Un juez federal ha vinculado a proceso a José Luis Pech Galera, hijo de Luis Pech Varguez, candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano,
Pech Galera es señalado de la presunta contratación ilegal de 20 millones de pesos en la “Estafa Maestra”, cuya cabecilla es la ahora encarcelada Rosario Robles.
Pech Galera, ex rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR) llevará su proceso en libertad una vez que se le impuso el pago de una garantía de 100 mil pesos, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a formar cada mes a la Unidad de Medidas Cautelares.
Pech Jr, como también es conocido, fue procesado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, junto a José Antonio Orozco Martínez ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional y Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería de la Sedatu.
A Pech se le atribuyen este ilícito, en la modalidad de ser parte de una contratación indebida; a Orozco, por solicitar y participar en la misma; y a Montoya, por la autorización de los recursos para dicho convenio.
Se ha fijado un plazo de cuatro meses para que las defensas de los imputados y la FGR reúnan sus datos de prueba.
La imputación se basa en las presuntas ilegalidades de un convenio general suscrito el 29 de septiembre de 2015 por la Sedatu, para que la UPQR elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la Sedatu y sus órganos desconcentrados.
Este acuerdo dio lugar a un convenio específico firmado el 5 de octubre del mismo año, por el que la dependencia federal transfirió 20 millones 100 mil pesos a la universidad.
Investigaciones de la Fiscalía señalan que la UPQR usó 6.8 millones para la subcontratación de la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular de la que Pech Jr era apoderado legal y único facultado para manejar el dinero de la cuenta.
Con esos recursos, la compañía representada por el entonces Rector adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos. Con el resto, hizo transferencias a distintas empresas.
La FGR ayer señaló a los procesados haber subcontratado el 100 por ciento de los servicios con 8 empresas, cuando la Ley de Adquisiciones sólo permite subcontratar el 49 por ciento del total.
La empresas subcontratadas son Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular; Comercializadora DW Prisma; Infotecnick; AM Sistemas Informáticos, Competencias y Habilidades para el Trabajo, Asociación Civil; Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, Custom Performance e Integración Documental.
Según la Fiscalía, cinco de las ocho empresas eran probables “factureras”, pues no fueron localizadas en los domicilios que presentaron a la UPQROO; tres no entregaron la totalidad de la información solicitada por la ASF; y la totalidad de ellas pulverizaron los depósitos mediante transferencias a otras cuentas casi de inmediato a la recepción de los recursos.
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