso fue solicitado por una asociación a la que él mismo pertenece.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expuso lo que calificó como un proceso “irregular”, en el que el mismo juez que presentó el amparo terminó resolviéndolo.
“Es el mismo juez que presenta el amparo el que resuelve (…) un juez a nombre de una asociación presenta el amparo y como juez lo resuelve o bueno, da la suspensión, en un proceso completamente irregular”, explicó la mandataria.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que este 31 de enero el Comité de Selección del Poder Ejecutivo dará a conocer la lista de aspirantes que participarán en la elección del Poder Judicial. pic.twitter.com/wP12evrclI
A pesar de que los amparos no aplican en temas electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió suspender el proceso, lo que obligó al Tribunal Electoral (TEPJF) a intervenir. En consecuencia, el tribunal envió la lista de aspirantes a jueces al Senado de la República para continuar con el procedimiento.
Sheinbaum también cuestionó la forma en que se eligieron los nombres enviados por el Tribunal Electoral, especialmente en el caso de las mujeres candidatas. “Envía los nombres, en caso de las mujeres ‘casualmente’ envía exactamente los nombres para que no haya insaculación (…). ¿Cómo pasaron de 3 mil al número de personas que enviaron?”, comentó, en referencia a la posible manipulación del proceso.
A pesar de estas irregularidades, la presidenta destacó que el procedimiento sigue en marcha y que aún falta la insaculación por parte del Ejecutivo y el Legislativo para definir a los candidatos que estarán en las boletas.
El empresario Ricardo Salinas Pliego sigue con su absurda negación a pagar lo que le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT), tal es su codicia que prefiere pagar abogados y litigios, en lugar de abonar a las deudas que tiene con el Pueblo de México.
Con el propósito de evitar a las autoridades hacendarias, el equipo legal de Salinas Pliego ha decidido emprender nuevas triquiñuelas legales para retrasar una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que de alguna manera las ministras y los ministros desistan de participar en ellos, con lo cual, en teoría, el dueño de Elektra se saldría con la suya.
Grupo Elektra cuenta con créditos fiscales por más de 34 millones de pesos, que gracias a los litigios permanecen atorados en la SCJN. Se trata de créditos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008, 2012 y 2013.
Aunque este miércoles la Primera Sala y la Segunda Sala del Tribunal Supremo han conocido dos de los litigios interpuestos por Ricardo Salinas Pliego, no se ha podido llegar a ninguna conclusión en ambas situaciones.
Ricardo Salinas Pliego se ha encargado de obstaculizar la labor de casi todos los ministros y ministras. Primero interpuso recursos de revisión para impedir el involucramiento en sus casos de la ministra Lenia Batres y Yasmín Esquivel, luego también contra la ministra Margarita Ríos Farjat.
El empresario tiene también un amparo vigente contra un crédito fiscal por 67 millones 165 mil 827 pesos.
Luego, se encargó a la ministra Loretta Ortiz la resolución sobre si era posible o no la participación de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, pero Salinas Pliego volvió a contratacar y volvió a emitir un recurso para impedirle ahora a Ortiz tomar una decisión al respecto. Como lo pueden constatar se trata de un embrollo legal con el único fin de retrasar lo inevitable, Salinas Pliego tendrá que pagar lo que debe.
Otro es el caso del crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, que desde el 2019 la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmó se tenía que pagar por parte de Elektra. Y aunque la ministra Lenia Batres también determinó que se debía hacer el pago, y el ministro Pérez Dayán tiene listo su proyecto para apoyar dicha sentencia, Salinas Pliego volvió a revirar con otro recurso legal que le dará más tiempo.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, defendió la reciente resolución que instruye a la Mesa Directiva del Senado a continuar con el proceso de elección judicial, luego de la renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Soto aseguró que la determinación se tomó conforme a la Constitución y sin ningún tipo de sesgo, con el objetivo de garantizar los derechos de más de mil aspirantes afectados por la parálisis del proceso.
“Está en la Constitución, dice que la Mesa Directiva se puede hacer cargo. Estamos garantizando el derecho de más de mil personas que había obstruido el comité técnico (…) el Tribunal no está juzgando con ningún sesgo”, explicó.
📹 #Vídeo | @CiroGomezL cuestiona a la magistrada presidenta del #TEPJF por la resolución que emitieron en defensa de los ciudadanos para continuar con el proceso de selección de candidatos para la elección judicial y la servidora pública, a base de verdades, le acomoda una… pic.twitter.com/O38nntNYMo
Asimismo, enfatizó que la elección no puede ser suspendida por un amparo y defendió la facultad del Tribunal Electoral para resolver estos casos. Argumentó que los jueces de amparo no tienen competencia en materia electoral, por lo que dichas suspensiones no proceden.
“Nosotros también somos jueces y los jueces de amparo son incompetentes. El amparo no procede en materia electoral”, subrayó.
Soto rechazó que el Tribunal haya sustituido a otro poder y aclaró que el papel del Senado en este proceso se limita a realizar el sorteo de manera transparente y remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El Senado no va a meter la mano porque ese límite lo pusimos, sólo hace el sorteo y a la vista de todos, de manera transparente, lo va a mandar a la Corte. Nosotros no sustituimos a un poder por otro, sustituimos el trabajo de un órgano técnico nada más”, precisó.
Finalmente, insistió en que las suspensiones dictadas contra la reforma judicial no tienen fundamento, pues los jueces que las otorgaron carecen de competencia en esta materia.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseguraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha ordenado suspender la elección judicial, por lo que este órgano, como máxima instancia en la materia, tampoco lo hará.
En conferencia de prensa, Felipe de la Mata, acompañado de sus colegas Mónica Soto, presidenta del Tribunal, y Felipe Fuentes, dejó en claro que la elección se llevará a cabo conforme a derecho.
“Si alguien está queriendo entorpecer la elección, no sé si sea el caso, pero lo que estamos haciendo es quitar todas las piedritas en el camino. Va a haber elección porque la Constitución lo mandata y será un ejemplo para el mundo”, afirmó De la Mata.
Soto, por su parte, subrayó que los tiempos del ámbito electoral no son los mismos que los de la SCJN. Recordó que, desde octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó una aclaración a la Corte sin obtener respuesta.
El tribunal rechaza interferencias y defiende su competencia
La magistrada explicó que el TEPJF es la última instancia en materia electoral y, por lo tanto, decidió rechazar cualquier competencia del juez de amparo en el proceso.
Mostró, además, la respuesta de la SCJN al Comité de Evaluación del Poder Judicial, fechada el 23 de enero, en la que se aclara que la suspensión de actividades del Comité no implica frenar la elección.
“El tribunal electoral no ha violado ninguna orden de la Corte, y eso es importante que se diga aquí y en Stanford. Perdón, es que no hay ninguna orden de la Corte y menos violentada por este tribunal”, enfatizó Soto.
Aseguró que algunas personas se sienten frustradas por considerar que la reforma afectó su carrera judicial, pero aclaró que el tribunal no puede permitir que sus sentencias sean ignoradas ni que un juez sin competencia intente interferir en su labor.
Resolución de impugnaciones y determinación del Senado
Este miércoles, el TEPJF resolvió las últimas impugnaciones de aspirantes rechazados por los comités de Evaluación de los Poderes Judicial y Ejecutivo, sumando 112 casos revisados la semana pasada.
Los magistrados indicaron que su objetivo al ordenar al Comité del Poder Judicial reanudar los trabajos fue garantizar los derechos de los aspirantes. Ante la negativa del Comité, determinaron que el Senado realice la insaculación, sin intervenir en la selección de candidatos.
De la Mata recordó que este procedimiento ya se ha aplicado en el pasado cuando una autoridad se ha mostrado renuente a cumplir con sus obligaciones, priorizando la protección de derechos establecidos en la Constitución.
La ministra Lenia Batres salió en defensa de las trabajadoras y trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de que se aprobaran recortes por 184.5 millones de pesos contra las prestaciones de la planta laboral del máximo tribunal, entre las que se encuentran subsidios para el comedor y el bono de fin de año.
Como alternativa, la ministra del pueblo propuso implementar ahorros mayores a los 217.4 millones de pesos, eliminando las prestaciones para los altos mandos y ministros, privilegios que de hecho están prohibidos en el artículo 127 de la Constitución federal.
Ojalá la Corte en los próximos días pueda estar modificando esta resolución que me parece que no es un buen ejemplo de lo que esperamos, espera a la ciudadanía, que podemos esperar todos del concepto de justicia que tienen las personas juzgadoras de nuestro país”, planteó la ministra Batres Guadarrama.
Aseguró que la mayor expresión de la justicia es proteger a quienes menos tienen y garantizar sus derechos laborales. En este caso no debería haber un retroceso en aquellas prestaciones que brindan un nivel de bienestar básico.
La Suprema Corte recortó dos prestaciones de sus trabajadores. No ha revertido esta decisión. pic.twitter.com/Fe26TjiGA9
Aunque la ministra Batres Guadarrama expresó su alternativa en mesas privadas, ninguno de los integrantes de la SCJN ha respondido favorablemente, por ello decidió hacer pública la situación a través de un video en la red social X.
Ella asegura que no es necesario hacer recortes a las prestaciones de las trabajadoras y trabajadores, pero lo que sí sería justo, demandó, es recortar unos 217 millones de pesos correspondientes a privilegios de funcionarios de jerarquía y ministros. Esto con la intención de que la balanza se decante a favor de la clase trabajadora y en detrimento de quienes ostentan todo el poder de la justicia.
Por estos conceptos que son privilegios para 11, bueno para ahora 10 ministros, se estarían disminuyendo 217 millones 440 mil 454 pesos, es decir, incluso permitiría un ahorro mayor que la afectación a las prestaciones de las y los trabajadores”, detalló la ministra Batres Guadarrama.
Finalmente, la ministra dijo que se podría tomar el ejemplo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en donde ya se revirtieron aquellas medidas que afectaban los derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores. Por lo tanto ya hay un antecedente que pude ser aplicable a la presente situación en la SCJN.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó pase directo a todas las mujeres inscritas para las candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que evitó el proceso de insaculación. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien denunció la falta de transparencia en el procedimiento.
De acuerdo con el legislador, la cantidad de mujeres inscritas fue tan reducida que todas obtuvieron automáticamente un lugar en la boleta. “Hicieron las cosas de tal manera que mandaron los directos sin que… Ellos sí a dedo, ellos sí determinado previamente”, acusó Noroña en conferencia de prensa. Insistió en que, a diferencia de este proceso, el Senado llevará a cabo una insaculación para elegir a las mejores personas para las candidaturas, dejando la decisión final en manos del pueblo a través del voto.
La lista de mujeres que avanzaron directamente incluye a Marisela Morales Ibáñez, Ana María Ibarra Olguín, Dora Alicia Martínez Valero, Jazmín Bonilla García, Lutgarda Madrigal Valdez, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Olivia Aguirre Bonilla, Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Rosa Elena González Tirado.
Más Casos de Designación Directa en el PJF
El senador Noroña aseguró que este método no se aplicó exclusivamente en la Suprema Corte, sino también en la selección de magistradas y magistrados de la Sala Superior y de diversas Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Explicó que se utilizó el mismo mecanismo en la Sala Regional de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa.
“Dicho de otra manera, en todas las salas regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, las mujeres tienen pase directo. A dedo decidieron quiénes van a ir por el Poder Judicial”, afirmó. No obstante, reveló que la designación directa también benefició a tres hombres en tribunales regionales.
Posible Conflicto de Interés en el Amparo Contra el Proceso
Otro punto de controversia señalado por el legislador fue el amparo concedido para frenar los trabajos de los comités de selección de candidaturas en el proceso judicial. Según Noroña, el juez responsable de otorgar el amparo, Sergio Santamaría Chamú, tenía un claro conflicto de interés.
“El Juez que otorgó el amparo pertenece a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del PJF, la misma asociación que interpuso el recurso”, denunció. Aseguró que Santamaría Chamú no se recusó del caso a pesar de haber llevado el proceso hasta el final. “Renunció cinco días antes a la asociación, pero eso no tiene ninguna justificación. Llevó todo el proceso y cuando iba a emitir el fallo, entonces se retira. Es terrible”, afirmó.
Además, Noroña expuso que tres miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial, Wilfrido Castañón León, Emma Meza Fonseca y Hortencia María Emilia de la Puente, formaban parte de la misma asociación y estuvieron involucrados en la solicitud del amparo. “Se solicitan el amparo ellos mismos y ellos mismos lo resuelven. Literalmente, son juez y parte”, concluyó.
En el marco del proceso rumbo a la Elección Judicial 2025, la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, insiste en obstaculizar la voluntad del Pueblo de México, reflejada en la Reforma al Poder Judicial aprobada por las y los representantes populares en el Poder Legislativo.
Es por eso que en entrevista con Manuel Pedrero para Reporteros MX, la ministra Yasmín Esquivel, denunció la actitud mezquina de Piña y de otros integrantes del Poder Judicial, quienes se aferran al viejo sistema en el que lejos de impartir justicia, la balanza siempre se inclinaba en favor de las y los poderosos, mientras que dejaban en el desamparo a los grupos históricamente vulnerados.
El 65 por ciento de las mexicanas y los mexicanos consideran que las y los jueces son corruptos, según datos del Inegi, es por eso la urgencia de transformar el Poder Judicial, señaló la ministra Esquivel.
Lo que yo veo en la ministra presidenta Norma Piña, es una actitud aún de resistencia a la Reforma Constitucional (al Poder Judicial). Creo yo que en este momento… ya no debe estar ella en la etapa de la resistencia, ya debe estar en la etapa de la aceptación y continuar hacia adelante para que esta implementación sea lo más limpio posible, lo más nítido posible y facilitar las cosas para que la Elección (Judicial) se lleve a cabo”, denunció la ministra Esquivel.
La justicia, la transformación de las instituciones, la justicia de puertas abiertas y la inmediatez en la impartición de justicia, son los principales ejes de acción que sigue la ministra Yasmín Esquivel, por eso es que la derecha se ha ensañado con ella, sin embargo, mujer valiente, le ha dado la cara a los ataques y ha salido avante.
Los juzgadores debemos tener principios: honestidad, transparencia, el principio de honorabilidad, también debemos ser independientes, autónomos, debemos resolver conforme están las constancias del expediente y lo que dicen la Constitución y las leyes; no podemos alejarnos de eso que está y que tenemos en el escritorio, no podemos resolver tampoco con consignas políticas, ideológicas, económicas”, advirtió la ministra Yasmín Esquivel.
Gracias a un proyecto presentado por el ministro ministro Alberto Pérez Dayán, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la pena de prisión vitalicia en el Estado de México contra los crímenes de odio: asesinatos motivados por el clasismo, racismo, homofobia, transfobia y en general todo tipo de discriminación.
Se trata de asesinatos con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima.
La medida vigente desde el año 2019 en el Estado de México, se invalidó gracias a la unanimidad de los 10 votos del máximo tribunal, por lo que queda sin efectos el artículo 242, fracción V, del Código Penal de esa entidad.
Esta es abiertamente contraria a la finalidad de la pena de prisión prevista en el artículo 18 constitucional, pues se traduce en la neutralización social del sentenciado, en tanto, al coincidir la sanción en una duración idéntica a la de su vida, se suprime por completo la posibilidad de reintegrarlo a la sociedad y los medios destinados a la consecución del fin de la propia reinserción pierden completamente su utilidad”, argumentó el ministro Pérez Dayán.
En el mismo sentido, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, opinó que la prisión vitalicia impide que se lleve a cabo la reinserción social. Mismo criterio con el que la Suprema Corte resolvió la invalidez de la misma pena para el caso del estado de Chihuahua, esto el 2 de diciembre del 2024.
El ministro Pérez Dayán se escudó asegurando: “Debo aclarar en este aspecto que presento el proyecto de acuerdo con el criterio mayoritario, como lo expresé inicialmente sin que (yo) lo comparta”.
También propuso la invalidez por extensión proporciones de los artículos 23, 68, 94, 242, 266, 274 y 290 del Código Penal del Estado de México que imponen la pena de prisión vitalicia aplicable para otros delitos, sin embargo ahí sí no logró el apoyo del Pleno de la SCJN, recibiendo 6 votos en contra y 4 a favor, por lo tanto esta propuesta sí fue rechazada.
Ahora bien, la ministra Yasmín Esquivel aclaró que con este fallo no se elimina las otras sanciones previstas en la ley para este tipo de crímenes.
… solamente que habrá de ajustarse la sanción a otras penalidades previstas en el mismo código, como es el caso concreto, oscilan entre 40 y 60 años de prisión, tal como se explica más adelante en el proyecto, en los efectos que se proponen”, abundó.
El presente fallo de la SCJN tiene efectos retroactivos, por lo que quienes hayan recibido una sentencia de prisión vitalicia, deberá ser modificada cómo lo explicó la ministra Esquivel, dependiendo de cada caso en concreto.
