El proyecto incorpora cambios clave tras las exigencias de campesinos y productores, y prioriza el consumo humano sobre cualquier uso comercial o industrial.
La Cámara de Diputados recibió, minutos antes de la medianoche del viernes, el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, documento que también modifica la Ley de Aguas Nacionales y que coloca en el centro el derecho humano al agua, la regulación estricta de las concesiones y la tipificación de delitos hídricos. La propuesta integra ajustes derivados de las demandas de campesinos y productores agrícolas, quienes previamente manifestaron su desacuerdo con la iniciativa original presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen mantiene la prohibición de transferir o heredar concesiones, e incorpora una precisión en el artículo 4 para asegurar que cualquier disminución o cancelación del volumen concesionado esté siempre fundada y motivada en criterios legales. También establece el retiro de títulos que no se utilicen, para que esos volúmenes regresen a las aguas nacionales. Todo permiso o prórroga deberá priorizar el consumo humano y doméstico.
En la exposición de motivos, la Comisión de Recursos Hidráulicos enfatiza que se protegerá a los pequeños usuarios rurales, quienes históricamente han sido excluidos por no comprobar el uso continuo del agua. El dictamen también busca frenar la impunidad fiscal, recordando que en 2023 industrias y servicios pagaron apenas 12 mil millones de los 56 mil millones adeudados.
Morena subrayó que las exigencias del sector agrícola fueron escuchadas. El coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, afirmó que se reunieron de última hora con campesinos para incorporar ajustes que atiendan sus preocupaciones. Adelantó que las comisiones analizarán el texto el próximo miércoles y podría turnarse al Pleno en esa misma fecha.
Monreal reiteró que la intención de la nueva ley es clara: evitar el acaparamiento del agua, impedir su uso indebido o comercialización irregular y terminar con la impunidad en delitos hídricos. La iniciativa también da cumplimiento a la reforma constitucional de 2012, cuya reglamentación la Suprema Corte exigió al Congreso.
