El 1 de junio de 2025, más de 13 millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para decidir, por primera vez en la historia, quiénes ocuparían los cargos del Poder Judicial Federal y local. Fue un ejercicio sin precedentes que aspiraba a romper con décadas de nepotismo, corrupción y decisiones judiciales al servicio de intereses privados y del crimen organizado. Con esta elección, México emprendió un camino de democratización del sistema judicial que, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca concretar el ideal juarista de “al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie”.
Antes de esta jornada, el Poder Judicial vivía bajo la sombra del favoritismo: según reconoció su propia presidenta, casi la mitad de los jueces y magistrados habían llegado a su puesto por lazos familiares, no por una trayectoria jurídica impecable. Decisiones polémicas, como liberaciones a presuntos integrantes de la delincuencia organizada y amparos que favorecían a grandes defraudadores y los intereses corporativos, erosionaron la confianza ciudadana. Ante este panorama, era imperativo dar un paso transformador: que sea el pueblo, y no unas cuantas élites, quien elija a sus jueces.
La reforma constitucional impulsada en febrero de 2024 y aprobada el 15 de septiembre marcó el inicio de este cambio. En parlamento abierto, con más de 100 modificaciones y un amplio proceso de consulta, se sentaron las bases del nuevo modelo: seis boletas para nueve cargos de ministra o ministro de la Suprema Corte, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, 15 de las salas regionales del Tribunal Electoral, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito, junto con miles de puestos locales en 19 estados. El INE, el TEPJF y la FISEL se encargaron de la logística, con más de 522 000 funcionarios de casilla y un despliegue que abarcó todo el territorio nacional.
“Fue un proceso transparente, con comisiones profesionales que evaluaron perfiles, campañas austeras y votación libre”, destacó Sheinbaum en su mensaje tras el cierre de casillas. Esa misma noche, el 13 % del padrón había emitido su voto, cifra que, si bien quedó por debajo del objetivo de 20 %, duplicaba la participación de la consulta a expresidentes de 2021 y superaba los sufragios que obtuvo cada partido opositor en 2024. La mandataria celebró que estas cifras conviertan a México “en el país más democrático del mundo”: un país donde, esta vez, la elección no fue para renovar un cargo político tradicional, sino para seleccionar a quienes impartirán justicia.
Sin embargo, a la par de este entusiasmo, surgieron voces que alertaron sobre los riesgos de introducir la política en un poder que debe ser independiente, corriéndose el riesgo de que grupos políticos o criminales infiltren candidaturas, eligiendo simpatizantes antes que juristas capacitados lo que pudiera provocar que un juez electo podría verse obligado a rendir cuentas a sus promotores o financistas, en lugar de apegarse estrictamente a la norma y la equidad.
Frente a estas preocupaciones, la presidenta Sheinbaum ha asegurado que la transparencia en la selección de candidatos y la existencia de filtros profesionales hacen difícil cualquier manipulación. Los comités de evaluación compuestos por representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial revisaron antecedentes, currículo, méritos y posibles conflictos de interés. Además, el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial deberá velar porque quienes ocupen un cargo no incurran en conductas antiéticas. Aun así, la vigilancia ciudadana será esencial: la elección no termina el día de la votación, sino que comienza un período en el que la sociedad debe exigir a jueces y magistrados la coherencia entre sus fallos y el interés general, no el de grupos de poder.
Más allá de estos riesgos de captura, el proceso impulsado por el gobierno federal logró avances inéditos. Por primera vez, la ciudadanía tuvo acceso directo a la información curricular de 3 422 candidatas y candidatos, gracias al portal “Conóceles” que habilitó el INE: ahí pudieron revisar formación académica, trayectoria profesional, propuestas y hasta posibles cuestionamientos éticos. Esa transparencia —una novedad para un poder acostumbrado al sigilo— rompió con la opacidad que permitía favoritismos en nombramientos anteriores.
Otro tema importante fue la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo rol consiste en investigar faltas de jueces y magistrados, sancionar a quienes incurran en nepotismo, prevaricación o incumplimiento de sus funciones. Este órgano, cuyos cinco integrantes también fueron electos por la ciudadanía, brindará un mecanismo de rendición de cuentas que complementa los filtros previos y atiende las críticas de quienes señalaban que, bajo el sistema antiguo, los abusos quedaban impunes.
Por otra parte, la elección popular fomentó una cultura cívica poco vista en procesos ajenos a cargos políticos tradicionales. En las semanas previas, miles de ciudadanos consultaron las hojas de candidatos, comparecieron en foros locales organizados por el INE y analizaron las propuestas de postulantes a jueces de circuito o ministerios de la SCJN. Ese esfuerzo no solo profundiza la democracia: obliga a cada electora y elector a aproximarse a los conceptos de imparcialidad, derechos humanos y profesionalismo judicial.
A pesar de la complejidad del proceso y de que aún hay aspectos por perfeccionar, el balance inicial permite identificar áreas clave de mejora. Una de ellas es la comunicación: muchos votantes desconocían las funciones específicas de los cargos judiciales, por lo que será necesario que el INE y organizaciones civiles elaboren materiales claros y accesibles que orienten al electorado en futuras elecciones.
También se requiere mayor inversión pública para garantizar condiciones equitativas de participación. En muchas zonas rurales e indígenas la instalación de casillas fue insuficiente, y miles de personas quedaron sin acceso efectivo al voto. Para que el “poder ciudadano” sea real, se necesitarán más recursos, logística ampliada y opciones como el voto anticipado o electrónico para migrantes y población vulnerable.
Otro reto será blindar la independencia del nuevo Poder Judicial. Aunque los comités de evaluación ayudaron a reducir el riesgo de filtraciones políticas, deben establecerse límites estrictos para evitar el nepotismo o el uso electoral de las candidaturas. El Tribunal de Disciplina Judicial deberá actuar con firmeza ante cualquier señal de corrupción.
La sociedad civil tiene un papel insustituible en este nuevo escenario: debe vigilar el actuar de quienes tomaron posesión en septiembre, exigir transparencia y denunciar fallos que traicionen los principios del Estado de Derecho. La elección judicial de 2025 fue una apuesta audaz para depurar al Poder Judicial y ponerlo en manos del pueblo. Aunque con riesgos, su objetivo de fondo combatir privilegios, impunidad y nepotismo, sigue vigente. Para lograr una justicia más humana e imparcial, se requiere vigilancia constante, evaluación de resultados y el compromiso conjunto de sociedad y gobierno: solo así podrá afirmarse, con legitimidad, que nadie está por encima de la ley.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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