La solicitud del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para examinar la legitimidad democrática del Poder Judicial de la Federación (PJF) revela una preocupante realidad. La transformación en la elección de jueces, magistrados y ministros exige una revisión crítica del desempeño actual de la SCJN.
Durante la Cumbre Judicial Iberoamericana en Santo Domingo, se discutieron los desafíos que enfrentan los Poderes Judiciales. Sin embargo, los ministros de la SCJN parecen aferrarse a un modelo que ya no responde a las demandas sociales. La modernización y la inclusión son palabras que resuenan, pero la práctica parece distante.
Pardo Rebolledo mencionó la necesidad de reflexionar sobre el impacto del populismo y las crisis institucionales. Bajo ese mismo contexto, ¿realmente se están tomando acciones concretas para salvaguardar la independencia judicial? La respuesta sigue siendo incierta.
Durante la cumbre, México participó activamente en cuatro grupos de trabajo bajo el tema “Justicia al día para garantizar la Dignidad de las Personas”. Además, presentó un Reporte Estadístico sobre la participación de las mujeres en la estructura de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025.
La participación de México en la cumbre fue notable, pero no suficiente. Mientras se presentan reportes estadísticos sobre la participación de las mujeres, las decisiones críticas siguen siendo dominadas por una élite que no representa a la ciudadanía.
El magistrado Romer Saucedo Gómez advirtió sobre los peligros de la elección popular de jueces. Esta reflexión llega tarde, ya que el sistema actual ya está sufriendo las consecuencias de decisiones no democráticas.
Por su parte, el magistrado Teódulo Cifuentes Maldonado subrayó que la democracia no se sostiene solo con elecciones. La SCJN debe demostrar que entiende esta realidad y actúa en consecuencia.
El magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, de Colombia, alertó sobre la polarización política que deslegitima las instituciones. Sin embargo, los ministros de la SCJN parecen ignorar esta advertencia, continuando con su agenda sin cuestionamientos.
La Declaración en Santo Domingo, resultado de la cumbre, incluye postulados que suenan bien en papel. Pero, ¿se traducirán en acciones que fortalezcan la justicia en Iberoamérica? La historia reciente sugiere que la SCJN debe hacer mucho más que solo firmar documentos.
Los actuales ministros de la SCJN enfrentan un dilema: adaptarse a un entorno cambiante o arriesgarse a quedar obsoletos. La legitimidad democrática del PJF depende de su capacidad para responder a las verdaderas necesidades del pueblo.
