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A la memoria de Rosalinda López Hernández. 

En 1893, una vez fuera de prisión tras participar en una tumultuosa y sangrienta manifestación en contra de Porfirio Díaz, Ricardo Flores Magón comenzó su labor periodística en el periódico de oposición El Demócrata, y su primer objetivo fueron los jueces: “Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella. De la recta aplicación de la ley en México, dependerá que no prosperen en nuestro suelo las doctrinas disolventes…Urge que haya defensores y no cómplices, que haya togados y no fantoches, que no se ultraje a la justicia haciendo la apología de los delitos; no se tuerza lamentablemente a la ley para hacer resaltar la inocencia del bandido” agregaba la pluma valiente y viril de Flores Magón.

Lamentablemente 131 años después que el precursor de la Revolución mexicana denunciara en sus publicaciones las arbitrariedades e inmoralidades cometidas por los jueces de aquel entonces, el Poder Judicial se mantiene como un bastión donde operan las fuerzas conservadoras que buscan desvirtuar el cambio político iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que la ministra Norma Piña Hernández presidiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero del 2023, ha usurpado las facultades del Poder Legislativo para que los ministros trafiquen con la justicia y tuerzan la ley para resaltar la apología de los delitos, es decir, lleven a cabo atropellos como la exoneración de ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el descongelamiento de las cuentas de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, el perdón a Emilio Lozoya por Agronitrogenados, la liberación de Juan Collado, Rosario Robles, de secuestradores y huachicoleros. También no hay que olvidar la escandalosa cena organizada por la ministra presidenta de la SCJN con magistrados electorales para acercarlos con Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A través de una investigación periodística hecha por Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones especiales de Milenio, esta reveló el acuerdo entre Piña Hernández y Reyes Rodríguez Mondragón, entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para mantenerlo en su puesto hasta la conclusión del proceso electoral.

La Cuarta Transformación (4T) se ha propuesto reformar la naturaleza del país heredado del régimen neoliberal, es decir, usar los instrumentos disponibles del ejecutivo para deshacer, debilitar enclaves dentro del propio aparato gubernamental, que se han convertido en faros de defensa de los intereses de los poderes fácticos. Sin embargo, esto fue inviable al no contar con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.  

Gracias a la movilización de las masas en los actos masivos y en las urnas electorales, la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo la mayoría calificada en el Congreso y así aprobar las 20 iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero. Desde San Lázaro, el diputado Hamlet García Almaguer explicó que, de acuerdo con la cuarta fracción del artículo 54 de la Constitución, existen dos candados que limitan la sobrerreprentación de algún partido político, contrario a como lo opinan los opositores al presidente “La mayoría calificada está garantizada conforme a los criterios que actualmente se aplican y que se han aplicado en los últimos procesos electorales. Sólo que ahora que no les gustan las reglas, quieren cambiarlas” explicó el diputado.  

Por otro lado, Mario Delgado, presidente de Morena, hizo entrega de los resultados de las encuestas nacionales sobre la reforma al Poder Judicial a la Dra. Claudia Sheinabum Pardo, virtual presidenta electa, para que fueran presentados en su conferencia de prensa el lunes pasado y así conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma en materia judicial. Para ello, las empresas contratadas por el partido guinda fueron Enkoll y De las Heras, de un ejercicio de sondeo más aplicado por la encuestadora de Morena. Entre el 65% y el 75% de los mexicanos piensa que los ministros de la SCJN deben de ser elegidos por el voto popular. Una de las preguntas formuladas por estas encuestadoras a los ciudadanos fue la siguiente ¿Cómo cree usted que deberían ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Y los resultados son contundentes

Como es sabido, uno de los objetivos de esta reforma, es la elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces. Para el 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo, podrán participar en las elecciones en igualdad de condiciones. 

Las y los ministros de la SCJN, Magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas; el Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada cámara (Diputados y Senadores) por mayoría calificada; y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos. Los 1,633 magistrados de Circuito y Jueces de Distrito deberán ser elegidos en cada uno de los 32 circuitos judiciales en elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión). El organismo que organizará la elección es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituirá al Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral. Durante el proceso electoral y los resultados de la elección, el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley, como contar con la licenciatura en Derecho y experiencia en la materia. 

No obstante, las voces opositoras han reaccionado a la iniciativa presidencial, como el ministro Luis María Aguilar Morales, “Si no hay Suprema Corte independiente que se haga respetar la Constitución y los derechos humanos, esto está acabado, entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable” afirmó el ministro en entrevista para la revista Abogacía. Más aún, la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP) manifestó su rechazo absoluto al proyecto que pretende remover de su cargo a las y los jueces del país para sustituirles por otros provenientes de una elección popular. Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la AMCP, afirmó que resulta inaceptable la pretensión de “instrumentalizar a los poderes judiciales de la República, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que ha sido valladar contra los actos de poder y las normas que violan los derechos humanos”.  

La movilización popular en los actos masivos y el triunfo en las urnas electorales el pasado 2 de junio, fueron suficientes sólidos para otorgarle legitimación democrática y legal al Plan C para aprobar la reforma más importante en materia judicial. No pretende entrar a una etapa de autoritarismo, como menciona el ministro al servicio de los intereses de Ricardo Salina Pliego. Se busca que el voto popular corte los tentáculos de los poderes fácticos en este bastión que ha resaltado la apología de los delitos al defender los intereses de las elites, de las trasnacionales y del crimen organizado. Por lo cual, se logrará el ideal de Ricardo Flores Magón de que existan defensores y togados que cumplan con la recta administración de la ley en México. 

Los Reporteros Mx

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