Familias de desaparecidos podrán revisar más de 1,300 objetos recuperados en el operativo.
La Fiscalía del Estado de Jalisco habilitó este lunes un sitio web con 1,308 fotografías de artículos personales encontrados en el narcocampamento del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, con el objetivo de que familiares de personas desaparecidos reconozcan pertenencias de sus seres queridos.
Entre los objetos publicados destacan 154 pares de calzado (botas, tenis y sandalias), 18 maletas de viaje, 148 cobijas, cobertores y edredones, así prendas de vestir y otros enseres recuperados durante una jornada de búsqueda el 13 de marzo, realizada en colaboración con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
La dependencia explicó que, si algún familiar identifica una prenda, deberá contactar a la agencia del Ministerio Público donde interpuso la denuncia por desaparición, incluso si fue en otro estado. En caso de no haber reportado antes, se exhorta a formalizar la búsqueda.
El caso está ahora bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, anunciará avances este miércoles. La fiscalía jalisciense aclaró que, pese a la atracción federal, mantendrá en línea el inventario en los portales:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y denunció las graves omisiones de las autoridades municipales y estatales en la protección, investigación y debida diligencia de los delitos cometidos en dicho lugar.
El organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra subrayó que, si bien este tipo de violencia ha sido comparado con los campos de exterminio nazis, las circunstancias son distintas, aunque comparten la deshumanización de los perpetradores. Explicó que en Europa el exterminio fue una política de Estado basada en la limpieza racial, mientras que en México, estas prácticas fueron empleadas por el propio gobierno durante la Guerra Sucia y la llamada Guerra contra el Narco entre 2006 y 2016.
Actualmente, enfatizó la CNDH, estas atrocidades son cometidas principalmente por organizaciones delictivas, operando bajo una economía criminal documentada desde los años 90.
Omisiones y negligencia de las autoridades locales
El organismo defensor de derechos humanos señaló la grave responsabilidad de las autoridades municipales y estatales, acusándolas de omisión en la protección, investigación y aplicación de la justicia. Subrayó que en el rancho Izaguirre se encontraron restos humanos, hornos y otros elementos que indican que el sitio fue utilizado para trata de personas, asesinatos y desapariciones forzadas.
CNDH exige justicia y transparencia en el caso del Rancho Izaguirre: Urge esclarecer crímenes y garantizar derechos de las víctimas y sus familias. #DefendemosAlPueblo
“Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables”, denunció la CNDH, agregando que esta inacción ha permitido la operación impune de grupos criminales y ha perpetuado los ciclos de violencia y explotación.
La CNDH informó que trabaja en la elaboración de un informe especial sobre fosas clandestinas, con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición. También reiteró su respaldo a los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en favor de quienes ya había emitido medidas cautelares.
Cuartoscuro
Asimismo, anunció la atracción del caso del rancho Izaguirre debido a la presunta violación de derechos humanos y la repercusión que este tiene en el derecho a defender derechos humanos de los integrantes del colectivo.
La Comisión urgió a las autoridades a garantizar una investigación seria y castigo para los responsables, pero también llamó a fortalecer las estrategias que permitan brindar mejores oportunidades a los jóvenes para que no sean reclutados por el crimen organizado.
Finalmente, señaló que la sociedad exige respuestas contundentes ante estos crímenes, especialmente en un momento en el que algunos medios de comunicación y sectores con intereses particulares buscan promover la desinformación en lugar de la transparencia.
Las cifras oficiales sobre personas desaparecidas en Jalisco han sido motivo de controversia y cuestionamientos debido a la opacidad con la que han sido manejadas por las administraciones estatales recientes. De acuerdo con Víctor Manuel González Romero, exrector de la Universidad de Guadalajara y exsecretario de Planeación del gobierno estatal, el gobierno jalisciense ha ocultado información real sobre la magnitud de los casos de desaparición en la entidad.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, González Romero denunció que el gobierno de Pablo Lemus Navarro, quien asumió la gubernatura el 6 de diciembre de 2024, ha reportado solo 31 desapariciones al Gobierno Federal, cuando en realidad el Registro Estatal de Personas Desaparecidas indica que, en los primeros tres meses de su gestión, 570 personas han sido reportadas como desaparecidas. Esta diferencia de 539 casos omitidos ha despertado preocupación sobre la falta de transparencia en el manejo de los datos.
La omisión no es un fenómeno nuevo en Jalisco. Durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez (2018-2024), la administración estatal reportó 6,721 desapariciones, aunque los registros internos indican que la cifra real asciende a 9,329 personas no localizadas. En total, durante su sexenio, desaparecieron 25,000 personas, de las cuales 14,000 fueron halladas con vida y 2,000 sin vida.
González Romero subrayó que, en marzo de 2022, el gobierno de Enrique Alfaro dejó de reportar cifras al Gobierno Federal, bajo el pretexto de que las estadísticas nacionales estaban erradas. Sin embargo, enfatizó que las autoridades estatales están obligadas a proporcionar estos datos y corregir cualquier inconsistencia.
“Porque no lo reportan… El exgobernador Enrique Alfaro decidió no reportar porque dijo que estaban mal las cifras nacionales cuando las autoridades están obligadas a hacerlo, incluso las pueden corregir. Jalisco en aquella ocasión, en marzo del 2022, dejó de reportar y acababa de borrar más de mil registros de Jalisco. Entonces, es por negligencia, es por falta de responsabilidad, y al final de cuentas por impunidad, porque no les pasa nada a las autoridades que no hacen su trabajo”, declaró el exrector.
Patrón de desapariciones en la nueva central camionera
Otro de los señalamientos expuestos por González Romero es que, durante el gobierno de Alfaro Ramírez, académicos identificaron un patrón de desapariciones en la nueva central camionera de Guadalajara, ubicada en Tlaquepaque. Pese a las evidencias y fichas de búsqueda que indicaban un problema grave en la zona, el entonces gobernador minimizó la crisis y negó la existencia de estos casos.
“El gobernador Enrique Alfaro trataba de minimizar todo esto, de hecho, académicos reportaron de los datos y fichas que se recababan, que había indicios de que en la nueva central camionera que está en el área metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tlaquepaque, había muchos desaparecidos, y el gobernador Alfaro lo negaba”, puntualizó el exrector.
