Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, este lunes 28 de julio se lleva a cabo la audiencia de Ximena Pichel, identificada en redes sociales como “Lady Racista”, en los juzgados orales de la calle Dr. Lavista, colonia Doctores, en la Ciudad de México.
La modelo de origen argentino es señalada por agredir verbalmente y discriminar a un oficial de tránsito, luego de negarse a pagar el parquímetro el pasado 3 de julio. El procedimiento legal había sido aplazado y fue reprogramado para este lunes a las 13:30 horas.
Las autoridades han desplegado elementos de la Policía Metropolitana para evitar incidentes como el ocurrido el viernes 25 de julio, cuando ciudadanos la enfrentaron al salir del tribunal. En ese momento, fue insultada con frases xenofóbicas y le lanzaron líquidos en la vía pública, lo que generó condena por parte de las autoridades.
La resolución del caso podría conocerse este mismo día. El juez definirá si Pichel enfrenta una pena de uno a tres años de prisión o una multa que podría alcanzar los 22 mil pesos.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una nueva campaña para combatir el racismo y la xenofobia en la Ciudad de México. Durante una conferencia de prensa, aseguró que no hay lugar para la discriminación en la capital.
Foto: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX
Brugada subrayó que la discriminación es un delito y que quienes incurran en estas conductas enfrentarán consecuencias. Mencionó el caso reciente de una mujer que discriminó a un policía y las protestas xenófobas en la alcaldía Cuauhtémoc.
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) lanzará una campaña de sensibilización. La presidenta del Copred, Geraldina González de la Vega, explicó que esta campaña busca visibilizar prácticas de exclusión.
La primera etapa incluirá materiales visuales que mostrarán diversas formas de discriminación. Estos materiales se colocarán en espacios públicos e instituciones a lo largo de la ciudad.
Brugada también anunció que se implementará un protocolo para garantizar la seguridad en las manifestaciones. La mandataria enfatizó que la ciudad debe ser un espacio de derechos y libertades, sin reprimir las protestas.
Además, la Jefa de Gobierno abordó el fenómeno de la gentrificación. Anunció reformas legislativas para proteger a los habitantes de sus barrios y hacer que se sientan seguros en sus comunidades.
Mardonio Carballo coordinará el programa “Historias de Racismo y Resistencia”, que se difundirá en el canal Capital 21. Carballo destacó la importancia de construir una ciudad más inclusiva y combatir el racismo y la xenofobia.
Foto: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX
La campaña busca no solo sensibilizar, sino también transformar la percepción de la diversidad en la capital. Con estas acciones, la administración de Brugada reafirma su compromiso con la inclusión y el respeto en la Ciudad de México.
Ante una ola de robos, peleas, agresiones sexuales y actos de nudismo protagonizados, según las autoridades, por jóvenes extranjeros —en su mayoría de origen magrebí y provenientes de Francia— varias piscinas públicas en Suiza, como la de Porrentruy, prohibieron el ingreso a personas sin residencia o vínculo directo con el país.
La medida, vigente todo el verano, permite el acceso solo a ciudadanos suizos, personas con permiso de residencia o trabajo, y turistas con acreditación. A pesar del refuerzo de seguridad, las autoridades consideran que fue insuficiente y defendieron la decisión como “preventiva, no racista”.
El alcalde de Porrentruy, Philippe Eggertswyler, aseguró que se busca proteger la tranquilidad de los vecinos. Las autoridades esperan que la reapertura de la piscina en Delle, Francia, el 8 de julio, reduzca la presión migratoria en sus instalaciones recreativas.
En medio de un clima creciente de tensión diplomática, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó directamente a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, de permitir un supuesto “genocidio de blancos” en Sudáfrica, durante una tensa reunión bilateral sostenida esta semana.
Trump exhibió en la mesa de diálogo videos y recortes impresos que, según él, evidencian asesinatos sistemáticos de granjeros blancos y discursos violentos de políticos locales, lo que desató el desconcierto del mandatario africano.
Ramaphosa rechazó de forma categórica las afirmaciones: “Eso no representa la política oficial de nuestro gobierno”, sostuvo, al tiempo que solicitó una revisión detallada del material presentado y propuso la conformación de una investigación independiente que permita verificar los datos.
Desde febrero, el gobierno de Trump ha endurecido su postura contra Sudáfrica. Además de cortar el financiamiento directo, ha lanzado señalamientos por presuntos vínculos del país africano con actores como Hamas e Irán, así como por aplicar políticas “antiblancas”, según sectores conservadores de EE.UU.
Uno de los puntos más controversiales ha sido la aceptación de refugiados afrikáneres (descendientes de colonos europeos), quienes han emigrado a EE.UU. alegando persecución racial, aunque sin pruebas contundentes que respalden una campaña sistemática en su contra.
Autoridades sudafricanas y analistas de seguridad han negado reiteradamente la existencia de un genocidio. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2020 y 2024 fueron asesinadas 225 personas en zonas rurales del país, de las cuales 53 eran granjeros blancos, en un contexto generalizado de violencia que afecta a personas de todas las razas.
“Sudáfrica tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo, pero los crímenes rurales no se limitan a una sola etnia. Plantear lo contrario es irresponsable y distorsiona nuestra realidad”, advirtió un portavoz del gobierno sudafricano.
El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se anda queriendo esconder bajo las piedras, después de que exhibiera su racismo hacia los pueblos indígenas, en un libro de texto gratuito.
El descarado clasista pidió a la Secretaría de Educación Pública, a través de un amparo, que se retire y se rehaga el libro de texto gratuito de sexto de primaria “Proyectos Comunitarios“, en donde se hace referencia a su acto de racismo contra un grupo indígena en el año 2015, del cuál se filtró un audio de una llamada telefónica entre este ignorante y Edmundo Jacobo, ex secretario ejecutivo de Instituto Nacional Electoral, en la que se expresó de esta manera:
“No voy a mentirte, te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Yo jefe gran nación chichimeca; vengo Guanajuato. Yo decir a ti: O diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’”.
En dicho audio hacía referencia a Hipólito Arriaga Pote, quien se desempeñaba como Gobernador Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y/o del jefe supremo de la Tribu Chichimeca en Guanajuato.
Yadira Medina, la jueza federal que otorgó el amparo al racista Córdova, demanda que la SEP y la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), dejen de distribuir el libro, que se elimine la referencia hacia su acto discriminatorio de las nuevas ediciones y de la versión digital. Este caso ya pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se decidirá si son editados los libros.
El centro de Mérida fue escenario de un violento altercado protagonizado por un extranjero, quien, exigiendo respeto, causó destrozos dentro de una cafetería y amenazó a una trabajadora. El hecho fue denunciado por Ruth Medina, empleada del establecimiento, quien a través de redes sociales compartió videos en los que se observa al hombre comportándose de manera agresiva. Según relató, todo comenzó cuando el sujeto, presuntamente huésped de un Airbnb cercano, ingresó al local minutos antes de las 7 de la mañana para exigir que bajara el volumen de la música.
A pesar de que la barista accedió a la petición y se disculpó, el hombre comenzó a exaltarse. Ruth sospecha que su reacción se debió a que ella estaba sola en el lugar. La situación escaló rápidamente cuando el individuo empezó a lanzar amenazas, afirmando que incendiaría la cafetería si no se eliminaba la música y que regresaría con un cuchillo para destruir la galería de arte anexa al negocio.
La trabajadora relató que el hombre, identificado como J.S.M., de origen catalán, rompió objetos dentro del local y le impidió salir de la barra, intentando intimidarla. Además, la amenazó de muerte si denunciaba lo sucedido, asegurando que tenía contactos que podrían hacerle daño.
El momento más tenso quedó registrado en un video donde se aprecia a la joven visiblemente atemorizada, hasta que una clienta ingresó al establecimiento tras escuchar los gritos. Esto pareció calmar momentáneamente al agresor, quien al notar la presencia de la nueva testigo, afirmó que “aquí no ha pasado nada”.
En su denuncia pública, la trabajadora señaló que J.S.M. es un activista que ha participado en programas de radio y recibido premios por su labor cultural en Yucatán. Ante el miedo por su seguridad, la joven responsabilizó al hombre en caso de que algo le sucediera.
Jocelyn, una menor de 11 años, originaria de Texas, decidió terminar con su vida tras meses de acoso escolar.
Según informes, algunos de sus compañeros de escuela la amenazaban con que su madre sería deportada, lo que aumentó el estrés emocional de la niña. La situación llegó a su fin tras su hospitalización, donde estuvo ingresada durante cinco días antes de fallecer.
Su madre, Marbella Carranza, había iniciado una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de cubrir los gastos médicos derivados de la hospitalización de Jocelynn. Aunque el objetivo inicial era reunir 10 mil dólares, la recaudación superó los 24 mil dólares.
En declaraciones a Univisión, Carranza expresó el dolor por la pérdida de su hija: “Esperé una semana entera un milagro para que mi hija estuviera bien, pero lamentablemente no se pudo hacer nada. Mi hija siempre vivirá para mí y siempre la amaré”. Marbella no sabía que su hija estaba siendo acosada en la escuela hasta que fue demasiado tarde.
No existen registros que sugieran que su situación migratoria en Estados Unidos fuera ilegal. Los compañeros de Jocelynn, según algunos reportes, se burlaban de ella con la amenaza de que su madre sería deportada, lo que aumentaba su angustia.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado una nueva legislación que endurece drásticamente las penas contra inmigrantes indocumentados, estableciendo la pena de muerte para aquellos declarados culpables de asesinato premeditado, violación de menores y tráfico de drogas.
Esta medida, contemplada en los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C, obliga a los tribunales a dictar la pena capital en estos casos, eliminando la posibilidad de que jueces o jurados consideren circunstancias individuales o atenuantes. Además, la ley convierte en delito estatal la presencia de extranjeros sin documentos en Florida, imponiendo penas de cárcel a quienes ingresen o permanezcan sin autorización en el estado.
Castigos más severos para inmigrantes irregulares y pandillas transnacionales
El nuevo paquete legislativo amplía las sanciones penales contra personas que hayan ingresado ilegalmente al país, estableciendo que cualquier extranjero indocumentado mayor de 18 años que resida en Florida sin estatus legal podrá enfrentar hasta nueve meses de prisión. En caso de reincidencia, la condena aumentará a un año y un día.
Asimismo, aquellos que hayan sido deportados y regresen sin autorización enfrentarán penas mínimas de cinco años de cárcel. La ley también permite aplicar la pena capital a inmigrantes asociados con pandillas o grupos criminales, reforzando la lucha contra organizaciones delictivas transnacionales.
Críticas y preocupaciones sobre el impacto de la medida
Maria DeLiberato, directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP), expresó su preocupación por la eliminación del derecho a un juicio con jurado en los casos donde se imponga la pena capital. Según su organización, esta reforma vulnera derechos fundamentales y representa un retroceso de 50 años en la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU.
En un comunicado, FADP denunció que la legislación no resuelve las causas de la inmigración irregular, sino que simplemente criminaliza aún más a quienes llegan al país en busca de mejores oportunidades. Además, señalaron que el proyecto no aborda temas esenciales como políticas fronterizas, regulaciones de visados o medidas humanitarias.
Una estrategia alineada con las políticas de Donald Trump
La implementación de estas medidas ocurre en un contexto donde la administración de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos por endurecer la política migratoria. Recientemente, el expresidente firmó una orden ejecutiva para restablecer la pena de muerte en casos de delitos graves cometidos por inmigrantes ilegales, argumentando que esta sanción es fundamental para la seguridad pública.
Sin embargo, a diferencia de la legislación de Florida, la orden de Trump deja un margen de maniobra a los jueces para evaluar cada caso. En cambio, la normativa impulsada por DeSantis impone automáticamente la pena de muerte, eliminando cualquier posibilidad de reconsideración.
Para garantizar la ejecución de estas disposiciones, el estado de Florida asignará 250 millones de dólares a las agencias de seguridad locales y 48,2 millones de dólares al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, que tendrá un papel en la implementación de la ley.
El cineasta francés Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, ha vuelto a generar controversia en México, esta vez por sus declaraciones sobre el idioma español.
Durante una entrevista en Francia, Audiard afirmó que el español es un “lenguaje de países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes”, palabras que no tardaron en generar indignación en redes sociales y en la opinión pública mexicana.
El señor Jacques Audiard es clasista y racista, aunque al parecer no se dé cuenta. https://t.co/55aT5Z8cpN
Uno de los primeros en responder fue José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó al director de clasista y racista. “Aunque al parecer no se dé cuenta”, añadió.
Emilia Pérez: polémica y fracaso en taquilla
Esta no es la primera vez que Audiard y su película Emilia Pérez enfrentan el rechazo en México. Desde su estreno, la cinta ha sido criticada por su representación de la cultura mexicana, la falta de investigación y la ausencia de actores mexicanos en los papeles principales.
El desinterés del público también se ha reflejado en la taquilla. En su primer fin de semana en México, Emilia Pérez recaudó solo 9.4 millones de pesos, quedando en octavo lugar, por debajo de reestrenos como Interstellar y otras producciones como Flow y Mufasa: El Rey León.
A pesar de su desempeño comercial, la película sigue siendo tema de conversación, aunque no precisamente por sus méritos cinematográficos, sino por las controversias que la rodean.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha manifestado su decisión de prohibir que los migrantes mexicanos deportados por Estados Unidos permanezcan en su estado. En una reciente entrevista con Radio Fórmula, Campos afirmó que “Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes”, refiriéndose principalmente a aquellos que son repatriados tras ser deportados.
Durante la conversación, aclaró que los espacios habilitados para recibir a los migrantes no deben considerarse albergues, sino centros de procesamiento. “Vamos a recibir a los migrantes cuando lleguen, a procesarlos, a tomar sus datos y a guiarlos para que regresen nuevamente a su estado y municipio”, explicó. La mandataria enfatizó que los migrantes solo podrán estar en estos centros de manera temporal y no se les permitirá quedarse en Chihuahua.
📹 #Vídeo | "#Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes": @MaruCampos_G muestra sus colores y señala que migrantes de otros estados del país no podrán permanecer en la entidad. "No son albergues, son centros de procesamiento; si los llamamos 'albergues', ahí van a… pic.twitter.com/6CgGqQ6jzd
En el marco del Encuentro Nacional Municipal, Campos anunció que se establecerán alrededor de 25 centros de procesamiento en el estado. Desde estos centros, se enviará a los deportados, ya sean nacionales o extranjeros, a las localidades de donde partieron. “A todos los migrantes, lo sabemos como gobierno humanista, tenemos que respetar su dignidad y tenemos que respetar su persona, pero bueno, nuestros estados o el estado de Chihuahua no es un albergue para los migrantes”, subrayó.
La gobernadora también destacó que en estos centros se les brindará la ayuda necesaria y se les identificará antes de ser transportados hacia sus destinos dentro del país. El objetivo es que su estancia en estos lugares no dure más de una semana.
