64 de cada 100 personas saldrán a votar este 1 de junio por los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación que están en juego, de acuerdo con una encuesta de Enkoll.
La encuesta, aplicada a mil 214 personas de 18 años y más con credencial de elector vigente, revela que la elección judicial no sería un fracaso, como plantea la oposición.
A la pregunta sobre si conocían que habrá una elección, el 71% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 27% dijo que no. En concordancia con esta pregunta, se les consultó qué tan probable era que acudieran a votar: un 64% indicó que era “muy probable” o “algo probable”.
Los más entusiasmados, según los datos de la encuesta, son los hombres, de los cuales 66 de cada 100 aseguraron que sí acudirían a las urnas, mientras que entre las mujeres, 62 de cada 100 expresaron su intención de votar.
Por otro lado, si hoy fueran las elecciones, quienes volverían a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, al encontrarse entre las seis más votadas. Asimismo, destaca César Mario Gutiérrez Priego, quien sería el segundo aspirante que más votos atraería entre los aspirantes varones.
Con un nivel de confianza del 95%, la encuesta de Enkoll ofrece un panorama alentador para el proceso impulsado por la Cuarta Transformación, que busca transformar al Poder Judicial en su conjunto, haciéndolo más transparente, democrático y austero.
El candidato 49 a la Suprema Corte, Cesar Gutiérrez Priego, terminó de visitar el sureste mexicano y el próximo lunes continuará su campaña en el norte esperando “tener ese contacto directo con la gente”.
Por Semana Santa, Priego tomará un descanso para reflexionar y estar con la familia que le dará la energía para continuar “gastando suela”, como él entiende hacer campaña.
A su pasó por los estado de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Puebla y Morelos, declaró percibir un pueblo politizado ya que a su paso la gente le pedía explicaciones de todo tipo.
“Me parece que ha conectado con lo que nosotros queríamos”, dijo sobre su campaña en el video donde agradece estado por estado a todas las personas que lo han acompañado y le dicho “ voy a votar por usted”, “venga el 49”, “no se deje”, “vamos pa´ delante”, “usted es el bueno”.
Ante los comentarios en apoyo, lo más revelador para él es que se entienda que “no es una ambición personal, es una ambición que se tiene de reformar completamente el Poder Judicial de la Federación, porque los mejores perfiles van a estar ahí”.
En otro intento más por frenar lo imparable, la jueza sexta de Distrito en Materia Administrativa con sede en Zapopan, Jalisco, María Gabriela Ruiz Márquez, emitió el primer amparo para invalidar la Reforma al Poder Judicial.
Aunque el proceso rumbo a la Elección Judicial 2025 ya inició y de hecho culminó la etapa de registro de aspirantes a candidaturas de personas juzgadoras, la jueza Ruiz Márquez concedió un amparo a 8 miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF), los que impugnaron la Reforma impulsada por el Pueblo de México y la supermayoría de la 4T en el Poder Legislativo.
La jueza Ruiz Márquez justificó su decisión asegurando que durante el proceso de aprobación hubo “vicios” como la coacción y el soborno.
Esto produjo un ‘efecto corruptor’, en la forma en que lo denomina la parte quejosa, o un condicionamiento de la percepción global e individual de las personas integrantes del cuerpo legislativo, que provoca la nulidad del procedimiento legislativo”, argumentó.
También aseguró que desde el Poder Ejecutivo se implementó una campaña de ataques contra las personas juzgadoras que se expresaron en defensa de sus privilegios, como los altos salarios, la absurda bolsa de beneficios a través de todo tipo de prestaciones, los fideicomisos millonarios, entre otros.
… (la reforma) se desarrolló en un marco de ataques sistemáticos del Poder Ejecutivo en contra del Judicial, financiado con recursos públicos y mediante canales oficiales de comunicación”, sentenció.
Finalmente denunció la falta de reconocimiento de elementos de la Constitución, lamentando que el Poder Judicial haya perdido independencia. Todas estas palabras no son nuevas, es lo que hemos venido escuchando de voz de la oposición desde hace un año. Ellas y ellos se resisten a transformar el Poder Judicial en uno que deje de estar al servicio de intereses del poder económico y las élites, para pasar a ser uno que en verdad garantice la justicia para el Pueblo de México.
Se trata del primer amparo contra la Reforma al Poder Judicial, tras la serie de suspensiones otorgadas por juezas y jueces, en desesperación por conservar sus privilegios, de todo el país.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este 21 de noviembre el Plan Integral y el Calendario del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial 2024-2025. Durante una sesión extraordinaria, encabezada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, se definieron las bases para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional en este proceso electoral.
Guadalupe Taddei destacó que el Plan y el Calendario son herramientas clave para la organización de estas elecciones y subrayó que, conforme a la resolución emitida el pasado 18 de noviembre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el proceso no puede ser interrumpido bajo ninguna circunstancia. Con esta decisión, el INE queda vinculado a llevar adelante las elecciones de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
#BoletínINE | Aprueba INE Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario del PJF 2024-2025
El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario, afirmó que esta resolución fortalece la consolidación democrática del país. El plan aprobado contempla cuatro etapas esenciales para el desarrollo del proceso: preparación de la elección, convocatoria y registro de candidaturas; jornada electoral; cómputo y sumatoria de resultados; y, finalmente, asignación de cargos con su respectiva calificación y declaración de validez.
Adicionalmente, se aprobó que el 2 de diciembre será la fecha de instalación de los Consejos Locales del INE, mientras que los Consejos Distritales quedarán instalados el 16 de diciembre, cumpliendo con los tiempos establecidos en el Programa de Trabajo aprobado por el Consejo General.
La reciente renuncia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado controversia y suspicacia entre sectores políticos y ciudadanos. En su carta de renuncia dirigida al Senado, Pardo Rebolledo aludió a una “congruencia personal” y a su larga trayectoria judicial de 40 años para justificar su salida, misma que espera se haga efectiva en agosto del próximo año. Sin embargo, la renuncia de Pardo Rebolledo, sumada a la de su colega el Ministro Alfredo Ortiz Mena horas antes, se enmarca en un contexto de desacuerdos con la Reforma Judicial, lo cual plantea serias dudas sobre los verdaderos motivos detrás de estas decisiones.
¿Decoro o Conveniencia?
Aunque en su carta Pardo Rebolledo subrayó que su renuncia “no es un acto de claudicación”, el contexto en que ocurre parece sugerir lo contrario. Su salida, junto a la de Ortiz Mena y otros ministros que planean dejar el cargo antes del fin de su mandato, ha levantado cuestionamientos sobre si estas decisiones responden a un rechazo oportunista a las nuevas disposiciones de la Reforma Judicial, las cuales proponen un modelo de designación de ministros mediante voto popular.
Lejos de presentarse como un acto de congruencia o compromiso con la democracia, las dimisiones recientes han sido interpretadas por algunos líderes como intentos por abandonar el cargo antes de enfrentar las posibles consecuencias de la reforma. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, sostuvo que estas renuncias podrían tener una intención financiera, pues permitirían a los ministros retirarse con cuantiosas liquidaciones, lo que él llamó “irse con las alforjas llenas”. Además, señaló que la renuncia masiva podría estar relacionada con un esfuerzo coordinado de resistencia en contra de los cambios constitucionales.
Ortiz Mena y Pardo Rebolledo: ¿Defensores de la Justicia o Adversarios de la Reforma?
Mensaje del Presidente del Senado, @fernandeznorona, en relación al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. pic.twitter.com/STDquuYWxw
La renuncia del Ministro Ortiz Mena, anunciada casi al mismo tiempo que la de Pardo Rebolledo, fue particularmente polémica. Recientemente, Ortiz Mena viajó a Harvard, donde cuestionó públicamente los alcances de la Reforma Judicial, y en su carta de dimisión dejó entrever su rechazo al proceso de elección popular. La ironía de este acto, interpretado como una burla al principio democrático, no pasó desapercibida, pues él mismo admitió que no se considera “un candidato” para un puesto que depende del “apoyo popular”.
Tanto Ortiz Mena como Pardo Rebolledo justificaron su renuncia en una supuesta integridad y apego a los valores constitucionales. No obstante, para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, esta estrategia podría convertirse en un revés. La decisión final sobre la aceptación de estas renuncias está en manos del Senado, el cual podría optar por no validarlas, lo que dejaría a los ministros sin el retiro económico que actualmente está en riesgo debido a la reforma.
Un Futuro Judicial Bajo Lupa
La coyuntura actual en la SCJN evidencia una división profunda entre quienes defienden la supuesta independencia del Poder Judicial y aquellos que sostienen que la Reforma Judicial es necesaria para democratizar y transparentar la impartición de justicia. Los ministros que aún no han presentado su renuncia, como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, mantienen sus posiciones, mientras que otros, como Luis María Aguilar Morales, concluirán su periodo en noviembre, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio estructural sin precedentes en la Corte.
Con la controversia en pleno auge, los próximos pasos del Senado determinarán si los ministros renunciantes podrán seguir adelante con sus planes o si enfrentarán un proceso de revaloración de sus renuncias y de los beneficios asociados. En tanto, la percepción pública de estos eventos continúa polarizándose, alimentando una narrativa en la que el oportunismo y la conveniencia parecen superar cualquier compromiso de servicio público.
En recientes horas, De las Heras hizo público su más reciente estudio respecto a la opinión popular sobre la ya promulgada Reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual sigue su avance en el Congreso de la Unión para la elección de las y los primeros impartidores de justicia el año entrante.
En cuanto a la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF), el 15 por ciento menciona que “todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos”, mientras que el 41 por ciento considera que “la mayoría son corruptos”, sumando 56 puntos en este mismo sentido.
En cuanto a las elecciones de jueces y magistrados, el 69 por ciento esta de acuerdo con que sean electos mediante el voto popular, tal y como lo maneja la Reforma, mientras que el 23 por ciento declara que es el Consejo de la Judicatura Federal el que debería designarlos. Tan solo el 8 por ciento mencionó “no saber” cual de los dos métodos sería el mejor.
El 62 por ciento también dijo que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberían ser elector por el pueblo a través del sufragio; en este caso el 32 por ciento respondió que deberían ser electos por el Senado de la República.
Finalmente el 67 por ciento de los mexicanos mencionan que con la Reforma al Poder Judicial mejorará la impartición de justicia en el país, mientras que el 14 por ciento dice que “se quedará igual”. Tan solo el 10 por ciento mencionó que la aplicación de justicia “empeorará”.
Con 81 votos a favor y 40 en contra, se aprobaron, en lo general, las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, en ellas se establecen las reglas que regirán las elecciones de magistradas y magistrados en 2025.
El Senado de la Repúblicaaprobó esta tarde las leyes secundarias de la reforma constitucional al Poder Judicial, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 7 de octubre.
Este dictamen reforma los artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establece el proceso a seguir durante las elecciones, con el fin de regular con claridad la preparación, realización y validación de el proceso electoral.
Durante la discusión algunos senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostraban su postura en contra de la reforma al poder judicial. Sin embargo al ya haber sido aprobada, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, pidió que las intervenciones se limitaran a hablar acerca de las leyes secundarias.
¿Cómo se llevará a cabo este proceso de elecciones?
En primer lugar y de acuerdo con la iniciativa presentada, el 16 de octubre el Senado emitirá una convocatoria para que el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial“instalen, cada uno, un comité de evaluacipon el 31 de octubre con cinco personas de “reconocido prestigio jurídico” para definir a los candidatos con procesos “abiertos y transparentes” con paridad de género”.
Para enero de 2025, los cómites de los tres poderes enviarán una lista de 10 finalistas para las vacantes de la Suprema Corte, Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicia.
En febrerose aprobarán los listados finales de cada poder para dejar a tres candidatos de cada comité para los tribunales superioes y dos para cada vacante de jueces y magistrados.
El 1 de juino de 2025 la población tendrá una elección para seleccionar a jueces y magistrados federales.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirma que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “está invadiendo jurisdicción […] y violentando el marco constitucional”.
Por primera vez en la historia, la SCJN decidió someter a revisión una reforma constitucional. El presidente del Senado se ha pronunciado en contra de estas acciones, calificándolas como “una intentona desesperada e ilegal de detener la reforma constitucional al poder judicial”.
Fernández Noroña hace un llamado a los integrantes de la SCJN a “detener su actitud facciosa y no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este proceso”.
Asimismo, acusa a la ministra presidenta Norma Piña de ser la autora intelectual de las protestas violentas en la Cámara de Senadores, y finalmente afirma que no habrá poder que evite la instrumentación de la reforma.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara, por primera vez en la historia, someter a revisión una reforma constitucional, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) se une a los ataques en contra de la reforma judicial.
En días pasados, se publicó en el Diario de la Democracia un artículo titulado “El desastre democrático de México”, en el que se mencionan algunas de las reformas constitucionales promulgadas por el expresidente López Obrador, calificándolas como un “ataque al Estado de derecho”.
“El presidente saliente del país está decidiendo demoler el sistema judicial de México. Su ataque al Estado de derecho es aún peor de lo que la gente cree”.
Este artículo fue escrito por Amrit Singh, profesora de la Facultad de Derecho en Stanford, y Gianmarco Coronado Graci, maestro en políticas públicas en Stanford.
NED es una fundación estadounidense privada sin fines de lucro, dedicada al crecimiento de instituciones democráticas en el mundo.La institución presume que sus ideales se guían por la convicción de que la libertad se puede alcanzar a través de las instituciones y valores democráticos.
“La libertad es una aspiración humana universal que puede lograrse a través del desarrollo de instituciones, procedimientos y valores democráticos. La democracia no puede alcanzarse a través de una única elección”.
Asimismo, afirman que son una fundación con una junta equilibrada entre republicanos y demócratas para garantizar transparencia y responsabilidad en la promoción de la democracia.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa, expresó que la reciente aprobación de la Reforma Judicial fortalecerá la impartición de justicia en México y acabará con los privilegios y la corrupción dentro del sistema judicial. En una entrevista, Sheinbaum aseguró que el 70% de la ciudadanía apoya la elección de jueces, magistrados y ministros a través de un proceso público, tal como establece la reforma.
“Es una decisión del pueblo de México, no solo de la elección del 2 de junio“, afirmó, subrayando que la reforma es necesaria para garantizar un sistema judicial transparente y eficiente.
Durante la entrevista, Sheinbaum fue cuestionada sobre el voto a favor del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez. Ella destacó que fue una decisión tomada por el propio legislador, reconociendo que su posicionamiento fue bien fundamentado y que la historia lo reconocerá por apoyar la reforma.
Cuestiona al paro del Poder Judicial
Sheinbaum también se refirió al paro indefinido que mantienen los trabajadores del Poder Judicial, señalando que tienen derecho a manifestarse, pero criticó que sigan cobrando su salario mientras no trabajan. “Es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando 400 mil pesos mensuales o 150 mil pesos al mes. Es dinero público, del pueblo de México”, declaró.
Sobre las posibles manifestaciones que podrían impedir su toma de protesta, Sheinbaum minimizó la posibilidad, afirmando que las protestas forman parte de la democracia y que no teme que afecten la ceremonia.
