Uno de los temas de mayor interés nacional es la reforma del Poder Judicial de la Federación, una demanda que el pueblo de México expresó claramente en las urnas el pasado 2 de junio. Esta discusión ha desembocado en un paro de labores por parte de las y los jueces, quienes, lejos de buscar el beneficio general, parecen querer conservar sus privilegios.
El gobierno de México ha hecho esfuerzos significativos para mediar con las y los jueces, organizando foros abiertos en todo el país. En uno de estos foros, llegué a escuchar que “Un buen juez escucha con atención, analiza con objetividad y decide con justicia”, una frase que debería ser fundamental para quienes imparten justicia. Sin embargo, en lugar de inspirar confianza, los jueces han ampliado el repudio popular con decisiones que parecen más motivadas por intereses personales que por la imparcialidad y la justicia.
En medio de esta discusión, el 5 de agosto, una jueza de Quintana Roo permitió la liberación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, quien había sido detenido por tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, que había expuesto una red de corrupción de menores. A pesar de las pruebas y siendo sábado, la jueza Elsa Espíndola Salas le concedió el arresto domiciliario, poniendo en riesgo a las víctimas de dicho personaje.
Este no ha sido el único caso polémico. En febrero de este año, un juez federal también concedió la prisión domiciliaria al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de cohecho para impulsar la aprobación de la reforma energética, que violaba la soberanía nacional. Estos incidentes ilustran una preocupante tendencia: decisiones judiciales que parecen estar más alineadas con los intereses de poderosos individuos y menos con el principio de justicia equitativa.
A pesar de estos ejemplos, las y los jueces iniciaron un paro de labores para protestar contra la reforma judicial, que busca una mayor independencia del Poder Judicial. Esta reforma pretende que los impartidores de justicia sean evaluados y elegidos por la ciudadanía, en lugar de ser designados por senadores de la república y sus conexiones con el poder político y económico. La resistencia a la reforma no solo subraya la falta de voluntad para adaptarse a nuevas normas de transparencia, sino que también pone en evidencia un sistema que, en muchos aspectos, parece estar más enfocado en proteger a sus propios miembros que en servir al pueblo.
El actual conflicto en torno a la reforma judicial refleja una profunda crisis de confianza en el sistema de justicia. La resistencia de los jueces a una reforma que busca mayor transparencia y rendición de cuentas no solo perpetúa el estatus quo, sino que también alimenta la percepción de que la justicia en México está al servicio de intereses particulares. Es imperativo que se continúe con el proceso de reforma para garantizar un sistema judicial más justo, imparcial y verdaderamente al servicio del pueblo.
La reforma propuesta no es solo una cuestión de cambio estructural, sino de restaurar la fe pública en un sistema que debe ser el pilar de la justicia social y el equilibrio del poder. En este momento, la implementación efectiva de la reforma judicial se presenta como una oportunidad crucial para demostrar que la justicia puede ser, y debe ser, una verdadera herramienta de equidad y transparencia, lejos de los intereses particulares y el clientelismo político. El futuro de la justicia en México depende de la capacidad del sistema para evolucionar y adaptarse a las demandas de una sociedad que exige rendición de cuentas y verdadera imparcialidad.
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