La Comisión de Impacto Único del Gobierno de la Ciudad de México lanzó este martes un llamado enérgico a la desarrolladora inmobiliaria Be Grand, al detectar una serie de irregularidades en sus proyectos, que van desde la ocupación de viviendas sin permisos hasta posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud pública.
En atención a denuncias vecinales y reportes difundidos por medios de comunicación sobre el complejo Downtown Insurgentes 700, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) realizó inspecciones los días 12 y 28 de marzo. En ambas se confirmó que el edificio no cuenta con un sistema funcional ni normativamente adecuado para la captación y reutilización de agua pluvial, además de que el sistema de reúso de aguas residuales opera parcialmente y sin autorización oficial.
A raíz de estos hallazgos, la Comisión revisó el cumplimiento de obligaciones en nueve desarrollos inmobiliarios de Be Grand en la capital, observando un patrón preocupante:
- No se han aplicado las medidas de mitigación urbana y ambiental requeridas por las autoridades.
- Las viviendas ya están ocupadas, a pesar de no contar con los permisos finales que se otorgan tras el cumplimiento de las obras de mitigación.
- Se identificó una práctica sistemática de la empresa para promover juicios y evadir el cumplimiento de sus responsabilidades legales.
Estas prácticas recuerdan al “Cártel Inmobiliario”, una red de corrupción que opera en la alcaldía Benito Juárez, donde funcionarios panistas otorgaban permisos de construcción a cambio de beneficios personales. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha señalado que este esquema permitió la construcción de más de 130 inmuebles con irregularidades, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes y el equilibrio urbano-ambiental.
La Comisión, integrada por la SEGIAGUA, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), advirtió que estos incumplimientos ponen en riesgo el entorno urbano, la salud de los habitantes, la movilidad y la disponibilidad de servicios básicos, vulnerando el ejercicio pleno de los derechos humanos de quienes viven o transitan en estas zonas.
“Este es un asunto de interés público que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de personas”, afirmaron las autoridades, al recordar que, de acuerdo con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las compañías están obligadas a evitar cualquier afectación a los derechos humanos y a asumir la responsabilidad cuando éstas ocurren.
El Gobierno de la Ciudad de México reafirmó que continuará el seguimiento puntual de los compromisos adquiridos por Be Grand y otras desarrolladoras con obligaciones pendientes, subrayando que la prioridad es avanzar hacia una ciudad de derechos, con desarrollo ordenado, sustentable, seguro y equitativo.
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