En un acto de justicia para las comunidades afectadas por el desastre ambiental en el río Sonora, organizaciones civiles y representantes políticos han intensificado la presión sobre Grupo México para que cumpla con las indemnizaciones correspondientes. Este caso, que ha sido un emblema de la lucha ambiental en el país, sigue sin resolverse a casi una década de la tragedia.
El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, ocurrido en 2014, marcó un hito como uno de los peores desastres ambientales en México. Este incidente afectó gravemente la vida de más de 22 mil habitantes en siete municipios, contaminando fuentes de agua y dañando irreversiblemente la economía local basada en la agricultura y la ganadería.
A pesar de los compromisos asumidos por Grupo México, las comunidades denuncian que el apoyo ha sido insuficiente y que los recursos del fideicomiso creado para atender la emergencia han sido mal utilizados. En este contexto, diversas voces han exigido que se aceleren los pagos y se implementen medidas efectivas para la remediación ambiental.
“El impacto de este derrame no solo destruyó nuestro río, sino que afectó nuestra salud, economía y calidad de vida. Es inaceptable que las autoridades permitan esta impunidad.”, acusan activistas locales.
Por su parte el Gobierno de México ha mantenido una postura firme frente a las empresas responsables de desastres ambientales. Sin embargo, las comunidades afectadas consideran que los avances han sido lentos y que los derechos de las víctimas aún no se garantizan plenamente.
En el marco de este conflicto, las organizaciones civiles han convocado a una movilización nacional para exigir justicia y visibilizar la problemática, instando a las autoridades a priorizar el bienestar de los habitantes afectados sobre los intereses económicos de las grandes corporaciones.
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