En 1876, tras el victorioso levantamiento emprendido contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, el general Porfirio Díaz se instaló en el poder manteniéndose como el presidente de la nación por más de treinta años, con excepción del intermedio de cuatro años en que le sucedió en la presidencia su compadre Manuel González. De modo que, los principios establecidos en la Constitución de 1857, fueron violentados por quien enarbolara esa bandera contra Lerdo de Tejada. Años después, estalló la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, obligando a Díaz a renunciar al poder y en su lugar Francisco I. Madero fue elegido presidente. Los derechos laborales fueron revindicados, el cual afectó de forma constante a las compañías extranjeras y la libertad de prensa y de palabra rebasaron la línea establecida por la irrestricta censura del autoritario régimen porfirista.
Madero había sido candidato presidencial en las elecciones de 1910, por parte del Partido Nacional Antirreleccionista (PNA), cuyo objetivo principal era cumplir con la demanda del retorno a la democracia y resolver los principales problemas del país a través de la vía institucional, bajo los postulados de “Sufragio efectivo y no reelección”. La incesante actividad de Madero y los antirreleccionistas como Roque Estrada, Juan Sánchez Azcona, Toribio Esquivel Obregón, Aquiles Serdán, José María Pino Suarez y Benito Juárez Maza (hijo del Benemérito de las Américas), llevó a la formación de decenas de clubes políticos el cual serían la médula espinal del Centro Antirreleccionista, que contó con la asistencia de delegados de casi todos los estados de la República, quienes trazaron y acordaron los principios políticos del Partido Antirreleccionista, materializados en la búsqueda de la efectividad del “sufragio” y la “no reelección”, es decir, la oportunidad de elegir de manera más civilizada a sus cuadros políticos y prohibir la reelección del Ejecutivo.
La renovación periódica de los presidentes ha sido una particularidad del sistema presidencial, porque su propósito consiste en que la duración de mandato sea fija y predeterminada, para que la renovación sea posible mediante las elecciones populares. Aún cuando los Golpes de Estado, renuncias o muertes de los presidentes hayan alterado esta regularidad.
Esta lucha por la democracia logró reflejarse en la promulgación de la Constitución de 1917, al prohibir la reelección del Ejecutivo y reducir el periodo presidencial a cuatro años. No obstante, muy pocos presidentes mexicanos terminaban su periodo o lo cumplían a cabalidad. Pero no fue hasta 1933, cinco años después del intento de reelección a la presidencia de Álvaro Obregón, que el Congreso aprobó un conjunto de reformas dirigidas a prohibir de manera absoluta la reelección presidencial. Esto dio comienzo al principio constitucional de no reelección absoluta del presidente de la República.
¿Por qué es importante mantener el principio fundamental de la no reelección? Aparte de ser una pieza fundamental en el fortalecimiento de la legitimidad democrática en México, funciona como un mecanismo preventivo ante una práctica que puede llevar a un engolosinamiento del poder, es decir, evitar que un funcionario extienda su mandato más allá de lo contemplado. Sin embargo, con la aprobación de la reforma político-electoral de Enrique Peña Nieto en el 2014, se introdujo la reelección de legisladores tanto a nivel federal, como a nivel local hasta por cuatro periodos consecutivos de tres años (doce años), de senadores hasta por dos periodos de seis años. De manera que los neoliberales desecharon uno de los principios fundamentales enarbolados por la revolución al invocar al fantasma del Porfiriato.
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los medios de comunicación afines a los intereses las élites políticas y económicas, proclamaban que el presidente buscaría la reelección, como parte de una campaña de desprestigio para socavar la credibilidad del mandatario. Él siendo fiel a sus principios democráticos, reiteró que no tenía ninguna intención de reelegirse.
En cambio, podemos ver como Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” se registró como aspirante a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en fórmula con Carolina Viggiano en busca de la reelección de sus cargos. La decisión fue anunciada el pasado 7 de julio, tras la operación de una Asamblea Nacional en la que más de 3 mil militantes votaron por reformar el artículo 178 de los estatutos del PRI. Estos cambios adelantaban que “Alito” podría ser reelecto hasta el 2032, lo que provocó rupturas al interior del partido tricolor por parte de militantes como Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa Reza, quienes impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los cambios hechos en los estatutos.
Por otra parte, el triunfo logrado por la Dra. Claudia Sheinbaum al obtener el respaldo de más de 36 millones de mexicanos y mexicanas en las elecciones del 2 de junio, lo que representó el innegable logró de la continuación de la Cuarta Transformación. En el arranque de su campaña en el Zócalo capitalino, la ahora virtual presidenta de México anuncio que enviaría una iniciativa de reforma constitucional para recuperar la consigna que dio origen a la revolución y quedo plasmada en nuestra Carta Magna, en la que no permitiría la no reelección en ningún cargo de elección popular a partir de la siguiente elección presidencial. La propuesta de la doctora Sheinabum nos invita a reflexionar que el principio de “no reelección” exorciza los fantasmas del Porfiriato al abrirles paso a una nueva generación de legisladores, así como lo hicieron Madero y los antirreleccionistas, quienes trazaron los principios políticos para la construcción de una legitimidad democrática.
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