El gobierno federal investiga a jefes de aduanas en la frontera por su presunta colusión en el contrabando de combustible. Funcionarios fueron separados de sus cargos mientras avanza la indagatoria.
Autoridades, incluyendo la FGR y el SAT, alertaron sobre el ingreso de combustible a México sin el pago de impuestos y se han identificado a agentes aduanales involucrados en este delito. El operativo busca desmantelar redes de huachicol que operan en puertos y aduanas.
Hasta ahora se ha suspendido a dos agentes aduanales y se preparan órdenes de aprehensión en su contra, ya que reportaban el ingreso del producto como “aditivos” y “sosa cáustica”, pero en realidad se trataba de millones de litros de combustible. Delito que genera pérdidas millonarias al país.
Recientemente varios buques han intentado ingresar combustible ilegalmente a través de puertos como Tampico, no obstante, la fiscalía ha decomisado importantes cantidades de huachicol en acciones previas.
Cabe recordar que desde 2020 las aduanas están bajo la vigilancia de la Defensa Nacional y la Marina sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el contrabando de huachicol ha aumentado, lo que ha llevado a implementar más operativos.
Las investigaciones también involucran a empresas importadoras y distribuidoras de combustible, en estos casos la colaboración entre las autoridades es clave para combatir este delito que afecta a la economía mexicana.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con 23 mil 139 millones de pesos y tecnología de punta para combatir el mercado ilícito de combustibles o huachicol, de acuerdo con el Plan Estratégico de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035.
Con información recopilada por El Universal, se detalló que la estrategia incluye equipos de medición y control de calidad, el sistema Unidad Central de Control para integrar datos de toda la cadena de valor, y trazadores moleculares que identificarán si el combustible fue diluido o alterado. Con estas medidas, el cumplimiento de controles volumétricos pasará del 15% al 96%.
El objetivo es atacar las tres principales modalidades del huachicol:
Tomas clandestinas
Importaciones ilegales
Mezclas ilícitas que entran al mercado formal y financian al crimen organizado
Actualmente, uno de cada tres litros que se venden en México es ilegal, y Pemex pierde 56.7 millones de pesos diarios por robo de combustible. Solo en el primer semestre de 2024, el gobierno federal decomisó 41 millones de litros, recuperando mil millones de pesos.
Especialistas celebran la inversión, pero advierten que sin frenar la impunidad y el control territorial del crimen organizado, el problema persistirá. Además, señalan que la tecnología anunciada detecta el robo después de ocurrido, por lo que se requieren sistemas en tiempo real y coordinación efectiva entre Pemex, autoridades fiscales y de seguridad.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo a Grupo Elektra contra una resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que obliga a sus accionistas a cubrir un crédito fiscal de al menos 5 mil millones de pesos.
Este caso forma parte de una serie de batallas legales en las que Elektra ha intentado retrasar pagos al SAT mediante recursos e impugnaciones, incluyendo la recusación de magistrados.
De acuerdo con El Imparcial, la disputa se origina en operaciones de Mexicana de Aviación y su filial Omega, adquirida por Elektra. El tribunal concluyó que la venta posterior de Omega no tuvo un beneficio económico real, sino que generó pérdidas fiscales injustificadas que redujeron la base del impuesto en perjuicio del erario.
La magistrada Ana María Ibarra Olguín rechazó que un artículo que escribió afectara su imparcialidad, mientras que el presidente del tribunal, Alfredo Enrique Báez, acusó a la defensa de aplicar tácticas dilatorias durante más de un año.
La negativa de amparo también confirma una resolución que obliga a Elektra a pagar 2 mil millones de pesos por ISR, y se suma a otro caso donde la Suprema Corte retiró de discusión un amparo contra un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos.
Grupo Salinas calificó las resoluciones como “ilegales” y “políticas”, y anunció que buscará una revisión constitucional ante la Corte.
El Instituto Nacional Electoral (INE) permitirá a los más de 160 jueces sancionados en la elección judicial pagar sus multas en parcialidades, tras detectar irregularidades en sus reportes de ingresos y gastos, así como por el uso de acordeones físicos y digitales durante la jornada electoral.
De acuerdo con información de Excélsior, las sanciones impuestas suman más de 24 millones de pesos, incluyendo 6.3 millones por acordeones, 10 millones por fallas en campañas federales y 8 millones en elecciones locales. El INE notificará al SAT para que los sancionados soliciten beneficios fiscales y paguen sus deudas en abonos.
Cada multado podrá decidir el orden y forma de pago, según su capacidad económica. Las sanciones fueron individualizadas porque las candidaturas se financiaron con recursos propios, no públicos. Las principales faltas detectadas incluyen egresos no comprobados, ingresos prohibidos y aportaciones irregulares.
El INE contabilizó más de 8 mil fallas solo en el proceso federal y aplicó más de 10 millones de pesos en sanciones. El monto máximo por uso de acordeones no puede exceder el 10% del tope de gastos de cada cargo.
¡Ninfa Salinas ingresa al consejo consultivo de la Fundación IMSS!
“Hoy hay más Fundación Azteca en el IMSS y más IMSS en Fundación Azteca que nunca”, dijo, orgulloso, Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y eso no es todo.
Robledo firmó convenio para la implementación de la Orquesta y Coro IMSS Esperanza Azteca, a pesar de que el dueño de Elektra adeuda 74 mmdp al SAT.
El dueño de Grupo Salinas, a través de sus orquestas, entra por la puerta grande en el IMSS y tendrán presencia en la CDMX, Nuevo León, Edomex y Coahuila.
Salinas puso 110 instrumentos destartalados y el IMSS cargará con todo el paquete y pagará la nómina de los profesores, pondrá los foros, auditorios y aulas del IMSS.
El 5 de julio de 2023 se firmó el Convenio General de Colaboración entre el IMSS y Fundación Azteca de Grupo Salinas, dentro del Teatro Cubierto San Jerónimo Independencia.
Una vez que Salinas vendió al IMSS la idea de sus coros al Instituto Mexicano del SeguroSocial, no se ofreció ni un solo concierto. Hasta 2024, el IMSS puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, con un concierto pequeño el cual decidió financiarse con parte del presupuesto del IMSS y concierto supuestos “donativos” gestionados a través de la Fundación Azteca.
El coro está integrado por 194 menores. Aunque el director de la institución, Zoé Robledo, afirma que el coro ha sido un éxito, desde su fundación, lo cierto es que solo han realizado una presentación en el foro Independencia, y lo demás ha sido negocio, nos dicen fuentes al interior de la propia fundación IMSS.
Lo extraño es que el IMSS ha anunciado que están trabajando para que el IMSS tenga otros 35 coros similares a un costo que, a pesar de las solicitudes de información que hemos pedido al IMSS, la institución aún no ha querido esclarecer.
Lo cierto es que, en años recientes, más de 1,700 millones de pesos del erario público han sido inyectados a los Coros Esperanza Azteca, y otros 10 millones de pesos han sido entregados a sus Planteles Azteca.
Estas cifras, provenientes de fondos federales y estatales, contradicen la narrativa de una iniciativa puramente privada y benéfica.
De la batuta filantrópica a la caja registradora pública
El caso de los Coros y Orquestas Esperanza Azteca es paradigmático. Su origen se remonta a una iniciativa del violinista Julio Saldaña, quien, ante la necesidad de financiación, se vio obligado a ceder los derechos de su proyecto a Salinas Pliego. Lo que inicialmente se presentó como un mecenazgo de Grupo Salinas, pronto reveló su verdadera fuente de sustento: la Secretaría de Educación Pública (SEP), CONACULTA, la Cámara de Diputados y, más recientemente, el IMSS.
La trama se complejiza con la figura de Esteban Moctezuma Barragán, exdirector de Fundación Azteca, quien posteriormente asumió el cargo de Secretario de Educación Pública. Esta transición no fue fortuita. En 2019, bajo su gestión en la SEP, los Coros Azteca fueron transferidos y renombrados como Orquestas y Coros de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM). Sin embargo, antes de esta “millonaria transición”, la Fundación Azteca, en presunto contubernio con Moctezuma, supo explotar el potencial económico de las orquestas.
Un ejemplo terriblemente elocuente es el Fideicomiso Centro de Capacitación Esperanza Azteca en Puebla, creado en 2012 mediante un acuerdo con el gobierno estatal, entonces liderado por Rafael Moreno Valle.
Aquel fideicomiso no solo canalizó recursos públicos, sino que también implicó la cesión de un inmueble de más de 5 mil hectáreas, “La Constancia Mexicana”, a favor de las Orquestas y Sinfónicas Azteca. Entre 2011 y 2018, esta red de “donaciones” y contratos gubernamentales sumó los impresionantes 1,700 millones de pesos.
El modelo pseudo educativo: planteles Azteca
Pero el negocio no se ha limitado a la música. Los Planteles Azteca representan otro flanco de esta estrategia de captación de recursos públicos bajo el disfraz de la educación.
Aunque la Fundación Azteca promociona estos planteles como impulsores del “talento del mañana”, su funcionamiento se basa en un modelo que replica costos exorbitantes y que se nutre en un 85% de los presupuestos estatales.
En 2023, la Fundación Azteca recibió más de 10 millones de pesos de la SEP para la “Implementación y desarrollo del Modelo de Intervención Plantel Azteca”.
A pesar de la supuesta filantropía, la matrícula en estos planteles tiene costos considerables para los alumnos: alrededor de $1,800 pesos de inscripción, más el costo de la mensualidad (entre $587 y 1,850 pesos), a lo que se suman derechos de la SEP y papelería, elevando el costo total de ingreso a unos 5,000 pesos.
Si bien es cierto que 12 mil alumnos han egresado, generando ingresos por matrículas de aproximadamente 60 millones de pesos, para Salinas Pliego esto parece ser insuficiente.
La última melodía: el Coro IMSS Esperanza Azteca
Con la transferencia de los coros a la SEP, Fundación Azteca no detuvo su búsqueda de nuevas avenidas de ingresos. La estrategia ahora se replica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2024, se puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, financiado con parte del presupuesto del IMSS y “donativos” gestionados por la Fundación Azteca.
Aunque el director del IMSS, Zoé Robledo, lo ha calificado de “éxito”, la realidad es que el coro, integrado por 194 menores, ha tenido una única presentación pública. El verdadero interés parece residir en la venta de la idea de replicar otros 35 coros similares, con un costo aún no esclarecido.
Las solicitudes de información pública al respecto permanecen sin respuesta, lo que genera opacidad y alimenta la sospecha de un nuevo esquema de lucro.
La firma de convenios para implementar más orquestas y coros IMSS Esperanza Azteca en Monterrey, el Estado de México y Coahuila, con el IMSS asumiendo la contratación de maestros y personal de apoyo, y Fundación Azteca aportando instrumentos, metodología y dirección artística, cierra el círculo de esta “sinfonía del negocio” donde el erario público parece ser la principal partitura.
Salinas Pliego, un “maestro de la evasión fiscal”, utiliza la filantropía como una estrategia de legitimación social. Al invertir en proyectos con una alta visibilidad pública y un halo de beneficio social (coros infantiles, planteles educativos), se construye una imagen de empresario comprometido y benefactor.
Esto desvía la atención de prácticas financieras cuestionables y permite consolidar un capital simbólico que, a su vez, facilita la negociación y la obtención de beneficios del Estado. La “cultura de la donación” se convierte en un mecanismo de marketing social que oculta el flujo de recursos públicos hacia intereses privados.
El modelo de Planteles Azteca y la expansión de los coros al IMSS revelan una clara mercantilización de los derechos sociales y la educación. Lo que debería ser una provisión universal del Estado se convierte en un servicio donde, aunque se reciban fondos públicos, también se exigen cuotas a los beneficiarios.
Este “modelo pseudoeducativo” no solo genera ganancias para la fundación, sino que también crea una segmentación social en el acceso a programas educativos y culturales. La supuesta “inversión social” se transforma en un negocio parasitario que extrae valor del presupuesto público y de las familias, en lugar de complementarlo o potenciarlo de manera genuina.
Ricardo Salinas Pliego ha transformado la filantropía en una lucrativa herramienta para la extracción de recursos públicos.
Los más de 1,700 millones de pesos canalizados a sus coros no son un acto de generosidad, sino una factura pagada por todos los mexicanos.
Lo suyo no es filantropía; es un esquema ingenioso para parasitar el presupuesto del Estado.
El IMSS, institución de salud pública, ahora desvía fondos vitales para financiar los “coros” de un magnate.
El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum intensifica la fiscalización y cobranza de adeudos a grandes empresas, con la meta de recuperar más de 600 mil millones de pesos, pese a la desaceleración económica y la incertidumbre global.
Una investigación de El País revela que, a marzo de 2025, la Secretaría de Hacienda reportó 2.93 billones de pesos en créditos fiscales, de los cuales un 65% están en disputa legal, principalmente entre grandes contribuyentes. De estos, 1.1 billones provienen de grandes empresas con ingresos superiores a 1,250 millones de pesos al año.
Entre los casos más emblemáticos destaca el de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, con un supuesto adeudo fiscal de más de 74 mil millones de pesos. Aunque 195 mil créditos fiscales están en litigio, Hacienda considera recuperables al menos 621 mil millones de pesos de créditos ya aceptados y no controvertidos.
Pese a la presión económica derivada de aranceles estadounidenses y crisis globales, el Gobierno federal mantiene la estrategia de no aumentar ni crear nuevos impuestos, apostando por una mayor digitalización, fiscalización y combate a la evasión. Durante el primer trimestre, el SAT recuperó más de 12 mil millones de pesos en créditos fiscales, con sectores como la industria manufacturera, servicios profesionales y comercio al por mayor entre los principales contribuyentes morosos.
Expertos como Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, señalan que la estrategia busca evitar una reforma fiscal y que la presión sobre los grandes deudores seguirá para estabilizar las finanzas públicas tras un déficit récord del 5.7% del PIB en 2024. Enrique Díaz Infante, también del CEEY, advierte que, aunque México recauda menos que el promedio de la OCDE (24.5% vs 34%), los grandes contribuyentes ya pagan impuestos similares a esos países y subirles la carga podría afectar la inversión, por lo que ve más factible impulsar impuestos como el sobre activos, predial o nómina.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) archivó el litigio de Movistar relacionado con un crédito fiscal de 4 mil 442 millones de pesos. Este caso será resuelto por la nueva integración del Pleno que asumirá funciones el 1 de septiembre.
El amparo directo en revisión 1172/2025 fue inicialmente turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sin embargo, decidió devolverlo sin presentarlo a discusión en las sesiones actuales del tribunal.
La decisión se tomó conforme al Acuerdo General Plenario 3/2025, que establece la ruta de transición en la SCJN. Ahora, el expediente permanecerá bajo resguardo hasta que la nueva Corte determine su futuro.
El litigio surge de la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a permitir a Pegaso PCS, S.A. de C.V. (Movistar) deducir gastos de una fusión empresarial de 2014. Esto llevó a la determinación de un crédito fiscal millonario en 2019.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó el crédito en 2022, pero Movistar impugnó la decisión. En enero de 2023, el Octavo Tribunal Colegiado declaró la nulidad del crédito fiscal a favor de la empresa.
El SAT llevó el caso a la SCJN, que admitió el amparo directo en revisión 1172/2025. Movistar también interpuso un recurso de reclamación para impugnar la admisión del amparo, que llegó a la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek.
Este recurso iba a ser votado el 18 de junio, pero la ministra Lenia Batres Guadarrama impidió el quórum al ausentarse. La ministra acusó que el proyecto de Laynez intentaba revocar la admisión del amparo del SAT, permitiendo así a Movistar realizar la deducción millonaria.
El recurso de reclamación está programado para votarse en la sesión del 6 de agosto.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 28 aniversario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la que subrayó su papel como pilar del Estado mexicano y herramienta clave para lograr bienestar y equidad social. Desde el AIFA, llamó a los trabajadores del organismo a actuar con ética, honradez y compromiso con el pueblo.
“Cada acto honesto en la función pública fortalece al país. Cada recaudador que actúa con ética contribuye a la paz y la justicia social. Cada peso bien cobrado y bien usado es un paso más hacia el país que todos soñamos”, afirmó la mandataria, quien reiteró que la recaudación eficiente permite sostener programas sociales y obras estratégicas sin endeudar al país.
Al evento asistieron el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; el director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, y la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada. También se reconoció a personal con más de 25 años de servicio en el organismo.
Durante el sexenio anterior, el SAT logró un incremento histórico en la recaudación sin necesidad de nuevos impuestos, gracias a una política de combate a la evasión fiscal y mejora tecnológica, lo que ha permitido financiar programas como la pensión universal para adultos mayores, becas a estudiantes y la ampliación del sistema de salud.
Sheinbaum destacó que su gobierno mantendrá esta política fiscal responsable, reforzando al SAT como una institución cercana, moderna y eficaz, con la mira puesta en reducir la desigualdad y garantizar un México con justicia y oportunidades para todos.
México alcanzó el mayor crecimiento en ingresos tributarios en nueve años. Entre enero y mayo de 2025, la recaudación subió 8.9% en términos reales y superó lo estimado por más de 82 mil millones de pesos, gracias al fortalecimiento del SAT, mejoras tecnológicas y una administración más eficiente.
El ISR creció 8.2% y el IVA 12.5%, mientras que el impuesto a las importaciones aumentó 38.4%, reflejo de una fiscalización más efectiva y un entorno laboral sólido. Aunque el IEPS tuvo una ligera baja, el dinamismo tributario permitió compensar parcialmente la caída de 23.8% en ingresos petroleros.
Además, el gasto público fue menor a lo programado, con un subejercicio que ayudó a reducir el déficit y mejorar el balance fiscal. El superávit primario alcanzó los 209.6 mil millones de pesos, cifra superior a lo previsto.
Pese a un contexto complejo, el buen manejo de las finanzas públicas abre paso a un cierre de sexenio con estabilidad, eficiencia y capacidad para fortalecer programas sociales y el desarrollo económico.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, subió el tono en sus críticas tras los señalamientos de la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, sobre una deuda de más de 74 mil millones de pesos al SAT. En un video, el empresario acusó al gobierno de mentir reiteradamente y defendió su derecho a litigar.
El empresario afirmó que sí paga impuestos y calificó como una “disputa legal de muchos años” los casos en curso, luego de que se informara que ha presentado 32 juicios para impugnar el monto requerido por la autoridad fiscal.
También cuestionó el uso de los recursos públicos en proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, y aseguró que seguirá luchando legalmente por lo que considera justo.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grupo Salinas está detrás de una serie de litigios en diversas instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte, y subrayó que las estrategias legales del consorcio han retrasado resoluciones durante años. Añadió que su gobierno impulsa una reforma judicial que busca garantizar decisiones imparciales y evitar influencias externas.
