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Etiqueta: SCJN

  • Lenia Batres ajusta su proyecto en la Corte tras escuchar propuestas de personas con discapacidad

    Lenia Batres ajusta su proyecto en la Corte tras escuchar propuestas de personas con discapacidad

    Tras las audiencias públicas en la SCJN, la ministra Lenia Batres Guadarrama anunció que modificará su proyecto sobre la consulta a personas con discapacidad, luego de atender preocupaciones expresadas por las y los propios participantes.

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, informó que hará ajustes a su proyecto de resolución sobre el nuevo criterio que el tribunal aplicará al analizar leyes impugnadas por falta de consulta a personas con discapacidad. El anuncio se dio tras escuchar las posturas de más de 30 asistentes a las audiencias públicas convocadas por la Corte.

    Batres explicó que varios participantes advirtieron que su propuesta —que planteaba permitir que solo las comisiones de derechos humanos pudieran presentar acciones o controversias “a solicitud de personas con discapacidad” y con al menos 15 firmas— podría generar una carga adicional para ese sector. “Nos hicieron ver algo que no habíamos considerado… ahora intentaremos atender esa preocupación”, afirmó la ministra.

    Durante la segunda jornada, Batres adoptó un tono más empático y se presentó ante una treintena de personas con discapacidad, incluso autodescribiéndose físicamente para atender la solicitud de asistentes con discapacidad visual. El debate se centró en la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que busca revisar el criterio con el que la Corte ha invalidado cerca de 50 normas en la última década por falta de consulta previa.

    El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que el derecho a la consulta no está en duda, pero expuso que la discusión se centra en determinar si una ley que beneficia a las personas con discapacidad puede o no invalidarse automáticamente por falta de consulta, y si las comisiones de derechos humanos deben actuar siempre en nombre del sector sin dialogar previamente con él.

    Aunque prevalecieron críticas hacia el proyecto de Batres, también se escucharon voces a favor. Organizaciones civiles como Latido Colibrí A.C. respaldaron el nuevo enfoque de analizar cada caso individualmente, al considerar que ello representa un avance hacia una inclusión más efectiva. 

    El proceso de deliberación continuará en la Corte en los próximos días, mientras la ministra Batres integra las observaciones ciudadanas en la versión final de su propuesta, que buscará equilibrar la participación directa de las personas con discapacidad con la eficiencia de los mecanismos legales de consulta.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Revés legal para Grupo Elektra

    Revés legal para Grupo Elektra

    La Suprema Corte aplica por primera vez la nueva Ley de Amparo, lo que afecta los litigios de Grupo Elektra.

    El 21 de octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante al aplicar por primera vez la reforma a la Ley de Amparo. Esta nueva normativa busca agilizar los procesos judiciales y evitar abusos en las recusaciones.

    Con siete votos a favor y uno en contra, el pleno de la Corte resolvió una contradicción de criterios entre sus salas. En esta ocasión, se determinó que los ministros y magistrados no pueden ser apartados de un juicio por motivos “accesorios”, como recusaciones que no afectan el fondo del caso.

    La ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente del caso, explicó que las recusaciones solo pueden plantearse para que los jueces se abstengan de conocer el fondo del asunto. Esto significa que no se pueden presentar nuevas recusaciones durante el trámite de un impedimento, ya que se trata de un procedimiento secundario.

    Este cambio legal impactará varios casos en curso, incluyendo los litigios fiscales de Grupo Elektra. La empresa, encabezada por el evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, ha enfrentado varios obstáculos legales, y esta decisión podría complicar aún más su situación.

    La contradicción de criterios surgió de dos sentencias. La primera sala consideró improcedentes las recusaciones, mientras que la segunda las consideró necesarias para garantizar la imparcialidad en el juicio. Este conflicto se remonta a un recurso de revisión que Grupo Elektra presentó en 2024 sobre un crédito fiscal de más de 67 millones de pesos.

    El caso se volvió aún más complejo cuando la empresa recusó a dos ministras, lo que llevó a la creación de jurisprudencia en marzo de 2025. Con la nueva Ley de Amparo en vigor, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el fondo del asunto ya ha sido resuelto.

    Esta decisión marca un cambio significativo en la forma en que se manejan las recusaciones y podría sentar un precedente para futuros casos. La SCJN busca así fortalecer la eficiencia del sistema judicial y garantizar que los litigios se resuelvan de manera más rápida y efectiva.

  • Ministra Yasmín Esquivel: “Nadie decidirá sin escuchar a las personas con discapacidad”

    Ministra Yasmín Esquivel: “Nadie decidirá sin escuchar a las personas con discapacidad”

    La Ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mossa, reafirma la importancia de la participación activa de las personas con discapacidad en decisiones que las afectan. Destaca que la consulta previa no es un trámite, sino un diálogo para construir una justicia más inclusiva.

    En el segundo día de la Audiencia Pública, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa dejó claro que las decisiones que afectan a las personas con discapacidad deben tomarse con su voz. Ella aseguró que escuchar a quienes viven la discapacidad no es una formalidad, sino una obligación que fortalece la democracia y la justicia.

    Esquivel Mossa explicó que la discapacidad no es igual para todos. Por eso, la consulta previa, libre e informada, no puede ser vista como un simple trámite. Para ella, este proceso es una oportunidad para dialogar y reconocer las experiencias reales de las personas en su día a día.

    La ministra resaltó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que escuchar y reconocer a estas personas no es solo un deseo, sino un deber jurídico y ético. Ella afirmó que ninguna decisión debe tomarse sin tener en cuenta su visión y sus obstáculos.

    Asimismo, Esquivel Mossa subrayó que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad deben entenderse desde su realidad, no desde una perspectiva ajena. La tarea del Poder Judicial, dijo, es eliminar todo obstáculo que impida su ejercicio pleno de derechos.

    Finalizó señalando que la justicia debe ser inclusiva y escuchar siempre las voces de quienes más necesitan que se les respete y valore. La ministra dejó en claro que ninguna decisión importante se tomará sin el consentimiento y la participación activa de las personas con discapacidad.

  • Importante la primera audiencia pública de la SCJN

    Importante la primera audiencia pública de la SCJN

    ¡Se acabó el negocio de legislar a espaldas de la población discapacitada!

    Por Ricardo Sevilla

    Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará su primera audiencia pública y consultará a personas con discapacidad, en el marco de la AI 182/2024.

    Pero le digo más: esta primera audiencia pública es más que un acto de transparencia: es la culminación de una batalla legal y social por la dignidad y la participación de personas con discapacidad.

    Seamos claros en los hechos.

    Históricamente, el sistema jurídico mexicano, al igual que en gran parte del mundo, ha operado bajo un modelo médico-rehabilitador o, en el mejor de los casos, paternalista hacia las personas con discapacidad. Esto significa que las leyes y políticas se diseñaban para ellas, pero sin ellas, asumiendo que los expertos o el Estado sabían lo que era mejor.

    Durante siglos, la discapacidad fue vista a través del lente del modelo de la caridad o médico, traduciéndose en una política pública y judicial de paternalismo: se les consideraba sujetos de asistencia y no de derechos plenos.

    Y eso está por cambiar en México.

    La SCJN, al abrir este espacio de diálogo, valida el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. Este modelo establece que la discapacidad no es la deficiencia física o mental, sino el resultado de las barreras actitudinales y del entorno (físico, comunicacional, legal) que impiden la participación plena.

    Es un logro que la SCJN cumpla su objetivo de tener una Corte de puertas abiertas, como había prometido la ministra Yasmín Esquivel.

    El derecho a la consulta es el antídoto al paternalismo, ya que reconoce la capacidad de agencia de las personas con discapacidad, es decir, su capacidad de actuar y tomar decisiones.

    La decisión de la Corte, al abrir sus puertas, no solo impactará una ley local, sino que fijará la regla de oro para la legitimidad democrática de toda norma que afecte a personas con discapacidad. Una ley es legítima no solo por su contenido, sino por el proceso de su creación.

    Es crucial que los ministros y ministras entiendan que escuchar no es un favor, sino la base mínima de un Estado de Derecho digno.

  • Yasmín Esquivel retira proyecto sobre el caso Totalplay y Hacienda

    Yasmín Esquivel retira proyecto sobre el caso Totalplay y Hacienda

    La ministra Yasmín Esquivel decidió detener un proyecto que buscaba que la Corte desestimó un recurso de Hacienda en un caso contra Totalplay, relacionado con un crédito fiscal millonario.

    Yasmín Esquivel retiró un importante proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ministra decidió suspender en el último momento una propuesta que buscaba rechazar un recurso de la Secretaría de Hacienda contra una sentencia favorable a Totalplay, empresa de Ricardo Salinas Pliego. Este caso se centra en un conflicto por un crédito fiscal que supera los 645 millones de pesos.

    El litigio empezó cuando Totalplay impugnó un crédito fiscal impuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La autoridad fiscal determinó esa deuda en 2017, y la empresa no estuvo de acuerdo. Por eso, promovió un juicio contencioso-administrativo, que fue confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La compañía buscaba que la justicia le reconociera que podía deducir ciertos pagos realizados a distribuidores, por más de 620 millones de pesos.

    En 2024, la SCJN intervino para proteger los derechos de Totalplay. La Sala concedió un amparo que ordenó al TFJA revisar su sentencia y emitir una nueva resolución. La justicia buscaba que la empresa pudiera deducir esas comisiones y ajustar su crédito fiscal. El tribunal ordenó también que la autoridad fiscal emitiera una nueva determinación en un plazo de cuatro meses, según la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCyA).

    A pesar de ello, la empresa de Salinas Pliego volvió a impugnar. Presentó un segundo amparo, esta vez cuestionando la constitucionalidad del artículo 52 de la LFPCyA. La empresa argumentó que ese plazo violaba su seguridad jurídica, pues reabría plazos de caducidad. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó ese argumento, pero la empresa no se quedó callada. Interpuso un recurso de revisión ante la SCJN.

    En abril de 2025, la entonces ministra presidenta Norma Piña admitió el recurso de revisión 2526/2025. La Secretaría de Hacienda, por su parte, impugnó esa admisión con un recurso de reclamación. El caso fue enviado en septiembre a la ministra Yasmín Esquivel, quien tenía en sus manos la decisión final.

    Este jueves, en la sesión de la Corte, la ministra Esquivel anunció su retiro del proyecto que buscaba rechazar el recurso de Hacienda. De esta forma, se dejó abierta la discusión sobre la constitucionalidad del artículo 52 de la LFPCyA. La decisión permite que la Corte analice en el fondo si ese plazo viola derechos constitucionales, como la seguridad jurídica.

    Con esta acción, la ministra Esquivel envió un mensaje claro: la Corte continuará revisando un caso que puede marcar precedentes importantes en materia fiscal y derechos constitucionales. La resolución deja en manos de los jueces la decisión final sobre cómo deben interpretarse los plazos y procedimientos en estos casos.

  • SCJN establece que condenas por feminicidio no podrán ser reducidas por reinserción social

    SCJN establece que condenas por feminicidio no podrán ser reducidas por reinserción social

    La Suprema Corte sienta jurisprudencia: ningún juez podrá disminuir la pena de feminicidas alegando derecho a la reinserción social.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio bajo el argumento de su derecho a la reinserción social. La resolución revoca un fallo que había reducido de 50 a 42 años y medio de prisión la pena de Diego Urik Mañón, condenado por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, maestra asesinada en Morelia en 2020.

    El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que el caso involucró un homicidio brutal: “La víctima murió por traumatismo cráneo encefálico, su cuerpo fue abandonado en un lugar despoblado, lo que obliga a revisar el actuar de la autoridad que redujo la pena”.

    El caso llegó a la Corte mediante el amparo directo en revisión 4872/2024, promovido por la familia de Jessica. Los tribunales de Michoacán habían reducido inicialmente la sentencia, decisión que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito.

    El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue aprobado por unanimidad. Ortiz Ahlf subrayó que el derecho a la reinserción social, previsto en el artículo 18 constitucional, “no es un factor que los jueces deban considerar al individualizar la pena, incluida la determinación del grado de culpabilidad”. Agregó que el tribunal debió sancionar la conducta conforme al contexto de violencia del delito.

    Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó la importancia de la perspectiva de género en la impartición de justicia: los tribunales anteriores ponderaron la juventud del acusado sobre el derecho de la víctima a ser protegida, lo que “privó a la víctima de su derecho de ser mujer”.

    Ahora, el Pleno ampara a las víctimas indirectas y establece que la reinserción social no puede ser argumento para disminuir la pena en casos de feminicidio. Además, ordena devolver el expediente al Tribunal Colegiado para emitir una nueva resolución debidamente fundamentada.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Ministros de la SCJN donan parte de su salario a los damnificados de las inundaciones

    Ministros de la SCJN donan parte de su salario a los damnificados de las inundaciones

    Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muestran solidaridad con las víctimas de las recientes inundaciones en México.

    Este lunes 13 de octubre de 2025, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que participarán en una acción solidaria para apoyar a las personas afectadas por las lluvias intensas en diferentes estados del país. Decidieron donar una parte de su salario y crear centros de acopio en sus edificios para recibir ayuda.

    Las lluvias ocurridas del 6 al 9 de octubre dejaron un saldo triste en varias regiones. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, 64 personas fallecieron y 65 están desaparecidas. Los estados más afectados son Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

    Durante la sesión del lunes, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz propuso un minuto de silencio en honor a las víctimas. En su discurso, enfatizó la importancia de estar unidos en momentos difíciles. “La Corte se solidariza con las familias mexicanas que enfrentan estos momentos complicados”, expresó con empatía.

    Los ministros acordaron hacer una donación voluntaria de recursos económicos. Con ese dinero, comprarán víveres y artículos de primera necesidad. Aguilar Ortiz invitó también a todos los miembros del Poder Judicial, desde magistrados hasta personal administrativo, a sumarse a esta iniciativa.

    Por otro lado, la SCJN instalará centros de acopio en sus edificios en la Ciudad de México y en tribunales de todo el país. Allí, las personas podrán donar agua, alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa para bebés y artículos médicos.

    El ministro Aguilar Ortiz destacó que la Corte evaluará la posibilidad de destinar más recursos para fortalecer la ayuda humanitaria. “Hacemos un llamado a la comunidad del Poder Judicial para que se una a esta colecta. Es un acto de empatía con quienes más lo necesitan”, agregó.

    Este gesto refleja la solidaridad de quienes forman parte del sistema judicial y su deseo de apoyar a quienes enfrentan momentos difíciles por las lluvias.

  • SCJN pospone discusión sobre impuesto a plataformas y límites a amparos ambientales

    SCJN pospone discusión sobre impuesto a plataformas y límites a amparos ambientales

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar el debate de dos proyectos que han generado fuerte polémica social: uno que busca avalar el impuesto del 2% a plataformas digitales en la Ciudad de México y otro que pretende restringir los amparos promovidos por asociaciones civiles en defensa del medio ambiente.

    El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz solicitó a las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa retirar temporalmente sus proyectos, con el fin de abrir un espacio de diálogo con las organizaciones interesadas

    El primer caso, impulsado por Batres, corresponde al amparo en revisión 681/2022, promovido por Uber contra el artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, que establece un cobro del 2% a las plataformas de transporte, entrega y paquetería por el uso intensivo de la infraestructura urbana.

    El segundo asunto, presentado por Esquivel, aborda la contradicción de criterios 217/2021 sobre la legitimación de asociaciones civiles para interponer amparos ambientales. Su propuesta busca que no baste con que una organización tenga como objetivo la defensa del medio ambiente, sino que demuestre una afectación directa para poder acudir al Poder Judicial.

    Los repartidores agrupados en Repartidores Unidos de México protestaron contra el proyecto del impuesto a las plataformas, al que calificaron de injusto. Advirtieron que la medida podría reducir sus ingresos, pues los costos serían trasladados a ellos o a los consumidores.

  • SCJN evita pronunciarse sobre corridas de toros, debate seguirá en tribunales

    SCJN evita pronunciarse sobre corridas de toros, debate seguirá en tribunales

    La Suprema Corte decidió mantenerse al margen del polémico debate sobre las corridas de toros en México y dejó en manos de los tribunales la definición del tema. Con seis votos contra tres, el pleno rechazó atraer el caso que buscaba frenar la “fiesta brava”. 

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no intervenir, por ahora, en el debate sobre las corridas de toros en el país, por mayoría de seis votos contra tres, el pleno rechazó ejercer su facultad de atracción para analizar las suspensiones promovidas por asociaciones animalistas que buscan frenar los espectáculos taurinos.

    El proyecto, elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, proponía que el máximo tribunal fijará un criterio nacional ante los fallos contradictorios que han dejado al país dividido entre plazas cerradas y ruedos activos. Sin embargo, sólo obtuvo el respaldo de las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Arístides Rodrigo Guerrero García.

    Con esta decisión, el caso regresará al decimotercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que deberá resolver el recurso 577/2025. Aun así, el tema podría volver a la Corte si los magistrados lo consideran necesario.

    El debate sobre la llamada “fiesta brava” se ha mantenido en los tribunales desde 2022, cuando el juez Jonathan Bass suspendió las corridas en la Plaza México tras un amparo de la organización Justicia Justa. Un año después, la Segunda Sala del alto tribunal, con un proyecto de Yasmín Esquivel Mossa, revocó la medida y permitió el regreso de los espectáculos. En 2024, la jueza Minerva Herlinda Mendoza Cruz volvió a frenar las funciones, y en 2025, Sandra de Jesús Zúñiga prohibió a la alcaldía Benito Juárez autorizar eventos con maltrato animal, aunque esa resolución aún no es definitiva.

    La decisión de la Corte mantiene en el aire la definición sobre el futuro de las corridas de toros en México y ha dejado el tema en manos de los tribunales, mientras la sociedad continúa dividida entre tradición y los derechos de los animales

    En la misma sesión, el pleno también rechazó atraer otro caso de relevancia fiscal: determinar si los medicamentos herbolarios deben recibir el mismo trato tributario que los de patente, aplicándoles la tasa cero del IVA. Con una votación de cinco contra cuatro, los ministros descartaron analizar el amparo directo 266/2025, promovido por una farmacéutica que argumentó discriminación tributaria.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Grupo Elektra enfrenta millonaria deuda fiscal

    Grupo Elektra enfrenta millonaria deuda fiscal

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará el caso de Grupo Elektra, que debe dos mil millones de pesos por el Impuesto Sobre la Renta.

    El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra, se encuentra en un intenso conflicto legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar un recurso de la empresa contra un crédito fiscal de dos mil millones de pesos. Este adeudo proviene de la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al año 2010.

    Esta decisión llega tras un fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ese tribunal había negado el amparo solicitado por Grupo Elektra. Ahora la SCJN tiene hasta abril para emitir una resolución. La Corte debe actuar dentro de un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha del conocimiento del asunto.

    La defensa de Salinas Pliego ha intentado retrasar el proceso. Sus recursos, que incluyen impugnaciones sobre la imparcialidad de los jueces, han sido rechazados de manera reiterada. El empresario es conocido por sus tácticas en el ámbito judicial para evadir el pago de sus deudas fiscales.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que la deuda total de Salinas Pliego asciende a unos 74 mil millones de pesos. Esto incluye otros créditos fiscales, uno de ellos por mil 609 millones de pesos originado en 2012. En total, Grupo Elektra mantiene abiertos 32 procesos judiciales.

    Este caso no solo afecta a Salinas Pliego en México. Recientemente, se enteró que debe 565 millones de dólares a tenedores de deuda en Estados Unidos. Para evitar su arresto, pagó una fianza de 25 millones de dólares a la multinacional AT&T.

    La situación financiera de Grupo Elektra también afecta su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores. A finales de septiembre, la BMV suspendió la cotización de las acciones de la empresa. Este anuncio marca un momento crítico para el futuro de la compañía.

    El panorama parece complejo para Salinas Pliego y su imperio empresarial. Sin embargo, él, con una fortuna de aproximadamente siete mil 500 millones de dólares, continúa desafiando los problemas tributarios y considera incluso entrar en la política. La atención está centrada en la SCJN y en cómo resolverá este lío fiscal que afecta a uno de los empresarios más conocidos de México.