Entre 2018 y 2023, 9.5 millones de mexicanas y mexicanos dejaron atrás la pobreza, la mayor reducción en 40 años, según el Banco Mundial. Ese logro ha sido posible gracias a una política social sin precedentes: los Programas para el Bienestar, que en 2025 movilizan 850 mil millones de pesos y aspiran a convertirse en un billón de inversión en 2026. Detrás de cada cifra, hay hogares que recuperan la tranquilidad para cubrir sus necesidades básicas y sueños que vuelven a florecer.
En la base de este cambio están las transferencias directas. La Pensión para el Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar, sumadas a Jóvenes Construyendo el Futuro, no solo alivian la carga del día a día, sino que activan el mercado interno. Con 44 500 millones de pesos distribuidos en mayo–junio a casi 9 millones de beneficiarios de la A a la L, y el mismo monto reservado para M–Z, las tarjetas Bienestar se han convertido en el pase a oportunidades de vida más digna.
El impacto de Jóvenes Construyendo el Futuro es igualmente intenso: más de 3.1 millones de inscritos obtienen formación y 7 de cada 10 consiguen su primer empleo. La inversión acumulada, 139 000 mdp, es un seguro para que los adultos jóvenes no queden atrapados en la informalidad y aporten al crecimiento con su talento.
La inversión en educación y salud amplía esta red de seguridad. Las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro suman 13.1 millones de apoyos, con 24 000 mdp cada bimestre. “La Escuela es Nuestra” entrega 25 000 mdp para mejorar 74 100 planteles, mientras “La Clínica es Nuestra” inyecta 4 707 mdp en centros rurales. Cada aula equipada y cada sala de consulta equipada renuevan la esperanza de miles de comunidades.
En paralelo, los programas de reconstrucción social han sido una medicina imprescindible tras desastres naturales. Más de 301 000 familias afectadas por Otis y John recibieron 21 000 mdp en apoyos, reconstrucción de vivienda y acceso a servicios básicos. El Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social movilizó a 306 708 personas en 14 312 asambleas indígenas, definiendo colectivamente las prioridades de obras.
Este mosaico de políticas sociales ha generado un efecto multiplicador en la economía: el aumento real del salario mínimo —el mayor incremento en treinta años—, la desaparición del outsourcing y las reformas laborales han impulsado un alza promedio de 6 puntos porcentuales en el poder adquisitivo. Esa combinación de empleo y salario digno es el motor de la disminución de la pobreza.
Sin embargo, mantener esta tendencia positiva exige profundizar la corresponsabilidad. Es esencial fortalecer la transparencia en el uso de los recursos, ampliar la participación ciudadana en los foros estatales y medir con rigor los resultados. Solo así podremos identificar brechas y corregir desvíos para que nadie quede fuera de la bonanza.
La Prosperidad Compartida eje del Plan México sintetiza esta visión: que los beneficios del desarrollo lleguen hasta el último rincón. Para 2030, la meta es que el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas y que al menos la mitad de las compras públicas se destine a empresas nacionales, fortaleciendo la industria local y generando empleo de calidad.
Además, el fortalecimiento de mercados laborales formales, la diversificación de exportaciones y la inversión en infraestructura sostenible (energías limpias, conectividad rural e hidráulica) crearán condiciones para un crecimiento más sólido. El reto es combinar la protección social con reformas estructurales que eleven la productividad y atraigan capitales que generen más oportunidades.
Queda claro que los programas sociales no son parches coyunturales, sino pilares de un nuevo contrato social: el Estado garantiza un piso mínimo de bienestar, mientras la sociedad se empodera para participar y exigir rendición de cuentas. Ese es el verdadero cambio: millones de historias personales que, gracias a una visión de largo plazo y voluntad política, hallan en la política social la llave de un futuro sin pobreza.
Hoy más que nunca, corresponde a la ciudadanía mantenerse informada, vigilar la correcta aplicación de los recursos y seguir participando activamente en la construcción de un México donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho igual para todas y todos. Solo así transformaremos el notable descenso de la pobreza en un logro irreversible y en la base de un país verdaderamente próspero y solidario.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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