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Si las reformas a la constitución fueran impugnables, de nada serviría el plan C.

Cuando el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo; ¡vamos por el plan C!, fue con el fin de lograr mayoría calificada en el congreso y poder llevar a cabo todas las reformas a la constitución, necesarias para lograr cimentar la 4ta transformación, no omito precisar que sin reformas a la constitución no puede consolidarse la transformación.

Recordemos que durante todo el sexenio el presidente propuso reformas a la constitución que evidentemente los opositores nunca aprobaron, entonces se llevó a cabo el plan B, que consistía en reformar las leyes, como sucedió con la reforma eléctrica, que por no tener mayoría calificada no se podía llevar a cabo en la constitución, pero tampoco se logró porque fue declarada inconstitucional por la SCJN,  y así fue durante todo el sexenio, entonces el presidente dijo; vamos por el plan C, que era obtener mayoría calificada y poder hacer las reformas constitucionales.

El pueblo respondió y en las pasadas elecciones se logró un triunfo histórico, avasallador de la izquierda mexicana, el pueblo le dio a MORENA y aliados esa mayoría calificada que se requería para poder llevar a cabo las reformas constitucionales.

Y lo que todo mundo debe saber es que; no procede ningún medio de defensa en contra de las reformas constitucionales, de aquí la importancia del Plan C.

• NO PROCEDE JUICIO DE AMPARO. 
• NO PROCEDE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
• NO PROCEDE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 

Así que todos los intentos de impugnación de los miembros del poder judicial y opositores se tendrán que desechar por notoriamente improcedentes.

La Reforma Judicial ya es definitiva, y se consolidó con su publicación en el DOF el pasado 15 de septiembre.

Es por ello que los señores que se dicen jueces y magistrados actúan en total arbitrariedad al llevar a cabo supuestos amparos y admitirlos entre ellos mismos, en flagrante violación a la soberanía del pueblo, sin facultad alguna, invadiendo la esfera del legislativo, pretendiendo imponerse sobre todo el país como si tuvieran el poder absoluto, otorgando suspensiones, incluso pretendiendo de manera por demás ridícula y arbitraria que se elimine la publicación de la reforma del DOF, cosa que de ninguna manera puede suceder, insisto, la Suprema Corte de Justicia carece de competencia para revisar el contenido material de la reforma.

Parece que a los miembros del supremo poder no les interesa lo que diga la ley, y siguen presentado sus improcedentes amparos, cuando el artículo 61 de la Ley de Amparo señala claramente su improcedencia en contra de reformas a la constitución y en contra de actos consumados, por lo que claramente son improcedentes toda su lluvia de amparos por tratarse de una reforma a la constitución y además porque el acto ya fue consumado con su publicación en el DOF.

Es así que, al admitir los amparos presentados entre ellos mismos, muchos jueces y magistrados dejan en evidencia que están dispuestos a violar la ley, con tal de conservar sus privilegios por encima de la soberanía del pueblo.

No omito precisar que también su supuesta huelga, que dicho sea de paso es una total aberración, ya que el poder judicial no es una empresa, es uno de los tres poderes que conforman el gobierno y están para servir al pueblo, su supuesta huelga violenta el derecho de todos los mexicanos de acceso a la justicia, pero aún en supuesta huelga comete este atraco al poder legislativo.

No cabe duda que el poder judicial está podrido y se sienten intocables, ¡tanto! que han llevado sus inconformidades a la Corte Interamericana de derechos Humanos, cuando los violentadores de la constitución, de los derechos humanos y de la soberanía nacional son ellos, deberán de entender que antes del Poder legislativo, del Poder ejecutivo y del Poder judicial está el poder del pueblo, el cual es inviolable, y que como lo expresa el artículo 39 de nuestra constitución, la soberanía reside única y esencialmente en el pueblo, quien tiene todo el derecho de cambiar en cualquier momento su forma de gobierno, y el gobierno se conforma por tres poderes, no solo dos, por lo que efectivamente el pueblo es el único soberano que puede decidir y elegir a los integrantes de los tres poderes, les guste o no.

Con la reforma al poder judicial el pueblo podrá hacer efectivo el poder soberano que nos consagra la constitución para elegir nuestros representantes de los tres poderes, incluido el poder judicial, porque nuestra forma de gobierno es una democracia representativa, que incluye los tres poderes, no solo el ejecutivo y el legislativo, es el poder del pueblo para el pueblo. 

De hecho, los artículos 39, 40 y 41 ya nos otorgaban el derecho de elegir a nuestros representantes de los tres poderes, incluido el judicial, con la reforma únicamente se contextualiza el derecho que ya tenemos.

Los del poder judicial y los opositores no quieren que el pueblo elija, porque quieren seguir eligiendo ellos. 

Alegan independencia judicial, cuando la manera más efectiva de asegurar su independencia es elegir a sus integrantes por voto y no como actualmente, que se reparten las plazas entre los oligarcas corruptos del PRIAN, y también entre los empresarios, recuerden el documento firmado por sus dirigentes, repartiéndose plazas como ladrones.

Por eso, ni un paso atrás, para consolidar nuestra 4ta transformación. Plan C avanza.