Durante la conferencia matutina de este domingo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, criticó duramente a integrantes del Poder Judicial de la Federación, exhibiéndolos como responsables de obstaculizar la aplicación de leyes y políticas destinadas al bienestar social. Rodríguez denunció que diversos jueces han emitido resoluciones que paralizan proyectos de gran relevancia para el país, como obras públicas y programas de apoyo a la ciudadanía.
Uno de los puntos más graves expuestos fue el retraso en la emisión de sentencias, particularmente en los casos de personas privadas de la libertad. La funcionaria presentó una gráfica que reveló que de los 21 mil reclusos en centros federales, más de 6 mil no han recibido sentencia, destacando la grave dilación en los procesos judiciales. También se refirió a la situación de las mujeres encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil No.16 en Morelos, donde cientos de ellas han esperado entre uno y 11 años para conocer su sentencia.
Rodríguez argumentó que estos retrasos no solo generan impunidad, sino que niegan el acceso a la justicia para miles de personas. Criticó que, mientras el gobierno impulsa políticas de bienestar y proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y la Ley de la Industria Eléctrica, los jueces han otorgado amparos que frenan su avance. Entre los ejemplos citados, destacó que se han presentado cientos de amparos contra políticas públicas clave, como la Ley de Minería, los libros de texto gratuitos y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial.
Corrupción y nepotismo al interior
La secretaria también denunció casos de corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial, señalando la venta de exámenes para la selección de jueces y la prevalencia de vínculos familiares en la estructura judicial. Según los datos expuestos, el 49% de los empleados de este poder tienen al menos un familiar trabajando en el mismo, y casi el 85% de los magistrados y jueces cuentan con parientes ocupando cargos dentro del sistema judicial.
Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a poner fin a estos excesos, destacando que la falta de sanciones a jueces corruptos solo perpetúa la impunidad. En el periodo de 2004 a 2023, de las 38 mil quejas presentadas contra jueces y magistrados, el Consejo de la Judicatura Federal solo sancionó a 472, mientras que el 86% de las quejas fueron desechadas sin investigación alguna. Además, denunció que, pese a las denuncias presentadas por el Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, ninguna ha derivado en sanciones.
Los excesivos salarios
Al hablar de los salarios de los funcionarios del Poder Judicial, Rodríguez subrayó que, en muchos casos, estos ingresos superan con creces lo estipulado por la Constitución, que establece que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, perciben un salario mensual superior a 790 mil pesos, mientras que los jueces y magistrados también disfrutan de sueldos considerablemente altos, lo que ha sido motivo de críticas desde el gobierno federal.
La funcionaria concluyó su intervención haciendo un llamado a que el Poder Judicial garantice una justicia más ágil y equitativa, y que se eliminen los obstáculos que impiden la implementación de las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos.
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