Más de 970 empleados del Instituto Nacional Electoral se inscribieron al programa de retiro voluntario, impulsado en medio de la reducción de recursos y la expectativa de una reforma electoral.
En medio de los ajustes presupuestales y la propuesta de reforma electoral que busca reducir el gasto en materia comicial, 970 trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se registraron en el programa de retiro voluntario, el cual ofrece una compensación adicional a la liquidación legal.
De acuerdo con autoridades del instituto consultadas por Fabiola Martínez para La Jornada, la cifra superó las expectativas iniciales, por lo que se amplió el plazo de revisión de solicitudes. De los registros recibidos, 707 pertenecen al personal administrativo y 263 al Servicio Profesional Electoral Nacional, dentro de una nómina total de poco más de 18 mil empleados en todo el país.
La Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, explicó que el proceso representa un reto administrativo considerable, ya que el número de interesados “superó con creces lo esperado”. El programa cuenta con una bolsa de 100 millones de pesos para cubrir los estímulos económicos, los cuales se otorgarán priorizando la antigüedad de los trabajadores con al menos diez años de servicio.
Cada participante recibirá tres meses de sueldo bruto más 20 días por año laborado, hasta agotar el fondo disponible. El propósito, según el propio instituto, es ofrecer un beneficio económico y favorecer la modernización de su estructura interna.
En su presupuesto de 2025, el INE solicitó 15 mil 100 millones de pesos para operación y proyectos ordinarios, además de 3 mil 119 millones como fondo precautorio en caso de consulta popular, y 7 mil 737 millones para prerrogativas a partidos políticos. Sin embargo, la consejera Claudia Zavala advirtió que la Secretaría de Hacienda recortó recursos antes de que la Cámara de Diputados analizara la propuesta, lo cual —dijo— corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.
Zavala expresó su preocupación por el impacto de estos recortes, pues podrían dificultar la organización de ejercicios ciudadanos y procesos electorales, ya que el instituto enfrenta “situaciones cada vez más complejas” con menos recursos disponibles.
