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Etiqueta: San Luis Potosí
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El gobernador Ricardo Gallardo, anuncia acciones penales contra periodistas que denunciaron aumentos impositivos en San Luis Potosí
En una muestra más de autoritarismo, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha declarado que se tomarán medidas enérgicas contra quienes han divulgado información sobre los incrementos de impuestos propuestos en la Ley de Ingresos de 2025.
Estas acciones incluirán la presentación de denuncias, que serán gestionadas por el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez. Las acusaciones se centrarán en publicaciones anónimas que, según el gobierno, buscan desinformar al público y generar inestabilidad.
El gobernador también mencionó que se ha identificado a los responsables de estas campañas de desinformación, las cuales están diseñadas para crear un clima de “desgobernabilidad”. En este contexto, Gallardo expresó su inquietud por el lenguaje utilizado en algunas de estas campañas, especialmente aquellas que hacen referencia a la tenencia vehicular.
Por su parte, durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la libertad de expresión y subrayó la importancia de que los medios informen con responsabilidad. “Primero, esta denuncia a los periodistas y medios de comunicación. Pues no estoy de acuerdo. En el caso de la libertad de expresión, prohibido prohibir”, señaló.
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Ya es constitucional la prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo
El día de hoy en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma que prohíbe fabricar, vender y distribuir cigarrillos electrónicos, vapeadores, cigarrillos electrónicos, así como el uso ilícito de fentanilo y sus precursores químicos.
Con esto finalmente se dio validez constitucional a un párrafo quinto adicionado al artículo 4º y un párrafo segundo adicionado al artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara adicionados un párrafo quinto al artículo 4º y un párrafo segundo al artículo 5º de la Constitución Política, en materia de protección a la salud. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales”, declaró Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de dicha Comisión Permanente.
La encargada de contabilizar los votos sobre el tema a revisión, fue la secretaria de la Mesa Directiva, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT). Fueron en total 22 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
Por lo tanto, con el objetivo de garantizar el derecho de protección a la salud de las mexicanas y los mexicanos, durante la 4T la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas, dice el dictamen aprobado.
Te hemos cumplido pueblo de México“, sentenció Fernández Noroña.
Una vez llevado acabo el proceso legislativo, a la reforma solo le queda pasar por el Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales; deberá ser firmada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que después sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y de esta manera entre en vigor al día siguiente.
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Detienen a José Guadalupe “N”, ex edil relacionado al asesinato del alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí, Eduardo Franco Lárraga
Un operativo encabezado por la Policía de Investigación, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (FGJE), culminó en la detención de José Guadalupe “N”, conocido como “Pepe Lupe”, expresidente municipal de Tancanhuitz, acusado de estar presuntamente implicado en el asesinato del alcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga, ocurrido el pasado domingo 15 de diciembre.
La captura se llevó a cabo en la colonia Residencial del Parque, en la capital del estado. Según las autoridades, José Guadalupe “N” es hermano de Manuel “N”, quien también fue detenido recientemente como presunto involucrado en el homicidio. Ambos desempeñaron el cargo de presidente municipal en Tancanhuitz en los periodos 2009-2012 y 2012-2015, respectivamente.
Durante el operativo, la policía realizó un cateo en una propiedad de José Guadalupe “N”, donde se encontraron armas de grueso calibre, un leopardo y evidencia que podría estar relacionada con el asesinato del alcalde Franco Lárraga. El atentado también cobró la vida de dos escoltas y del secretario particular del edil.
Aunque las autoridades han mantenido hermetismo sobre los cargos específicos que enfrentarán los detenidos, se prevé que en las próximas horas se celebre la audiencia inicial para determinar su situación jurídica.
Mientras tanto, la Fiscalía no descarta la posibilidad de más detenciones y se encuentra analizando líneas de investigación adicionales. La región de la Huasteca potosina sigue bajo fuerte vigilancia policial para garantizar la seguridad y esclarecer los hechos que han conmocionado al estado.
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Detienen a ex diputado del PAN acusado del asesinato del alcalde de Tancanhuitz, Jesús Franco
La madrugada del lunes 16 de diciembre, agentes de la Fiscalía de San Luis Potosí detuvieron a Manuel Aguilar Acuña, también conocido como El Kippy, exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN), acusado del homicidio de Jesús Eduardo Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz por Morena, y de otras tres personas.
El ataque ocurrió la noche del domingo en la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, cerca del ejido Palmira Nuevo. De acuerdo con la Fiscalía, Franco Lárraga fue emboscado por un grupo armado mientras viajaba en un vehículo junto a tres de sus colaboradores. Las primeras investigaciones señalan a El Kippy como uno de los principales responsables del asesinato.
Cabe recordar que Aguilar Acuña, quien también fue presidente municipal de Tancanhuitz por el PAN en el periodo 2009-2012, ya había sido detenido anteriormente. El 16 de mayo de 2013, durante su segundo periodo como legislador local, fue aprehendido por policías estatales en el municipio de Aquismón. En esa ocasión, se le aseguraron 445 cartuchos calibre .223, utilizados en fusiles de asalto AK-47 y R-15, así como un vehículo con números de serie alterados. Sin embargo, gracias a su fuero legislativo, quedó en libertad tras el incidente.
La Fiscalía de San Luis Potosí informó que las investigaciones continúan para localizar a otros posibles responsables. Entre ellos, se menciona a Alejandro Aguilar Martel, regidor de Morena en el ayuntamiento de Tancanhuitz. Aguilar Martel es hijo de José Guadalupe Aguilar y Limbiania Martel Espinosa, exdiputada y actual regidora en el municipio de San Luis Potosí. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada oficialmente.
¿Quién era Jesús Franco Lárraga?
Jesús Eduardo Franco Lárraga, de 31 años, asumía el cargo de alcalde de Tancanhuitz por Morena desde hace apenas 70 días, para el periodo 2024-2027. Según el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), era el alcalde más joven en San Luis Potosí.
Contaba con una licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria y había dedicado gran parte de su vida al servicio educativo. Antes de ingresar a la política, se desempeñó como docente y director de telesecundaria, además de brindar apoyo en el área de psicología en diversas instituciones. También destacó como instructor de liderazgo en su región.
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Claudia Sheinbaum atiende caso de voceadores del periódico ON Noticias detenidos en Río Verde, San Luis Potosí
La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado cartas en el caso de los cinco voceadores del periódico ON Noticias, detenidos por autoridades municipales en Río Verde, San Luis Potosí, y retenidos durante más de 50 horas sin ser presentados ante un juez. En su conferencia matutina, la mandataria informó que llevará el tema a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, para garantizar el respeto a la libertad de expresión y esclarecer los hechos.
“Nosotros respetamos la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad en todos los sentidos, y hay que revisar si es que hay algún caso en donde no se respeta”, afirmó Sheinbaum, subrayando su compromiso con este derecho fundamental. Asimismo, destacó que si se comprueba que el episodio en Río Verde constituye represión contra la prensa, las autoridades federales actuarán de manera firme.
Un compromiso con la libertad de prensa
La presidenta recordó que su postura sobre la libertad de expresión es clara y conocida, no solo en San Luis Potosí sino en todo el país. Este compromiso, dijo, será la base para analizar las acciones de las autoridades locales y garantizar que no se repitan este tipo de situaciones.
El caso salió a la luz hace más de una semana, cuando Omar Niño, director de ON Noticias, denunció públicamente la detención de dos mujeres y tres hombres que trabajaban como voceadores del periódico. Según Niño, el medio ha sido objeto de ataques debido a sus reportajes críticos sobre presunta corrupción en la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde.
Una denuncia en marcha
El director de ON Noticias ha señalado que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, el seguimiento de la presidenta Sheinbaum al caso refuerza la expectativa de que las autoridades federales intervengan de manera eficaz.
El abordaje directo del tema por parte de la presidenta marca un paso importante para esclarecer el incidente y reafirma el compromiso de su administración con la protección de la libertad de prensa en México.
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Respalda CNDH trabajo de colaboradores de ON Noticias en San Luis Potosí
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que está al tanto de la detención arbitraria de 5 colaboradores del portal independiente ON Noticias, dirigido por el periodista Omar Alejandro Niño Pérez, en San Luis Potosí.
Niño Pérez denunció que el 23 de noviembre mientras realizaban el reparto de periódicos, fueron detenidos en el municipio de Rioverde. Los trabajadores de la comunicación ya han sido presentados ante el Ministerio Público y enfrentan cargos por “resistencia”.
Con motivo de ello, personal adscrito a la Dirección de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría General, inició los mecanismos de acompañamiento e investigación ante las autoridades”, dice un comunicado de la CNDH.
La Comisión se pronunció en apoyo a Omar Alejandro Niño Pérez, a todos los que colaboran en ON Noticias digital e impreso, y al ejercicio de la libertad de expresión, un principio fundamental en el México de la 4T.
El alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, es señalado por haber ordenado el arresto, acción que además de atentar contra los derechos y libertades de comunicadores, ha recibido el repudio de la población.
Es importante tener en cuenta que Urbiola Román enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado. ON Noticias ha dado seguimiento al caso y ahora enfrenta las represalias.
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Arnulfo Urbiola, alcalde de Ríoverde, ordena detención arbitraria de repartidores de ON Noticias en Rioverde
En un preocupante episodio que pone en entredicho el respeto a la libertad de prensa, cinco repartidores del periódico ON Noticias fueron detenidos sin causa aparente por la Policía Municipal de Rioverde, San Luis Potosí. Este acto ha sido señalado como un atentado a la libertad de expresión y ha generado un amplio repudio hacia el alcalde Arnulfo Urbiola Román, quien enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El equipo de ON Noticias responsabilizó al alcalde de cualquier consecuencia que puedan sufrir las personas detenidas, calificando la acción como un acto arbitrario que refleja una estrategia para silenciar voces críticas. Organismos como la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo de Protección a Periodistas y diversas asociaciones defensoras de la libertad de expresión ya tienen conocimiento de lo sucedido y se espera que intervengan para garantizar la seguridad de los afectados.
Un patrón de represalias políticas
No es la primera vez que el alcalde Arnulfo Urbiola Román es acusado de tomar medidas en contra de sus críticos. En un caso reciente, el Ayuntamiento de Rioverde clausuró el negocio de Ramón Torres García, diputado local con licencia, bajo el argumento de irregularidades en el uso de suelo.
La clausura ocurrió este miércoles alrededor de las 15:00 horas en un establecimiento especializado en la venta de alimento para animales, ubicado en la calle Madero Sur. Empleados del negocio mostraron todos los documentos que acreditaban el cumplimiento de las normativas, pero los funcionarios municipales insistieron en que el permiso de uso de suelo no era adecuado. “Tiene que acudir al municipio a ver el tema, nosotros no podemos hacer nada”, fue la justificación antes de proceder con la colocación de sellos.
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La Presidenta instruye protección para Gerardo Sánchez, víctima de persecución y advierte cero tolerancia a presunta corrupción de Gallardo
Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada por la prensa sobre el caso del empresario huasteco, Gerardo Sánchez Zumaya, que en semanas recientes ha denunciado ser blanco de una persecución política emprendida por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que ha tomado acciones ante las intenciones del industrial de trabajar por el pueblo de la entidad.
“Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la secretaria (de seguridad) de aquel entonces, Rosa Icela, que lo protegiera, porque, pues está en riesgo, él está dando a conocer todo lo que está pasando en San Luis Potosí y el gobernador ya utilizó a Latinus, ya utilizó a Reforma para decir que tanto su gobierno como el gobierno pasado le están otorgando contratos a este empresario, Gerardo Sánchez Zumaya”, declaró un comunicador.
Ante estas denuncias, la mandataria federal fue muy clara al momento de reiterar que en su administración, así como en la pasada, no se tolerará ningún acto de corrupción, incluido sí se comprueban las acusaciones en contra del gobernador de SLP.
En cuanto a la integridad de Sánchez Zumaya, la titular el Ejecutivo federal adelantó que le pedirá información a la actual Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para saber como es que se protegía al empresario en la administración pasada para darle seguimiento.
“Vamos a preguntarle a Rosa Icela como se estaba apoyando y sí es el caso pues se apoyará”, mencionó Sheinbaum Pardo desde el Salón de Tesorería.
Empresario Gerardo Sánchez denuncia persecución política en su contra
Durante las últimas semanas, el empresario Gerardo Sánchez Zumaya ha sido objeto de una campaña de desprestigio por parte del diario Reforma, que lo acusa de ser un “proveedor facturero” basándose en presuntas investigaciones de otros medios como Latinus.
Estas afirmaciones surgen a pesar de que la revista Forbes ha certificado recientemente la legitimidad de su fortuna tras una exhaustiva auditoría que validó el origen de sus ingresos y el impacto positivo de sus empresas, las cuales generan más de 5,000 empleos en todo el país. Sánchez Zumaya ha negado cualquier proceso legal en su contra e invita a los medios a investigar sus contratos, asegurando que no tiene nada que ocultar.
Por otro lado, Sánchez Zumaya acusa al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de iniciar una persecución política en su contra, presuntamente debido al crecimiento de su influencia entre la población y su interés en participar en el proceso de la Cuarta Transformación para las elecciones estatales de 2027.
Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera ha reactivado una investigación sobre Gallardo por presuntos desvíos de más de 724 millones de pesos durante su gestión en las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. La investigación incluye indagatorias sobre bienes y propiedades de la familia Gallardo y de colaboradores cercanos, sugiriendo posibles irregularidades en empresas vinculadas a ellos.
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Ricardo Gallardo, investigado por la UIF, ahora se lanza contra el empresario Gerardo Sánchez, cuya fortuna ya fue acreditada por Forbes
Desde hace algunas semanas, el diario preferido de los conservadores, el Reforma, ha comenzado una dura campaña sucia en contra del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, que en pleno uso de su libertad de expresión y de participación, ha externado su interés en participar en el proceso de la Cuarta Transformación para representar a los comités de la defensa del voto para el proceso electoral estatal del 2027.
Se presume que el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, ha comenzado esta nueva campaña sucia como un desesperado intento de mantener el poder ante el crecimiento de Sánchez Zumaya entre la población.
En su primera plana del día 19 de noviembre, Reforma lanza una serie de injurias en contra del empresario, calificándolo de ser un “proveedor facturero”, retomando presuntas “investigaciones” ya presentadas por otro de los medios favoritos de los neoliberales: Latinus, aún cuando los negocios de Zumaya ya han sido verificados por Forbes.
Para este miércoles 20 de noviembre, el Reforma continúo su guerra negra en contra de Sánchez Zúmaya, y es que por segundo día aparece en la primera plana, donde ahora es llamado “arma ligas”, confirmando además que Ricardo Gallardo estaría detrás de esta persecución política.
“No permitiremos que estas denuncias queden sin respuesta”, ha declarado Ignacio Segura, líder del Verde, mientras que su colega en la Cámara de Diputados, José Luis Fernández, exigió una investigación a fondo sobre los contratos de Sánchez Zumaya con la paraestatal.
Gerardo Sánchez Zumaya desmiente proceso en su contra y acusa persecución
El empresario Gerardo Sánchez Zumaya ya ha salido a desmentir al Reforma y demás medios hegemónicos, señalando que no ha sido notificado de algún proceso en contra de su persona o de alguna de sus empresas , invitando incluso a que los medios investiguen sus contratos de manera rigurosa.
“No se me ha notificado de la demanda de ciertas empresas (…) no hay nada que ocultar, investiguen bien los contratos”.
Gerardo Sánchez también denunció públicamente que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, comenzó una persecución política en su contra, ya que el empresario también ha jugado un destacado rol a la hora de denunciar los abusos de Gallardo en contra del pueblo.
“El gobernador Ricardo Gallardo continúa la persecución política en mi contra, seguiremos ayudando a San Luis Potosí, No nos detendremos, seguiré denunciando todos sus abusos”.
Forbes legitima fortuna de Sánchez Zumaya mientras la UIF investiga a Gallardo
Recientemente, la revista Forbes certificó la legitimidad de la riqueza del empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya tras someter sus empresas y finanzas personales a una exhaustiva auditoría. Durante casi dos meses, se revisaron a detalle sus libros contables, estados financieros y registros bancarios, validando el origen de sus ingresos y el cumplimiento de estándares de confiabilidad y viabilidad. Además, se reconoció el impacto positivo de su actividad empresarial, que genera más de 5 mil empleos en todo el país.
En contraste, el pasado 14 de noviembre se informó que se ha reactivado una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que señala al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su círculo cercano por presuntos desvíos de más de 724 millones de pesos durante su gestión en las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Estas irregularidades habrían beneficiado a empresas vinculadas con la familia Gallardo, como Clínica Wong y Axioma. Además, movimientos recientes en la Secretaría de Salud estatal, como la destitución de funcionarios relacionados con dichas empresas, sugieren un intento de encubrir las operaciones sospechosas que están bajo escrutinio.
La investigación, liderada por Pablo Gómez, incluye solicitudes del Ministerio Público federal para indagar en bienes y propiedades de la familia Gallardo, así como información de los ayuntamientos involucrados. También se extiende a Guadalupe Torres, segundo al mando en el gobierno estatal, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y señalamientos por su presunta implicación en la muerte del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz.
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