Los 677 legisladores plurinominales en el país cuestan más de 943 millones de pesos anuales, según datos oficiales. De ese total, Morena concentra un tercio, con 216 congresistas de representación proporcional entre federales y locales, que implican un gasto de 313 millones de pesos al año.
Una investigación de Milenio reveló que las compensaciones adicionales al salario base —como viáticos, bonos, gasolina y pagos a asesores— disparan los ingresos de los ‘pluris’. Solo en el Congreso de Aguascalientes, cada diputado recibe más de 180 mil pesos mensuales. En el Estado de México, los 30 legisladores ‘pluris’ suman un gasto total de 53.8 millones de pesos anuales.
Con el posible envío de una reforma electoral por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la eliminación de los plurinominales, Morena sería el partido más golpeado en términos presupuestales. Le siguen PAN, PRI y MC.
El modelo de representación proporcional, vigente desde 1977, nació para dar voz a minorías y equilibrar la sobrerrepresentación. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una carga millonaria para el erario público, mientras los partidos políticos siguen beneficiándose del esquema.
Una jueza federal concedió suspensión definitiva a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, lo que impide su detención por tiempo indefinido a pesar de estar bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR).
La decisión fue tomada por Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien resolvió otorgar la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión girada en su contra. No obstante, la medida quedó sujeta a una condición económica adicional, ya que Aureoles deberá exhibir un nuevo billete de depósito por un millón de pesos en un plazo de cinco días para mantener la protección judicial.
Aunque la jueza no especificó los actos que quedan fuera de la suspensión, señaló que esta no ampara otros posibles actos reclamados, lo que sugiere que existen investigaciones paralelas o medidas en curso que no han sido detalladas públicamente.
La FGR reaccionó de inmediato y acusó a la jueza Jovita Vargas de actuar con parcialidad, señalando que la decisión favorece de forma injustificada a Silvano Aureoles, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por irregularidades financieras, desvío de recursos y manejo opaco de fondos públicos durante su gestión como gobernador de Michoacán bajo el amparo del PRD.
“Vamos a tomar medidas legales contra la jueza por brindar una protección que consideramos injustificada”, declaró una fuente de la FGR que solicitó anonimato, lo que anticipa una nueva confrontación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Federal.
Silvano Aureoles, exmilitante perredista y figura clave del bloque opositor en sexenios anteriores, ha sido objeto de señalamientos públicos por su presunto uso discrecional de recursos, represión de movimientos sociales y complicidad con grupos de poder económico y político durante su administración.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que impidió la ejecución de la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, señalado por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero, en relación con la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil.
De acuerdo con la resolución, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal deberá decidir en un plazo de 48 horas si confirma, modifica o revoca la medida que mantiene protegido a Aureoles Conejo. El 22 de abril, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, a través de su secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, concedió la suspensión provisional, con una garantía de 52 mil pesos, la cual ya fue pagada.
Mientras la suspensión esté vigente, la FGR no podrá detener al exmandatario, incluso si llegara a imponerse prisión preventiva justificada. No obstante, Aureoles Conejo debe cumplir aún con el requisito de comparecer ante el juez que lo requiere en un plazo de tres días hábiles; de no hacerlo, la protección judicial quedaría sin efecto.
La Fiscalía sostiene que Silvano Aureoles y cuatro de sus excolaboradores provocaron un daño patrimonial estimado en 3 mil 400 millones de pesos, mediante la adquisición irregular de cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a los cuatro exfuncionarios, quienes fueron imputados también por el presunto desfalco que afectó tanto al erario federal como al estatal, en una operación que se perfila como una de las más graves de los últimos años en Michoacán.
El ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró frenar temporalmente la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, tras obtener una suspensión provisional concedida por un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal.
Sobre el conservador pesan acusaciones graves por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el contexto de la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil durante su administración, operaciones que según la Fiscalía General de la República (FGR) se realizaron a sobreprecio y con daño directo al erario federal y estatal.
La suspensión, otorgada bajo el argumento de mantener “las cosas en el estado que actualmente guardan”, impide de momento que la orden de captura sea ejecutada, y además protege al ex gobernador incluso si en el proceso penal se le llegara a imponer prisión preventiva justificada. La medida está condicionada a que Aureoles deposite una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días.
La FGR estima que el perjuicio al erario público supera los 3 mil 400 millones de pesos, por la compra inflada de instalaciones de seguridad en municipios clave como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en el periodo en que Silvano Aureoles estuvo al frente del gobierno estatal.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de su administración, señalados como cómplices en esta red de contratos irregulares que habría beneficiado a empresas cercanas y violentado procedimientos de adquisición pública.
Pese a la gravedad de las imputaciones y al monto multimillonario del presunto desfalco, el ex gobernador ha evitado comparecer formalmente ante las autoridades, optando por estrategias legales para dilatar su proceso, como el amparo que ahora lo mantiene fuera del alcance de la justicia penal.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) deberá cumplir con los requisitos internos establecidos por las autoridades electorales para mantener su registro como partido político local en la Ciudad de México, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desconociera la legitimidad de su dirigencia en la capital.
La resolución, aprobada en sesión urgente, derivó de una sentencia de la Sala Superior del TEPJF, en la cual se invalidó la representación de Nora Arias Contreras y Guillermo Domínguez Barrón como presidenta y secretario de gobierno y asuntos legislativos, respectivamente, de la entonces Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la capital del país.
Aunque la Sala Superior ratificó el registro del PRD como partido político local, con base en la resolución IECM/RS-CG-23/2024 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), emitida en octubre de 2024, precisó que la legitimidad para dicho acto correspondía a Karla López Celis, Sergio Iván Galindo Hernández y otros integrantes reconocidos de la dirección estatal.
“Se desconocen todos los actos posteriores suscritos por quienes se ostentaron indebidamente como presidenta y secretario del partido”, señala el fallo, por lo que ahora el cumplimiento de los requisitos internos y la acreditación de los actos recaerá únicamente en la dirigencia validada por el tribunal.
En caso de no cumplir, el PRD perdería su registro como partido local en la capital, aun cuando alcanzó apenas el 3 % de los votos en el proceso electoral 2024, lo que originalmente le habría permitido conservar su presencia en algunas entidades.
Cabe recordar que el PRD perdió su registro nacional en septiembre de 2024, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara que no logró ni el mínimo legal de votación del 3 % en las elecciones federales del 2 de junio donde su candidata, Xóchitl Gálvez, perdió ante la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde entonces, el debilitado partido de “izquierda” pero aliado del PAN, dejó de contar con los derechos, recursos y prerrogativas que la ley otorga a los institutos políticos nacionales, limitándose únicamente a los espacios y beneficios transitorios vigentes hasta el cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó categóricamente las recientes declaraciones de Antonio García Conejo, quien acusó una supuesta persecución política contra su hermano, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. En conferencia de prensa, el mandatario estatal fue enfático al revelar que existe una ficha roja de Interpol contra el exfuncionario perredista y varios de sus colaboradores por presuntos desvíos de recursos públicos.
“El fiscal general Alejandro Gertz Manero ya aclaró que Aureoles es prófugo de la justicia”, subrayó Ramírez Bedolla, dejando en claro que se trata de un proceso legal, no político. De esta manera, desmintió los intentos del exmandatario y su círculo cercano por victimizarse ante las investigaciones que pesan en su contra.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirma que Silvano Aureoles se encuentra prófugo de la justicia y agregó que ya se emitió una ficha roja de la Interpol contra el exgobernador señalado de fraude, corrupción y enriquecimiento… pic.twitter.com/8N7ZyiBh1I
En relación con el caso de Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas y actualmente encarcelado, el gobernador minimizó su intento de obtener un amparo, calificándolo como “un recurso patito que no garantiza libertad”. Según explicó, dicho recurso únicamente busca permitir comunicación con el exterior, sin que ello represente alguna modificación en su estatus legal.
“La audiencia clave es el 7 de junio; hasta entonces los cuatro detenidos seguirán en prisión”, advirtió Ramírez Bedolla, en referencia a los excolaboradores cercanos de Silvano Aureoles, actualmente bajo proceso judicial.
La contundente postura del gobernador se da en medio de un contexto político tenso en Michoacán, donde el caso Aureoles continúa provocando divisiones. Ramírez Bedolla presentó la coordinación con Interpol como prueba de que no se trata de una “cacería de brujas”, sino de una acción legal fundada en evidencias.
“Hay exfuncionarios ya encarcelados y procesos en marcha”, recalcó, señalando que la justicia federal lleva el control de las investigaciones relacionadas con corrupción durante el sexenio pasado.
Mientras tanto, los aliados y familiares de Silvano Aureoles mantienen su defensa pública, insistiendo en su inocencia y calificando los señalamientos como una “vendetta política”. Sin embargo, Ramírez Bedolla cerró filas con la Fiscalía General de la República (FGR): “Las fichas rojas no se emiten por capricho, sino con pruebas”.
El gabinete de seguridad del Gobierno de México “está siguiendo con mucha precisión” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra prófugo de la justicia, aseguró este martes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
Durante la mañanera del pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal confirmó que tarde o temprano será detenido, subrayando que “no me cabe la menor duda” de que el exmandatario michoacano enfrentará la justicia.
Gertz Manero detalló que desde hace tiempo la FGR mantiene una investigación por peculado en la administración de Aureoles, en la que están presuntamente implicados cinco exfuncionarios, incluyendo al propio exgobernador. De acuerdo con el fiscal, “se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía”, pero actualmente está siendo rastreado con precisión por todo el gabinete de seguridad.
La investigación contra Aureoles y sus colaboradores surge de una serie de denuncias por la construcción de cárceles locales, donde hubo un evidente peculado de enormes dimensiones, explicó el titular de la FGR.
A pesar de los obstáculos procesales impuestos por jueces federales, la FGR logró judicializar el caso y proceder con las detenciones. Hasta el momento, cuatro de los cinco implicados han sido arrestados y se encuentran bajo proceso, restando únicamente la captura de Aureoles Conejo.
Este jueves se reanudó la audiencia inicial contra cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quienes enfrentan acusaciones por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, determinará si se vincula a proceso a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas del gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP. Se les señala por un daño patrimonial al estado superior a 3 mil 400 millones de pesos.
Asimismo, la jueza decidirá si los imputados permanecerán en prisión preventiva justificada, medida que les fue impuesta el pasado fin de semana durante la audiencia de imputación. En caso de que sean vinculados a proceso, se otorgará el plazo para la investigación complementaria, etapa en la que las partes recabarán más pruebas y profundizarán en los elementos de la carpeta de investigación.
Aureoles y más exfuncionarios, prófugos de la justicia
Mientras sus excolaboradores enfrentan la justicia, Silvano Aureoles Conejo continúa prófugo, al igual que dos exsecretarios de Seguridad Pública de Michoacán y Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, quien fue designado notario público por el propio Aureoles poco antes de concluir su mandato. Según las autoridades, Loaiza Gómez viajó a Argentina, aunque aún no ha sido localizado.
Aureoles y sus exfuncionarios son señalados de una operación irregular relacionada con el arrendamiento y posterior compra de inmuebles para la instalación de siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, los inmuebles fueron arrendados por períodos mínimos de 56 meses a Inmobiliaria Dip, empresa creada en 2015 y beneficiada mediante adjudicación directa, lo que ya evidenciaba irregularidades en la gestión de los recursos públicos.
Sobreprecios millonarios en la compra de cuarteles
Los costos de los inmuebles ascendieron a:
Apatzingán: 210 millones 562 mil pesos
Coalcomán: 216 millones 699 mil pesos
Huetamo: 128 millones 277 mil pesos
Jiquilpan: 212 millones 999 mil pesos
Lázaro Cárdenas: 294 millones 616 mil pesos
Uruapan: 268 millones 624 mil pesos
Zitácuaro: 220 millones 659 mil pesos
Sin embargo, peritajes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales revelaron que en cada operación hubo sobreprecios millonarios, destacando:
Lázaro Cárdenas: 163.4 millones de pesos adicionales
De acuerdo con medios nacionales, un juez ha emitido una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en delitos de administración fraudulenta, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La orden también involucra a siete exfuncionarios de su administración, quienes estarían implicados en el presunto desfalco de recursos públicos durante su mandato (2015-2021). Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la posible ejecución de la orden ni sobre el avance del proceso judicial, aunque se espera que en las próximas horas se emitan comunicados oficiales al respecto.
#ULTIMAHORA | VAN POR EL EXGOBERNADOR SILVANO AUREOLES CONEJO.
Ya detuvieron a su tesorero en Estados Unidos y ahora von por el gobernador que financió la creación de LATINUS.
Uno de los señalados en este caso es Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán en el sexenio de Aureoles, quien recientemente fue detenido en Miami, Florida, acusado de desviar miles de millones de pesos mientras ocupaba el cargo. Su captura representa un golpe a la estructura que operó bajo la gestión del exgobernador.
Silvano Aureoles llegó al poder respaldado por el desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su administración estuvo marcada por denuncias de mala gestión financiera y un alarmante incremento en la inseguridad dentro del estado.
Cabe mencionar que Aureoles ha sido señalado de haber financiado, con dinero público, el portal Latinus, donde Carlos Loret de Mola impulsa constantes noticias falsas en contra de la Cuarta Transformación.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el instructivo del INE con los pasos que deben seguir las organizaciones interesadas en formar partidos políticos durante 2025-2026. Las agrupaciones tienen hasta el 31 de enero para notificar su intención y cumplir un proceso que durará un año, culminando en 2026, para que puedan participar en las elecciones intermedias de 2027.
Entre los requisitos destacan la afiliación de al menos 256 mil personas a través de una app y la realización de 200 asambleas distritales o 20 estatales con al menos 3 mil asistentes cada una. Además, deben notificar su primera asamblea al INE con 10 días de anticipación, teniendo como plazo máximo el 15 de enero.
Hasta ahora, movimientos como el Frente Cívico Nacional, liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, y México Republicano, de tendencia conservadora, han expresado interés en registrarse. También figuras conservadoras como Xóchitl Gálvez y Sandra Cuevas han manifestado sus intenciones de formar nuevas plataformas políticas.
Con estas reglas, el INE busca dar claridad al proceso, aunque el éxito de los nuevos partidos dependerá de su capacidad para cumplir los requisitos y conectar con la ciudadanía.
